La reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo de 2026 todavía no muestra en los indicadores de empleo los resultados que el Gobierno esperaba. A ocho meses de su sanción, los puestos registrados retrocedieron un 0,9%, la informalidad llegó al 45% de la población ocupada y el empleo privado acumuló más de un año de contracción. Incluso Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de los cambios, reconoció que la respuesta empresaria no estuvo a la altura de las expectativas oficiales.

Los datos del INDEC reflejan un deterioro en la calidad de la inserción laboral. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la informalidad aumentó 1,8 puntos porcentuales, al pasar del 43,2% al 45%. Esto significa que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin las garantías propias de un empleo registrado.

La evolución de las incorporaciones tampoco exhibe una recuperación sostenida. Según la Secretaría de Trabajo, en junio representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados, el registro más bajo de la serie. En agosto subieron al 1,8%, aunque permanecieron por debajo del 2% observado en febrero, antes de la aprobación de la ley.

Catorce meses de retroceso en el empleo privado

La contracción también aparece en los relevamientos sobre trabajo asalariado formal. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) contabilizó una pérdida de 12.700 puestos en el último período analizado, equivalente a una baja del 0,2%. El total quedó en torno de los 6,1 millones de trabajadores y completó 14 meses consecutivos de retroceso.

Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada ronda los 266.000 empleos privados, un descenso del 4,2%. El estudio ubica la cantidad de trabajadores en niveles comparables con los de mayo de 2014.

La brecha entre producción y empleo agrega otro dato relevante: mientras la economía acumuló un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el trabajo asalariado privado se redujo más de un 4% durante ese mismo período.

A ese cuadro se suma el aumento de la desocupación. En el segundo trimestre de 2026, la tasa alcanzó el 7,9%, frente al 7,6% registrado un año antes, de acuerdo con el INDEC. También superó el nivel del trimestre previo y se convirtió en el registro más alto desde el inicio de la actual gestión presidencial.

Sturzenegger apuntó contra los empresarios

La evaluación oficial introdujo un reconocimiento poco habitual sobre los resultados de la reforma. Sturzenegger manifestó que no está conforme con la respuesta de los empleadores frente a los cambios normativos y cuestionó, además, la continuidad de determinadas prácticas en las negociaciones colectivas.

El ministro expresó su malestar con el funcionamiento de la ultraactividad, principio por el cual las cláusulas de un convenio colectivo mantienen su vigencia una vez vencido el acuerdo, hasta que sean sustituidas por otro. Según sostuvo, los convenios que se firman tienden a repetir fórmulas anteriores porque las partes evitan confrontar y esperan que el Estado resuelva las diferencias.

El funcionario también atribuyó parte de las transformaciones del mercado laboral a los cambios de hábitos posteriores a la pandemia y señaló que una porción de los trabajadores opta por modalidades de contratación más flexibles.

Sin embargo, los indicadores sobre remuneraciones tampoco muestran una recomposición generalizada. El salario mínimo perdió un 40,8% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y no registró una recuperación real en septiembre. En el empleo privado registrado, la remuneración promedio cayó un 0,4% en julio, aunque habría mejorado un 1,3% en términos reales durante agosto.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) endureció su cuestionamiento a las empresas de transporte y reclamó una intervención estatal en las negociaciones paritarias. La conducción nacional, encabezada por Roberto Fernández, denunció que las ofertas salariales se presentan bajo una lógica de imposición —«es esto o nada»— y advirtió que los trabajadores no aceptarán remuneraciones inferiores a los niveles necesarios para sostener una vida digna.

En el documento titulado Dignidad en los salarios, el sindicato comparó el trato de algunas patronales con el de «anacrónicos patrones de estancia» y cuestionó que los choferes sean colocados ante una disyuntiva entre conservar el empleo o aceptar ingresos insuficientes. Para la organización, ese mecanismo desvirtúa la negociación colectiva y convierte el diálogo paritario en una instancia extorsiva.

«Queremos trabajar, pero nuestro salario debe ser superior a lo que llaman línea de pobreza o salario de subsistencia», sostuvo la UTA. El gremio advirtió que una remuneración que no alcance para cubrir las necesidades básicas compromete la dignidad de quienes prestan un servicio esencial y puede derivar en formas de precarización que calificó como una «versión moderna de la esclavitud».

La conducción sindical respaldó su planteo en normas internacionales incorporadas a la legislación argentina. Citó el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho a una remuneración equitativa y a condiciones de existencia compatibles con la dignidad humana. Ambos instrumentos tienen jerarquía constitucional a partir del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

El reclamo también apuntó al Estado. La UTA pidió que la autoridad laboral utilice sus atribuciones para impedir que las negociaciones se desarrollen en condiciones que, según denunció, favorecen a las cámaras empresarias. La expresión «cancha inclinada» sintetizó la objeción del sindicato a una intervención oficial que considera insuficiente para equilibrar el poder de negociación entre empleadores y trabajadores.

El pronunciamiento concluyó con una advertencia sobre las consecuencias de mantener salarios por debajo de los umbrales de subsistencia: «Sin salarios dignos no se garantiza la paz social». La definición deja planteado que la discusión paritaria del transporte excede la actualización de los haberes y vuelve a colocar en primer plano el papel del Estado en la protección del salario y la negociación colectiva.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán tres paros de 24 horas durante noviembre, convocados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Las medidas están previstas para este martes 3, el jueves 12 y el lunes 16, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, que resolvió sostener las medidas de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. La organización reclama una respuesta urgente para recuperar los ingresos del personal y garantizar los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresaron desde FATUN al anunciar las jornadas de protesta. La federación también advirtió que mantendrá su programa de lucha hasta obtener respuestas del Ejecutivo.

El litigio excede la negociación salarial. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial con los dos tercios de los votos, permanece en el centro de una controversia institucional. El Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.

Posteriormente, la Justicia federal ordenó avanzar con su cumplimiento, incluida la actualización de los salarios docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. El Gobierno apeló las decisiones judiciales para evitar la aplicación inmediata de la ley, por lo que la disputa continúa en los tribunales.

Las tres jornadas de noviembre volverán a afectar el funcionamiento administrativo y operativo de las universidades nacionales. El reclamo de FATUN coloca nuevamente en primer plano la pérdida salarial del personal y la discusión sobre los recursos necesarios para sostener la educación superior pública.