La resolución del Ministerio de Desregulación limita contratos y obliga a jubilarse a trabajadores que no reúnen los años de aportes. El fin de la moratoria previsional agrava el impacto social y deja a miles sin empleo ni jubilación plena.

La política de ajuste sobre el Estado nacional sumó un nuevo capítulo de alto impacto social. Una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispuso la desvinculación forzada de trabajadores estatales que alcanzaron la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— incluso cuando no cuenten con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

La medida establece que los contratos de trabajadores en edad jubilatoria solo podrán prorrogarse por un plazo máximo de seis meses. Cumplido ese período, deberán cesar, quedando los empleados obligados a iniciar trámites previsionales aun cuando no reúnan los requisitos mínimos. En los hechos, esto implica que miles de personas quedarán sin trabajo y sin jubilación.

Intimación sin distinción y sin alternativas

La resolución ordena a los organismos del Estado presentar constancias de intimación a jubilarse de todo el personal que haya alcanzado la edad establecida por ley. Esta exigencia se convierte en condición para que el Gobierno habilite la renovación de otras contrataciones no permanentes, generando un fuerte mecanismo de presión administrativa.

El punto más crítico es que la intimación no distingue entre quienes cuentan con los 30 años de aportes requeridos y quienes no. Para este último grupo, la consecuencia es directa: pérdida del empleo y ausencia total de herramientas para completar los aportes faltantes, ya que el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a ese mecanismo. Su eliminación anticipa un escenario de exclusión previsional que ahora se profundiza con la desvinculación laboral forzosa.

La PUAM como única salida

Para quienes no logren jubilarse, la única alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Se trata de una prestación asistencial que no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, y que solo garantiza el acceso a la cobertura de PAMI.

En un contexto de caída sostenida del empleo privado —especialmente para mayores de 60 años— la posibilidad de reinsertarse laboralmente aparece como una opción casi inexistente.

Ajuste incluso en áreas críticas

La resolución se aplicará incluso en dependencias donde el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o en áreas que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo operativo, producto de los sucesivos recortes. El impacto no solo será social, sino también funcional, afectando la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles.

No es un hecho aislado. En octubre de 2024, la resolución 3/2024 de Sturzenegger ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. La nueva medida apunta, ahora, directamente a quienes no pueden jubilarse.

Casi 80 despidos por día

Las cifras dimensionan la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que en 2024, año que ya había registrado una caída superior al 10%.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% de la planta estatal. En términos concretos, son casi 80 despidos por día, según datos del Centro CEPA.

Rechazo sindical y alerta social

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta medida condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, denunció.

La resolución se inscribe en una situación donde casi un millón de jubilados cobran la mínima y muchos se ven obligados a seguir trabajando para sobrevivir. La combinación de despidos, eliminación de la moratoria y retiro forzoso configura un ámbito de fuerte regresión en materia de derechos laborales y previsionales.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La ofensiva del Ministerio de Desregulación no solo busca reducir el gasto público, sino redefinir el vínculo del Estado con sus trabajadores, trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables. La desvinculación de empleados mayores sin aportes suficientes marca un punto de inflexión: por primera vez, el ajuste no solo recorta empleo, sino que clausura el acceso a la jubilación plena.

El impacto social de esta decisión recién comienza a desplegarse, pero sus consecuencias ya anticipan un aumento de la precariedad, la desigualdad y la exclusión previsional en la Argentina.

Los docentes universitarios rechazaron el aumento unilateral del 2% dispuesto por el Gobierno nacional y el bono extraordinario de $50.000, al que calificaron como insuficiente y ofensivo. Desde ADICUS advierten que la pérdida salarial ya ronda el 50%, denuncian incumplimientos en el financiamiento universitario y anticipan un plan de lucha con medidas duras a partir de mediados de marzo.

“Estamos frente a salarios de pobreza”, advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, al señalar que la evolución de los ingresos quedó muy por detrás del aumento general de precios, que acumuló más del 90% en el último período, mientras las recomposiciones salariales fueron mínimas y fragmentadas.

El bono extraordinario de $50.000, lejos de aliviar la situación, fue interpretado como un gesto provocador. Desde el sector docente remarcan que resulta insignificante frente a los bonos otorgados en provincias y en el sector privado, e incapaz de compensar el impacto del ajuste sobre los ingresos.

Sueldos congelados y docentes por debajo de la canasta básica

La crisis salarial tiene un correlato concreto en los recibos de sueldo. Según ADICUS, gran parte de los docentes universitarios percibe ingresos que oscilan entre los $250.000 y $300.000 mensuales, valores que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año.

Los cargos más frecuentes, como los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple, quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que ronda los $900.000. Incluso cargos de mayor dedicación no alcanzan niveles que permitan cubrir gastos elementales como alquiler, servicios y transporte.

La contradicción se profundiza, subrayan desde el gremio, cuando el Gobierno autoriza fuertes aumentos en tarifas de luz y gas —con subas promedio del 17%— mientras mantiene incrementos salariales marginales para el sector universitario.

Éxodo docente y vaciamiento silencioso

El deterioro de las condiciones laborales comienza a tener efectos estructurales. Cada vez más docentes reducen su carga horaria o directamente abandonan la universidad para buscar ingresos en el sector privado o en otras actividades.

Este fenómeno, advierten desde ADICUS, compromete la calidad académica y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, que dependen de planteles docentes altamente calificados pero cada vez más precarizados.

Incumplimiento del financiamiento universitario y conflicto político

Desde el gremio también denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de resoluciones judiciales que ordenan la recomposición salarial. Para Barcelona, no se trata sólo de un ajuste presupuestario, sino de una “voluntad política deliberada de estigmatizar y empobrecer” a los trabajadores docentes y no docentes.

El conflicto se inscribe así en un marco más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya fue blanco de cuestionamientos discursivos y recortes presupuestarios desde el inicio de la actual gestión.

Medidas de fuerza en camino y posible impacto en el ciclo lectivo

El malestar comienza a traducirse en organización. ADICUS y los gremios nucleados en la CONADU Histórica iniciaron una ronda de reuniones internas que derivará en consultas a las bases y un congreso nacional para definir los próximos pasos.

Si bien las medidas no se activarían de inmediato para no afectar las mesas de exámenes de febrero y comienzos de marzo, el gremio anticipa un endurecimiento del plan de lucha a partir de la segunda quincena de marzo, con interrupciones prolongadas de actividades académicas.
Aunque el inicio de clases podría darse de manera dispar según cada universidad, desde el sector advierten que la continuidad del dictado está seriamente comprometida si no hay una respuesta salarial concreta.

Universitarios se suman al rechazo a la reforma laboral

El conflicto docente también se entrelaza con el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. ADICUS confirmó su adhesión al paro y a las movilizaciones que convoquen las centrales sindicales, en rechazo a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial tanto para trabajadores del sector público como privado.

“La reforma impone condiciones de subordinación extrema y elimina derechos básicos”, señalan desde el gremio, que cuestiona el debilitamiento de la negociación colectiva, las restricciones al derecho de huelga y la flexibilización de los despidos.

El rechazo al aumento del 2% expuso algo más profundo que una disputa salarial coyuntural: reveló el deterioro sostenido de los ingresos docentes, el incumplimiento de compromisos legales y el riesgo de un vaciamiento progresivo de la universidad pública. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y un clima de creciente conflictividad, los gremios universitarios se preparan para un escenario de confrontación que amenaza con impactar de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el futuro del sistema universitario nacional.

El referente metalúrgico Martín Solazzo cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Alertó sobre la pérdida de derechos conquistados, la ausencia de beneficios reales para el empleo y convocó a un debate abierto en San Juan para informar y dar voz a los trabajadores antes del tratamiento legislativo.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, volvió a encender la alarma en el movimiento obrero. En San Juan, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se sumó con firmeza al rechazo sindical y advirtió que el proyecto oficial no solo carece de incentivos reales para la generación de empleo, sino que avanza sobre derechos históricos conquistados a lo largo de décadas.

Martín Solazzo, Secretario general del gremio metalúrgico en la provincia, fue categórico al analizar el escenario actual. “En el contexto político y laboral que estamos viviendo, no sobra nadie. La división no es el camino: la unidad es una necesidad”, sostuvo, al tiempo que valoró el proceso de acercamiento entre sindicatos frente a una iniciativa que consideran regresiva.

El dirigente explicó que, tras un reciente congreso gremial con asesoramiento de abogados especializados, el diagnóstico fue unánime: el proyecto no presenta un solo punto favorable para los trabajadores. “No encontramos ningún beneficio real. Lo que vemos es una avanzada que implica resignar derechos que costaron años de lucha”, señaló.

Desde la mirada sindical, la reforma no está orientada a dinamizar la producción ni a fortalecer la industria nacional. Por el contrario, Solazzo advirtió que el esquema propuesto podría derivar en una reducción del empleo. “Si una empresa puede extender la jornada laboral sin límites claros, ¿para qué sostener más personal? Es una contradicción que nadie explica”, cuestionó.

En ese sentido, apuntó también contra el relato oficial que presenta la iniciativa como una herramienta de modernización. “La quieren disfrazar, pero es una ley pensada para facilitar despidos, no para crear trabajo ni fortalecer la mano de obra calificada”, afirmó, y alertó sobre las consecuencias a mediano y largo plazo para el entramado productivo del país.

El gremialista valoró especialmente el endurecimiento de la postura de la CGT y el despliegue político que se está llevando adelante en el Congreso para frenar el tratamiento del proyecto. “Celebramos la unidad sindical y el trabajo que se está haciendo en Diputados y el Senado. Vamos a necesitar todos los aliados posibles para impedir que esta reforma avance”, remarcó.

En este aspecto, desde la UOM San Juan decidieron abrir el debate hacia la base trabajadora. El próximo sábado 7 de febrero, a las 19 horas, el sindicato realizará un encuentro abierto en su sede provincial. La convocatoria está dirigida no solo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general.

“El problema es que muchos trabajadores no están bien informados. Parte de los medios distorsionan el contenido de la ley y eso genera confusión”, explicó Solazzo. Por ese motivo, el encuentro contará con la participación de abogados especializados que abordarán el contenido técnico de la reforma, comparando los derechos vigentes con las modificaciones propuestas.

El dirigente fue enfático en aclarar que no se trata de una instancia de adoctrinamiento político. “Queremos explicar qué dice la ley, artículo por artículo, para que cada trabajador saque sus propias conclusiones. Hoy, paradójicamente, el trabajador es el gran ausente en esta discusión”, sostuvo.

Con este escenario, el sindicalismo metalúrgico busca disputar no solo el voto parlamentario, sino también el sentido del debate público. Frente a una reforma que consideran regresiva, la estrategia combina unidad gremial, presión institucional y participación directa de los trabajadores.

La convocatoria en San Juan se inscribe en esa lógica: informar, debatir y devolverle la voz a quienes, según advierten desde la UOM, serían los principales afectados. En un clima de alta tirantez social y política, el futuro de la reforma laboral aparece cada vez más atado a la capacidad del movimiento obrero de sostener cohesión, argumentos y presencia en la escena pública.