Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 15% de los asalariados del país padece inseguridad alimentaria, es decir, dificultades para acceder de forma estable y suficiente a los alimentos. La incidencia alcanza al 24% de los trabajadores informales, al 9,8% de los empleados registrados y al 14,1% del sector público. El estudio expone que el fenómeno ya no distingue entre empleo y exclusión, y refleja el deterioro estructural del poder adquisitivo y las condiciones de vida en la Argentina.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un informe que enciende luces de alarma sobre una problemática que crece incluso entre quienes tienen trabajo: la inseguridad alimentaria. Según los datos relevados, el 15% de los asalariados no logra garantizar una alimentación adecuada para sí o para su familia.

El dato es particularmente preocupante porque incluye a empleados formales, que hasta hace pocos años constituían un segmento relativamente protegido del deterioro social. Entre ellos, el 9,8% padece inseguridad alimentaria, mientras que en el sector público la incidencia trepa al 14,1%. En el sector informal, en tanto, el porcentaje asciende al 24%, lo que demuestra la profundidad del fenómeno entre quienes carecen de protección laboral y social.

“La afectación entre trabajadores formales y públicos refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral”, advierte el informe, que analiza el impacto del deterioro salarial, la inflación persistente y la informalidad creciente.

Educación, pobreza y región: las brechas más marcadas

El estudio identifica tres factores centrales que amplifican la vulnerabilidad: el nivel educativo, la condición de pobreza y la región geográfica.

Entre quienes no completaron el nivel secundario, la inseguridad alimentaria alcanza un 34%, mientras que entre los trabajadores con formación universitaria o superior apenas llega al 4,6%.

En los trabajadores pobres, el impacto es abrumador: el 38,6% sufre inseguridad alimentaria, frente a un 6,9% entre los no pobres.

En el Conurbano bonaerense, el fenómeno registra los valores más altos del país (18,9%), seguido por el interior (14,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,1%).

El factor tiempo: los subocupados, los más golpeados

El informe también detecta una correlación entre las horas trabajadas y la capacidad de acceso a los alimentos. Los subocupados —personas con menos de 35 horas semanales— son los más afectados (21,1%), por encima incluso de los sobreocupados (13,3%) y quienes trabajan jornada completa (12%). Esto sugiere que la cantidad de horas no garantiza estabilidad económica cuando los ingresos son bajos o irregulares.

Género, edad y sindicalización

Otras variables también fueron consideradas. La diferencia por género resulta mínima: 15,5% de las mujeres frente a 15% de los hombres. En cambio, la edad sí marca una tendencia: los trabajadores de entre 35 y 54 años —en plena etapa productiva— son los más afectados (17,1%).
Un dato positivo lo aporta la sindicalización: el ODSA detecta que los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a presentar mayor seguridad alimentaria, probablemente por mejores convenios y capacidad de negociación salarial.

El informe de la UCA vuelve a exponer una realidad estructural: en la Argentina actual, tener empleo no garantiza escapar de la pobreza ni del hambre. La erosión del poder adquisitivo, la inflación alimentaria y la precarización del mercado laboral profundizan la distancia entre ocupación y bienestar.
En este contexto, el trabajo dejó de ser un escudo contra la exclusión y se convirtió, para millones, en una condición insuficiente para vivir dignamente. El desafío, advierten los especialistas, es reconstruir un modelo económico que restituya al empleo su función social: la de asegurar no sólo ingresos, sino también seguridad alimentaria y calidad de vida.

El Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió su nueva conducción tras una votación categórica que rechazó la moción de unicato impulsada por Luis Barrionuevo. Con más del 90% de los congresales presentes, la central obrera ratificó un triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello. La decisión consolida un acuerdo entre los sectores mayoritarios y busca contener las fracturas en medio de un clima de alta tirantez política y sindical.

En una jornada cargada de simbolismo y tensiones, la CGT definió su nuevo esquema de conducción en el estadio de Obras Sanitarias, donde más de dos mil congresales participaron de una votación a mano alzada que terminó por sellar el futuro inmediato de la central. La propuesta de unicato —una jefatura única promovida por Luis Barrionuevo y sus aliados— fue rechazada por una abrumadora mayoría, dando paso al consenso en torno a un triunvirato.

El nuevo mando estará compuesto por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), un equilibrio entre experiencia, juventud y representación sectorial. La definición fue el corolario de una extensa negociación que se resolvió la noche anterior en la sede de la UOCRA, con la participación de los principales referentes del sindicalismo tradicional: Héctor Daer, Armando Cavalieri, Hugo Moyano, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Sergio Sasia.

El acuerdo, que busca mantener la unidad formal de la CGT, no disimula las heridas internas. Barrionuevo, que llegó al Congreso con el respaldo de gremios poderosos como Gastronómicos, UTA, La Fraternidad y Carga y Descarga, sufrió una derrota contundente. Según fuentes presentes en el estadio, los delegados de la UTA se retiraron del recinto tras la votación adversa, en un gesto que exhibió la persistente división del mapa sindical.

Más allá del reparto en la cúpula, las negociaciones por las secretarías estratégicas se convirtieron en el nuevo eje de disputa. Entre los movimientos que se barajan, Héctor Daer asumiría en la Secretaría del Interior, Abel Furlán (UOM) en la Secretaría Gremial, Horacio Arreceygor (SATSAID) en Prensa y Omar Plaini (Canillitas) en Finanzas. La composición final será definida en las próximas horas, cuando el Congreso retome el cuarto intermedio dispuesto para ordenar los cargos restantes.

En paralelo, el Congreso fue escenario de un reclamo sostenido por parte de las mujeres sindicalistas, que expresaron su descontento ante la exclusión femenina en la conducción. “No venimos por la foto, no servimos el café, queremos a las compañeras conducir la CGT”, cantaron desde las gradas, visibilizando una demanda que atraviesa todas las centrales obreras y que, una vez más, quedó postergada. A pesar del avance discursivo en materia de paridad, el nuevo triunvirato no incluye mujeres en ninguno de los tres asientos principales.

El trasfondo político de la votación no pasó inadvertido. Con el gobierno nacional presionando por una reforma laboral y un nuevo esquema de diálogo social, la CGT se ve obligada a proyectar cohesión hacia afuera mientras lidia con sus propias tensiones internas. La derrota de Barrionuevo, que pretendía un liderazgo más concentrado, fue leída como una victoria de los sectores que apuestan a preservar la estructura tradicional, sin alterar el delicado equilibrio de poder entre los grandes gremios.

El nuevo triunvirato de la CGT llega en un momento de extrema sensibilidad económica y política, con una inflación persistente, caída del salario real y conflictividad en aumento. Aunque la fórmula tripartita garantiza, en principio, continuidad y contención, la fractura con los gremios alineados a Barrionuevo y la persistente falta de representación femenina exponen los límites de la renovación sindical.
En este escenario, la central obrera enfrenta el desafío de reconstruir una voz unificada frente a un gobierno que avanza con reformas estructurales y un movimiento obrero que reclama protagonismo real, no sólo equilibrio interno.

Mientras la CGT y las dos CTA expresan su rechazo, el Gobierno de Javier Milei acelera el debate por la reforma laboral, que se discutirá tras la renovación legislativa del 10 de diciembre. El proyecto, que busca “modernizar las normas de trabajo”, ya divide aguas entre los gobernadores, incluidos varios del peronismo. Con el sindicalismo en franca minoría parlamentaria, el Ejecutivo se encamina a un debate con correlación de fuerzas favorable.

La discusión sobre la flexibilización laboral avanza por distintos frentes: el Consejo de Mayo, las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, donde el oficialismo presentará formalmente su proyecto una vez renovadas las bancas legislativas. La iniciativa, que promete ser uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Javier Milei, ya despertó reacciones encontradas tanto en el sindicalismo como entre los mandatarios provinciales.

Desde las principales organizaciones gremiales —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma)— la postura fue inmediata: rechazo total a cualquier intento de ampliar la jornada laboral o flexibilizar derechos adquiridos. Pero el debate se trasladó a las provincias, donde la posición de los gobernadores será determinante, tanto en términos políticos como en el comportamiento de sus bloques en el Congreso.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof salió a marcar diferencias con dureza. Su ministro de Trabajo, Walter Correa, calificó el proyecto de Milei como “fuera de época” y remarcó que “lo que hoy se discute en el mundo es la reducción de la jornada laboral, no su ampliación a 12 o 13 horas diarias”. La postura bonaerense busca marcar un límite político y simbólico frente al avance de un modelo que considera regresivo en materia de derechos laborales.

Sin embargo, el rechazo no es unánime dentro del peronismo. Dos gobernadores de esa extracción, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), salieron públicamente a respaldar la necesidad de una actualización normativa.

Jaldo, que ya acompañó con votos legislativos varias iniciativas del oficialismo, sostuvo que “las normas laborales deben modernizarse porque la tecnología avanzó y la realidad productiva cambió”. Aclaró que “no se trata de quitar derechos, sino de adaptarlos a los tiempos actuales” y que los “derechos adquiridos no se tocan”, una línea discursiva que busca equilibrar pragmatismo político y resguardo simbólico del legado justicialista.

En sintonía, Jalil planteó que una reforma podría ser “una herramienta para promover la inversión y el empleo”, sumándose a un grupo de mandatarios que ven en el debate una oportunidad para atraer capital y reactivar economías provinciales golpeadas.

El respaldo también se extiende a gobernadores de otras fuerzas políticas. El radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) valoró el “cambio de actitud del Gobierno tras las elecciones” y se comprometió a trabajar “en unidad para sacar el país adelante”, siempre que las reformas “sirvan para impulsar la producción y formalizar el empleo”.

Su correligionario cordobés, Martín Llaryora, reclamó que el nuevo clima de diálogo “incluya a los gobernadores, la industria y las instituciones representativas del trabajo y la producción”, advirtiendo sobre los riesgos de un debate cerrado entre tecnócratas y despachos nacionales.

Entre los apoyos previsibles también figuran el sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) y el salteño Gustavo Sáenz (Identidad Salteña), quienes manifestaron su disposición a acompañar los proyectos del Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad y la competitividad regional.

El mapa político que se configura anticipa un Congreso favorable al oficialismo, especialmente tras la renovación legislativa del 10 de diciembre, que dejará a las fuerzas opositoras tradicionales con menor representación sindical. En la nueva composición, el bloque gremial se reduce a figuras como Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (docentes), Vanesa Siley (judiciales) y el ingreso de Hugo Moyano (h.), abogado del sindicato de Camioneros. La izquierda, en tanto, perdió una banca, acentuando el desequilibrio.

La reforma laboral que promueve el Gobierno de Milei abre un debate que excede el plano técnico y toca el núcleo del modelo de relaciones laborales argentino. Mientras el sindicalismo resiste y los gobernadores miden costos y beneficios, el oficialismo aprovecha su nuevo peso parlamentario y un contexto económico adverso para instalar la idea de “modernización” como sinónimo de competitividad.

Pero más allá de los discursos, el desafío político será definir si esa modernización implica una actualización equilibrada de derechos o una reconfiguración estructural del trabajo que modifique la relación histórica entre el capital y el movimiento obrero.