La red de supermercados atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con una caída abrupta del consumo que en algunos distritos supera el 30% interanual y presiona a las empresas a reducir estructuras de forma acelerada. El grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy— lidera un ajuste de alcance nacional, con más de 200 despidos desde febrero y un mapa de cierres que crece semana a semana. Sobre ese escenario, la posible salida de Carrefour de la Argentina amplifica la incertidumbre: 24.000 trabajadores dependen del resultado de una negociación todavía sin garantías laborales.

En Tucumán, la baja de persianas de tres sucursales de Vea dejó 55 familias sin ingresos. En Mendoza, el cierre de Vea Guaymallén afectó a 14 trabajadores. En el conurbano, las clausuras en Castelar, Moreno y San Pedro elevaron la cifra a cerca de 110 cesantías en apenas dos meses. A esto se suma el cierre del Easy de La Tablada —55 puestos menos— y la alarma que circula en grupos internos sobre posibles ajustes en Necochea, Hurlingham y La Plata, aunque la empresa intenta transmitir calma y desmentir cierres inminentes.

El Sindicato de Empleados de Comercio señala un “déficit operativo sostenido” como argumento empresarial para reconfigurar la red y fortalecer solo las marcas más rentables, como Jumbo y Disco. Sin embargo, para el sindicalismo mercantil la ecuación es más amplia: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del volumen vendido explican buena parte de la crisis que se despliega de norte a sur del país.

San Juan: un epicentro silencioso del ajuste

En San Juan, Cencosud ya avanzó con un cierre que generó fuerte preocupación gremial: la sucursal de Vea en Villa Krause, estratégica para la zona de Rawson, bajó sus persianas dejando a decenas de trabajadores en estado de vulnerabilidad laboral. La empresa ofreció reubicaciones parciales y negociaciones particulares, pero el impacto fue inmediato, no solo por los puestos perdidos sino por el rol del supermercado en el abastecimiento de un área densamente poblada.

En paralelo, Hipermercado Libertad abrió en la provincia un capítulo especialmente conflictivo: ofreció salidas voluntarias a 80 empleados, pero ninguna fue aceptada. El motivo es contundente: los montos ofrecidos representaban apenas el 40% de la indemnización legal, una cifra que el SEC San Juan rechazó de plano. “No existe incentivo que pueda considerarse voluntario cuando no se respeta la ley”, señalaron desde el gremio. La cadena, que estudia una transición hacia un formato de menor escala, deberá reconfigurar su propuesta si pretende avanzar sin conflicto abierto.

El panorama provincial se completa con un diagnóstico que preocupa a cámaras empresarias y sindicatos por igual: la caída del consumo golpea fuerte en los supermercados locales y en los comercios medianos, con una contracción que ya afecta a proveedores regionales de alimentos, bebidas y productos frescos. Para el SEC San Juan, el riesgo es que la combinación de recesión y reestructuración empresarial produzca “un efecto dominó” en el mercado laboral provincial.

Crisis en Misiones y el avance de los retiros voluntarios

En Posadas, Hipermercado Libertad inició un plan de retiros voluntarios que ya fue aceptado por al menos 20 trabajadores en una reestructuración que modifica su formato “hiper” hacia uno más pequeño. Misiones atraviesa un derrumbe del empleo mercantil: más de 6.800 puestos perdidos en el último año, según el gremio local. La caída de ventas genera cierres cotidianos de comercios y profundiza la fragilidad laboral en toda la cadena de consumo.

El factor Carrefour: 24.000 empleos en vilo

La posible venta de Carrefour —con ofertas de Chango Más, Coto, Cencosud y un grupo adicional— instaló un nivel de alerta sin precedentes. FAECYS exige una mesa de diálogo urgente para garantizar la continuidad de convenios, condiciones laborales y estabilidad general de los 24.000 trabajadores involucrados.

En Mar del Plata, el SECZA reiteró ante la empresa un acuerdo internacional firmado con UNI Global Unión, en el que Carrefour reconoce obligaciones de transparencia, comunicación previa y resguardo del empleo. “Son 240 familias que sostuvieron el crecimiento de la empresa por años”, expresó el gremio marplatense, que anticipa acciones coordinadas con otras delegaciones si no hay garantías concretas.

El temor en todo el país es uniforme: una operación de compra sin compromiso de absorción puede derivar en miles de despidos silenciosos encubiertos bajo reestructuraciones o cierres escalonados.

El comercio minorista atraviesa un verdadero terremoto. La combinación de recesión, caída histórica del consumo y crisis estructural del sector empuja a las principales cadenas a un ajuste profundo con consecuencias laborales directas. Cencosud avanza en cierres y despidos, Libertad reconfigura su estructura y Carrefour encara un proceso de venta que mantiene en vilo a 24.000 familias.

San Juan, lejos de ser un caso menor, se ha convertido en un punto sensible del mapa: el cierre en Villa Krause y las ofertas de retiros por debajo de la ley en Libertad revelan una fragilidad que podría extenderse si no se articulan políticas activas de protección laboral. El sindicalismo mercantil, en estado de alerta nacional, se prepara para una escalada de conflictos en un escenario donde —una vez más— los trabajadores se transforman en la principal variable de ajuste.

La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales resolvió un paro nacional de 24 horas para el martes 19 de noviembre en rechazo al deterioro salarial y a la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte una situación “insostenible” y organiza una jornada federal de visibilización por la gratuidad educativa. El conflicto se encamina a escalar con nuevas acciones en diciembre, en defensa del presupuesto y las condiciones laborales de los nodocentes.

En una atmósfera de estrés permanente dentro del sistema universitario público, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) anunció un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el martes 19 de noviembre. La medida se definió en un plenario virtual que reunió a la Mesa Ejecutiva, el Consejo Directivo y a las conducciones sindicales de todo el país, y forma parte de un plan de acción destinado a enfrentar lo que la organización califica como un “proceso de desfinanciamiento” que pone en riesgo la estructura académica y laboral de las universidades públicas.

El gremio advirtió que la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU) por parte del Poder Ejecutivo acelera un deterioro profundo de los recursos disponibles para salarios, funcionamiento y programas estratégicos. Según FATUN, la situación económica del personal nodocente se volvió “insostenible” en los últimos meses, con salarios que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y presupuestos que no acompañan las necesidades básicas de mantenimiento y funcionamiento institucional.

Uno de los aspectos centrales del comunicado sindical es la unidad federal que rodea a la protesta. La fecha original del paro fue reprogramada “para que la totalidad de los sindicatos de base puedan estar contenidos de acuerdo a sus realidades”, un gesto de coordinación que busca fortalecer la respuesta gremial ante un escenario que consideran crítico. FATUN enfatiza que el objetivo primordial es garantizar la continuidad y el carácter público y gratuito del sistema universitario, fuertemente dependiente de la aplicación completa de la LFU.

Como parte de la escalada del conflicto, el miércoles 20 de noviembre habrá acciones de visibilización en todo el país, convocadas por las organizaciones que conforman la comunidad universitaria. La jornada estará centrada en la defensa del principio de gratuidad educativa, la preservación de los fondos para infraestructura y funcionamiento, y el reclamo de recomposición salarial para los trabajadores nodocentes, que representan una porción esencial del funcionamiento cotidiano de las instituciones: administración, mantenimiento, servicios, laboratorios, informática y áreas técnicas sin las cuales ninguna universidad puede operar.

La preocupación excede lo salarial. Según FATUN, la falta de financiamiento impacta también en la calidad de los servicios universitarios, la continuidad de proyectos estratégicos, los comedores, los hospitales escuela y los programas de extensión e investigación. El sindicato advierte que el recorte presupuestario compromete la estabilidad del sistema universitario nacional, considerado uno de los pilares de la formación profesional y científica del país.

De cara a las próximas semanas, la Federación convocó para el 2 de diciembre un nuevo Plenario Nacional de Secretarios Generales en el que se evaluará el impacto del paro y se definirán los pasos a seguir. La Mesa Ejecutiva, además, fue autorizada a impulsar acciones judiciales para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, a la vez que continuará las gestiones ante organismos claves como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical.

El escenario anticipa un fin de año complejo para las universidades nacionales, en un contexto económico marcado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación superior. La fatiga laboral, el deterioro presupuestario y la incertidumbre institucional reavivan un debate que atraviesa gobernantes, docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades: cómo garantizar un sistema universitario inclusivo, gratuito, de calidad y sostenido por políticas públicas estables.

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, lanzado hace un año con el objetivo de formalizar el trabajo y reducir la no registración, muestra resultados adversos. Los beneficios otorgados a los empleadores no se tradujeron en nuevos empleos formales: los asalariados registrados cayeron y el trabajo informal volvió a crecer. Mientras tanto, la crisis de ingresos y el endeudamiento de los hogares profundizan un cuadro de deterioro estructural del mercado laboral argentino.

El programa, uno de los pocos en los que la administración libertaria buscó tender puentes con el sector gremial, otorgó importantes beneficios fiscales y condonaciones a los empleadores que adhirieran al plan: extinción de acciones penales, perdón de multas y condonación de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones. Sin embargo, esa política de estímulos no solo no redujo la informalidad, sino que acentuó el fenómeno que pretendía resolver.

Los números detrás del fracaso

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los asalariados privados registrados pasaron de 6.258.000 a 6.244.000, es decir, 14.000 empleos formales menos.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ratifica la tendencia: en ese mismo período, la proporción de asalariados formales cayó del 63,9% al 62,3%, mientras que los informales aumentaron del 36,1% al 37,7%.

A la vez, el propio Ministerio de Capital Humano informó que solo 1.950 empleadores se acogieron al régimen, regularizando 16.703 puestos de trabajo, apenas el 0,26% del total de asalariados privados registrados. Una cifra marginal que exhibe el alcance limitado de una política que, según expertos laborales, terminó premiando la evasión.

“Dar beneficios a los empresarios no genera empleo de calidad, quedó demostrado”, señaló a Data Gremial un dirigente sindical con llegada a la CGT. “El único camino sostenible es fortalecer el mercado laboral y garantizar derechos”, añadió.

El trasfondo histórico de una deuda social

La informalidad laboral es una vieja deuda estructural de la economía argentina. En los últimos cuarenta años, pasó del 26,9% en 1986 al 49,4% en 2003, incluso durante períodos de desregulación y reformas laborales profundas —como las de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa— que prometían reducir la informalidad mediante mayor “flexibilidad”.
Tras la crisis de 2001, el empleo formal se recuperó: la tasa de trabajo no registrado bajó al 32,5% en 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero el retroceso volvió con el macrismo y se agravó bajo la actual gestión.

El nuevo régimen, con su enfoque en beneficios empresariales, repitió los errores del pasado. Lejos de promover la registración, consolidó la precariedad. “Si este plan no funcionó, menos lo hará una reforma laboral más agresiva”, advirtió un especialista en derecho laboral consultado.

El Gobierno prepara ahora una nueva reforma laboral, que busca “facilitar la contratación formal”. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que los incentivos sin control ni obligaciones concretas tienden a precarizar aún más el mercado de trabajo.

Endeudamiento y deterioro social

El impacto del deterioro laboral trasciende los números del empleo. En un contexto de inflación persistente y caída real de los ingresos, crece el endeudamiento de los hogares como estrategia para llegar a fin de mes.

Según el informe del INDEC “Estrategias de manutención: cómo organizan su economía los hogares argentinos”, en el primer semestre de 2025:

37,4% de los hogares utilizó sus ahorros para gastos corrientes,

16,1% pidió dinero prestado a familiares o amigos,

14,2% recurrió a financieras, y

más de la mitad (50,9%) compró en cuotas o al fiado.

Además, un 9,3% de los hogares vendió bienes personales para cubrir necesidades básicas. En comparación con 2003, cuando solo el 22% compraba en cuotas y el 3,4% recurría a préstamos, el salto es significativo: una de cada cuatro familias hoy se endeuda, y entre los sectores de bajos ingresos, una de cada tres.

El estudio también marca diferencias por nivel socioeconómico: los hogares de ingresos altos se endeudan con bancos o tarjetas, mientras que los sectores populares lo hacen de manera informal, con familiares o prestamistas.
“Hay una caída sostenida de los ingresos reales y un aumento del financiamiento cotidiano, lo que muestra el agotamiento del modelo de supervivencia de los hogares”, concluye el informe del organismo.

Análisis: políticas sin efecto y una reforma en duda

El caso del Régimen de Promoción del Empleo Registrado se inscribe en una lógica que ha demostrado sus límites: incentivos al capital sin contrapartidas efectivas en creación de empleo.
A un año de su implementación, el balance es elocuente: los beneficios tributarios no se tradujeron en mayor formalidad ni en mejores condiciones laborales. Por el contrario, la brecha entre trabajadores registrados y no registrados se amplió.

La inminente reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso, envalentonado por el resultado electoral, promete “dinamizar el empleo formal” con herramientas similares. Pero el antecedente inmediato del régimen vigente pone en duda esa promesa.
“La reforma puede igualar las condiciones, pero hacia abajo. Si avanza, vamos a estar todos peor”, advirtió un referente gremial con tono de alarma.