La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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Gremios universitarios celebran la aprobación de la Ley de Financiamiento
Los gremios universitarios celebraron la reciente aprobación de la ley de financiamiento del sector en el Congreso Nacional y destacaron la lucha emprendida por la comunidad universitaria.
«Es un logro de nuestra lucha, de las banderas de nuestra Federación, y de todos nuestros sindicatos de base, que, a lo largo y a lo ancho del país, le han puesto el cuerpo a la pelea por la defensa de nuestras Universidades Nacionales y de nuestros salarios, y para alcanzar esta Ley de Financiamiento Universitario», destacó la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).
El Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Los trabajadores nodocentes, que participaron de una manifestación frente al Congreso a la espera de la aprobación de la ley junto a gremios docentes de la actividad, advirtieron con profundizar las acciones gremiales si el presidente Javier Milei veta la ley tal como prometió semanas atrás.
«Ahora queda decirle al Gobierno Nacional que si esta ley es vetada, nos encontraremos más que nunca en las calles, y volveremos a realizar una nueva marcha federal universitaria, volviendo a convocar al pueblo a salir a las calles, para que exprese que la Educación Pública Superior, gratuita, cogobernada y de calidad es una bandera irrompible del conjunto social de nuestro país», señaló la FATUN.
La entidad sindical reconoció también la defensa del «pueblo argentino» a la educación universitaria pública. «Este triunfo es nuestro, pero también es del pueblo argentino, que ese 23 de abril marcó los límites democráticos para el Gobierno Nacional, diciendo: ¡con las Universidades Públicas, NO!», concluyó.
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La AFIP actualiza las escalas del Impuesto a las Ganancias
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicará una nueva tabla del Impuesto a las Ganancias en los próximos días, con una actualización extraordinaria que ya estaba prevista para septiembre. Este ajuste afectará los salarios de los trabajadores, de acuerdo con el paquete fiscal aprobado este año, sin embargo, las consultoras ya prevén que no habrá impacto positivo.
El nuevo mínimo no imponible será de $2,03 millones brutos para un trabajador soltero y $2,63 millones para uno casado con dos hijos. Este incremento responde a lo establecido por la Ley 27.743, que reintrodujo el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de contribuyentes.
El ajuste del 12,8% en las escalas y deducciones se basa en la inflación registrada por el INDEC entre junio y agosto, y se aplicará sobre los salarios que se pagarán en octubre. A partir de 2025, estas actualizaciones se realizarán semestralmente, evitando que la inflación desajuste el sistema tributario.
Expertos en la materia, como los tributaristas Martín Caranta y Sebastián Domínguez, coincidieron, en diálogo con Ámbito Financiero, en que la AFIP debe publicar las tablas actualizadas para que las empresas puedan aplicar correctamente los cambios en los sueldos. Se espera que estas tablas estén disponibles la semana próxima.
Este ajuste, aunque necesario para compensar la inflación, no se traducirá en un incremento en el consumo de los empleados afectados por Ganancias, según advierte la consultora Focus Market, debido al aumento de los costos en servicios públicos y privados.
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Milei confirmó el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario
El presidente Javier Milei confirmó hoy a través de un mensaje en redes sociales que aplicará un «veto total» a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en las últimas horas por el Senado.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado dio a conocer que rechazará la norma, del mismo modo que lo había hecho con la ley que incrementa las jubilaciones mínimas.
«Veto total», respondió el Presidente a un posteo en X que había hecho el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.
Ese funcionario había manifestado que la «última palabra» respecto de la suerte de esa medida la tenía Milei.
El Senado aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales, y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento, e incluye una actualización salarial para los docentes y no docentes.
El proyecto no contaba con el aval del oficialismo, que argumentó que ese incremento pone en riesgo el objetivo de alcanzar el «superávit fiscal».
De concretarse el veto presidencial, las casas de altos estudios se quedarían sin los $738.595 millones en materia presupuestaria que prevé la norma sancionada por el Congreso.
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