El Consejo Interuniversitario Nacional, junto a gremios docentes y nodocentes, impulsa una campaña en redes sociales para reclamar la transferencia de fondos previstos por ley. La iniciativa busca amplificar el respaldo social en la antesala de una nueva movilización federal.

El sistema universitario argentino ingresó en una etapa de mayor exposición pública en su disputa con el Gobierno nacional. A pocos días de una nueva movilización en todo el país, rectores, sindicatos y estudiantes decidieron trasladar el conflicto al terreno digital con una campaña coordinada que busca interpelar a la sociedad y reforzar el respaldo al reclamo por financiamiento.

La iniciativa es encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las autoridades de las universidades públicas, en articulación con organizaciones gremiales de docentes y nodocentes. El objetivo inmediato es visibilizar la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y promulgada posteriormente, pero aún sin aplicación efectiva en lo relativo a la transferencia de recursos.

La estrategia comunicacional se despliega en la previa de la cuarta marcha federal universitaria, convocada para el 12 de mayo, y apunta a consolidar un frente amplio de apoyo social. Desde el CIN, su presidente Franco Bartolacci y el vicepresidente Oscar Alpa promovieron activamente la campaña, con mensajes que subrayan la necesidad de que el Poder Ejecutivo respete tanto la norma vigente como los fallos judiciales que ordenan su implementación.

El eje discursivo no se limita a una demanda sectorial. Las universidades plantean que el incumplimiento de una ley sancionada y ratificada en sede judicial compromete principios institucionales básicos, entre ellos la división de poderes. En ese sentido, el reclamo adquiere una dimensión que trasciende lo presupuestario y se proyecta sobre la calidad del funcionamiento democrático.

Con esta situación, el conflicto avanza por la vía judicial. El CIN presentó una acción cautelar ante la Justicia federal que obtuvo resoluciones favorables en dos instancias. Pese a ello, el Gobierno decidió apelar hasta la Corte Suprema, lo que prolonga la incertidumbre sobre la ejecución efectiva de los fondos.

Mientras tanto, la actualidad en las universidades se deteriora con rapidez. Según datos del sector, el recorte presupuestario acumulado alcanza el 45%, lo que impacta de manera directa en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. A la restricción de recursos operativos se suma la paralización de programas de becas de investigación, considerados centrales para la producción científica y la formación de nuevos investigadores.

El frente salarial constituye otro de los núcleos más sensibles del conflicto. Docentes y trabajadores nodocentes registran una pérdida de 141 puntos frente a la inflación desde fines de 2023, un deterioro que, en términos prácticos, equivale a varios meses de trabajo sin remuneración efectiva. La ausencia de negociaciones paritarias y la falta de actualización de ingresos profundizan el malestar en el sector.

Este escenario explica la creciente articulación entre actores universitarios y otros espacios sociales y políticos que ya expresaron su respaldo al reclamo. La movilización del 12 de mayo se perfila, en este aspecto, como un punto de convergencia donde se pondrá en juego no solo la demanda presupuestaria, sino también el alcance del apoyo ciudadano.

El Gobierno nacional volvió a definir la actualización de ingresos para el personal de casas particulares en un rango inferior al avance de los precios, en línea con la política de contención salarial vigente. La decisión se formalizó tras una reunión plenaria de la comisión del sector, con participación de representantes de trabajadoras y empleadores.

El esquema acordado contempla incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos con una secuencia descendente: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio de 2026. La pauta incluye, además, la incorporación progresiva de sumas no remunerativas, un mecanismo que impacta de forma diferida en los ingresos efectivos: el 50% correspondiente a marzo se integrará en abril, mientras que el resto se trasladará a julio.

Desde la cartera que encabeza Sandra Pettovello subrayaron que los valores definidos constituyen pisos legales y se inscriben en la noción de “salario dinámico”, lo que habilita acuerdos individuales o colectivos por encima de esas referencias. Sin embargo, en el universo del trabajo doméstico —caracterizado por una alta informalidad y dispersión contractual— la capacidad de negociación real suele ser limitada.

Componentes del acuerdo

El entendimiento también incorpora la actualización del adicional por zona desfavorable, fijado en un 31% sobre los salarios mínimos de todas las categorías, con vigencia desde el 1° de abril. Este componente resulta clave para regiones con mayores costos de vida, aunque su alcance no logra compensar plenamente la pérdida acumulada frente a la inflación.

A su vez, se resolvió convocar a una nueva instancia de revisión en julio, con el objetivo de monitorear la evolución de los ingresos en un contexto económico exigente. La convocatoria anticipa que el esquema actual no se concibe como definitivo, sino como una referencia sujeta a ajustes periódicos.

Tras una negociación decisiva en Buenos Aires, la empresa CORASA confirmó la reincorporación de los empleados cesanteados en San Juan. El sindicato FOECYT levantó el paro nacional previsto, aunque advirtió que el conflicto de fondo —centrado en los salarios— permanece abierto.

El disputa que amenazaba con paralizar el servicio postal en todo el país encontró una salida transitoria. Luego de una reunión clave entre autoridades de la empresa estatal Correo Argentino (CORASA) y dirigentes de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), se resolvió la reincorporación de los 14 trabajadores despedidos en en la provincia durante los últimos días.

El entendimiento alcanzado en la sede central de la compañía, en la Ciudad de Buenos Aires, desactivó de inmediato la medida de fuerza de 48 horas que el gremio había convocado para los días 4 y 5 de mayo. La huelga, de concretarse, hubiera tenido impacto nacional en un servicio ya presionado por los recortes y la reorganización interna.

En San Juan, la noticia fue recibida con visible alivio en las dependencias postales. Desde la seccional sanjuanina de FOECYT confirmaron que los empleados retomarán sus tareas el próximo lunes, restableciendo la normalidad operativa en el corto plazo. Sin embargo, evitaron presentar un acuerdo de pacificación definitiva.

Por el contrario, los representantes sindicales remarcaron que la discusión salarial continúa siendo el eje central de la problemática. Según indicaron, el ingreso promedio del sector ronda actualmente los 700.000 pesos, un nivel que consideran insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo. En ese marco, anticiparon que impulsarán nuevas negociaciones paritarias para recomponer los ingresos.

El episodio expone las tensiones derivadas del proceso de ajuste aplicado en distintas áreas del sector público. En el caso del Correo Argentino, la reducción de personal ha sido uno de los instrumentos centrales de esa política, con impacto directo en las provincias.

En San Juan, las cifras reflejan la magnitud del repliegue: alrededor de 60 trabajadores dejaron la empresa desde comienzos de 2024, ya sea por despidos o retiros voluntarios. Este achicamiento no sólo afectó la estructura laboral, sino también la cobertura territorial del servicio.

Entre las consecuencias más visibles se encuentra el cierre definitivo de sucursales en puntos estratégicos, como el departamento San Martín y la localidad de Villa Aberastain, en Pocito. Estas decisiones reconfiguran el mapa postal en la provincia y generan interrogantes sobre la accesibilidad del servicio en zonas alejadas de los centros urbanos.