La UTA retoma este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias. La conducción de la UTA busca una mejora para los choferes del interior y la seccional San Juan anticipó que adherirá a un eventual paro nacional si no se alcanza un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reanuda este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias del transporte, en una reunión que puede resultar determinante para definir la continuidad del conflicto por los ingresos de los choferes del interior del país.

El encuentro está previsto entre las 13 y las 15 y tendrá como principal objetivo acercar posiciones sobre una recomposición salarial que permita equiparar las condiciones de los trabajadores provinciales con las mejoras alcanzadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La negociación lleva varias semanas sin una resolución definitiva. Mientras el gremio reclama una actualización acorde con el aumento obtenido por los choferes metropolitanos, las empresas advierten sobre el incremento de los costos operativos y las dificultades financieras que atraviesan los servicios de transporte fuera del AMBA.

En San Juan, la conducción de la UTA sigue las conversaciones nacionales y ya definió su postura ante una eventual medida de fuerza. Si la conducción nacional dispone un paro, la seccional provincial anticipó que acompañará la protesta, lo que podría provocar interrupciones en el servicio de colectivos y afectar a miles de usuarios.

La posibilidad de una huelga no es nueva. La semana pasada, el gremio había advertido sobre la convocatoria a una medida de fuerza, aunque finalmente decidió mantener abierta la negociación y suspendió la protesta mientras continuaban las conversaciones con las empresas.

Ese antecedente mantiene la expectativa sobre el resultado de la reunión en la tarde de este jueves. Un entendimiento permitiría desactivar, al menos por ahora, la amenaza de paro, mientras que la falta de avances podría llevar a la conducción de la UTA a definir una protesta de alcance nacional.

Por el momento, no existe un paro confirmado. La definición dependerá del resultado de la negociación y de la decisión posterior de la conducción nacional del gremio. En San Juan, sin embargo, la adhesión ya fue anticipada en caso de que finalmente se convoque a la medida.

La Superintendencia de Servicios de Salud retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 18 empresas, mutuales y cooperativas. Las auditorías detectaron falta de actividad efectiva, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exclusiones ya superan las 180.

La medida alcanza a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas de distintas provincias. Entre las entidades excluidas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Sociedad Médica Universitaria S.A., además de Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

También quedaron fuera del registro Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, entre otras organizaciones alcanzadas por el proceso de fiscalización.

Según explicó el organismo, las inspecciones permitieron establecer que varias de estas entidades no registraban actividad efectiva, no contaban con beneficiarios activos o no habían presentado la información requerida por la normativa vigente. Antes de disponer las bajas, la Superintendencia las intimó a regularizar su situación.

La falta de respuesta suficiente derivó finalmente en la exclusión del registro. El procedimiento forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Gobierno para depurar el padrón de entidades que formalmente figuran como prestadoras de medicina prepaga, pero que no acreditan una operatoria efectiva.

Con esta nueva resolución, más de 180 entidades fueron excluidas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en un proceso que la Superintendencia anticipó que continuará mediante nuevas auditorías.

El organismo sostuvo además que las bajas no deberían generar perjuicios para los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no registraban afiliados activos ni prestaciones en curso al momento de las verificaciones.

La depuración apunta a que el registro oficial quede integrado por organizaciones que acrediten existencia operativa, beneficiarios y cumplimiento de las obligaciones exigidas. La Superintendencia mantendrá las fiscalizaciones y podrá disponer nuevas exclusiones cuando se detecten incumplimientos similares.

Los gremios docentes iniciaron una nueva semana de paro y movilizaciones para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se extenderá hasta el sábado y combina huelgas, carpas y marchas en distintas universidades del país.

Los docentes de las universidades nacionales volvieron esta semana a las medidas de fuerza para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 y todavía pendiente de implementación, según denuncian las organizaciones gremiales.

La nueva protesta comenzó ayer martes 18 de agosto y se extenderá, en principio, hasta el sábado 22, luego del paro nacional realizado el pasado 12 de agosto. Los sindicatos aseguran que la adhesión volvió a ser elevada en las distintas casas de estudio y anticiparon la continuidad de las acciones mientras persistan los incumplimientos que atribuyen al Gobierno.

Una de las principales expresiones de la protesta se instaló frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. La Conadu montó allí una carpa que permanecerá hasta el viernes 21 y organizó actividades bajo la consigna “Carpas por la universidad y la soberanía”.

La iniciativa también se replicará en distintos puntos del país, junto con una movilización convocada para este miércoles al mediodía. Las federaciones buscan mantener visible el conflicto y reclamar una recomposición salarial que, según sostienen, continúa pendiente.

El reclamo salarial

Los gremios afirman que los haberes correspondientes a julio, percibidos en agosto, volvieron a evidenciar el incumplimiento de la norma. Reclaman una recomposición del 31,2%, además del pago retroactivo correspondiente al período transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley.

A esa demanda se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recursos para capacitación y actualización y la recuperación de la garantía salarial para los trabajadores universitarios.

La Conadu Histórica resolvió el 5 de agosto mantener las medidas de fuerza y planteó incluso la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado hasta obtener el cumplimiento integral de la legislación.

Desde Feduba, su secretario general, Pablo Perazzi, sostuvo que el conflicto difícilmente pueda resolverse mediante una negociación salarial aislada. “No habrá solución para las universidades en la negociación sectorial con este gobierno”, afirmó, y planteó que será necesario modificar el rumbo económico y construir una alternativa política.

Una disputa que excede los salarios

Las organizaciones universitarias sostienen que la discusión abarca tanto los ingresos de docentes y no docentes como el financiamiento general de las instituciones públicas.
El conflicto se mantiene abierto pese a que la Corte Suprema de Justicia intervino en la disputa por la aplicación de la ley, un antecedente que los gremios utilizan para reforzar su reclamo ante el Poder Ejecutivo.

Con paros, movilizaciones y carpas instaladas en universidades de distintas provincias, la comunidad académica busca sostener la presión sobre el Gobierno. La continuidad de las medidas dependerá ahora de la respuesta oficial y de la posibilidad de alcanzar una salida que permita recomponer los salarios y garantizar los recursos previstos por la legislación vigente.