Las 62 Organizaciones Peronistas Regional San Juan formalizarán este jueves 13 de agosto su nueva conducción en un acto que reunirá a más de una treintena de gremios y buscará consolidar la representación sindical del peronismo provincial.

El encuentro comenzará a las 18:30, bajo la denominación “Acto Normalizador Compañero Lorenzo Miguel”, en el Camping de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado sobre calle Frías Sur, antes de calle 5, en Villa Krause, Rawson.

Durante la jornada, Martín Solazzo, dirigente de la UOM, asumirá como secretario general de la organización provincial. La designación apunta a dotar al espacio de una conducción formal y reconocida por las organizaciones que participan de la estructura.

La nómina reúne sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Químicos, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Viales Nacionales, Plásticos, Automóvil Club Argentino, ATSA, SOEME, Panaderos, Fleteros, Taxistas, UTEP, Gráficos y Trabajadores del Hielo.

La amplitud de la representación constituye uno de los principales rasgos de la nueva conformación. La estructura incorpora organizaciones vinculadas con la industria, los servicios, el transporte, y distintas áreas de la economía provincial.

Respaldo de la conducción nacional

El acto contará con la presencia de Marcelo Pariente, secretario general nacional de las 62 Organizaciones; Karina Moyano, secretaria adjunta; y Miguel Pedelhez, secretario del Interior.

El respaldo de los líderes nacionales consolidará el proceso político y exhibirá el respaldo de la conducción nacional al proceso iniciado en San Juan. La convocatoria reunirá a dirigentes gremiales y referentes del peronismo provincial en una misma instancia.

La reorganización adquiere relevancia en un momento de búsqueda de nuevas formas de articulación entre el movimiento obrero y el peronismo. Para los sindicatos que integran la estructura, la recuperación de una representación política propia constituye una herramienta para intervenir en las discusiones partidarias y laborales.

La normalización en San Juan recupera esa tradición con una estructura que reúne a numerosas organizaciones y una conducción encabezada por Solazzo. El objetivo central será consolidar esa representación sindical como un actor político clave dentro del movimiento obrero y del peronismo local.

La Unión Obrera Metalúrgica y las empresas siderúrgicas alcanzaron un acuerdo para la Rama 21 luego de dos años sin paritaria. El entendimiento establece dos aumentos del 6% no remunerativos y una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios. Los contratistas recibirán $1.280.000.

Después de dos años sin un acuerdo salarial, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas siderúrgicas alcanzaron finalmente un acuerdo para los trabajadores comprendidos en la Rama 21. El convenio establece una recomposición del 12% hasta diciembre y un bono extraordinario de hasta $1.600.000.

El incremento se aplicará en dos etapas. El primer 6% no remunerativo tendrá vigencia durante agosto, septiembre y octubre, mientras que desde noviembre se incorporará otro 6% no acumulativo, que regirá durante noviembre y diciembre.

Los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027, según lo acordado entre la organización sindical y las empresas nucleadas en la Cámara Argentina del Acero, entre ellas Acindar y Ternium Siderar.

La negociación también contempló una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios de las compañías siderúrgicas. En el caso del personal contratado por empresas contratistas, el monto será equivalente al 80%, es decir, $1.280.000.

El pago de la suma extra todavía no tiene fecha definida. Su implementación quedará supeditada a la homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El pacto fue alcanzado después de varias audiencias y de una negociación que llegó a tener diferencias importantes entre las partes. En la instancia previa, la UOM había reclamado un incremento del 8% para agosto-octubre y otro 8% para noviembre-diciembre. Finalmente, el acuerdo quedó establecido en dos tramos del 6%.

Las negociaciones fueron encabezadas por la comisión paritaria designada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y permitieron cerrar la discusión correspondiente a la Rama 21 hasta diciembre.

La Rama 17 vuelve a negociar

Mientras los siderúrgicos lograron cerrar su paritaria, la discusión salarial de la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica y otras especialidades comprendidas en el convenio, continúa abierta.

La UOM y las cámaras empresarias volverán a reunirse este jueves 13 de agosto a las 14:30, en una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo tras la falta de consenso registrada en el encuentro anterior.

El cierre de la Rama 21 representa así un avance para la conducción de la UOM, aunque deja abierta otra negociación de peso dentro de la industria metalúrgica. La evolución de ambas paritarias será determinante para los ingresos de miles de trabajadores durante los próximos meses.

La crisis del PAMI sumó un nuevo capítulo con la presentación de las renuncias de su director ejecutivo, Esteban Leguízamo, y del subdirector, Carlos Zamparolo. Las dimisiones todavía no fueron aceptadas por las autoridades nacionales y se producen en medio de una creciente disputa interna por el funcionamiento y el financiamiento de la obra social de jubilados y pensionados.

De acuerdo con distintas fuentes periodísticas, ambos funcionarios fundamentaron su decisión en la delicada situación que atraviesa el organismo. La conducción enfrenta además un fuerte enfrentamiento interno que involucra a funcionarios de la actual administración y a dirigentes con una extensa trayectoria dentro del PAMI.

El deterioro financiero constituye uno de los principales focos de preocupación. Fuentes vinculadas al organismo ubican la deuda con prestadores por encima de los $500.000 millones, con obligaciones pendientes que alcanzan a médicos, clínicas, sanatorios, farmacias y otros proveedores de servicios sanitarios.

Las dificultades ya tienen impacto directo sobre los afiliados. Se registran inconvenientes para obtener turnos, demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad y dificultades para garantizar prestaciones destinadas a pacientes con enfermedades crónicas y atención de urgencia en distintas regiones del país.

A esto se suma el cierre de centros de atención en localidades del oeste del conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios de la provincia, además de modificaciones en la prestación de servicios en distintas jurisdicciones.

La magnitud del conflicto encendió también una contienda por la administración de los recursos del Instituto. Existen acusaciones cruzadas vinculadas con el supuesto retraso o falta de transferencia de partidas necesarias para sostener el funcionamiento cotidiano del organismo, que maneja uno de los presupuestos públicos más importantes del país, sólo superado por la ANSES.

Hasta el momento, el ministro de Salud, Mario Lugones, no formuló públicamente una explicación sobre las renuncias ni sobre el cuadro financiero denunciado. Mientras se intenta contener la crisis y evitar que las dificultades de financiamiento deriven en una interrupción generalizada de las prestaciones, también avanzan conversaciones con autoridades provinciales.

La eventual salida de Leguízamo y Zamparolo profundizaría la incertidumbre sobre la conducción de una institución que tiene a su cargo la cobertura sanitaria de millones de jubilados y pensionados. La resolución de las renuncias y el mecanismo que adopte el Gobierno para garantizar los recursos serán determinantes para evitar que la puja interna termine trasladándose con mayor intensidad a la atención de los afiliados.

El conflicto combina así un problema de conducción con reclamos financieros de gran magnitud y consecuencias concretas sobre las prestaciones. Para el Gobierno nacional, el desafío inmediato será asegurar la continuidad de la atención y ordenar las cuentas del organismo sin profundizar el deterioro de una obra social cuya dimensión convierte cualquier interrupción de servicios en un problema de alcance nacional.