El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa una de las reformas tributarias más sensibles para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La iniciativa, impulsada en el ámbito del Consejo de Mayo y alineada con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, propone restringir el Monotributo a las categorías de menor facturación y trasladar al resto de los profesionales hacia un nuevo régimen impositivo. La discusión abre interrogantes sobre la carga fiscal, los aportes previsionales, la cobertura de salud y el impacto sobre la formalidad laboral.

La reforma del sistema tributario volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica del Gobierno de Javier Milei. Entre las iniciativas que analiza el Ministerio de Economía figura una profunda modificación del Monotributo, régimen que desde hace casi tres décadas constituye la principal herramienta de formalización para millones de trabajadores independientes, profesionales, pequeños comerciantes y prestadores de servicios.

La propuesta comenzó a tomar forma dentro del Consejo de Mayo, el ámbito de diálogo político creado por el Poder Ejecutivo para avanzar en reformas estructurales y que reúne a representantes del Gobierno, gobernadores, empresarios y organizaciones sindicales. Entre las recomendaciones elaboradas por ese organismo aparece la reducción del universo de monotributistas como uno de los capítulos centrales de la futura reforma impositiva.

El esquema en estudio contempla mantener únicamente el Monotributo Social y las categorías A, B y C, mientras que quienes superen esos niveles de facturación deberían abandonar el régimen simplificado para incorporarse a un sistema de transición que desembocaría posteriormente en el Régimen General.

Como alternativa al salto directo hacia las obligaciones tributarias tradicionales, el proyecto prevé recrear una figura prácticamente desaparecida del sistema argentino: el Responsable No Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado. Ese régimen fue eliminado en 2004 debido a las distorsiones que generaba tanto para los contribuyentes como para las operaciones comerciales.

Más obligaciones y mayores costos administrativos

Uno de los principales cambios recaería sobre la estructura de costos de los trabajadores independientes. Al dejar el Monotributo desaparecería el sistema de pago unificado que actualmente concentra impuestos nacionales, aportes jubilatorios y obra social en una sola cuota mensual.

Los contribuyentes alcanzados deberían comenzar a tributar como autónomos, efectuar aportes previsionales independientes, afrontar liquidaciones impositivas más complejas y, en la mayoría de los casos, contratar servicios profesionales de contabilidad para cumplir con las nuevas obligaciones fiscales.

A ello se suma otra modificación relevante: la pérdida de la cobertura médica vinculada al Monotributo. Quienes abandonen el régimen deberían gestionar su incorporación a una obra social habilitada o contratar una empresa de medicina prepaga, incrementando significativamente sus gastos mensuales.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

La propuesta incorpora un sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias destinado exclusivamente a quienes migren desde el Monotributo. La idea consiste en aplicar una alícuota fija del 25%, evitando que esos contribuyentes deban presentar las tradicionales declaraciones juradas mensuales del IVA.

Sin embargo, detrás de esa simplificación aparece uno de los aspectos que genera mayores cuestionamientos entre especialistas tributarios: el eventual regreso del mecanismo conocido históricamente como «IVA por acrecentamiento».

Durante la vigencia del antiguo régimen de Responsables No Inscriptos, los proveedores aplicaban el IVA correspondiente y adicionaban un recargo equivalente al 50% del impuesto.

Cuando la alícuota general era del 18%, el efecto económico representaba una carga del 27%. Con el IVA vigente del 21%, distintos tributaristas estiman que la incidencia teórica alcanzaría el 31,5%, aunque la propuesta oficial procura reemplazar ese mecanismo por una tasa fija del 25% dentro del Impuesto a las Ganancias Simplificado.

El riesgo de incentivar la informalidad

Diversos especialistas advierten que una mayor presión tributaria y administrativa sobre los pequeños contribuyentes podría generar un efecto contrario al buscado por la reforma: aumentar la informalidad.

El Monotributo fue creado en 1998, durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, con el objetivo de facilitar la incorporación de pequeños contribuyentes al sistema formal mediante un régimen simple, previsible y de bajo costo administrativo. La unificación de impuestos nacionales, aportes jubilatorios y cobertura de salud permitió ampliar considerablemente la base de contribuyentes registrados durante las últimas décadas.

Desde entonces, el régimen se consolidó como una herramienta central para profesionales, comerciantes, emprendedores, trabajadores de oficios y prestadores de servicios, reduciendo barreras de ingreso a la formalidad.

La eventual reducción de su alcance reabre un debate que trasciende lo estrictamente tributario. Mientras el Gobierno sostiene que busca disminuir las distorsiones entre el régimen simplificado y el general, distintos analistas sostienen que un incremento de las obligaciones fiscales podría desalentar la registración de miles de pequeños contribuyentes cuyos ingresos reales ya muestran un deterioro frente al costo de vida.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias una actualización del 1,9% correspondiente a junio, equivalente a la inflación del mes, y llevó el salario inicial conformado a $2.481.855,32. El convenio acumuló una mejora del 16,8% en el primer semestre de 2026, ratificó el mecanismo de actualización automática para julio y agosto y elevó el bono del Día del Bancario por encima de los $2,15 millones.

La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, volvió a cerrar una negociación salarial alineada con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y mantuvo el esquema de recomposición automática que viene aplicando desde comienzos de año. El entendimiento con las entidades financieras otorgó un incremento del 1,9% para junio, porcentaje que se trasladará a todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos.

Con esta actualización, el ingreso inicial conformado de la actividad alcanzó los $2.481.855,32, integrado por un salario básico de $2.412.128,22 y $69.727,10 correspondientes a la Participación en las Ganancias (ROE). De esta manera, la actividad continúa entre las de mayores remuneraciones del país dentro del empleo registrado.

Desde el sindicato precisaron que el aumento impactará sobre la totalidad de la estructura salarial, incluidos los adicionales convencionales y aquellos pactados por fuera del convenio colectivo, garantizando que ningún componente del salario quede excluido de la recomposición.

El nuevo entendimiento elevó al 16,8% la mejora acumulada durante el primer semestre de 2026, tomando como referencia los haberes vigentes a diciembre de 2025. La metodología adoptada por la organización sindical permitió que las remuneraciones acompañaran mensualmente la evolución de la inflación, evitando un deterioro significativo del poder adquisitivo en un año que continúa marcado por ajustes periódicos de precios.

Otro de los puntos centrales de la negociación fue la actualización del tradicional bono por el Día del Bancario, que se abona cada 6 de noviembre. El piso quedó establecido en $2.150.328,87, aunque el monto continuará incrementándose si se producen nuevas recomposiciones salariales antes de esa fecha, preservando así su valor real.

Además, las partes acordaron extender durante julio y agosto el mismo mecanismo de actualización automática utilizado hasta ahora. En consecuencia, las remuneraciones volverán a ajustarse siguiendo la variación mensual del IPC elaborado por el INDEC, consolidando uno de los pocos convenios colectivos del país que mantiene una indexación prácticamente inmediata frente al comportamiento de la inflación.

La negociación prevé una nueva instancia de revisión durante la segunda quincena de septiembre. Allí, el sindicato y las cámaras empresarias evaluarán la evolución de los indicadores económicos y definirán la continuidad de la política salarial para el último tramo del año.

En un presente donde numerosas actividades todavía negocian incrementos por debajo del ritmo de los precios o buscan recuperar parte del poder adquisitivo perdido en años anteriores, la paritaria bancaria vuelve a posicionarse como una de las referencias del movimiento sindical argentino. El esquema de actualización permanente, sumado a remuneraciones que superan ampliamente el promedio del empleo formal, fortalece la capacidad de negociación de La Bancaria y consolida un modelo paritario que otros gremios observan como parámetro en la discusión salarial de 2026

La canasta de crianza elaborada por el INDEC volvió a incrementarse en junio y alcanzó un máximo de $678.308 para niños de entre 6 y 12 años. El indicador, que combina el costo de bienes y servicios con la valorización económica del tiempo destinado al cuidado, evidencia que una familia necesita prácticamente dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para afrontar únicamente los gastos de un hijo en edad escolar.

El costo de la crianza continúa creciendo y representa una de las mayores presiones sobre la economía de los hogares argentinos. De acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante junio la canasta de crianza registró nuevos incrementos en todas las franjas etarias y volvió a reflejar la distancia existente entre el costo real de sostener a un niño y los ingresos de una parte importante de los trabajadores.

El mayor valor correspondió a los niños y niñas de 6 a 12 años, cuya canasta mensual alcanzó $678.308, una cifra que equivale a casi dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles vigentes. El dato resulta especialmente significativo porque contempla no sólo los gastos directos vinculados con alimentación, vestimenta, educación, salud, transporte y vivienda, sino también el valor económico del tiempo que demanda el cuidado cotidiano.

Para los menores de 1 año, la canasta se ubicó en $529.539, integrada por $173.468 destinados a bienes y servicios y $356.071 correspondientes a las tareas de cuidado. En el caso de los niños de 1 a 3 años, el costo mensual ascendió a $630.926, mientras que para quienes tienen 4 y 5 años el monto fue de $539.612.

La metodología utilizada por el organismo estadístico contempla cuatro grupos de edad, definidos de acuerdo con las distintas etapas del desarrollo infantil y los niveles de escolarización. Para calcular el componente de bienes y servicios toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, utilizada habitualmente para medir la línea de pobreza. Ese indicador incluye alimentos, indumentaria, transporte, salud, educación, vivienda y otros consumos indispensables para el desarrollo de niños y adolescentes.

Por otra parte, el costo del cuidado surge de estimar la cantidad de horas que requiere cada etapa de la crianza y valorizarlas según la remuneración vigente para la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. De ese modo, el INDEC incorpora por primera vez una dimensión históricamente invisibilizada en las estadísticas económicas: el trabajo de cuidado, mayoritariamente realizado por mujeres y fundamental para el sostenimiento de los hogares.

Los datos fueron difundidos en una jornada en la que el organismo también informó que la inflación de junio fue del 1,9%, el registro mensual más bajo de los últimos años, con una variación acumulada de 33,5% interanual. Sin embargo, la desaceleración del índice general de precios no logró aliviar el elevado costo que enfrentan las familias con hijos, ya que la crianza combina gastos permanentes con un importante componente de trabajo no remunerado.

La actualización periódica de la Canasta de Crianza se ha consolidado como un parámetro de referencia clave en expedientes de alimentos, convenios parentales y fijación de obligaciones alimentarias. Asimismo, constituye un insumo para el diseño de políticas públicas orientadas a la niñez, la protección social y la organización de los sistemas de cuidado.