El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, lanzado hace un año con el objetivo de formalizar el trabajo y reducir la no registración, muestra resultados adversos. Los beneficios otorgados a los empleadores no se tradujeron en nuevos empleos formales: los asalariados registrados cayeron y el trabajo informal volvió a crecer. Mientras tanto, la crisis de ingresos y el endeudamiento de los hogares profundizan un cuadro de deterioro estructural del mercado laboral argentino.

El programa, uno de los pocos en los que la administración libertaria buscó tender puentes con el sector gremial, otorgó importantes beneficios fiscales y condonaciones a los empleadores que adhirieran al plan: extinción de acciones penales, perdón de multas y condonación de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones. Sin embargo, esa política de estímulos no solo no redujo la informalidad, sino que acentuó el fenómeno que pretendía resolver.

Los números detrás del fracaso

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los asalariados privados registrados pasaron de 6.258.000 a 6.244.000, es decir, 14.000 empleos formales menos.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ratifica la tendencia: en ese mismo período, la proporción de asalariados formales cayó del 63,9% al 62,3%, mientras que los informales aumentaron del 36,1% al 37,7%.

A la vez, el propio Ministerio de Capital Humano informó que solo 1.950 empleadores se acogieron al régimen, regularizando 16.703 puestos de trabajo, apenas el 0,26% del total de asalariados privados registrados. Una cifra marginal que exhibe el alcance limitado de una política que, según expertos laborales, terminó premiando la evasión.

“Dar beneficios a los empresarios no genera empleo de calidad, quedó demostrado”, señaló a Data Gremial un dirigente sindical con llegada a la CGT. “El único camino sostenible es fortalecer el mercado laboral y garantizar derechos”, añadió.

El trasfondo histórico de una deuda social

La informalidad laboral es una vieja deuda estructural de la economía argentina. En los últimos cuarenta años, pasó del 26,9% en 1986 al 49,4% en 2003, incluso durante períodos de desregulación y reformas laborales profundas —como las de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa— que prometían reducir la informalidad mediante mayor “flexibilidad”.
Tras la crisis de 2001, el empleo formal se recuperó: la tasa de trabajo no registrado bajó al 32,5% en 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero el retroceso volvió con el macrismo y se agravó bajo la actual gestión.

El nuevo régimen, con su enfoque en beneficios empresariales, repitió los errores del pasado. Lejos de promover la registración, consolidó la precariedad. “Si este plan no funcionó, menos lo hará una reforma laboral más agresiva”, advirtió un especialista en derecho laboral consultado.

El Gobierno prepara ahora una nueva reforma laboral, que busca “facilitar la contratación formal”. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que los incentivos sin control ni obligaciones concretas tienden a precarizar aún más el mercado de trabajo.

Endeudamiento y deterioro social

El impacto del deterioro laboral trasciende los números del empleo. En un contexto de inflación persistente y caída real de los ingresos, crece el endeudamiento de los hogares como estrategia para llegar a fin de mes.

Según el informe del INDEC “Estrategias de manutención: cómo organizan su economía los hogares argentinos”, en el primer semestre de 2025:

37,4% de los hogares utilizó sus ahorros para gastos corrientes,

16,1% pidió dinero prestado a familiares o amigos,

14,2% recurrió a financieras, y

más de la mitad (50,9%) compró en cuotas o al fiado.

Además, un 9,3% de los hogares vendió bienes personales para cubrir necesidades básicas. En comparación con 2003, cuando solo el 22% compraba en cuotas y el 3,4% recurría a préstamos, el salto es significativo: una de cada cuatro familias hoy se endeuda, y entre los sectores de bajos ingresos, una de cada tres.

El estudio también marca diferencias por nivel socioeconómico: los hogares de ingresos altos se endeudan con bancos o tarjetas, mientras que los sectores populares lo hacen de manera informal, con familiares o prestamistas.
“Hay una caída sostenida de los ingresos reales y un aumento del financiamiento cotidiano, lo que muestra el agotamiento del modelo de supervivencia de los hogares”, concluye el informe del organismo.

Análisis: políticas sin efecto y una reforma en duda

El caso del Régimen de Promoción del Empleo Registrado se inscribe en una lógica que ha demostrado sus límites: incentivos al capital sin contrapartidas efectivas en creación de empleo.
A un año de su implementación, el balance es elocuente: los beneficios tributarios no se tradujeron en mayor formalidad ni en mejores condiciones laborales. Por el contrario, la brecha entre trabajadores registrados y no registrados se amplió.

La inminente reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso, envalentonado por el resultado electoral, promete “dinamizar el empleo formal” con herramientas similares. Pero el antecedente inmediato del régimen vigente pone en duda esa promesa.
“La reforma puede igualar las condiciones, pero hacia abajo. Si avanza, vamos a estar todos peor”, advirtió un referente gremial con tono de alarma.

Los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica resolvieron un nuevo paro nacional de 72 horas, entre el 12 y el 14 de noviembre, en reclamo de la convocatoria a paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se agrava ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes. Las federaciones anticipan que, sin avances concretos, peligran las mesas de examen y el inicio de clases del año próximo.

El conflicto entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional entró en una fase crítica. Con salarios rezagados, presupuesto desactualizado y una ley de financiamiento incumplida, el malestar del sector se profundiza. Esta semana, las federaciones CONADU y CONADU Histórica resolvieron un paro nacional de 72 horas —los días 12, 13 y 14 de noviembre— como parte de un reclamo que combina demandas salariales, legales e institucionales, en defensa del sistema universitario público.

“Hace más de un año que el Gobierno no convoca a paritarias. Debería haberlo hecho en septiembre del año pasado y seguimos sin respuestas”, expresó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, en diálogo con Mundo Laboral San Juan.
El dirigente confirmó que la medida se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo y que, al mismo tiempo, los gremios impulsarán una consulta popular nacional para definir los próximos pasos del plan de lucha.

“Queremos conocer la posición de los docentes sobre la posibilidad de afectar las mesas de examen de diciembre o no iniciar el ciclo lectivo 2026. El escenario es cada vez más extremo y los salarios, cada vez más insuficientes”, explicó Barcelona.

Salarios en retroceso y financiamiento en suspenso

La raíz del conflicto no es nueva, pero se ha profundizado con el paso de los meses. Los docentes universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% respecto de la inflación acumulada del último año, mientras los incrementos otorgados por decreto quedaron muy por debajo de los precios.

A ello se suma la falta de actualización del presupuesto universitario, que mantiene a las instituciones funcionando con partidas reconducidas, sin previsión real de gastos frente a los incrementos de energía, insumos y servicios básicos.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2023, establecía un mecanismo progresivo para garantizar recursos mínimos y previsibilidad a las universidades públicas. Sin embargo, según denuncian las federaciones, su aplicación fue suspendida o ignorada por el actual Ejecutivo, dejando al sistema en una situación de fragilidad económica y operativa.

Barcelona fue categórico: “El Gobierno ha tomado a la universidad como un enemigo político. No hay diálogo ni voluntad de cumplir la ley. Y mientras tanto, el salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza”.

Un sistema en alerta y un horizonte incierto

La presión se traslada también al interior de las universidades. Muchos rectores manifestaron preocupación por la sostenibilidad de la actividad académica y la continuidad del calendario lectivo. En varias casas de estudio ya se evalúan ajustes en programas de extensión, reducción de horas cátedra y suspensión de actividades presenciales por falta de recursos para cubrir gastos operativos.

En ese marco, la consulta nacional que impulsan los gremios busca definir la intensidad del conflicto en la última etapa del año. La posibilidad de no tomar mesas de examen en diciembre o de no iniciar el ciclo lectivo 2026 figura entre las opciones que los docentes deberán considerar.
“Estamos ante una situación límite. Si no hay respuestas, la continuidad del sistema universitario público está en riesgo”, insistió el titular de Adicus.

Ausencia de respuestas y desgaste institucional

Las federaciones docentes también criticaron la falta de avances en el plano judicial. “La Justicia no ha dado curso a las medidas cautelares presentadas para exigir al Estado el cumplimiento de la ley. Esa inacción judicial, sumada a la indiferencia política, deja al movimiento sindical sin herramientas institucionales para resolver el conflicto”, explicó Barcelona.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene silencio público y no ha convocado a ninguna mesa de diálogo formal. La situación, advierten los gremios, podría derivar en una paralización prolongada del sistema universitario, con consecuencias directas sobre el cierre del año académico y el inicio del próximo ciclo.

El paro de 72 horas que se inició el 12 de noviembre trasciende la coyuntura salarial. Representa, para los gremios, un punto de inflexión en la defensa de la universidad pública argentina, que enfrenta una combinación inédita de desfinanciamiento, pérdida de poder adquisitivo y desinterés gubernamental.

El conflicto pone de relieve un debate más profundo: cuál será el lugar de la educación superior en el modelo de país que se está configurando.

Si no se convoca a paritarias ni se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, el riesgo no solo es la suspensión de clases, sino la erosión sostenida de uno de los pilares históricos del desarrollo y la movilidad social en la Argentina.

La inflación de octubre mostró una leve aceleración respecto al mes anterior y volvió a ubicarse en terreno de preocupación para el Gobierno y los consumidores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,3% en relación con septiembre, llevando el acumulado anual al 24,8% y el incremento interanual al 31,3%.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron Transporte, impulsado por los ajustes en tarifas y combustibles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que volvió a ser el sector con mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país. En la Patagonia, en cambio, la mayor variación se registró en el componente de vivienda y servicios básicos.

También mostraron incrementos por encima del promedio Bienes y servicios varios, Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco, todos con subas superiores al 2%. En contraposición, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura exhibieron los menores avances, ambos con 1,6% mensual.

De acuerdo con el informe oficial, la dinámica inflacionaria continúa condicionada por la evolución de los precios regulados y la presión de los costos logísticos. Los analistas económicos advierten que, si bien se perciben algunos signos de moderación respecto a los picos del año pasado, la inercia inflacionaria y los aumentos tarifarios siguen actuando como factores de arrastre sobre los precios.

“El dato de octubre confirma que la inflación no cede con la intensidad que el Gobierno esperaba. El impacto del transporte y los alimentos mantiene viva la presión sobre el costo de vida”, señaló un economista privado consultado.

Con la publicación de este dato, el mercado comienza a proyectar el cierre del año con una inflación cercana al 29 o 30%, dependiendo del comportamiento de los precios regulados y de los alimentos en los próximos meses. La cifra final será clave para determinar el rumbo de la política económica y la estrategia de ingresos de cara a 2025.