La ofensiva sindical contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei comenzó a tomar una forma más definida. En un gesto político de alto impacto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y ambos coincidieron en la necesidad de anticipar las medidas de fuerza y no esperar al debate parlamentario para reaccionar.

El encuentro, realizado en la sede nacional de la UOM, dejó un mensaje claro: el sindicalismo empieza a coordinar una respuesta común, superando fronteras entre centrales y sectores. “No deberíamos esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza, porque podría ser demasiado tarde”, advirtió Aguiar, quien definió el proyecto oficial como una iniciativa que busca “eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico sin derechos individuales ni colectivos”.

La imagen del encuentro no pasó inadvertida. Aguiar, uno de los principales referentes de la CTA Autónoma, junto a Furlán, líder de uno de los gremios más influyentes de la CGT y del entramado industrial, simbolizó un acercamiento estratégico que se viene consolidando semana tras semana frente al avance del proyecto oficial.

Hacia un plan de acción amplio y coordinado

La articulación sindical no se limitó a ese encuentro. En las últimas horas, Aguiar también se reunió con Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros (FTCIODyARA), para avanzar en la posibilidad de un paro conjunto el mismo día en que la reforma laboral sea tratada en el Congreso.

Ambos dirigentes coincidieron en que “la única alternativa para frenar el proyecto es la calle” y denunciaron que la iniciativa oficial busca perpetuar el fraude laboral y profundizar la precarización tanto en el sector público como en el privado. “Estamos dispuestos a llevar adelante una huelga general ese día, tanto desde ATE como desde Aceiteros”, afirmó Yofra, quien llamó a que las centrales sindicales confluyan en una medida contundente acompañada por una masiva movilización.

Aguiar fue tajante al rechazar cualquier negociación parcial. “No nos podemos conformar con el mal menor. Esta contrarreforma laboral se tiene que caer completa”, sostuvo. Además, cuestionó el origen del texto legal, al que atribuyó a estudios jurídicos ligados a las patronales, y negó que pueda generar empleo genuino. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía. Y la política económica del Gobierno destruyó durante dos años el empleo formal en la Argentina”, afirmó.

Impacto en el Estado y advertencia federal

El dirigente estatal también alertó sobre las consecuencias directas de la reforma en organismos clave del Estado, como PAMI, ANSES, el Hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, DGI y Aduana, entre otros, donde —según advirtió— se profundizaría la precarización y el vaciamiento.

Al mismo tiempo, ATE evalúa convocar a un plenario federal de delegados para definir una medida de fuerza nacional, con especial énfasis en movilizaciones en las provincias cuyos gobernadores avalen el proyecto. Aguiar fue especialmente crítico con los mandatarios que negocian con el Ejecutivo nacional y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Pretenden ocupar el lugar de las representaciones sindicales y nos están utilizando al movimiento obrero”, denunció.

“Tenemos que empezar a pensar seriamente en movilizar en las provincias. No puede ser que por un accionar contrario a los intereses de la sociedad no paguen ningún costo político”, advirtió.

La confluencia entre ATE, la UOM, Aceiteros y otros gremios marca un salto cualitativo en la resistencia sindical frente a la reforma laboral. Con diferencias tácticas aún presentes, el denominador común es claro: anticipar el conflicto, unificar fuerzas y llevar la disputa a la calle antes de que el Congreso sancione una ley considerada regresiva.

El sindicalismo comienza así a dejar atrás respuestas fragmentadas y a ensayar una estrategia común, en un escenario donde la reforma laboral aparece como el principal eje de confrontación social y política del primer trimestre del año.

La temporada turística en curso dejó un dato elocuente para el sector: el turismo sanjuanino hacia los destinos de la costa atlántica cayó un 40% respecto de años anteriores, una retracción significativa que refleja no solo el impacto del contexto económico, sino también un cambio estructural en los hábitos de viaje.

El diagnóstico fue planteado por Ariel Bacur, representante del sector de agencias de turismo en la provincia, quien definió el actual ciclo vacacional como “una temporada atípica”, atravesada por múltiples factores que alteraron la dinámica habitual del mercado. Entre ellos, se destacó el inicio tardío de las reservas, vinculado a la espera de definiciones políticas tras el proceso electoral, que demoró decisiones y afectó la planificación tanto de los viajeros como de las empresas del rubro.

En tal sentido, se consolidó una tendencia que viene creciendo en los últimos años: la migración hacia destinos alternativos. Países como Chile y Brasil ganaron protagonismo frente a la costa argentina, impulsados por ofertas competitivas, diferencias cambiarias favorables y nuevas preferencias de los turistas, especialmente entre los viajeros jóvenes y los grupos familiares con mayor capacidad de organización.

Otro de los factores clave que explica la caída en las ventas tradicionales es el avance del turismo independiente. Según Giménez Bacur, cada vez más personas optan por organizar sus viajes por cuenta propia, prescindiendo de intermediarios y recurriendo a plataformas digitales para reservas de transporte y alojamiento.

Esta transformación impacta de lleno en las agencias locales, que ven reducido su volumen de operaciones y se ven obligadas a reformular su oferta comercial, renegociando tarifas con proveedores, incorporando promociones específicas y ofreciendo financiamientos más flexibles para sostener la competitividad.

A su vez, se observa una fragmentación del período vacacional. En lugar de concentrar el descanso en un único viaje largo, muchos sanjuaninos eligen escapadas más cortas distribuidas a lo largo del año, una estrategia que permite administrar mejor el presupuesto y adaptarse a un contexto de ingresos más ajustados.

Pese a la marcada caída del 40%, la costa argentina no desaparece del mapa turístico sanjuanino, aunque pierde centralidad frente a nuevas alternativas y modalidades de viaje. El escenario actual confirma que no se trata de una baja coyuntural, sino de una reconfiguración profunda del comportamiento del turista, atravesada por variables económicas, políticas y culturales.

“El sanjuanino sigue eligiendo la costa, muchas veces por razones de tiempo, pero amplía su horizonte hacia otros destinos como Brasil”, sintetizó Giménez Bacur. Una definición que resume con claridad el momento del sector: menos viajes tradicionales, más diversidad y una industria obligada a reinventarse para acompañar una demanda cada vez más fragmentada y exigente.

La discusión en torno al Impuesto a las Ganancias volvió a encenderse tras la difusión de un duro documento de la Mesa Sindical, espacio que nuclea a más de sesenta sindicatos de alcance nacional. Allí, las organizaciones advirtieron que la política oficial de actualización de escalas y mínimos no imponibles se apoya en una “inflación maquillada” que termina ampliando de manera significativa el universo de trabajadores alcanzados por el tributo.

Según el pronunciamiento gremial, el “dibujo sobre la inflación real” no solo impacta sobre los sectores de menores ingresos, sino que “tiene un efecto depredador sobre los salarios superiores al promedio”, incorporando a trabajadores de ingresos medios a un impuesto que, remarcan, continúa tratando al salario como si fuera una ganancia.

El documento hace referencia a la comunicación oficial del Gobierno sobre los pisos salariales y escalas que regirán durante el primer semestre de 2026, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. De acuerdo con lo anunciado por la administración libertaria, los montos se ajustarán un 14,3% a partir de enero, porcentaje que los gremios consideran ampliamente insuficiente frente al aumento real del costo de vida.

Nuevos pisos y más trabajadores alcanzados

Con esa actualización, el piso mínimo para comenzar a pagar Ganancias será de $2.490.000 de salario de bolsillo para un trabajador soltero. En tanto, los umbrales se elevan a $2.692.700 para un soltero con un hijo, $2.896.500 para un soltero con dos hijos, $2.894.000 para un casado sin hijos, $3.232.000 para un casado con un hijo y $3.302.100 para un casado con dos hijos.

Sin embargo, la Mesa Sindical advirtió que el impacto real del impuesto no se limita a esos pisos formales. “Como en el pago del impuesto juega la famosa tablita, todo trabajador que tenga una ganancia neta acumulada superior a $2.030.000 durante el primer semestre será gravado con alícuotas que van del 9% al 35%, según su nivel de ingreso”, detallaron.

Este esquema, sostienen, provocará que más de dos millones de trabajadores y trabajadoras queden alcanzados por Ganancias, ampliando de manera sustancial la base contributiva sobre los salarios.

Salarios medios y canasta familiar

El documento también pone el foco en la creciente cercanía entre los salarios medios y el umbral de pobreza. Según los gremios, la canasta familiar alcanzó los $1.300.000 en diciembre de 2025 y continúa en ascenso, lo que achica peligrosamente la distancia entre quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas y aquellos que comienzan a tributar Ganancias.

“Es notorio que la brecha entre quienes menos ganan y los sueldos medios es cada vez más estrecha”, advierten, y subrayan que esta política fiscal profundiza la regresividad del sistema impositivo, descargando el ajuste sobre el ingreso del trabajo.

En su cierre, la Mesa Sindical sostiene que esta actualización “sigue tomando al salario como ganancia cuando, a todas luces, su poder de compra es cada vez más limitado”. Lejos de tratarse de un debate técnico, el documento plantea que la política impositiva actual consolida una “vida mínima” que impacta de manera profunda y generalizada en el conjunto de los trabajadores.

“Unirnos para mejorar nuestros salarios y cambiar la matriz impositiva es una necesidad cada vez más evidente”, concluye el texto, dejando planteado un escenario de creciente conflictividad si no se revisa el esquema tributario aplicado sobre los ingresos laborales.