El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan dio un paso decisivo hacia la libre elección de obra social para su personal. Luego de una sesión extraordinaria de más de cinco horas, el cuerpo aprobó por unanimidad un acuerdo que establece plazos, mecanismos y responsables para avanzar en el traspaso entre DAMSU y OSFATUN. La medida establece que los traspasos de aportes podrán concretarse desde el 1 de enero de 2027.

La resolución fue adoptada este lunes 10 de agosto, a partir del emplazamiento dispuesto por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien había requerido a la UNSJ que se pronunciara sobre el cambio de obra social dentro de un plazo de diez días hábiles.

La discusión reunió en el Salón Principal del Edificio Central a consejeros, docentes, nodocentes, estudiantes y jubilados. Durante la sesión se expusieron posiciones contrapuestas. Mientras algunos consejeros advirtieron que la libre afiliación podía provocar una fragmentación del sistema y afectar criterios de solidaridad y equidad, otros defendieron el derecho de los trabajadores a elegir la cobertura médica y reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente.

También participaron representantes de las entidades involucradas. El presidente de DAMSU, Alfredo Russo, planteó la necesidad de elaborar una propuesta técnica que contemple la solidaridad, la sustentabilidad y la equidad, sin generar un perjuicio para la obra social universitaria.

Desde APUNSJ, su secretario general, Daniel Durán, recordó que el reclamo de los nodocentes se remonta a 2014, cuando comenzó a funcionar OSFATUN como alternativa. Aclaró además que la demanda no está dirigida contra DAMSU, sino contra la falta de mecanismos que permitan ejercer la libre elección.

Tras el debate, el Consejo Superior pasó a un cuarto intermedio. Durante aproximadamente una hora, representantes de DAMSU, APUNSJ y del propio cuerpo universitario trabajaron sobre una propuesta común que finalmente fue sometida a votación.

El entendimiento dispone que el rector deberá reunir y remitir, dentro de diez días hábiles administrativos, la documentación e informes requeridos por la Procuración del Tesoro de la Nación y el Ministerio de Salud, en relación con un dictamen de 2018 y con la Resolución 40/17-CS.

Además, se creó una Comisión Técnica Mixta ad hoc integrada por dos representantes de DAMSU, dos de APUNSJ y tres del Consejo Superior. El órgano deberá quedar constituido antes del 18 de agosto y tendrá como principal tarea elaborar un procedimiento operativo que permita concretar la libre afiliación, tanto para quienes decidan pasar de DAMSU a OSFATUN como para quienes posteriormente opten por regresar.

La propuesta deberá ser elevada al Consejo Superior antes del 1 de diciembre de 2026. El acuerdo establece, además, que la UNSJ garantizará el traspaso de los aportes a partir del 1 de enero de 2027.

Si para el 1 de diciembre la Procuración del Tesoro o el Ministerio de Salud no hubieran emitido los dictámenes o reglamentaciones requeridos, el Consejo Superior deberá reunirse en sesión extraordinaria antes del 15 de diciembre para tratar la propuesta elaborada por la comisión.

El cuerpo también designó a sus representantes titulares: Jaime Barcelona, Marita Benavente y Mario Ocampo. Como suplentes fueron elegidos Emilio Furlán, Marisol Vedia y Gonzalo Leyes.

Tras la aprobación, Barcelona destacó que el principal resultado fue encontrar una salida institucional al conflicto y desplazar la discusión de una eventual disputa entre DAMSU y OSFATUN. “Nos pusimos a pensar en las y los trabajadores y en su posibilidad de elegir entre estas dos obras sociales”, señaló.

El consejero también diferenció las características de ambas entidades y remarcó que OSFATUN puede incorporar a docentes además de nodocentes, mientras que eventuales modificaciones estatutarias de DAMSU que permitan recibir afiliados provenientes de otras obras sociales no dependen del Consejo Superior.

La decisión adoptada no implica todavía la puesta en marcha inmediata de los traspasos. El próximo paso será la conformación de la comisión técnica y la elaboración del procedimiento que deberá regular las condiciones de salida y reingreso. Con los plazos fijados, la Universidad busca transformar el reclamo por la libre elección en un mecanismo institucional aplicable desde comienzos de 2027.

Luego de algunos años abocada a la normalización de la mayor parte de sus 80 regionales, la CGT encara la renovación de sus cúpulas provinciales. Con San Juan votando el 25 de agosto, y Chaco junto a La Pampa en pleno proceso de definición, la interna gremial ya se conecta directamente con la construcción política hacia el escenario electoral de 2027.

La CGT comienza a jugar una nueva partida en las provincias. Después de cinco años de normalizaciones y unificaciones en buena parte de sus más de 80 regionales, durante 2026 empiezan a vencer los mandatos de cuatro años de las conducciones que surgieron de aquel proceso. La central obrera deberá ahora resolver quiénes continuarán al frente de esas estructuras y quiénes intentarán disputar el poder construido desde 2021.

La renovación llega en un momento distinto al de la etapa anterior. La tarea ya no consiste principalmente en reconstruir conducciones fragmentadas o resolver la existencia de autoridades paralelas, sino en definir liderazgos para los próximos cuatro años. Dicha deliberación se produce simultáneamente con el endurecimiento de la postura de la CGT frente al oficialismo y el inicio del armado electoral para 2027.

También cambió el interlocutor de la conducción nacional. La Secretaría del Interior, que tuvo a su cargo buena parte de las normalizaciones, ya no está conducida por Abel Furlán, de la UOM. Ahora es Héctor Daer quien participa de las negociaciones con las estructuras provinciales.

Las regionales tienen una importancia que excede la representación gremial. En numerosas provincias funcionan como espacios de articulación del movimiento obrero y conservan vínculos históricos con el peronismo. Sus autoridades pueden incidir en la construcción territorial, la definición de candidaturas y la representación sindical dentro de las futuras alianzas electorales.

Por eso, las elecciones que comenzarán a multiplicarse durante este año pueden transformarse en una primera medición de fuerzas hacia 2027. La disputa no se limitará a quién ocupará una secretaría general: también estará en juego qué sindicatos tendrán mayor capacidad de representación y qué dirigentes llegarán con mejores condiciones para intervenir en la discusión política.

San Juan, una elección que concentra la disputa

San Juan aparece entre los primeros casos donde esa pulseada adquiere especial relevancia. La CGT Regional San Juan elegirá autoridades el 25 de agosto, en un plenario convocado por la conducción nacional y reservado a las organizaciones confederadas que tengan jurisdicción en la provincia.

El actual titular , Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la UOCRA, buscará renovar su mandato con el respaldo de numerosos sindicatos. El reglamento establece que cada organización habilitada tendrá un representante. Si existe una única nómina, podrá ser consagrada por aclamación; si se presentan dos o más listas, la definición será mediante voto secreto y ganará la que obtenga mayoría simple.

La renovación, sin embargo, ya generó movimientos dentro del sindicalismo provincial. Una Intersindical integrada por organizaciones como ASIJEMIN, UOM, SATSAID, ATE, La Bancaria y SIDUNSJ, entre otras, comenzó a reclamar mayor protagonismo y abrió una discusión sobre la conducción de la central.

Los cortocircuitos políticos comenzaron a repercutir en el peronismo de San Juan. Por un lado, el exmandatario provincial Sergio Uñac hizo un llamado a resguardar la cohesión sindical; por el otro, los sectores distanciados de la dirigencia tradicional impulsaron el regreso de las 62 Organizaciones Peronistas como eje de representación gremial y política.

La elección del 25 de agosto tendrá, por lo tanto, una lectura que irá más allá de la composición de la próxima conducción. El resultado permitirá medir la relación de fuerzas entre los gremios, determinará quién tendrá capacidad de interlocución con la CGT nacional y puede influir en el lugar que ocupará el movimiento obrero dentro del armado peronista provincial de cara a 2027.

La Resolución 1066/2026 habilitó el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales. En San Juan, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia no aplicará la medida por ahora: registra un promedio de apenas 102 consultas anuales de personas extranjeras.

El Gobierno provincial decidió mantener la gratuidad de la atención sanitaria para extranjeros, pese a la resolución nacional que habilita el cobro de prestaciones no urgentes a quienes no acrediten residencia permanente en el país. El ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, sostuvo que el volumen de consultas registrado en la provincia no justifica modificar la política vigente.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. Su alcance se limita a los establecimientos administrados por el Estado nacional, por lo que las provincias conservan capacidad para definir el funcionamiento de sus propios hospitales públicos.

En San Juan, la principal razón para sostener la gratuidad está en las estadísticas. De acuerdo con los registros citados por Dobladez, durante los últimos tres años se contabilizó un promedio de 102 consultas anuales de personas extranjeras, una cifra considerada marginal frente al volumen total de atención del sistema provincial.

“Por ahora no se va a cobrar”, afirmó el ministro en declaraciones radiales. El funcionario remarcó que la provincia tiene autonomía para administrar los recursos destinados a sus hospitales y sostuvo que el impacto de la atención a extranjeros es actualmente reducido.

El funcionario también vinculó la decisión con el perfil turístico de San Juan. A su entender, garantizar el acceso gratuito a la salud puede constituir un atractivo para quienes visitan la provincia, mientras que establecer requisitos adicionales podría desalentar la llegada de turistas.

La definición, sin embargo, no fue presentada como irreversible. El ministro advirtió que la provincia podría revisar la política si las estadísticas experimentan un crecimiento considerable. En particular, mencionó como referencia que las 102 consultas anuales actuales llegaran a duplicarse o triplicarse.

El otro factor señalado por el funcionario es el crecimiento de la minería y la eventual llegada de trabajadores extranjeros vinculados con nuevos proyectos. En ese caso, Dobladez sostuvo que las empresas deberán garantizar la cobertura sanitaria de sus empleados y fue categórico: “El Estado no tiene que subsidiar a las empresas”.

Los extranjeros con residencia permanente acreditada por DNI conservan la paridad de trato en la atención sanitaria. Quienes carezcan de esta condición deberán abonar de forma anticipada las prestaciones programadas o exhibir una cobertura médica vigente.

La reglamentación también preserva el acceso irrestricto ante emergencias médicas, independientemente de la condición migratoria. Infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias, emergencias obstétricas y otras patologías que impliquen un riesgo inmediato para la vida o una función vital quedan exceptuadas del cobro.