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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Sube la tensión en Misiones y se teme por alzamientos en otras provincias

Las protestas de policías activos y retirados de Misiones se profundizaron en las últimas horas, tras la falta de acuerdo en la negociación salarial con el gobierno provincial. Tras esta situación se conoció también que Policías de Corrientes, Salta y Tucumán comenzarían con las protestas en las próximas horas.

Las protestas de policías activos y retirados de Misiones se profundizaron en las últimas horas, tras la falta de acuerdo en la negociación salarial con el gobierno provincial. El epicentro de las manifestaciones se da frente a la sede del Comando Radioeléctrico en la localidad de Posadas.

Los trabajadores rechazaron el ofrecimiento por un 20% de aumento salarial, que representaría alrededor de unos $80.000 de suba. La demanda de incremento por parte de los policías llega a casi un 100%, con el objetivo de equiparar la canasta básica de $828.000.

En la actualidad el sueldo inicial de un agente de calle supera apenas los $400.000, con facturas de luz cercanas a los $100.000. La asistencia de policías a comedores populares describen el presente oscuro en la actividad.

Los voceros de la protesta ratificaron la continuidad de las acciones, con un fuerte respaldo de distintos sectores de la sociedad. En las últimas manifestaciones se movilizaron cerca de 15.000 personas, con presencia de penitenciarios, guarda parques, policías de calle, docentes y personal de salud.

Las acciones son impulsadas por personal activo y retirado. Los trabajadores se acercan a los focos de protesta sin uniforme ni armas reglamentarias, y el Comando Radioeléctrico funciona con normalidad.

«El conflicto no tiene perspectiva de solución en el corto plazo», confirmó una fuente cercana a la negociación presente en el lugar.

Se esperan levantamientos en otras provincias del país

Las protestas impulsadas en Misiones desde hace 10 días generaron alerta en provincias vecina y se espera que en las próximas horas los policías de Corrientes, Salta y Tucumán activen levantamientos.

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Docentes de todos los niveles ratificaron el paro para este jueves

La convocatoria sumó a todos los gremios adheridos a la CGT, la Ctera y el Frente Sindical Universitario a treinta días de la masiva marcha en defensa de la educación pública y en medio de la polémica por el acuerdo de la UBA.  Las demandas incluyen la restitución del Fondo de Incentivo Docente a las provincias, presupuesto y aumento de «emergencia» a jubilados del sector.

Los gremios docentes nucleados en la CGT realizarán el jueves un paro nacional junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Ctera, y el Frente Sindical Universitario. La protesta se extenderá durante 24 horas en todos los niveles educativos del país y volverá a ser en demanda de la convocatoria a la paritaria nacional docente y por la restitución Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fonid, entre otros puntos. Ctera también se movilizará ese día al Congreso Nacional, para reclamar el tratamiento de los proyectos sobre presupuesto universitario y la restitución el Fondo que eliminó el Gobierno nacional. Los gremios nucleados en la CGT hoy darán una conferencia de prensa. 

La medida de fuerza fue anunciada por los gremios docentes ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei a los pedidos del sector, que incluye la convocatoria a la paritaria nacional que frena la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con sueldos docentes pisados desde diciembre pasado.

La protesta del jueves con su medida de fuerza que se extenderá durante 24 horas en todos los niveles educativos del país tendrá como punto de confluencia a los gremios adheridos a Ctera, de la CGT (UDA, Sadop –docentes privados–, AMET y CEA) y los del Frente Sindical Universitario que nuclea a las distintas organizaciones de docentes y no docentes universitarios.

En tanto el Frente Sindical de Universidades Nacionales ya había convocado también a un paro para este jueves, cuando se cumple un mes de la masiva marcha universitaria federal en defensa de la educación y el sistema universitario público argentino. “El Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles”, sostuvieron en la convocatoria.

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Ante la falta de acuerdo salarial, la Sanidad anunció un paro de 3 días

La Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) decidió implementar un plan de lucha, desde el miércoles 22 al 24 de mayo .

El gremio que lidera, Héctor Daer busca cerrar una paritaria salarial, para los meses de abril y mayo. Ante la negativa de las patronales, decidieron iniciar desde este miércoles un paro de 2 horas por turno, el jueves 23, de 3 horas por turno y el viernes la medida será de 4 horas de paro por cada turno.

El último acuerdo para clínicas y sanatorios había sido en el mes de febrero con una suba del 45.6%, que incluía un aumento en marzo de 2024.

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