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El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.

De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».

El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».

La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».

A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.

Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».

La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».

El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».

«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.

«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato

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Gremios de prensa piden participar en el Senado cuando se trate la privatización de Medios Públicos

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) solicitaron al Senado participar en el debate en comisiones del proyecto de Ley Bases que contempla, entre otras cuestiones, la privatización de radio Nacional y la Televisión Pública.

Las organizaciones Fatpren y Sipreba solicitaron en una carta enviada al presidente y a la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Edgardo Kueider y Sandra Mendoza.

“Queremos expresar nuestra preocupación y alarma por el tratamiento de la nueva versión de la Ley Bases. Para nuestras organizaciones gremiales -que representan a comunicadores y comunicadoras del ámbito público, privado y cooperativo de todo el territorio nacional- es muy importante ser escuchados por los senadores y senadoras que integran la Comisión y también escuchar las posiciones de senadoras/es con relación al proyecto con tratamiento en estos días”, dice la misiva dada a conocer hoy.

En la carta expresan que “el tema debería ser de especial interés del Senado y esta comisión, ya que afecta a derechos constitucionales en temas de pluralidad informativa y libertad de expresión y prensa”.

Según las organizaciones, la privatización o cierre de Radio y Televisión Argentina “impactaría y afectaría negativamente en nuestro país al negar el acceso a la información a amplios sectores de nuestra población” y advirtieron que desde el comienzo de su mandato, el Poder Ejecutivo nacional “viene expresando una hostilidad manifiesta a la labor del periodismo que debería ser materia de preocupación”.

Entre otras cuestiones en esa línea enumeran “la suspensión de las campañas de interés público, el intento de cierre ilegal de la agencia de noticias Télam, las agresiones por parte de las Fuerzas de Seguridad a trabajadores de prensa” y las marcan como indicadores de sus “inquietudes sobre el derecho a la libertad de expresión tienen fundamentos”.

“Por todo lo expresado, le solicitamos convoque a una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales o nos facilite la participación en las reuniones Plenarias que en estos días seguirá el tratamiento del proyecto Ley Bases y punto de partida para la especialmente por la vertiginosidad en la que la misma obtuvo tratamiento y dictamen”, concluye la nota.

La carta está firmada por el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, y la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi.

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Trabajadores de la sanidad comenzarán un plan de lucha en todo el país

Los gremios que integran la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) resolvieron este jueves la convocatoria a paros por turnos en clínicas y sanatorios de todo el país, ante la falta de respuestas de los empresarios a demandas salariales a más de un mes de iniciadas las negociaciones.

Los trabajadores de la sanidad comenzarán un plan de acción la próxima semana con tres días de protestas. El cronograma se iniciará el miércoles 11 con un paro de 2 horas por turno, continuará el jueves 23 con cese de actividades de 3 horas por turno, y la primera etapa de medidas, cerrará el viernes 24 con 4 horas de paro por turno.

La entidad que conduce Héctor Daer aprobó las medidas de acción directa tras reunión de consejo directivo por el atraso en la paritaria del sector asistencial. Días antes habría se había declarado en estado de alerta y movilización.

En la previa a las jornadas de paro, entre lunes y martes, las distintas asociaciones de trabajadores de sanidad (ATSA) se mantendrán en estado de asamblea permanente en establecimientos para informar sobre el estado de la negociación, confirmaron a Mundo Gremial.

Los empresarios del sector asistencial, que nuclea a sanatorios y clínicas privadas, geriátricos, emergencias médicas y laboratorios de análisis clínicos, entre otros, se niegan a otorgar el aumento paritario solicitado por la FATSA y se plantó en porcentajes por debajo de la inflación, informaron fuentes sindicales a Mundo Gremial.

Semanas atrás, la federación se había referido a la “irresponsabilidad empresaria y la intransigencia de las Cámaras Empresariales para firmar un acuerdo paritaria” y recalcado que la responsabilidad por los “perjuicios que en la atención de los servicios de salud puedan ocasionar las medidas de acción sindical” recaería sobre la patronal.

Durante toda la semana, los distintos sindicatos que integran la FATSA llevaron adelante asambleas y manifestaciones en establecimientos como forma de protesta.

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El Frente Sindical de Universidades anunció un paro para el 23 de mayo

El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció que seguirá con su jornada de protesta  por la crisis económica y presupuestaria y anunció un paro nacional el próximo jueves 23 de mayo. También hará una jornada de visibilización de las demandas con marcha de antorchas el miércoles 22. 

«El Frente Sindical de Universidades Nacionales se reunió hoy en la sede de la CONADU con el fin de evaluar la situación del sector universitario. A casi un mes de la movilización en apoyo a la universidad pública más grande de la historia, el Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles», comenzó el comunicado que el Frente difundió en sus redes sociales. 

Y siguió: «La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8% en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el Fonid. Por esa razón convocamos a 48 horas de protesta para los días 22 y 23: 24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo».

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