Los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación en marzo y acumularon siete meses consecutivos de deterioro real. Mientras el sector público mostró una leve recuperación mensual impulsada por aumentos estatales, los trabajadores privados continuaron perdiendo capacidad de compra en un escenario atravesado por recesión, caída del consumo y estancamiento del empleo formal.

El deterioro de los ingresos volvió a quedar expuesto en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En marzo, los salarios registrados crecieron apenas 3% nominal frente a una inflación mensual del 3,4%, consolidando así una nueva pérdida del poder adquisitivo y extendiendo a siete meses consecutivos la caída real de los haberes.

El desgaste progresivo desde el último cuatrimestre de 2025 alcanzó el 4,67%, aunque el impacto fue dispar entre sectores. El empleo privado formal volvió a mostrar el cuadro más delicado: los salarios avanzaron apenas 2,1% en marzo y registraron una caída real del 1,28% en el mes. De esta manera, los trabajadores privados acumulan un retroceso del 4,8% en su capacidad de compra durante los últimos siete meses.

En contraste, el sector público logró una mejora parcial impulsada por aumentos salariales superiores a la inflación. Los haberes estatales crecieron 5% nominal en marzo y consiguieron una recuperación real del 1,61%. Sin embargo, esa mejora mensual no alcanza para revertir el deterioro acumulado: los trabajadores públicos todavía arrastran una pérdida del 4,39% en términos reales en el mismo período.

Dentro de la estructura estatal, los mayores incrementos provinieron de la administración nacional, donde los salarios aumentaron 5,8%, mientras que en las provincias la suba fue del 4,7%. Aun así, el balance desde la llegada de Javier Milei continúa siendo marcadamente negativo para el empleo público.

Según las cifras oficiales, los sueldos estatales acumulan una caída real del 17,03% desde diciembre de 2023. El impacto es todavía más severo entre los trabajadores nacionales, cuyos ingresos sufrieron una pérdida del 35,8%, mientras que en las administraciones provinciales el retroceso alcanza el 9,2%.

El entorno del sector privado tampoco muestra señales sólidas de recuperación. Aunque la caída acumulada desde el inicio de la actual gestión es menor que la del sector público, el deterioro se aceleró durante los últimos siete meses, en paralelo con el freno de la actividad económica y el debilitamiento del mercado interno.

“El estancamiento en los ámbitos ligados a la demanda interna, donde se concentra buena parte del empleo formal, combinado con una inflación todavía elevada, explica la continuidad de la caída del salario real privado”, advirtió Santiago Casas al analizar los datos.

La pérdida de ingresos aparece además acompañada por un proceso de contracción productiva. Desde la asunción de Javier Milei desaparecieron 24.437 empresas empleadoras, equivalente al 4,8% del total de unidades productivas registradas en el país. La dinámica laboral refleja esa desaceleración: en febrero el empleo privado formal generó apenas 965 puestos nuevos, una suba marginal del 0,02%.

El trabajo en casas particulares incorporó 1.651 empleos, mientras que el único crecimiento significativo provino del sector público, que sumó 8.336 trabajadores asalariados en el mismo período.

En medio del deterioro generalizado, las negociaciones paritarias de abril abrieron una expectativa moderada de alivio. Según la consultora Synopsis, los acuerdos salariales promediaron subas del 2,5%, una cifra alineada con la inflación proyectada para ese mes, estimada en torno al 2,6%.

De sostenerse esa tendencia, podría interrumpirse la secuencia de siete meses consecutivos de caída salarial frente al índice de precios, aunque todavía sin una recuperación consistente del poder adquisitivo.

Desde la consultora señalaron además que la flexibilización de la pauta oficial permitió un salto en el promedio anualizado de las paritarias, que alcanzó el 38,8%, el nivel más elevado desde 2024 y unos diez puntos por encima del promedio registrado durante 2025.

Sin embargo, las proyecciones para el resto de 2026 continúan atravesadas por la cautela. La consultora ACM estimó una eventual recuperación gradual del salario real cercana al 0,5%, aunque advirtió que el proceso dependerá de la consolidación de la actividad económica y de una desaceleración inflacionaria sostenida.

El informe alertó además sobre los riesgos de una recuperación desigual entre sectores, especialmente en ramas intensivas en empleo, donde las empresas todavía enfrentan dificultades para recomponer márgenes y sostener aumentos salariales por encima de la inflación.

A esa incertidumbre se suma la posibilidad de presiones cambiarias o un traslado más acelerado de precios, factores que podrían volver a deteriorar los ingresos reales incluso en presencia de acuerdos paritarios más elevados.

El economista Nadin Argañaraz realizó además un ejercicio de arrastre estadístico que deja al descubierto la fragilidad del panorama actual: si los salarios reales de marzo se mantuvieran sin cambios durante el resto del año, los empleados privados cerrarían 2026 con una pérdida del 3,9%, mientras que los trabajadores públicos nacionales sufrirían una caída del 5,2%.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud anunció una jornada federal de protesta para este miércoles, con paro y movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes millonarios, faltantes de medicamentos, debilitamiento de programas esenciales y un retroceso creciente en el acceso a la atención sanitaria.

La conflictividad en el sistema sanitario nacional sumará este miércoles 20 de mayo un nuevo episodio de fuerte voltaje político y social. Gremios, profesionales y organizaciones vinculadas a la salud pública realizarán una jornada federal de lucha para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre hospitales, programas de asistencia, cobertura de medicamentos y políticas de prevención.

La protesta fue convocada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud bajo la consigna “La salud no puede esperar” e incluirá un paro nacional, movilizaciones en distintas provincias y una marcha central hacia Plaza de Mayo. La concentración comenzará a las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, desde donde las columnas avanzarán hacia la Casa Rosada.

Desde el sector sanitario advierten que el deterioro dejó de percibirse únicamente en términos administrativos o presupuestarios y ya empieza a expresarse de manera directa en la atención cotidiana. La reducción de partidas para medicamentos, la discontinuidad de programas y las dificultades para sostener prestaciones básicas configuran un cuadro que sindicatos y entidades médicas describen como “crítico”.

Durante la presentación de la medida de fuerza, referentes de FESINTRAS denunciaron que el Gobierno “avanza en la destrucción de la salud como derecho” mediante recortes que afectan áreas sensibles del sistema público. Entre las principales objeciones aparecen la reducción en la entrega de vacunas, el debilitamiento del PAMI, el ajuste sobre programas nacionales y las limitaciones crecientes para acceder a tratamientos de alto costo.

Uno de los puntos más cuestionados es la situación del programa Remediar, históricamente destinado a garantizar medicamentos esenciales en centros de atención primaria. Desde el Foro por el Derecho a la Salud alertaron sobre el desfinanciamiento y la interrupción de herramientas que permitían sostener cobertura gratuita para miles de pacientes en todo el país.

La protesta también buscará mostrar el impacto del recorte presupuestario aplicado sobre el área sanitaria. Según denunciaron las organizaciones gremiales, el Gobierno redujo en 63 mil millones de pesos las partidas destinadas al sistema de salud, con un fuerte impacto sobre programas de acceso a medicamentos e insumos médicos. Parte de esos recursos financiaban el Banco de Drogas Oncológicas, la asistencia a pacientes trasplantados y la provisión de tratamientos otorgados por vía judicial.

Lejos de tratarse de un recorte aislado, los trabajadores sostienen que la poda presupuestaria se profundizó a lo largo de los últimos meses. De acuerdo con datos oficiales citados por las entidades sindicales, el Ministerio de Salud acumula una reducción superior a los 741 mil millones de pesos respecto de las partidas originalmente previstas para 2026.

El malestar también alcanza a otros segmentos sensibles del sistema sanitario. Las organizaciones denunciaron el “desguace” del Programa Nacional de Inmunizaciones, las restricciones en políticas de salud mental, los problemas de financiamiento en discapacidad y las deudas acumuladas con prestadores y profesionales.

En este sentido, el conflicto vuelve a exponer una preocupación que crece dentro del sector: la sobrecarga sobre hospitales públicos ante la pérdida de cobertura de miles de familias. Según advirtieron desde el Foro por el Derecho a la Salud, cada vez más pacientes dependen exclusivamente del sistema estatal mientras se reducen recursos, personal e infraestructura.

“El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, sostuvo Manuel Fonseca, uno de los referentes de la organización convocante, al advertir sobre el impacto social de las medidas económicas aplicadas sobre el área sanitaria.

La jornada de protesta de este miércoles buscará además instalar el debate sanitario en el centro de la discusión pública en un presente de fuerte presión sobre el gasto estatal. Mientras el Gobierno defiende el recorte como parte de su programa de equilibrio fiscal, gremios y profesionales sostienen que el deterioro de la salud pública ya atraviesa un límite delicado y amenaza con profundizar desigualdades en el acceso a la atención médica en todo el país.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, lanzó un duro diagnóstico sobre la crisis industrial, cuestionó las restricciones salariales y reclamó una reacción más firme del movimiento obrero frente al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

La tirantez dentro del sindicalismo volvió a escalar con fuerza tras las declaraciones de Abel Furlán, quien reclamó avanzar hacia un paro general y cuestionó la respuesta de la dirigencia gremial frente al deterioro económico y social. El titular de la UOM sostuvo que la crisis industrial alcanzó un punto “dramático y agobiante” y advirtió que el modelo económico impulsado por el Gobierno está provocando una destrucción acelerada del entramado productivo nacional.

El dirigente metalúrgico formuló sus críticas en medio de una situación marcada por cierres de empresas, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo. Según afirmó, durante la actual gestión ya cerraron 25.000 empresas y la actividad metalúrgica perdió alrededor de 24.000 puestos de trabajo registrados.

“No son trabajadores cualquiera. Son trabajadores calificados, con oficio, con formación. Eso es lo que están destruyendo”, sostuvo Furlán en declaraciones radiales, al describir el impacto que atraviesa uno de los sectores históricamente más ligados a la industria nacional.

Las declaraciones también dejaron al descubierto el conflicto latente dentro de sectores sindicales que reclaman una postura más confrontativa de la CGT frente a las políticas económicas oficiales. En ese marco, Furlán insistió en que el movimiento obrero debe abandonar una posición defensiva y avanzar hacia medidas de mayor contundencia.

“¿Qué más tiene que pasar para convocar a un paro general?”, lanzó el dirigente, en una frase que rápidamente empezó a resonar dentro del universo gremial.

El secretario general de la UOM vinculó la crisis industrial con la apertura económica y cuestionó la política comercial del oficialismo. A su entender, el esquema impulsado por la administración libertaria reproduce experiencias anteriores que terminaron debilitando la producción nacional.

“Están haciendo el mismo cuento de la reconversión que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri”, afirmó, al advertir sobre las consecuencias de una economía más abierta sobre las pequeñas y medianas empresas industriales.

Furlán sostuvo además que, sin un cambio profundo de orientación económica y una recomposición urgente de ingresos, será imposible sostener el aparato productivo. “Si no hay un cambio drástico de política y un aumento salarial urgente para los trabajadores, no habrá posibilidad de mantener el entramado industrial ni de construir un círculo virtuoso para la economía”, planteó.

Uno de los puntos más duros de su intervención estuvo dirigido al esquema de negociación salarial. El dirigente denunció fuertes limitaciones para discutir paritarias y aseguró que las pautas salariales impulsadas desde el Gobierno quedaron completamente desacopladas de la inflación real que enfrentan los trabajadores.

“No se pueden seguir sosteniendo salarios que apenas alcanzan para cubrir diez días de comida”, afirmó.

También cuestionó el rol de la Secretaría de Trabajo y denunció presiones para aceptar acuerdos por debajo de la evolución de precios. Según sostuvo, las negociaciones salariales se desarrollan bajo parámetros que “no tienen nada que ver con la realidad de la góndola y los servicios”.

En este aspecto, Furlán endureció su discurso político y llamó al sindicalismo a recuperar capacidad de movilización. “Hay que salir a luchar, pelear y plantarse”, expresó, al reclamar una reacción más activa frente al ajuste, el deterioro de las obras sociales y la pérdida de derechos laborales.

Las declaraciones del dirigente metalúrgico se producen además en un momento de progresivo debate interno dentro del movimiento obrero sobre la estrategia frente al Gobierno. Mientras algunos sectores privilegian mantener canales de negociación abiertos, otros empiezan a reclamar medidas de fuerza más amplias ante el agravamiento de la situación económica.

En este conntexto, Furlán dejó planteado un interrogante que atraviesa a buena parte del sindicalismo: hasta dónde puede sostenerse la pasividad gremial en un escenario de caída salarial, retroceso industrial y conflictividad social que avanza día a día.

“El salario no alcanza, no te dejan discutir paritarias, las obras sociales están explotadas y están destruyendo el sistema de salud”, concluyó el dirigente, al insistir en que el movimiento obrero debe discutir una nueva huelga general de alcance nacional.