
La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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La inflación tuvo un leve repunte y fue de 2,4% en febrero

La inflación de febrero registró un leve repunte con respecto a enero, alcanzando un 2,4% y un 66,9% interanual, según el Indec. Sin embargo, este dato no debe ser tomado a la ligera, ya que refleja la persistencia de una inflación alta y descontrolada que sigue afectando la economía y la vida de los argentinos.
La división de mayor aumento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,7%, debido a subas en alquileres y gastos conexos, así como en electricidad, gas y otros combustibles. Esto es particularmente preocupante, ya que estos servicios son esenciales para la vida cotidiana y su aumento afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El gobierno debe asumir su responsabilidad en la gestión de la economía y tomar medidas efectivas para controlar los aumentos. La persistencia de la inflación alta es un reflejo de la falta de política económica efectiva y de la incapacidad del gobierno para tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población.
Consecuencias Sociales
La inflación alta tiene consecuencias sociales graves, como la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de la calidad de vida y la aumento de la pobreza. Es fundamental que el gobierno tome medidas para abordar estas consecuencias y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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La Justicia Frena la Privatización del Banco Nación

La decisión judicial del juez federal Alejo Ramos Padilla de suspender el decreto que convertía al Banco Nación en Sociedad Anónima, ha generado un freno a la privatización de la entidad bancaria de alcance nacional. El fallo responde a una presentación colectiva de los trabajadores del BNA, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del directorio del banco que disponía su transformación en Sociedad Anónima.
La medida cautelar dictada por Ramos Padilla suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que buscaba convertir en Sociedad Anónima al Banco de la Nación Argentina (BNA). Esta decisión judicial frena la intención del Gobierno de avanzar con una eventual privatización de la principal entidad bancaria del país.
El Banco Nación cumple un rol fundamental en el financiamiento de pequeños y medianos productores, así como en la economía regional. Con más de 130 años de historia y una red de más de 700 sucursales en todo el país, el BNA es clave en la promoción del desarrollo económico y social.
La transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima generó preocupación entre sectores políticos, sindicales y productivos. La decisión de Ramos Padilla refuerza la idea de que cualquier modificación en el estatus de entidades estatales debe contar con el aval del Congreso, consolidando el rol del Poder Legislativo en la toma de decisiones sobre el patrimonio público.
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La CGT anuncia un nuevo paro general antes del 10 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general antes del 10 de abril, formalizando así un nuevo enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei. La medida, que será oficializada el 20 de marzo en la reunión del Consejo Directivo Nacional de la central obrera, representa la tercera huelga de alcance nacional desde la asunción del presidente libertario.
Este anuncio, realizado por Héctor Daer en el Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no solo ratifica el rechazo del sindicalismo a las políticas de ajuste y desregulación del Ejecutivo, sino que también refuerza la unidad gremial en un contexto de creciente tensión social.
El trasfondo del conflicto
El sindicalismo argentino atraviesa una de sus mayores disputas con el poder político en los últimos años. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la CGT ha demostrado su oposición a las reformas impulsadas por el gobierno, especialmente aquellas relacionadas con el mercado laboral y la eliminación de regulaciones que afectan a los trabajadores.
El primer paro general, realizado el 24 de enero de 2024, fue un claro mensaje de resistencia en las primeras semanas del nuevo mandato. Luego, el 9 de mayo del mismo año, una segunda huelga dejó en evidencia que el distanciamiento entre ambas partes se mantenía firme. Aunque en los meses siguientes se abrieron instancias de negociación, las discrepancias nunca se resolvieron y el conflicto volvió a escalar.
El anuncio de esta tercera medida de fuerza confirma que el sindicalismo no ha encontrado en el gobierno un interlocutor dispuesto a ceder. La CGT, que reúne a los principales gremios del país, cuenta con el respaldo de figuras clave como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer, Jorge Sola, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Cristian Jerónimo y Pablo Flores. Esta confluencia de liderazgos dentro del movimiento obrero otorga al paro una dimensión aún más significativa.
El impacto de la medida y el desafío para el Gobierno
Más allá de la propia protesta, la convocatoria al paro representa un desafío político para Milei. Desde su llegada al poder, el presidente ha apostado por una estrategia de confrontación con los sindicatos, a los que acusa de ser parte de la “casta” que obstaculiza el cambio en el país. Sin embargo, el respaldo masivo a la huelga podría poner en jaque esa narrativa y evidenciar el creciente descontento en amplios sectores de la sociedad.
El nivel de adhesión que logre la medida será un termómetro clave para evaluar el clima político y social en Argentina. Si la protesta alcanza una gran magnitud, el Ejecutivo podría verse obligado a replantear su estrategia y abrir canales de negociación con los gremios. Por el contrario, si el impacto es limitado, el gobierno podría interpretar esto como una señal de debilitamiento del sindicalismo y continuar con su programa de reformas sin grandes modificaciones.
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