El Centro de Panaderos de Merlo alertó sobre el colapso del rubro: desde 2023 cerraron más de 1.800 panaderías en todo el país y se perdieron cerca de 15.000 puestos de trabajo. Con ventas desplomadas y costos energéticos que no dejan de aumentar, el sector asegura que “trabaja a pérdida” y que la situación actual es incluso más grave que en 2001 y durante la pandemia.

La crisis económica continúa dejando marcas profundas en los sectores productivos y, en particular, en uno de los rubros más tradicionales del país: las panaderías. Según datos brindados por el Centro de Panaderos de Merlo, en los últimos dos años cerraron aproximadamente 1.800 panaderías en toda la Argentina, producto de la caída abrupta del consumo y del incremento constante de los costos operativos. El impacto sobre el empleo es directo: más de 15.000 trabajadores perdieron su fuente laboral.

En declaraciones a Radio Splendid, el titular del Centro, Martín Pinto, trazó un diagnóstico contundente: el sector “está trabajando siempre a pérdida” y la mayoría de los comercios apenas logra “subsistir” en un contexto donde la ecuación económica dejó de cerrar hace tiempo.

Pinto comparó el escenario actual con dos momentos críticos de la historia reciente: la crisis del 2001 y la pandemia. Sin embargo, aseguró que el presente “no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy”. El dirigente explicó que las ventas cayeron alrededor del 55% en los últimos meses, en paralelo con fuertes incrementos en las tarifas de energía que oscilan entre el 45% y el 50%, encareciendo de manera exponencial la producción.

El deterioro del poder adquisitivo aparece como el factor que más golpea al sector. “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, afirmó Pinto, aludiendo al recorte generalizado del consumo básico. La demanda se desploma incluso en productos de primera necesidad como el pan, las facturas y los bizcochos, tradicionalmente resistentes a las crisis.

La ecuación es doblemente problemática: mientras los costos suben mes a mes —harina, margarina, levaduras, gas y electricidad— los salarios permanecen “pisados desde hace un año”, lo que impide que una eventual suba de precios compense la caída en el volumen de ventas. “Aumentar no resuelve nada: la gente simplemente deja de comprar”, advirtió.

El efecto en cadena es devastador. Muchas panaderías familiares redujeron personal, acortaron horarios o directamente cerraron sus puertas. En tanto, las más grandes operan al límite, sin margen para nuevas inversiones ni para absorber mayores subas de costos.

El sector panadero es históricamente uno de los primeros indicadores del deterioro del consumo masivo. Cuando el poder adquisitivo cae, los hogares ajustan incluso en alimentos básicos. La combinación de inflación sostenida, tarifas en ascenso y caída del ingreso real genera una tormenta perfecta que termina por expulsar del mercado a cientos de pequeños comercios.

A su vez, el cierre de panaderías impacta en otros eslabones de la cadena productiva: molinos, distribuidores, proveedores de insumos y transportistas sienten también la retracción. Con precios sensibles y márgenes cada vez más estrechos, la actividad opera por debajo de niveles mínimos de rentabilidad.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) selló un entendimiento que establece un incremento acumulativo del 4,55% sobre los básicos y una mejora progresiva de la suma no remunerativa, que llegará a $70.000 en enero.

El acuerdo salarial es de carácter trimestral para el Sector Asistencial que abarca clínicas, sanatorios y establecimientos privados comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75. El convenio, aplicable a los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026, define una pauta escalonada en los básicos y actualiza el monto no remunerativo que venían percibiendo los trabajadores.

La negociación fijó una secuencia de aumentos de 1,5% en noviembre, 1,5% adicional en diciembre —de carácter acumulativo— y otro 1,5% en enero, también acumulativo. El esquema completa un aumento total del 4,55% al finalizar el trimestre, según la proyección informada por el sindicato. Si bien se trata de un ajuste moderado en un contexto de inflación persistente, desde la dirigencia sindical remarcan que su implementación permite “mantener un piso de actualización” mientras continúan las conversaciones con las cámaras empresarias.

El pacto incorpora, además, un incremento en el adicional no remunerativo que percibe el personal del sector. Ese monto, que hasta octubre se situaba en $60.000, se actualizó a $66.000 en noviembre y llegará a $70.000 en enero. Se trata de un componente clave para sostener ingresos en un período en el que persisten tensiones entre costos operativos de las instituciones privadas, caída de prestaciones y retrasos en la actualización de aranceles.

Próximo tramo de la paritaria

La Federación anticipó que las negociaciones se retomarán en febrero, cuando se iniciará la discusión del nuevo período paritario correspondiente a 2026/2027. Allí se evaluará la evolución de la inflación, la situación de las instituciones de salud privadas y la capacidad del sector para sostener incrementos que permitan recomponer el salario real, uno de los temas más sensibles de la actividad.

El Gobierno nacional relanzará en 2026 el denominado Plan Motosierra, con el que proyecta reducir nuevamente la planta de empleados públicos en un 10%. En coordinación entre Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, la estrategia apunta esta vez a los organismos descentralizados, tras una primera etapa que ya dejó casi 59.000 bajas desde el inicio de la gestión.

El Ejecutivo dio señales claras: el ajuste en el sector público no solo continuará, sino que se profundizará. Tras varios meses marcados por reorganizaciones internas, cambios de gabinete y tensiones gremiales crecientes, la Casa Rosada confirmó que relanzará el Plan Motosierra en 2026 con el objetivo declarado de achicar nuevamente la estructura estatal. La meta es contundente: eliminar otro 10% de la planta de empleados públicos.

El encargado de calibrar el recorte es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabaja junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una nueva ronda de evaluaciones sobre cada dependencia. La consigna, según fuentes oficiales, es revisar “con extrema puntillosidad” las funciones, superposiciones y dotaciones de personal, bajo un mandato explícito del presidente Javier Milei: lograr un Estado más pequeño y “eficiente”, basado en parámetros de productividad que el propio Gobierno define y actualiza mes a mes.

Desde el despacho de Sturzenegger insisten en que “la motosierra es constante”. Y las cifras respaldan la afirmación: desde diciembre de 2023 hasta hoy, los ceses de contratos, jubilaciones anticipadas y bajas por reorganización acumuladas ascienden a 58.797 trabajadores, incluyendo personal de organismos centralizados y descentralizados, fuerzas de seguridad, áreas militares y empresas públicas.

El INDEC aportó en las últimas semanas su propio diagnóstico. Según un informe reciente, la dotación del personal en la administración pública nacional, sociedades y empresas del Estado registró en octubre una baja del 0,3% respecto del mes anterior. El total de trabajadores asciende actualmente a 282.570, un número que el Gobierno pretende reducir de manera significativa en los próximos meses.

Tras una primera fase focalizada en ministerios y áreas centrales, la segunda parte del ajuste tendrá un blanco más definido: los organismos descentralizados. El listado en análisis es extenso e incluye nombres sensibles para la estructura institucional del país, como AFIP, ARCA, ANMAT, Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI y ENACOM, entre otros. La lógica, explican en la Casa Rosada, es revisar cuántos puestos cumplen tareas consideradas esenciales y cuántos son, según su criterio, prescindibles.

No existe un porcentaje uniforme para todos los organismos. Según fuentes del Ejecutivo, “en cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas y su nivel de actividad”, por lo que la magnitud del recorte variará dependiendo del área. La evaluación se desarrolla con reserva debido al clima de conflictividad sindical que se intensificó en los últimos meses, especialmente ante la inminencia de vencimientos contractuales.

El Ejecutivo prevé que la ola de bajas comience a materializarse en diciembre, cuando expire una parte importante de los contratos anuales, y que se profundice durante los dos primeros trimestres de 2026. A esa poda podría sumarse otro capítulo clave del plan oficial: la eliminación progresiva de los registros automotores y un nuevo paquete de privatizaciones en empresas públicas, iniciativas que también reducirían personal mediante restructuraciones o cierres.

La reactivación del Plan Motosierra se da en un clima político tenso, con sindicatos movilizados, organismos con presupuestos en mínimos históricos y un escenario social desgastado por la caída de ingresos. Mientras el Gobierno defiende el ajuste como requisito para “ordenar” el Estado, los gremios advierten sobre el impacto en la calidad de los servicios públicos, la parálisis técnica en áreas estratégicas y la pérdida de capacidades acumuladas durante décadas.

La reedición del Plan Motosierra abre un nuevo capítulo en la política de reducción estatal del Gobierno. Con casi 59.000 empleados menos en dos años y un recorte adicional previsto para 2026, la estrategia se profundiza tanto en intensidad como en alcance institucional. El foco sobre los organismos descentralizados anticipa tensiones crecientes con sindicatos y trabajadores especializados, mientras el Ejecutivo reafirma su visión de un Estado reducido a funciones básicas. El desafío será sostener el funcionamiento operativo de áreas críticas sin deteriorar la calidad administrativa y técnica que sostiene la actividad pública en el país.