El Gobierno suspendió la reunión programada para este jueves en la que iban a participar los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y empresarios del Grupo de los 6, para consensuar la redacción de un artículo clave de la reforma laboral referido a bloqueos sindicales y despidos con causa justa.

La decisión oficial se enmarca en un contexto de creciente conflictividad social tras el anuncio de cierre de la AFIP y la privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística que alteró los ánimos en un sector del transporte, sumados a los conflictos sectoriales que se registran por estas horas.

La reunión de este jueves, convocada por el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, significaba el inicio de una mesa de diálogo tripartito para discutir la reglamentación de puntos clave de la Ley de Bases.

Estaban citados los principales popes de la CGT y las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Argentina de la Median Empresa (CAME).

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que la postergación responde a un pedido de la central sindical, ya que uno de los abogados de la entidad no podría asistir a la reunión. Pero la razón estaría vinculada a la escalada de conflictos recientes con protestas y movilizaciones convocadas por sindicatos confederados.

El contexto de creciente conflictividad llevó a una reunión de urgencia en la sede de la UPCN, que encabezó el dialoguista Andrés Rodríguez, con los líderes de los gremios estatales adheridos a la CGT, donde se declaró un estado de alerta y se advirtió con medidas de fuerza tras el cimbronazo por el anuncio del cierre de la AFIP.

La suspensión de la mesa de diálogo convocada por Trabajo, sin fecha cierta para un nuevo llamado, pone en tensión la relación entre la CGT y el Gobierno, que queda bajo un manto de incertidumbre.

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) da continuidad a las medidas de protesta en demanda de mejoras salariales, tras denunciar una caída del 23% de poder adquisitivo hasta septiembre.

El gremio que lidera Julio Piumato realizará este jueves batucadas en dependencias judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país, junto a otras formas de manifestaciones que definirá cada seccional. En Mar del Plata habrá un «escritorazo» y en Córdoba se instalará una «carpa de la dignidad».

Además, la conducción de la UEJN ratificó el paro nacional de este viernes 25 «frente al ajuste, por la urgente recomposición y contra el impuesto al trabajo», en el marco del plan de lucha que desarrolla desde hace semanas en la Justicia.

Piumato encabezó el pasado martes un nuevo banderazo en el Palacio de Justicia desde donde exigió a la Corte Suprema que determine una recomposición salarial para los trabajadores judiciales, acorde a las demandas del sindicato.

«Seguimos adelante con la dignidad de siempre, con la conducta, convicción y coherencia que tenemos como judiciales frente a quienes quieren seguir degradando con este ajuste brutal e inhumano nuestro salarios mientras nuestras tareas se multiplican día a día», apuntó el titular de la UEJN.

El dirigente advirtió con más protestas en casa de no haber respuestas. «Los judiciales estamos de pie para pelear por la recomposición salarial y para luchar contra el ajuste que hasta el mes de septiembre nos recortó un 23% de nuestro salario», señaló ante los trabajadores que participaron del banderazo

Ante las recientes «agresiones sistemáticas al sector público», el Frente de Gremios Estatales se reunió en la sede central de UPCN para definir acciones frente a la «profundización de un escenario político, económico y social que agrede sistemáticamente la existencia del Estado y a sus trabajadores y trabajadoras».

Este frente denunció a través de un comunicado la existencia de «dos modelos de país: uno especulativo que favorece claramente a las grandes corporaciones financieras y otro que propone producción, desarrollo y trabajo».

El documento que firmaron AEFIP. AGOEC, APES, APJAE, APL, FATUN, FEDUN, SGBATOS, SUPARA, SUTECBA, UEJN y el anfitrión UPCN señaló que «los ataques permanentes tanto al Estado como a las organizaciones sindicales» son un intento de desmantelar las instituciones que, según el Frente, representan «la última barrera contra la implementación de un capitalismo salvaje sin límites».

En este contexto, llaman a las demás organizaciones sindicales, movimientos sociales y a la clase política a «defender los derechos laborales y sindicales», así como el empleo y los Convenios Colectivos de Trabajo.

El Frente también se solidarizó con las luchas de otros sectores del Estado, expresando su rechazo a «las privatizaciones y la eliminación de organismos públicos en forma indiscriminada e irracional», tal es el caso del reciente anuncio para la AFIP. Además, decretaron el «estado de alerta y movilización con una medida de acción directa que será definida por los gremios integrantes de este frente», como respuesta a las políticas que consideran un ataque al Estado y a los trabajadores públicos.

Finalmente, el comunicado reafirma que «sin Estado no hay Nación» y respalda la consigna de la CGT: «Por un país con Producción, Desarrollo y Trabajo», defendiendo que este es el único camino hacia «la Independencia económica, la Soberanía Política y la Justicia Social».