La organización que representa a los trabajadores de la economía popular sostuvo que una resolución judicial obliga al Gobierno nacional a mantener vigente el programa Volver al Trabajo durante julio. Mientras el Ministerio de Capital Humano todavía no oficializó la continuidad del beneficio, la UTEP atribuyó el resultado a la presión sindical y volvió a reclamar una actualización del monto, congelado en $78.000.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) aseguró que los más de 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo percibirán la prestación correspondiente a julio y sostuvo que la continuidad del esquema responde a una resolución judicial que impidió su interrupción.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización afirmó que el Ministerio de Capital Humano había apelado la decisión con el objetivo de dejar sin efecto el pago, aunque la medida judicial obligaría a mantener vigente el programa, al menos durante un mes más.

«Producto de la lucha de la economía popular, el Gobierno deberá pagar el Volver al Trabajo al menos un mes más», expresó la UTEP. En el mismo mensaje, la organización buscó capitalizar políticamente el resultado del litigio y dejó planteado el próximo objetivo de su estrategia sindical: «¡Luchar sirve, vamos por el aumento!».

El pronunciamiento se inscribe en un conflicto que enfrenta desde hace meses a las organizaciones sociales con la administración nacional por el futuro de las políticas destinadas a los sectores de menores ingresos. La continuidad del programa constituye uno de los principales reclamos de las entidades que representan a los trabajadores de la economía popular, en una coyuntura marcada por el deterioro del ingreso real y la falta de actualización en los programas de asistencia.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no difundió una comunicación oficial que ratifique la continuidad del pago correspondiente a julio ni confirmó el alcance de la resolución judicial mencionada por la UTEP. Esa ausencia de precisiones mantiene la incertidumbre entre los titulares del programa, que aguardan la publicación del cronograma oficial de acreditaciones.

De concretarse el pago, los beneficiarios percibirán nuevamente $78.000, ya que el Gobierno no anunció incrementos para el programa. Precisamente, el congelamiento del monto constituye hoy uno de los principales cuestionamientos de la UTEP, que considera insuficiente la asistencia frente al deterioro del costo de vida.

Aunque el calendario de pagos aún no fue oficializado, las estimaciones indican que la acreditación podría realizarse alrededor del 5 de julio, siguiendo el esquema aplicado durante los últimos meses. No obstante, la fecha definitiva dependerá de la confirmación que emita el Ministerio de Capital Humano.

La negociación entre la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) llegó a una fase de ruptura. La organización sindical denunció que el sector empresario se negó a formalizar un entendimiento alcanzado durante las conversaciones paritarias y anunció un plan de acción con asambleas, protestas y quites de colaboración en distintos puntos del país.

La discusión salarial de los vigiladores privados quedó envuelta en un escenario de fuerte incertidumbre luego de que las negociaciones entre FATRASEP y la CAESI se interrumpieran sin la firma del acuerdo que, según la representación gremial, había sido consensuado verbalmente para recomponer los ingresos durante el segundo semestre de 2026.

Desde la federación sostienen que el entendimiento contemplaba elevar el salario conformado del Vigilador General a $2.000.050, cifra destinada a recuperar parte del deterioro sufrido por los ingresos del sector frente al avance del costo de vida. Sin embargo, aseguran que la representación empresaria desistió posteriormente de formalizar ese compromiso, reabriendo un conflicto que amenaza con extenderse a escala nacional.

Las conversaciones fueron encabezadas por el secretario general de FATRASEP, Julio Gutiérrez, acompañado por el secretario adjunto Gustavo Pedrocca, el secretario de Organización Jorge Rojas y el responsable de Asuntos Gremiales Leandro Nazarre, quienes participaron de las reuniones mantenidas con autoridades de la cámara empresaria.

De acuerdo con la versión sindical, la CAESI condicionó cualquier definición salarial a la apertura de una negociación sobre un nuevo convenio colectivo de trabajo. FATRASEP rechazó ese planteo al sostener que el convenio vigente conserva plena validez hasta el 31 de diciembre y que la actualización de los salarios debe resolverse dentro de ese marco convencional, sin incorporar modificaciones sobre derechos ya reconocidos.

La cámara empresaria es presidida por Fernando Pesce, de Watchman Seguridad SA, acompañado por Eduardo Mirayes (Prosegur SA) como vicepresidente; Sebastián Cruzado (Green Armor SA) como secretario; Fernando Rossotti (Entheus SRL) como prosecretario; y Claudio Rodríguez (Seguvip Argentina SA) en la tesorería.

Un reclamo que excede la actualización salarial

Para FATRASEP, la controversia ya no se limita al porcentaje de incremento. La federación sostiene que las propuestas presentadas por las empresas no sólo resultan insuficientes para recomponer el poder adquisitivo, sino que además pretenden vincular la discusión económica con modificaciones convencionales que afectarían condiciones laborales consolidadas.

Ese diagnóstico llevó a la conducción nacional a ratificar el estado de alerta y movilización permanente declarado el 29 de junio. En el comunicado difundido entonces, la organización acusó a la representación empresaria de evitar una propuesta que permita alcanzar una remuneración acorde con la realidad económica y reiteró que el objetivo continúa siendo superar el umbral de los $2 millones para el salario conformado del Vigilador General.

Comienza un plan de acción en todo el país

Frente a la falta de avances, FATRASEP resolvió poner en marcha un esquema progresivo de medidas gremiales que incluirá asambleas informativas en los lugares de trabajo, movilizaciones, quites de colaboración y tareas pasivas en empresas cuyos directivos integran la conducción de la CAESI.

Las primeras acciones alcanzarán establecimientos donde prestan servicios compañías como G4S, Prosegur, Watchman, Segar, Securion y Entheus, aunque la federación anticipó que el plan podrá extenderse a otras firmas mediante la participación de los sindicatos adheridos en las distintas provincias.

En este aspecto, la entidad confirmó que impulsará una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo para denunciar la negativa empresarial a concluir la negociación colectiva en los términos planteados por la organización sindical.

El antecedente que profundiza la disputa

La actual confrontación contrasta con el entendimiento alcanzado a fines de 2025, cuando FATRASEP y la CAESI suscribieron la paritaria correspondiente al primer semestre de 2026. Aquel acuerdo permitió elevar el salario conformado del Vigilador General hasta $1.644.650 en junio y posteriormente fue replicado por la UPSRA dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07.

Precisamente ese antecedente es utilizado por la federación para sostener que existían condiciones para alcanzar un nuevo consenso y que la falta de formalización del compromiso verbal representa un cambio de postura por parte del sector empresario.

La Cámara de Servicios Mineros planteó ante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado la necesidad de reducir la carga tributaria que soportan las empresas proveedoras y de introducir modificaciones en la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. El objetivo es fortalecer la competitividad de las firmas locales frente al ciclo de expansión que proyecta la industria del cobre.

La agenda del desarrollo minero comenzó a trasladarse con mayor intensidad al plano de las políticas públicas nacionales. En ese marco, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Juan Pablo Delgado, mantuvo una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para exponer las principales demandas de las empresas proveedoras que operan en torno a la actividad extractiva.

El encuentro, del que también participó el senador nacional Bruno Olivera, permitió abrir un canal de diálogo con el Gobierno nacional sobre uno de los temas que mayor preocupación genera entre las compañías del sector: la elevada presión tributaria y su impacto sobre la competitividad de las firmas argentinas frente a un escenario de fuerte expansión de las inversiones mineras.

Delgado explicó que la estructura fiscal vigente representa uno de los principales condicionantes para el crecimiento de los proveedores. A la carga de tributos nacionales, como el Impuesto a las Ganancias y el IVA, se suman gravámenes provinciales y municipales que, según sostuvo, conforman un esquema de alta complejidad administrativa y elevados costos operativos para las empresas.

Durante la reunión también se analizaron las medidas de desregulación que impulsa la administración nacional para facilitar las importaciones de bienes de capital e insumos. Desde Casemi consideran que una reducción de los costos vinculados a la adquisición de equipamiento contribuiría a mejorar la eficiencia del sector y ampliar su capacidad de respuesta frente a la demanda que generarán los grandes proyectos cupríferos.

Según Delgado, Sturzenegger recibió los planteos con predisposición y adelantó que tanto su cartera como el Ministerio de Economía trabajan en iniciativas orientadas a simplificar procedimientos y revisar aspectos del esquema tributario. En ese contexto, el dirigente empresarial confirmó que ya inició gestiones para concretar una reunión con el ministro Luis Caputo, con el propósito de profundizar el análisis de las medidas fiscales que reclama la actividad.

Otro de los puntos del encuentro estuvo vinculado con la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. Casemi solicitó agilizar los procesos de inscripción de los proveedores y revisar los criterios utilizados para acceder a los beneficios previstos por la normativa. El planteo apunta especialmente a que el régimen incorpore variables vinculadas con los planes de inversión y el potencial de crecimiento de las empresas, en lugar de considerar exclusivamente los niveles históricos de facturación.

Desde la entidad sostienen que esa modificación permitiría preparar con mayor anticipación al entramado empresarial sanjuanino para abastecer la demanda que generarán emprendimientos de gran escala como Vicuña y Los Azules, proyectos que concentran buena parte de las expectativas de crecimiento de la minería argentina durante la próxima década.

Consultado sobre las proyecciones realizadas semanas atrás por Federico Sturzenegger, quien estimó que provincias como San Juan podrían experimentar un fuerte incremento poblacional impulsado por el desarrollo minero, Delgado coincidió en que la provincia atraviesa un proceso de expansión con perspectivas favorables, aunque llamó a interpretar ese escenario con prudencia.

El titular de Casemi señaló que existen avances concretos en distintos proyectos y destacó los recientes indicadores que ubican a San Juan entre las jurisdicciones con mejor desempeño en materia de empleo. Sin embargo, advirtió que la consolidación de ese crecimiento dependerá de la ejecución efectiva de las inversiones y de la construcción de un marco de previsibilidad que permita fortalecer el desarrollo de los proveedores locales, considerados un eslabón decisivo para transformar el potencial minero en generación sostenida de empleo y actividad económica.