ATEPSA anunció un paro progresivo a partir del 18 de diciembre en reclamo de mejoras salariales y por presuntos incumplimientos paritarios por parte de EANA. El conflicto podría escalar e impactar en vuelos nacionales e internacionales en pleno comienzo de la temporada alta.

La tranquilidad previa a las fiestas de fin de año quedó en suspenso tras el anuncio de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio adelantó un plan de lucha progresivo que comenzará el miércoles 18 de diciembre y que amenaza con interrumpir o demorar vuelos en todos los aeropuertos del país.

El detonante del conflicto está en los reclamos salariales y en lo que los trabajadores denuncian como incumplimientos paritarios por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). También señalan el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la “falta de diálogo” y la ausencia de respuestas a los planteos elevados en los últimos meses.

La medida se definió en una asamblea en la sede central de EANA, donde los controladores expresaron su “repudio a la falta de negociación” y ratificaron que retomarán un plan de acción iniciado el 3 de noviembre y que había quedado en suspenso por la conciliación obligatoria dictada en agosto.

Aumenta la tensión: paros progresivos y la posibilidad de escalar a vuelos internacionales

ATEPSA informó que el cese de actividades comenzará afectando a los vuelos nacionales, pero advirtió que, de persistir el conflicto, las medidas podrían extenderse a los vuelos internacionales, complicando uno de los períodos de mayor demanda de todo el año.

Aunque el gremio todavía no difundió el cronograma detallado, anticipó que durante los próximos días realizará asambleas nacionales para definir horarios, modalidades y alcances de cada instancia del plan de lucha. “Meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo desconocido”, argumentaron desde el sindicato.

Desde la empresa, en cambio, aseguran que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales, una postura que profundizó el malestar entre los controladores.

Un conflicto que se agrava por el deterioro del diálogo

La reactivación de la protesta refleja la falta de avances en las negociaciones. El gremio acusa a EANA de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos meses, mientras que la empresa sostiene su posición y niega irregularidades. La distancia entre ambas partes llevó a un nuevo foco de tensión que amenaza con expandirse durante la temporada alta.

“Instamos a EANA a dar respuestas. Sin diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, advirtió ATEPSA. Para este viernes está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo que buscará acercar posiciones y evitar una paralización que podría afectar a miles de pasajeros.

Desde EANA afirmaron que “el paro aún no está confirmado”, aunque no mostraron señales de flexibilizar la postura que originó el conflicto. Así, la principal expectativa para desactivar las medidas parece quedar en manos de la Secretaría de Trabajo, que podría dictar una nueva conciliación obligatoria, como ya ocurrió en reclamos anteriores.

Sin embargo, incluso esa alternativa sólo patearía la disputa hacia enero, otro mes de alto movimiento turístico, sin resolver de fondo la discusión salarial ni las diferencias sobre el convenio colectivo.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que introduce cambios significativos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La iniciativa, tratada en sesiones extraordinarias desde el 11 de diciembre, se centra en tres ejes: vacaciones, compensación de horas y régimen de jornada. En todos los casos, la premisa es la misma: ampliar los márgenes de negociación entre empleadores y trabajadores, tanto de forma individual como colectiva.

Vacaciones: posibilidad de fraccionar y mayor negociación

La reforma sustituye el actual artículo 154 de la LCT e introduce modificaciones que buscan flexibilizar el uso y la organización de las vacaciones anuales.

El primer cambio es la habilitación de acuerdos entre empleado y empleador para tomar vacaciones fuera del período legal comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Aunque ese marco continúa vigente, ya no será obligatorio: ambas partes podrán modificarlo por acuerdo individual o colectivo.

El segundo punto central es la posibilidad de fraccionar las vacaciones, que podrán dividirse siempre que cada tramo no sea inferior a 7 días corridos. Esto representa un giro respecto del esquema tradicional, en el que el período de descanso solía tomarse mayormente de forma continua.

También se amplía el margen de la negociación colectiva para fijar otros sistemas de notificación del período vacacional, más allá de los 30 días que exige hoy la LCT. Y se establece una garantía mínima: todos los trabajadores deberán gozar de sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.

Banco de horas y compensación: un nuevo régimen para las horas extra

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la incorporación del artículo 197 bis, que formaliza la posibilidad de crear un banco de horas. Este mecanismo, utilizado en sistemas laborales flexibles, permite compensar horas trabajadas de más en determinados días con descansos equivalentes en otros.

El proyecto permite que empleador y trabajador acuerden voluntariamente un sistema de compensación de horas extraordinarias, que también puede ser pactado con la representación sindical de la empresa. El acuerdo deberá formalizarse por escrito y respetar los descansos mínimos legales.

El texto menciona expresamente la habilitación de horas extras compensables, francos compensatorios y banco de horas, siempre bajo un método fehaciente de control que permita a las partes registrar con claridad las horas trabajadas y las horas acumuladas para su uso posterior.

Jornada laboral por promedio: una nueva lógica de organización del tiempo de trabajo

Otro punto clave es la modificación del artículo 198 de la LCT, que abre la posibilidad de establecer jornadas calculadas por promedio mediante acuerdos colectivos. Esto significa que el límite legal de la jornada podrá medirse de manera flexible, compensando períodos de mayor carga horaria con otros de menor intensidad.

El proyecto además establece que el banco de horas podrá utilizarse como instrumento para equilibrar días con jornadas más largas, respetando siempre los descansos mínimos: 12 horas entre jornada y jornada y 35 horas de descanso semanal.

En la práctica, este esquema permitiría adaptar la jornada a las necesidades de sectores con picos de actividad, creando una dinámica más variable que la establecida por la normativa actual.

El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno impulsa un cambio profundo en la estructura de la Ley de Contrato de Trabajo: introduce flexibilidad en las vacaciones, habilita acuerdos individuales para organizar las horas extra mediante un banco de horas y permite que la jornada se calcule por promedio. Mientras el oficialismo sostiene que estas herramientas modernizan la regulación laboral, la discusión en el Congreso promete ser intensa: el impacto sobre la estabilidad, el descanso y la previsibilidad laboral será el centro del debate en las semanas por venir.

El IPC de noviembre marcó 2,5%, el registro más alto en siete meses. Pero detrás del dato general, los aumentos se concentraron en los rubros vitales para la vida cotidiana: alimentos, transporte y servicios públicos. Las canastas básicas volvieron a superar con claridad a la inflación, dejando a la mayoría de los trabajadores por debajo del umbral de pobreza.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5%, el tercer incremento consecutivo y el mayor desde abril. La variación interanual trepó al 31,4%, mientras que la acumulada del año alcanzó el 27,9%. Sin embargo, el dato global es apenas el punto de partida: el verdadero impacto se observa en los rubros básicos que lideraron las subas.

El capítulo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos con un 3,4%, principalmente por las actualizaciones en las tarifas de luz y gas. Pero el golpe más duro —como viene ocurriendo desde hace meses— volvió a darse en alimentos y bebidas crecieron 2,8%, aunque con fuertes disparidades internas: la carne y las frutas traccionaron muy por encima del promedio. Según los datos oficiales, el asado subió 13%, la nalga 10%, la carne picada 9,5%, mientras que las frutas saltaron 11,4% y las verduras 3,7%.

Un diciembre con riesgo inflacionario y perspectivas más tensas

Las consultoras privadas proyectan una inflación de 2,3% para diciembre, aunque con riesgos al alza por nuevas correcciones de precios regulados y ajustes en alimentos. Economistas como Gonzalo Carrera (Equilibra) advierten que, tras haber tocado un piso, la inflación interanual comenzó a acelerarse “aunque sea 0,1 punto”, signo de que “bajar una inflación moderada es más difícil” y que los aumentos en carne y tarifas dejan poco margen para un alivio rápido.

Firmas como Adcap y EcoGo coinciden en que el proceso de desinflación entró en una etapa más lenta, con un piso inercial alto marcado por el arrastre de tarifas, combustibles y alimentos frescos.

Noviembre dejó una conclusión contundente: la inflación no sólo volvió a subir, sino que lo hizo de manera más agresiva sobre los bienes esenciales, aquellos que definen el nivel de vida de los sectores populares y de la clase trabajadora. Mientras los salarios continúan rezagados, las canastas básicas avanzan a un ritmo que multiplica la vulnerabilidad social. La señal de alerta está encendida: la recuperación real del ingreso está aún lejos, y cada nuevo mes de remarcaciones en alimentos y servicios críticos profundiza la distancia entre el costo de vida y los ingresos formales.