La Federación SUPEH denunció la propuesta del ministro Sturzenegger para habilitar el autodespacho de combustibles en estaciones de servicio, lo que podría dejar sin trabajo a miles de petroleros de YPF.

La noticia de la posible implementación del autodespacho de combustibles en estaciones de servicio de todo el país ha generado una gran preocupación entre los petroleros de YPF. La Federación SUPEH, que representa a los trabajadores de OPESSA, empresa subsidiaria que gestiona las 190 bocas de expendio de combustible de YPF, ha denunciado la propuesta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como una amenaza para el empleo y la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

La implementación del autoservicio de combustibles podría significar la pérdida de empleos para los petroleros que trabajan en las estaciones de servicio de YPF. Según la Federación SUPEH, esta medida «cercenaría las fuentes de trabajo de miles de compañeros», agravando la situación de vulnerabilidad de numerosas familias que dependen de esta actividad.

La SUPEH también ha cuestionado la idea de que el autoservicio de combustibles sea una medida modernizadora y eficiente. En su lugar, argumentan que esta medida solo beneficiaría a las empresas que buscan reducir costos laborales, pero no necesariamente a los consumidores ni a los trabajadores.

Además, la SUPEH ha señalado que la implementación del autoservicio de combustibles en otros países ha sido acompañada de una serie de medidas de protección para los trabajadores, como la formación y el reciclaje laboral. Sin embargo, en Argentina, no se ha anunciado ninguna medida de este tipo, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los trabajadores.

En un día de gran convocatoria, las Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y movimientos sociales se reunieron en Plaza de Mayo para reclamar mejores condiciones laborales y sociales.

La movilización, que comenzó en la mañana, se extendió por varias horas y contó con la participación de líderes gremiales, políticos y sociales. Los manifestantes reclamaron mejores condiciones laborales, aumento de salarios y una política económica que beneficie a los sectores más vulnerables de la sociedad.

«Estamos aquí para reclamar una política económica que nos incluya a todos», dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA. «No podemos seguir viviendo en un país donde la desigualdad y la pobreza son cada vez más grandes».

La movilización también contó con la participación de movimientos sociales, que reclamaron derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad. «Estamos aquí para reclamar derechos para los trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes y para los ancianos», dijo Mónica Macha, líder del movimiento social «Barrios de Pie».

Además, el líder de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, también se dirigió a los manifestantes y dijo: «La unidad en la diversidad es el camino hacia un futuro mejor. Debemos seguir luchando por nuestros derechos y por una sociedad más justa y equitativa».

La unidad en la diversidad fue el lema de la jornada, y los manifestantes lo demostraron con su presencia y su participación activa en la movilización. La Plaza de Mayo se convirtió en un espacio de encuentro y de lucha, donde las diferentes organizaciones y movimientos sociales se unieron para reclamar un país más justo y equitativo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) destacó el alto nivel de acatamiento al paro nacional convocado este miércoles en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Según Rodolfo Aguiar, líder del gremio, la adhesión en todo el país superó el 90%, lo que demuestra un fuerte rechazo a las medidas del gobierno.

“Si quienes gobiernan les arruinaron las fiestas a los trabajadores, jubilados y sus familias, también se las tenemos que arruinar a ellos. Debemos evaluar una nueva medida para la semana que viene”, señaló Aguiar.

Hace casi un año nos declaraban la guerra a los estatales y hoy están muy lejos de ganarla. Se equivocaron los gurúes que decían que no había clima para paro. La adhesión en todo el país supera el 90%”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y agregó: “Nos tienen que devolver el 40% de nuestros sueldos que nos robaron y tirar los exámenes de idoneidad a la basura”.

El dirigente estatal evaluó que el plan de acción del sindicato podría continuar en los próximos días: “Puede ser que esta no sea la última medida del año. No descartamos anunciar otra para la próxima semana. Si quienes gobiernan les arruinaron las fiestas a los trabajadores, jubilados y sus familias, también se las tenemos que arruinar a ellos”.

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional y aceptado por el otro gremio participante de la paritaria nacional (UPCN) fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz ni medio tanque de combustible.

Reclamos del sindicato:

• Reincorporación inmediata de trabajadores despedidos ilegalmente: ATE exige la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente de la Administración Pública Nacional.
• Rechazo a los exámenes de idoneidad: El sindicato considera que los exámenes de idoneidad son inconstitucionales y no están diseñados para evaluar la capacidad de los trabajadores.
• Aumento salarial: ATE rechazó el último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional, que fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000, considerando que es insuficiente para cubrir la inflación prevista.
• Rechazo a la privatización de empresas públicas: El sindicato se opone al intento de desguace y privatización de las empresas públicas, considerando que es un ataque a los derechos de los trabajadores y a la soberanía nacional.

“El largo plan de lucha que llevamos adelante durante el 2024 impidió el despido de 150.000 empleados públicos que había planificado el Gobierno, el cierre de numerosos organismos y la privatización de varias empresas estatales. Tenemos que seguir movilizados como única posibilidad de salvar al Estado”, concluyó Aguiar.