La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.

La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.

Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.

Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.

La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.

En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.

La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, cuestionó la retención de servicios de la UTA y afirmó que la Provincia no fue notificada previamente. Anticipó sanciones económicas a las empresas cuyos servicios hayan sido afectados y ordenó controlar la restitución de los recorridos habituales.

Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas”, afirmó el funcionario, al precisar que la eventual penalización recaerá sobre las compañías responsables de la prestación.

Las inspecciones realizadas durante las primeras horas permitieron constatar, según informó Molina, que la mayoría de las unidades permaneció en los galpones, mientras que solo se registró la circulación ocasional de colectivos en algunas líneas. La interrupción afectó tanto recorridos urbanos como interurbanos y complicó el traslado de pasajeros hacia sus lugares de trabajo y establecimientos educativos.

El sindicato promovió la acción gremial debido al retraso en la liquidación del ajuste salarial reclamado por el personal. Ante lo que consideran un incumplimiento de los compromisos de pago por parte de las patronales, los conductores iniciaron un cese temporal de tareas hasta que se oficialice una solución.

La Provincia, sin embargo, separó el reclamo salarial de las obligaciones vinculadas con la prestación del transporte público. Molina sostuvo que el Gobierno auditará el cumplimiento de los recorridos y verificará la restitución progresiva de los diagramas habituales.

El funcionario también reconoció el malestar generado entre los usuarios por la interrupción del servicio. “La gente con toda razón está molesta, fue una medida intempestiva sin comunicación oficial”, precisó.

Miles de usuarios quedaron afectados este miércoles en San Juan por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que comenzó durante la madrugada en reclamo por la demora en el pago de un aumento salarial acordado para los trabajadores del transporte.

La protesta alcanza a servicios urbanos e interurbanos y se instrumenta mediante retenciones en distintos momentos de la jornada. Por ese motivo, la circulación de colectivos no quedó suspendida de manera permanente, aunque la salida de unidades se vio interrumpida en diferentes empresas y franjas horarias.

La demanda está concentrada en la acreditación del incremento salarial que los trabajadores consideran ya acordado. Los choferes sostienen que fueron informados en reiteradas oportunidades sobre fechas de pago que finalmente no se cumplieron.

En la empresa El Triunfo, uno de los delegados de la UTA, expresó el malestar de los conductores y cuestionó la modalidad con la que, según afirmó, se vienen cancelando los compromisos salariales. “Ya van muchas veces que nos vienen y nos dicen ‘sí, salgamos y ya le vamos a pagar’, y te la pagan en dos o tres cuotas”, señaló.

La falta de una respuesta concreta llevó a los trabajadores a resolver la interrupción del servicio hasta obtener certezas sobre la cancelación del incremento. En algunos casos, las unidades directamente no fueron retiradas de las bases durante las primeras horas del día.

El gremio aguardaba una convocatoria que permitiera reunir a representantes de las empresas y autoridades para encontrar una salida. Hasta el momento, los trabajadores aseguraban no haber recibido una propuesta formal que permitiera levantar las retenciones.

La UTA dejó abierta la posibilidad de prolongar la protesta si el pago reclamado no se concreta. La continuidad del servicio, por lo tanto, quedó atada a la evolución de las negociaciones y a la acreditación efectiva de las sumas adeudadas.