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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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La Justicia laboral declaró inconstitucionales las limitaciones al derecho a huelga

La Cámara de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucionales los artículos del decreto 340 del Gobierno nacional que intentaban limitar el derecho a huelga en varias actividades. La decisión refuerza el respeto por el proceso democrático y el papel del Congreso en la creación de leyes.

La Justicia laboral dio un golpe significativo a la arbitrariedad del Ejecutivo al declarar inconstitucionales los artículos del decreto 340 que limitaban el derecho a huelga en varias actividades. La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es clara: el Gobierno no puede usar decretos para limitar derechos fundamentales y constitucionales sin una verdadera necesidad y sin consultar al Congreso.

Esta decisión judicial es importante porque refuerza el respeto por el proceso democrático y el papel del Congreso en la creación de leyes. Los jueces señalaron que el Gobierno no justificó la necesidad ni la urgencia de dictar estas medidas por decreto, ya que el Congreso estaba en funciones y es el único órgano con autoridad para cambiar una ley. Esto subraya la importancia de que el proceso legislativo sea respetado y que el Ejecutivo no se extralimite en sus funciones.

El Derecho a Huelga como un Derecho Fundamental

El derecho a huelga es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser limitado sin una justificación clara y convincente. La jueza Fullana consideró que la norma violaba la libertad sindical, al impedir el derecho de protesta en sectores donde no corresponde hacerlo según tratados internacionales. La Cámara del Trabajo coincidió con esta mirada y enfatizó que el problema no era definir qué actividades son esenciales, sino el uso del DNU para modificar una ley sin el debate correspondiente.

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La inflación volvió a subir en junio e impacta en los bolsillos populares

La inflación volvió a subir en el mes junio, especialmente en los barrios más humildes, donde los aumentos en alimentos duplican el promedio general. La situación genera preocupación sobre la estrategia económica del gobierno y su impacto en las elecciones legislativas de octubre.

La inflación es un problema que no se ha ido, y su efecto se siente especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), la Canasta Básica de Alimentos en el conurbano bonaerense aumentó 3,41% en junio. Esto significa que una familia necesitó $186.330 más que hace un año para comprar los mismos productos de almacén.

Esa suba se sintió fuerte en los bolsillos. Una familia necesitó en junio $186.330 más que hace un año para comprar los mismos productos de almacén, $110.000 más para adquirir los mismos cortes de carne y $75.000 adicionales para acceder a la misma cantidad de verduras.

Pese a la baja interanual de la inflación (que pasó del 84,5% en enero al 43,5% en mayo), esa desaceleración no se tradujo en alivio real para la mayoría. En paralelo, los salarios, las jubilaciones y las pensiones se desplomaron. Con menos dinero en los bolsillos, la gente no volvió a consumir. “La baja de los precios no devolvió a la gente a los comercios”, graficó un informe reciente.

A nivel nacional, las consultoras privadas estiman que la inflación de junio rondó entre 1,5% y 1,8%. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) marcó un 2,1%, rompiendo con la tendencia del mes anterior, que había sido la más baja en cinco años y motivo de festejo para el oficialismo.

La situación en los barrios populares es crítica. Los aumentos en alimentos y servicios indispensables mantienen las dificultades de los hogares para prever el manejo de presupuestos que no se incrementan en la proporción de los aumentos que se producen, según destaca Isaak Rudnik, director del Isepci.

La estrategia económica del gobierno ha sido cuestionada por varios expertos. Nicolás Trotta, exministro y actual director del Centro para la Concertación y el Desarrollo, señaló que «el alza en los alimentos cuestiona la estabilidad cambiaria y la estrategia gubernamental basada en el ancla del dólar y el control de paritarias». La presión cambiaria y la falta de resultados tras el retiro parcial del cepo también complican la situación.

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Horas extras, vacaciones y despidos: el nuevo paradigma laboral que impulsa el Gobierno

La administración de Javier Milei avanza sobre pilares fundamentales del derecho laboral argentino. Busca reemplazar el pago de horas extraordinarias por compensaciones, flexibilizar el régimen de vacaciones y redefinir el sistema de indemnizaciones, generando una fuerte resistencia sindical y social.

La reforma laboral que promueve el gobierno nacional no es apenas un paquete técnico de ajustes normativos: representa una transformación estructural en la concepción del trabajo, sus garantías y los vínculos entre empleadores y empleados. Bajo el pretexto de dinamizar la productividad y erradicar “rigideces” que –según argumentan desde el Ejecutivo– obstaculizan la competitividad, se impulsa una avanzada que erosiona conquistas históricas del movimiento obrero.

En el centro del debate se encuentra la tentativa de suprimir el pago de las horas extra, un beneficio que desde hace décadas reconoce el esfuerzo adicional de quien prolonga su jornada laboral. Hoy, el marco legal argentino contempla un incremento del 50% para las horas extraordinarias en días hábiles y del 100% durante fines de semana o feriados, con un tope de 30 horas mensuales. El proyecto oficial pretende reemplazar este reconocimiento económico por sistemas de “bancos de horas” o “francos compensatorios”, a ser negociados de manera colectiva. De aprobarse, la dinámica se traduciría en una notable transferencia de valor desde el trabajador hacia el empleador, bajo una lógica de «recuperación horaria» que oculta la desvalorización del tiempo personal.

Una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que casi nueve de cada diez argentinos rechazan esta posible eliminación del pago por horas extra. El 88,5% de los consultados expresó su disconformidad ante la eventual implementación de esquemas alternativos que no impliquen retribución dineraria, mientras que apenas el 6,7% se manifestó a favor. Esta rotunda desaprobación no ha tenido, sin embargo, correlato en el empresariado, que, sin pronunciarse públicamente, observa con expectativa las flexibilizaciones propuestas.

Indemnizaciones y causa justa: el nuevo margen para despidos sin costo

El proyecto también rediseña el régimen indemnizatorio. Se busca profundizar el esquema del “fondo de cese laboral”, ya adoptado por algunos convenios colectivos, mediante el cual los empleadores contribuyen regularmente a un fondo que sustituye el pago de la indemnización tradicional. No obstante, la novedad más controvertida reside en el concepto de “causa justa”. Según la iniciativa, si el empleador demuestra que el trabajador incurrió en conductas perjudiciales para la empresa, podrá prescindir de su obligación indemnizatoria.

El problema radica en la amplitud de interpretación que se abre con esta cláusula. Entre las “faltas” que podrían invocarse se mencionan explícitamente acciones sindicales: bloqueos, tomas o medidas de fuerza, figuras cuya inclusión sienta un precedente peligroso. La normativa habilitaría, en la práctica, despidos sin resarcimiento bajo fundamentos que podrían vulnerar la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Vacaciones: descanso bajo discrecionalidad patronal

Otro eje crítico de la reforma remite al régimen de licencias. La propuesta contempla que los días de vacaciones puedan otorgarse durante todo el año, incluso hasta abril del siguiente período anual. A su vez, permite la fragmentación del descanso, con la única condición de que los tramos no sean inferiores a una semana. El empleador, además, podría informar las fechas con apenas tres semanas de antelación.

Este cambio reconfigura el descanso vacacional como una instancia sujeta a la conveniencia empresarial, desdibujando su carácter reparador y su previsibilidad. La posibilidad de fraccionar las vacaciones atenta contra su sentido integral: el de ofrecer al trabajador una desconexión sostenida que le permita reponerse física y mentalmente.

Lejos de ser una mera adecuación técnica a las necesidades de la economía global, la propuesta del gobierno expresa una concepción ideológica del trabajo subordinado. El derecho laboral, históricamente concebido como un freno al abuso y un equilibrador de desigualdades, corre el riesgo de ser vaciado de contenido.

Bajo una retórica de eficiencia, se avanza sobre principios consagrados por décadas de luchas gremiales y decisiones jurisprudenciales. La desregulación propuesta no solo redistribuye cargas en favor del capital, sino que también  replantea el contrato social que vincula al Estado con sus trabajadores. En nombre de la libertad, se fragua una asimetría que debilita aún más al eslabón más vulnerable de la cadena productiva.

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