La producción textil cayó 15,9% interanual en junio y acumuló una contracción del 24,4% en el primer semestre de 2026. Desde diciembre de 2023 desaparecieron 26.851 puestos formales y 750 establecimientos, mientras las fábricas operan al 46,6% de su capacidad.

El deterioro también se refleja en la estructura laboral. En mayo, el complejo que comprende textiles, confección, cuero y calzado registró 93.952 trabajadores formales, 1.229 menos que en abril y 16.244 por debajo del nivel de un año atrás. Desde diciembre de 2023, la reducción acumulada llega a 26.851 empleos registrados.

La contracción productiva tuvo además un correlato empresarial: durante el mismo período dejaron de operar 750 establecimientos vinculados con la cadena, un promedio cercano a 30 cierres mensuales. La pérdida no se limita, por lo tanto, a puestos laborales sino también a unidades productivas y capacidad instalada.

Ese último indicador exhibe otra de las dimensiones de la crisis. En junio, las fábricas textiles utilizaron apenas 46,6% de su capacidad, casi 13 puntos porcentuales por debajo del promedio de la industria manufacturera, que alcanzó el 59,1%. FITA sostiene que el deterioro dejó de responder a fluctuaciones transitorias y comenzó a afectar la capacidad de producción del entramado fabril.

Luis Tendlarz, presidente de la federación, advirtió que la industria lleva más de dos años atravesando una reducción sostenida de producción, empleo, empresas e inversión. Según explicó, el cierre de una fábrica supone además la pérdida de una capacidad productiva cuya recuperación puede demandar años.

La evolución de las plantas permite dimensionar ese proceso. Durante 2023, las fábricas textiles operaban habitualmente entre el 50% y el 60% de su capacidad; desde 2024, el indicador pasó a ubicarse generalmente entre el 30% y el 50%, con registros cercanos al 30% hacia fines de 2025.

El frente externo presenta señales contrapuestas. En junio, las importaciones de productos textiles disminuyeron 45,6% en volumen, mientras las exportaciones crecieron 56,5% en cantidades y 46% en valor. FITA, sin embargo, señala que la mejora exportadora se concentra principalmente en hilados y resulta insuficiente para compensar la debilidad del mercado doméstico.

A la vez, el ingreso de prendas terminadas mantiene una presión creciente sobre los fabricantes locales. Durante el primer semestre, las importaciones de indumentaria aumentaron 60,1%, en un período caracterizado por un consumo interno todavía retraído.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines rechazó por insuficiente la última propuesta empresaria y decidió iniciar asambleas informativas en establecimientos de todo el país. La Secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre.

La paritaria vitivinícola volvió a quedar sin acuerdo y abrió una nueva instancia de presión sindical. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta de las cámaras empresarias, la calificó de insuficiente y resolvió llevar la discusión directamente a las bodegas mediante asambleas informativas.

La medida afecta a los sindicatos de la Federación en todo el país y tiene como fin informar a los trabajadores sobre el avance de las paritarias. Las entidades tendrán que notificar con anticipación los lugares, las fechas y los horarios donde se realizarán las asambleas.

La falta de acuerdo se debe a la gran diferencia entre lo que piden los empleados y lo que ofrece la patronal. Desde el sindicato, FOEVA rechazó que la crisis de los pequeños establecimientos sea una excusa para negar un aumento salarial que corresponde a todos los trabajadores de la actividad.

“Los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”, sostuvo Romero, vocero de la Federación, al expresar el malestar de la representación gremial.

Según los datos difundidos por la organización, un trabajador de bodega percibe actualmente entre $900.000 y $950.000, mientras que el promedio para quienes se desempeñan en viña ronda los $750.000. Para el sindicato, esos ingresos deben ser analizados frente al costo de vida y no exclusivamente desde las dificultades financieras que atraviesan determinadas empresas.

La discusión salarial también expuso diferencias respecto de la estructura económica de la industria. FOEVA cuestionó la concentración creciente del negocio vitivinícola y advirtió que las dificultades de establecimientos pequeños no deberían convertirse en un argumento para trasladar el ajuste sobre los trabajadores de compañías de distinta escala.

El gremio sostiene que quienes producen y sostienen diariamente la cadena vitivinícola no pueden quedar relegados en la distribución de los ingresos. “Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, planteó Romero.

La próxima instancia formal quedó fijada para el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a un nuevo cuarto intermedio. El objetivo será permitir que empresarios y representantes sindicales evalúen internamente la propuesta y lleguen a esa audiencia con posiciones definidas.

Mientras tanto, las asambleas funcionarán como una herramienta para mantener informadas a las bases y medir el nivel de respaldo a las próximas decisiones de la Federación. El sindicato busca evitar que la negociación quede reducida a una discusión porcentual y pretende incorporar al debate las condiciones concretas de quienes trabajan en bodegas y viñedos.

La pulseada salarial adquiere especial relevancia para una cadena productiva con fuerte presencia en provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la elaboración de vino y de las tareas agrícolas asociadas.

El nuevo cuarto intermedio será, por lo tanto, una instancia decisiva para intentar destrabar una negociación que comenzó a trasladarse de la mesa paritaria hacia los establecimientos. Si no aparece una mejora sustancial en la propuesta, FOEVA ya dejó planteada una primera señal de endurecimiento: la discusión salarial comenzará a ganar presencia en las propias bodegas y viñedos.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó las iniciativas que comenzaron a debatirse en el Congreso después de la crisis provocada por el fentanilo adulterado. Marcelo Peretta sostuvo que la trazabilidad y la farmacovigilancia ya están contempladas por la legislación argentina y reclamó que se garantice su cumplimiento efectivo.

La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre los controles que deben atravesar los medicamentos antes de llegar a los pacientes. Sin embargo, desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionaron que la respuesta parlamentaria vuelva a concentrarse en crear o modificar normas cuando, según advierten, los principales mecanismos de vigilancia ya están contemplados por la legislación vigente.

El titular del gremio, Marcelo Peretta, calificó de oportunista el impulso de nuevas iniciativas después de la crisis sanitaria y sostuvo que el problema central radica en la falta de aplicación efectiva de los controles. “La trazabilidad es una ley, la farmacovigilancia es una ley en la Argentina, pero no se cumple”, afirmó.

La discusión parlamentaria cobró fuerza después de la investigación por los lotes de fentanilo adulterado vinculados con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El expediente judicial avanzó sobre las responsabilidades de funcionarios y responsables de los controles regulatorios, mientras familiares de las víctimas y especialistas reclamaron revisar el sistema de fiscalización.

En ese marco comenzaron a circular cuatro proyectos destinados a establecer o reforzar mecanismos de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos. Dos habían sido presentados en 2025, por Silvana Giudici y Pablo Juliano, y otros dos durante este año, impulsados por Marcela Pagano y Victoria Tolosa Paz.

Las iniciativas fueron incorporadas al debate de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es fortalecer la capacidad de seguimiento de medicamentos considerados críticos, desde su elaboración hasta su utilización.

Para Peretta, esa discusión debería comenzar por otra pregunta: por qué los instrumentos existentes no funcionaron. Explicó que la trazabilidad debería permitir reconstruir todo el recorrido del producto, desde la elaboración y sus componentes hasta los distintos eslabones de distribución y la entrega al paciente.

A esa herramienta se suma la farmacovigilancia, destinada a detectar y comunicar reacciones adversas, efectos inesperados y otros problemas que puedan aparecer después del consumo. El dirigente sostuvo que ambos mecanismos requieren aplicación cotidiana y no solamente respuestas excepcionales frente a una tragedia.

“La farmacovigilancia tampoco se cumple”, cuestionó Peretta, quien consideró que una detección temprana de síntomas o reacciones vinculadas con el producto podría haber permitido advertir antes sobre la existencia de un problema.

La causa por el fentanilo adulterado convirtió esa discusión en una cuestión de máxima gravedad. La investigación judicial atribuyó responsabilidad, en esta etapa, a exfuncionarias vinculadas con los organismos regulatorios, mientras el Congreso elaboró un informe con recomendaciones surgidas de la investigación parlamentaria y de los testimonios de familiares, especialistas y entidades involucradas.

Peretta reclamó además una revisión profunda del funcionamiento de la ANMAT y sostuvo que la fiscalización de los establecimientos productores y de toda la cadena de comercialización debe ser permanente. En su diagnóstico, agregar disposiciones sin garantizar los controles existentes puede generar una apariencia de respuesta institucional sin resolver las fallas que permitieron que el producto contaminado llegara a los pacientes.