La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales apoyó la presentación judicial impulsada por APUNT para declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, al considerar que vulnera la Ley de Financiamiento Universitario y amenaza salarios, funcionamiento institucional y el derecho social a la educación superior.

La tirantez entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario público sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) de respaldar formalmente la acción judicial presentada por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT). La demanda apunta a frenar la aplicación del Decreto 759/2025, al que consideran incompatible con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso.

Según lo planteado en la presentación, el decreto intenta suspender de hecho la vigencia de una ley plenamente vigente, que garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal nodocente. Para APUNT y FATUN, la medida no solo constituye un exceso del Poder Ejecutivo, sino que también lesiona el principio de legalidad, al pretender imponer un decreto por encima de una norma aprobada por el Poder Legislativo.

Desde la federación señalaron que esta acción judicial no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas por distintos sectores del ámbito universitario frente a lo que consideran una avanzada sobre el financiamiento educativo. En ese marco, subrayaron que permitir la suspensión de una ley conquistada tras años de debate y consenso parlamentario sentaría un precedente institucional grave.

“Ningún decreto puede situarse por encima de una ley ni poner en riesgo el normal funcionamiento de las universidades”, advirtieron desde FATUN, al tiempo que remarcaron que el impacto de la medida excede lo presupuestario. La eventual paralización de la Ley de Financiamiento Universitario afectaría de manera directa los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, profundizando la pérdida del poder adquisitivo en un contexto económico ya adverso.

Pero el alcance del conflicto va más allá del plano laboral. Para la federación nodocente, lo que está en juego es también el derecho de la sociedad a acceder a la educación superior pública, un pilar histórico del desarrollo social, científico y productivo del país. La restricción de recursos, alertan, compromete la calidad educativa, la continuidad académica y la capacidad de las universidades de cumplir su función social.

El respaldo de FATUN a la acción judicial presentada por APUNT refuerza la idea de que el debate sobre el financiamiento universitario no es técnico ni circunstancial, sino profundamente político e institucional. La disputa pone en tensión el equilibrio entre poderes, la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso y el modelo de universidad que se pretende sostener.

“Defender esta ley es defender la universidad pública, el trabajo digno y el futuro del país”, afirmaron desde la federación, que ratificó su estado de lucha permanente. Con la unidad, la organización y la solidaridad como ejes, el sector nodocente vuelve a situarse en la primera línea de defensa de un sistema universitario que consideran estratégico para la democracia y el desarrollo nacional.

Con la designación de María Gabriela Fernández en la Subsecretaría de Medios Públicos, el Gobierno acelera la reestructuración del sistema estatal de comunicación, anticipando nuevos recortes, retiros voluntarios y una redefinición profunda del rol del Estado en materia informativa.

La política de ajuste del Gobierno nacional sumó esta semana un nuevo capítulo con la designación de María Gabriela Fernández como subsecretaria de Medios Públicos. El nombramiento, formalizado mediante el Decreto 7/2026, consolida una estrategia que combina reordenamiento institucional, reducción presupuestaria y un repliegue deliberado del Estado en el sistema de comunicación pública.

De perfil técnico, bajo nivel de exposición pública y formación jurídica, Fernández asume la conducción de una subsecretaría clave que concentra Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado, ex Télam. Se trata de un área neurálgica desde la cual se definen no solo políticas administrativas, sino también el alcance simbólico y democrático de los medios estatales.

La designación se produce en un contexto de reconfiguración profunda del esquema presidencial. Tras el corrimiento de Guillermo Francos y el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el área de Comunicación quedó aún más concentrada. Bajo esa órbita opera ahora Javier Lanari, mientras que la reciente disolución de la Secretaría de Prensa —hasta entonces conducida por Eduardo Serenellini— terminó de cerrar un esquema reducido, centralizado y con dependencia directa de la Presidencia.

Este rediseño institucional no es neutro. Responde a una concepción ideológica explícita del Gobierno, que desconfía del rol del Estado como garante del derecho a la información y la libertad de expresión, principios consagrados por el derecho internacional como pilares del sistema democrático. En línea con esa mirada, la administración de Javier Milei sostiene que esos derechos deben quedar librados al mercado, aun cuando ello implique desigualdad de acceso, concentración de voces y pérdida de pluralismo.

En ese marco, los medios públicos vuelven a quedar en el centro del ajuste. Según versiones difundidas por medios oficialistas, el Gobierno planea reducir aún más la planta de personal en la TV Pública y Radio Nacional, bajo el argumento de que las estructuras actuales están “sobredimensionadas” y responden a herencias de gestiones anteriores. La herramienta elegida sería un esquema de retiros voluntarios, con compensaciones diferenciadas según antigüedad y función, y una implementación gradual.

La ejecución de ese proceso quedará en manos del interventor Carlos Curci, ex vocero de la Sociedad Rural, quien reemplazó a Eduardo González. Desde el Ejecutivo insisten en aplicar criterios propios de empresas comerciales, señalando que los medios estatales “funcionan a pérdida” y presentan dotaciones superiores a las de señales privadas, una comparación que omite deliberadamente su función social, federal y cultural.

Dentro de ese plan, Paka Paka aparece como una de las señales más comprometidas: podría ser transferida a otras áreas, privatizada o directamente cerrada. En el caso de RTA, el objetivo oficial sería reducir su estructura “casi a la mitad”. La ex Télam, encargada de administrar la pauta oficial, también figura entre las dependencias alcanzadas por los recortes.

La llegada de María Gabriela Fernández no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política clara y sostenida: achicar, desarticular y resignificar el sistema de medios públicos bajo una lógica de mercado. Más que una discusión administrativa, lo que está en juego es el modelo de comunicación que el Estado argentino decide abandonar.

En tiempos de alta concentración mediática, fragmentación social y crisis de representación, el repliegue estatal en materia informativa no es una decisión inocua. Supone aceptar que el acceso a la información, la diversidad de voces y la construcción de sentido colectivo queden subordinados a la rentabilidad. El ajuste, en este caso, no solo recorta presupuestos: recorta derechos, presencia federal y pluralismo democrático.

La precarización del mercado laboral argentino empieza a mostrar su fase más descarnada. En un contexto signado por la destrucción del poder adquisitivo, el debilitamiento de las protecciones legales y una narrativa oficial que celebra la “flexibilización”, algunas empresas ya se adelantan a la reforma laboral con ofertas que rozan límites históricamente inaceptables.

En las últimas horas, un local de la franquicia de supermercados Día difundió a través de la red social X una propuesta de empleo para el sector fiambrería que desató una fuerte polémica: 407 mil pesos mensuales a cambio de jornadas de 12 horas diarias, de lunes a lunes. El aviso, lejos de ser un caso aislado, funciona como una radiografía anticipada del modelo laboral que sectores del empresariado parecen dispuestos a consolidar.

El salario ofrecido apenas alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica Total de noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y sin margen alguno para gastos adicionales. En términos reales, se trata de un ingreso de subsistencia. Incluso comparado con el Salario Mínimo Vital y Móvil, la cifra resulta engañosa: supera ese piso en unos 66 mil pesos, pero lo hace exigiendo cuatro horas diarias más de trabajo que la jornada legal de referencia.

La publicación detalla que el horario sería de 9 a 21, con una hora de descanso para almorzar, lo que implica 11 horas efectivas de trabajo diario, muy por encima de las 8 horas diarias o 48 semanales que establece la vigente Ley de Contrato de Trabajo. Como complemento, el aviso promete unos 20 mil pesos adicionales por presentismo y eventuales premios sujetos al “cumplimiento de objetivos de venta”, mecanismos que trasladan al trabajador la presión por resultados comerciales.

El trasfondo de esta oferta no puede leerse de manera aislada. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el salario mínimo sufrió una pérdida acumulada de hasta el 36% de su poder adquisitivo, producto de laudos oficiales muy por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, la economía expulsó cientos de miles de empleos registrados, mientras la precarización laboral supera hoy el 40% de la población ocupada.

Este escenario no solo profundiza desigualdades, sino que habilita prácticas que normalizan la sobreexplotación. En rubros como el comercio, donde históricamente ya existían tensiones por condiciones laborales, el deterioro actual expone niveles de exigencia que rozan lo inhumano y reinstalan debates que se creían saldados hace décadas.

La oferta difundida por el supermercado Día no es una anomalía: es una señal de época. Funciona como una ventana al futuro laboral que algunos sectores económicos imaginan y que el Gobierno busca legitimar bajo el rótulo de “modernización”. Jornadas extensas, salarios de hambre y derechos reducidos a su mínima expresión configuran el horizonte de una reforma que promete profundizar la desigualdad.

Antes incluso de que el Congreso debata los cambios, el mercado ya comenzó a aplicarlos. Y lo hace sobre una población trabajadora debilitada, con escaso margen de negociación y urgida por la necesidad. El riesgo es claro: que la precarización deje de ser una excepción para convertirse en la nueva norma del trabajo en la Argentina.