El gremio suspendió las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes en 27 aeropuertos, luego de que la Secretaría de Trabajo intimara a garantizar el 75% de los servicios. Si no hay acuerdo en la audiencia laboral, el sindicato advirtió que retomará la protesta desde el lunes 7 de septiembre.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían previsto para este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país. La conducción del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, aguarda ahora una audiencia con la Secretaría de Trabajo para definir cómo se aplicarán los servicios mínimos establecidos para la actividad aeronáutica.

La decisión se produjo después de que el Gobierno nacional intimara a ATE a garantizar el 75% de la prestación durante una eventual medida de fuerza. La notificación fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que reclamó el cumplimiento del régimen vigente para los servicios considerados esenciales.

Aguiar confirmó la suspensión y sostuvo que el sindicato actuó para facilitar una instancia de negociación. “Nadie nos puede acusar de ser irrazonables”, afirmó, al señalar que ATE siempre contempló la prestación de servicios esenciales. Según el dirigente, la audiencia permitirá establecer de común acuerdo los alcances de la esencialidad y la modalidad de la protesta.

El conflicto tiene como origen los reclamos de los trabajadores de ANAC por el cumplimiento de acuerdos paritarios y mejoras en las condiciones laborales. La medida inicialmente anunciada contemplaba asambleas durante dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en los aeropuertos alcanzados.

Durante esas jornadas, ATE había previsto garantizar únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales. El gremio había advertido que eventuales demoras o cancelaciones no serían responsabilidad de los trabajadores y cuestionó al Gobierno por no haber respondido a sus demandas pese a la anticipación con que fueron comunicadas.

La intimación oficial se apoyó en las disposiciones de la denominada Ley de Modernización Laboral, que fija un piso del 75% para determinados servicios considerados esenciales durante una huelga. Entre ellos figura el transporte aéreo y la actividad aeronáutica, además de otras prestaciones vinculadas con salud, saneamiento, telecomunicaciones, recolección de residuos, servicios portuarios y seguridad.

ATE sostiene, en cambio, que el derecho de huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que históricamente garantizó prestaciones mínimas para evitar riesgos sobre la vida, la salud y la seguridad. Aguiar reclamó una audiencia urgente para acordar con las autoridades la modalidad de la protesta y cuestionó que el Gobierno invoque la esencialidad principalmente cuando los trabajadores realizan medidas de fuerza.

La tregua será, por ahora, de corto alcance. Si la audiencia no se concreta o fracasa la instancia de diálogo, ATE anunció que retomará las medidas desde el lunes 7 de septiembre, con nuevas asambleas en los aeropuertos. La negociación laboral será entonces determinante para evitar que el conflicto vuelva a impactar sobre la programación de vuelos en todo el país.

El mercado automotor argentino profundizó su retroceso en agosto, mientras el de motocicletas volvió a marcar un fuerte crecimiento. La diferencia entre ambos registros expone un cambio en las decisiones de los hogares: los vehículos de mayor precio pierden compradores, mientras las motos ganan terreno por su menor costo, las posibilidades de financiación y su utilidad para trasladarse y generar ingresos.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante agosto se patentaron 44.415 autos, un 19,1% menos que en igual mes de 2025. Fue el quinto descenso interanual consecutivo y llevó la caída acumulada entre enero y agosto al 13,3%.

La contracción alcanzó a todas las categorías. Los patentamientos de automóviles retrocedieron 18,6%, los comerciales livianos 21,1% y los camiones 25,6%. Al mismo tiempo, los vehículos importados ampliaron su participación y ya representan el 70% de las unidades patentadas.

El avance de las importaciones coincide con una menor utilización de las plantas automotrices nacionales. En junio, la capacidad instalada de la industria cayó al 45,5%, un indicador que refleja el menor aprovechamiento de las instalaciones fabriles. Entre las marcas que ganan participación aparece la china BYD, que escaló hasta el noveno puesto del ranking de ventas, aunque todavía con un volumen reducido respecto de los principales fabricantes.

El comportamiento de las motos fue diametralmente distinto. En agosto se patentaron 73.566 unidades, un 34,2% más que durante el mismo mes del año pasado. El acumulado de los primeros ocho meses alcanzó 586.650 motocicletas, con una expansión interanual del 41,2%.

El crecimiento no responde solamente a una decisión de consumo. Las concesionarias vinculan buena parte de la demanda con el reparto mediante aplicaciones, que convirtió a las motos de baja cilindrada en una herramienta para obtener ingresos. A esto se suma el costo del transporte público, que lleva a algunos trabajadores a optar por financiar un vehículo propio para reducir el gasto cotidiano en movilidad.

La diferencia productiva también es significativa. Mientras el mercado automotor incrementó su dependencia de unidades importadas, menos del 4% de las motos comercializadas proviene del exterior, según los datos consignados para agosto. La expansión de las dos ruedas, por lo tanto, mantiene una fuerte vinculación con la fabricación nacional.

El contraste entre ambos mercados ofrece una fotografía de las prioridades de consumo de los hogares argentinos. El automóvil, con un costo de acceso y mantenimiento considerablemente mayor, encuentra mayores dificultades para sostener su demanda; la motocicleta, en cambio, combina una inversión inicial más baja, menores gastos de uso y una utilidad creciente para el trabajo y el traslado diario.

Más que una simple diferencia estadística, los patentamientos muestran cómo la movilidad se adapta a una economía en la que el precio de los bienes, el costo del transporte y la necesidad de generar ingresos pesan cada vez más en las decisiones de compra.

Los senadores nacionales tendrán un nuevo aumento en sus dietas y pasarán a percibir $13.115.760 brutos mensuales a partir de enero de 2027, cuando cobren la remuneración correspondiente a diciembre. La suba surge del acuerdo salarial alcanzado entre los gremios que representan al personal del Congreso y las autoridades de ambas cámaras.

La remuneración bruta actual de los integrantes de la Cámara alta ronda los $12,26 millones, por lo que la actualización representa unos $856.000 adicionales por mes. El incremento no fue definido mediante una nueva votación específica sobre las dietas, sino que deriva del mecanismo que desde 2024 vincula los ingresos de los legisladores con la evolución salarial del personal legislativo.

El último acuerdo paritario, firmado por UPCN, ATE y la Asociación del Personal Legislativo (APL), estableció cuatro aumentos consecutivos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. La recomposición acumulada alcanza aproximadamente el 6,98%.

Cómo funciona el mecanismo

El denominado “enganche” fue establecido por el Senado en abril de 2024. La resolución 8/24 determinó que cada senador recibe una estructura de 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, además de un aguinaldo, conocido como “dieta 13”.

Con la nueva actualización, el valor del módulo llegará a $3.278,94. De ese modo, las variaciones negociadas para los empleados del Congreso repercuten sobre las remuneraciones de los legisladores sin necesidad de establecer una actualización independiente para las dietas.

El nuevo incremento se suma al acuerdo anterior, que había dispuesto una mejora acumulada del 6,64% entre junio, julio y agosto. La sucesión de aumentos volvió a colocar bajo discusión el sistema de actualización automática.

El mecanismo ya había generado cuestionamientos dentro del propio ámbito político. Algunos legisladores habían anticipado su decisión de no aceptar las subas derivadas del “enganche”, una posición que vuelve a cobrar relevancia cada vez que una negociación salarial del Congreso modifica el valor de los módulos.