El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtió sobre su eventual judicialización y denunció el deterioro de los salarios frente al avance del costo de vida. En diálogo con Mundo Laboral SJ, también analizó el impacto de la falta de homologación paritaria y describió el complejo panorama económico que atraviesan los trabajadores.

La demora en la reglamentación de la reforma laboral volvió a encender señales de incertidumbre dentro del movimiento sindical. Mientras el Gobierno nacional posterga definiciones clave sobre la implementación plena de la normativa, distintos sectores gremiales comienzan a advertir sobre las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podría generar su aplicación.

En este sentido, Menéndez, sostuvo que la ley aprobada por el Congreso “nació viciada de inconstitucionalidad” y anticipó que, una vez reglamentada, podría abrir un escenario de fuerte conflictividad judicial.

“La reforma fue diseñada para beneficiar exclusivamente a los grandes grupos empresarios. Hay artículos que inevitablemente van a terminar en amparos y cautelares porque lesionan derechos laborales históricos”, afirmó .

El dirigente consideró que la Casa Rosada demora deliberadamente la reglamentación debido a la fragilidad jurídica de varios puntos incluidos en la norma. “El Gobierno sabe que habrá una catarata de juicios. Por eso todavía no termina de avanzar”, remarcó.

La mirada sindical no se limita únicamente al plano jurídico. Menéndez también vinculó el debate laboral con la pérdida acelerada del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores desde el inicio de la actual gestión económica.

Según explicó, el deterioro salarial ya supera ampliamente el 30 por ciento en términos reales, producto de una inflación que —a su entender— no refleja el verdadero comportamiento de los precios en la economía cotidiana.

“Las estadísticas oficiales no coinciden con lo que vive cualquier familia cuando va al supermercado, a la carnicería o paga una boleta de servicios. El salario quedó muy retrasado frente a la suba real del costo de vida”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó las restricciones informales que, según denunció, el Ejecutivo impone sobre las negociaciones salariales mediante la demora en la homologación de acuerdos. “Hay gremios que alcanzan consensos con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo no los homologa porque pretende fijar aumentos por debajo de la inflación”, indicó.

Para el dirigente sindical, esa política termina profundizando el deterioro del ingreso de los asalariados y limita la capacidad de recuperación económica de los distintos sectores productivos.“La situación es cada vez más difícil para los trabajadores. No se trata solamente del salario; también hay incertidumbre sobre el empleo, cierres de pymes y caída del consumo”, aseveró.

Paritarias bajo presión e incertidumbre en el sector

Dentro de ese panorama, Menéndez confirmó que el gremio de estaciones de servicio ya inició conversaciones con cámaras empresarias de la región para discutir actualizaciones salariales correspondientes a los próximos meses.

El dirigente explicó que, pese al contexto adverso, existe una relación de diálogo madura con el sector empresario local, particularmente en la región de Cuyo, donde históricamente predominó una convivencia negociadora menos confrontativa que en otros puntos del país.

“Las cámaras conocen perfectamente la realidad económica porque también forman parte de ella. Saben cuánto aumentaron los alimentos, los servicios y el costo operativo diario”, expresó.

No obstante, reconoció que el escenario nacional condiciona cualquier discusión salarial de fondo, especialmente por la falta de previsibilidad macroeconómica y la intervención oficial sobre las homologaciones.

Aun así, destacó que el sector mantiene cierto dinamismo económico en San Juan y valoró las inversiones privadas que continúan generando empleo en medio de un presente complejo.

Mencionó, entre otros proyectos, nuevas estaciones de servicio en construcción y ampliaciones vinculadas al desarrollo del GNC, un rubro que comienza a expandirse nuevamente por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

“Que empresarios sigan invirtiendo y generando puestos de trabajo en este contexto es una señal importante. Son decisiones que ayudan a sostener actividad y empleo”, afirmó.

Una reforma cuestionada desde múltiples frentes

Las críticas de Menéndez se suman a las manifestaciones de rechazo que distintos gremios vienen expresando desde la aprobación parlamentaria de la reforma laboral. El eje principal de las objeciones gira alrededor de la flexibilización de condiciones de contratación, los cambios en materia indemnizatoria y las nuevas modalidades de negociación laboral.

Para el sindicalismo, el proyecto no apunta a generar empleo genuino sino a reducir costos laborales y debilitar la capacidad de organización de los trabajadores.

“Todo está pensado para darle mayor libertad al empleador a la hora de despedir o precarizar condiciones laborales”, sostuvo el dirigente sanjuanino.

Además, cuestionó el discurso oficial sobre la desaceleración inflacionaria y aseguró que la economía real continúa mostrando aumentos sostenidos en bienes esenciales.

“El trabajador percibe otra realidad completamente distinta a la que muestran los números oficiales. Esa diferencia termina golpeando directamente en la mesa familiar”, planteó.

Desde San Juan, Víctor Menéndez sintetizó esa inquietud con una advertencia que atraviesa hoy buena parte del universo sindical: “No se puede construir estabilidad económica debilitando a los trabajadores. Cuando el salario pierde poder adquisitivo, se resiente el consumo, la producción y toda la economía”.

La discusión sobre la reforma laboral, lejos de agotarse en el Congreso, parece haber ingresado en una nueva etapa donde la conflictividad judicial, la presión gremial y la presión social comenzarán a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

La desaceleración inflacionaria todavía no alcanza para revertir el deterioro del mercado interno. Durante abril, el consumo masivo volvió a exhibir números negativos y confirmó una tendencia recesiva que se extiende desde hace más de dos años, en un contexto marcado por la pérdida sostenida de capacidad de compra de los salarios y el fuerte incremento de los gastos básicos de los hogares.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Scentia, las ventas registraron una caída interanual del 3,8%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 mostró un retroceso del 3,3%. El dato volvió a encender señales de preocupación en distintos sectores económicos, comerciales y sindicales, que observan un consumo cada vez más restringido y concentrado en bienes esenciales.

El retroceso se produjo incluso en un contexto de desaceleración de precios. Tras el 3,4% registrado en marzo, la inflación de abril descendió al 2,6%. Sin embargo, la mejora estadística todavía no encuentra correlato en la vida cotidiana de amplios sectores sociales. En comparación con marzo, las ventas volvieron a bajar un 4,7%, reflejando la persistente fragilidad de los ingresos reales.

El fenómeno expone una dinámica cada vez más visible en la economía doméstica: una proporción creciente del salario se destina a cubrir tarifas, alquileres, transporte, servicios y otros compromisos fijos que evolucionaron por encima de los aumentos salariales.

El estudio revela que los canales tradicionales de comercialización continúan atravesando una situación delicada. Supermercados, autoservicios, almacenes barriales, kioscos y mayoristas registraron caídas generalizadas, mientras que el comercio electrónico aparece como el único segmento con crecimiento, aunque todavía con una participación reducida dentro del volumen total de operaciones.

Las compras impulsivas retrocedieron 12% interanual, los productos perecederos cayeron 7,8%, los artículos asociados al desayuno y la merienda descendieron 7,6% y los productos de limpieza del hogar registraron una baja del 5,9%.

Incluso los alimentos básicos y los artículos de higiene personal comenzaron a mostrar retracciones, una señal que distintos analistas interpretan como un indicador del ajuste que atraviesan los hogares frente al encarecimiento del costo de vida.

En simultaneo, otros informes privados coinciden en describir un cuadro de pérdida de ingreso disponible. Un relevamiento de la consultora Equilibra señaló que, durante marzo, el dinero remanente luego de afrontar gastos esenciales volvió a disminuir y quedó 12% por debajo del promedio registrado en 2023.

La combinación entre salarios rezagados, consumo retraído y mayores costos estructurales configura uno de los principales desafíos para la actividad económica. Aunque el Gobierno de Javier Milei sostiene que la estabilización macroeconómica permitirá una recuperación más adelante, los indicadores de ventas continúan mostrando un panorama distante de cualquier reactivación sólida en el corto plazo.

Mientras tanto, la caída del consumo aparece como uno de los termómetros más sensibles de la situación social. Para sectores gremiales, comerciales y productivos, el freno en las ventas no sólo refleja una menor circulación de dinero, sino también el progresivo deterioro de las condiciones materiales de trabajadores, jubilados y amplias franjas de la clase media que ven cada vez más limitada su capacidad de sostener gastos cotidianos.

Una resolución judicial suspendió la aplicación de las medidas impulsadas sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y ordenó preservar puestos de trabajo, programas técnicos y capacidades estratégicas del organismo. El fallo representa un nuevo obstáculo para el esquema de reestructuración estatal promovido por el Gobierno nacional.

La ofensiva de ajuste sobre uno de los organismos técnicos más importantes del país encontró un límite judicial. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín resolvió suspender la aplicación de la Resolución 42/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuestionada por habilitar despidos, reestructuraciones internas y una fuerte reducción de funciones estratégicas.

La decisión fue adoptada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, en representación de los trabajadores del organismo.

El fallo ordena al INTI abstenerse de ejecutar cualquier medida derivada de la resolución impugnada, incluyendo cesantías, traslados de equipamiento, modificaciones operativas y alteraciones sobre servicios técnicos sistematizados. Además, dispone garantizar la continuidad laboral de todo el personal alcanzado por la medida, preservando categorías, salarios y condiciones de trabajo vigentes.

La resolución judicial también establece la obligación de mantener bajo control estatal los programas vinculados a asistencia técnica, certificaciones, ensayos industriales y transferencia tecnológica, áreas consideradas centrales para el entramado productivo nacional y para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Desde el gremio estatal venían advirtiendo que la normativa representaba mucho más que una reorganización administrativa. Según denunciaban, detrás de la resolución existía un proceso de desarticulación progresiva de capacidades científicas y tecnológicas construidas durante décadas, con impacto directo sobre sectores industriales, productivos y de innovación.

En los fundamentos de la cautelar, el magistrado sostuvo que existen elementos suficientes para considerar acreditada la “verosimilitud del derecho” invocado por los demandantes y alertó sobre la posibilidad de daños irreparables derivados de despidos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.

Asimismo, recordó que el personal del organismo cuenta con garantías de estabilidad amparadas por la Constitución Nacional, la Ley de Empleo Público y diversos convenios internacionales suscriptos por el Estado argentino en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo.

La decisión judicial fue interpretada por los trabajadores como un freno concreto al proceso de reducción estatal impulsado por la administración de Javier Milei, particularmente sobre organismos científicos y técnicos.

Tras conocerse el fallo, Aguiar celebró la medida y sostuvo que “no se puede gobernar por fuera de la Constitución y de la ley”. El dirigente gremial calificó la resolución como “un avance significativo” en la disputa contra los despidos y el desmantelamiento de estructuras públicas estratégicas.

La cautelar tendrá vigencia durante los próximos seis meses, período en el cual deberá resolverse la cuestión de fondo vinculada a la legalidad de la resolución cuestionada. Mientras tanto, el fallo introduce un nuevo episodio que escala en constante presión entre el Gobierno nacional y los sectores estatales afectados por las políticas de ajuste, reducción presupuestaria y reestructuración de organismos públicos.

Más allá del conflicto sindical y judicial, la discusión vuelve a colocar en el centro el rol del INTI dentro del aparato productivo argentino. El organismo cumple funciones clave en certificación industrial, innovación tecnológica, control de calidad, asistencia a empresas y desarrollo científico aplicado, tareas que distintos sectores industriales consideran esenciales para sostener competitividad y capacidades técnicas nacionales.