La UTA, las empresas nucleadas en ATAP y funcionarios provinciales acordaron el restablecimiento inmediato de los servicios de corta y media distancia tras una audiencia que se extendió durante más de siete horas. La decisión se produjo el mismo día en que la Justicia había ordenado levantar la medida de fuerza.

Los colectivos de corta y media distancia volverán a circular de inmediato en San Juan, luego de una extensa reunión entre dirigentes de la UTA, empresarios nucleados en ATAP y funcionarios provinciales que se prolongó durante más de siete horas en la Subsecretaría de Trabajo.

El restablecimiento fue confirmado al término del encuentro por Ricardo Salvá, representante de ATAP, quien señaló que las partes acordaron priorizar la recuperación del servicio para los usuarios de toda la provincia.

La definición llegó después de una jornada marcada por la intervención de la Justicia. Cerca de las 13, el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó levantar la medida de fuerza que mantenían los choferes.

La resolución judicial dispuso la restitución del transporte público, aunque su cumplimiento efectivo quedó condicionado a las notificaciones correspondientes y a las instancias de negociación que se desarrollaban en paralelo. Finalmente, el acuerdo alcanzado en Trabajo permitió concretar el regreso de las unidades a las calles.

El conflicto se había iniciado durante las primeras horas del miércoles, cuando la UTA dispuso retenciones de servicio en reclamo por el cumplimiento de las condiciones salariales acordadas con anterioridad. La medida afectó tanto recorridos urbanos como servicios interurbanos y dejó a miles de usuarios sin una prestación regular durante más de un día.

La intervención de la Subsecretaría de Trabajo permitió concentrar la negociación entre las partes involucradas, mientras las autoridades provinciales procuraban garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el traslado cotidiano de trabajadores, estudiantes y usuarios.

“Se priorizó que el servicio vuelva a funcionar de manera normal para todos los sanjuaninos”, sostuvo Salvá al confirmar el resultado de la audiencia.

Con la decisión adoptada en la mesa laboral, la protesta queda formalmente superada y el transporte comienza a recuperar su funcionamiento habitual. El reclamo salarial que originó la medida, sin embargo, permanece vinculado a las negociaciones entre los trabajadores y las empresas, que deberán continuar por los canales institucionales correspondientes.

El desenlace pone fin a una interrupción que alteró durante más de 30 horas la movilidad provincial y que obligó a la intervención sucesiva de Trabajo, la Justicia, la UTA y las empresas concesionarias. El objetivo inmediato pasa ahora por recuperar la regularidad de las frecuencias y normalizar progresivamente el servicio en toda la RedTulum.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una nueva reducción de los subsidios energéticos que, según una estimación de Economía y Energía, podría elevar 26% la factura de los hogares que todavía reciben asistencia, 19% la de los comercios y 9% la de los usuarios residenciales sin subsidio del AMBA. El ajuste se produce mientras crecen las tarifas, persisten cortes de electricidad y el Gobierno avanza con la privatización de empresas y activos públicos.

El impacto sería desigual según el tipo de usuario. Para los hogares subsidiados, el incremento estimado alcanza el 26%; para los comercios, el 19%, mientras que los usuarios residenciales sin subsidio del Área Metropolitana de Buenos Aires afrontarían una suba cercana al 9%.

En los ejemplos elaborados por la consultora, una factura residencial subsidiada, impuestos incluidos, pasaría de $26.986 a $34.020 mensuales. Para un hogar sin asistencia, el monto subiría de $49.097 a $53.733. La mayor variación porcentual recaería así sobre quienes todavía dependen de la compensación estatal para reducir el costo de la energía.

El nuevo ajuste se incorpora a una trayectoria de fuerte encarecimiento de los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el Conicet, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 la canasta de servicios del AMBA —que incluye electricidad y gas sin subsidios, agua y transporte— aumentó 867%, frente a una inflación estimada del 254%.

Dentro de esa canasta, el gas acumuló un incremento del 1.639%, el transporte 1.479%, el agua 538% y la electricidad 388%. En septiembre, el costo mensual de esos servicios alcanzó $268.405, equivalente al 13,3% del salario promedio registrado.

Para 2027, el IIEP proyecta además una reducción de las partidas seleccionadas destinadas a subsidiar energía y transporte, desde unos US$5.200 millones hasta US$4.400 millones. En el caso de la energía eléctrica, las transferencias a Cammesa podrían disminuir alrededor de 45%.

La política de reducción de subsidios tuvo, sin embargo, modificaciones durante 2026. El incremento del costo energético asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó al Gobierno a mantener algunas bonificaciones para contener el traslado a las tarifas. Entre enero y agosto, los subsidios energéticos alcanzaron US$3.254 millones, un 40% más que durante el mismo período del año anterior.

En octubre también se prorrogó la bonificación general del 50% sobre el gas, cuyo retiro estaba previsto originalmente. Esa decisión contribuyó a moderar el impacto tarifario inmediato: los aumentos promedio fueron de 1,64% en electricidad y 2,24% en gas, en línea con la inflación de agosto.

Cortes, infraestructura y falta de inversión

El aumento de las tarifas convive con problemas de infraestructura que mantienen bajo presión al sistema eléctrico. Hace dos semanas, un apagón afectó a unos 800.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, mientras que semanas antes un incendio en una central de Tolosa dejó sin servicio a unos 65.000 usuarios de La Plata. En ese último caso, el organismo regulador bonaerense ordenó a Edelap compensar a los afectados.

El Gobierno prorrogó hasta diciembre de 2027 la emergencia energética y apuesta a que una mayor participación privada acelere las inversiones necesarias. Entre los proyectos anunciados figuran sistemas de almacenamiento mediante baterías para atender los picos de consumo, con una inversión estimada de US$650 millones en el AMBA, además de 16 obras prioritarias de transporte eléctrico por unos US$6.600 millones.

Los problemas no se limitan a la electricidad. En las últimas semanas, restricciones de suministro de gas afectaron a agroindustrias tucumanas, que denunciaron recortes de hasta el 50% en el abastecimiento. Empresas citrícolas señalaron que debieron recurrir a gas más caro y atribuyeron parte de las dificultades a la falta de capacidad de transporte desde Neuquén y a la demora en obras vinculadas con el Gasoducto Norte.

Privatizaciones en marcha

La reducción de subsidios forma parte de una transformación más amplia del esquema de servicios públicos. Después de la venta de Transener, el Gobierno avanza con nuevas concesiones de represas hidroeléctricas y con la venta de centrales térmicas de Enarsa.
El caso más reciente es AySA, cuyo 90% accionario quedó adjudicado a un consorcio integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento —del Grupo Equipav— y el vehículo PHX Aqua. El grupo ofreció US$340,2 millones, por encima de la propuesta del Grupo Roggio, y asumirá la operación de la compañía que abastece a unos 14 millones de personas.

El contrato establece una inversión mínima de US$2.000 millones durante cinco años, con ajustes tarifarios vinculados con costos y metas de calidad. La tarifa social no se modifica, aunque el pliego no garantiza la continuidad de la totalidad de los puestos laborales. La dotación de AySA ya se redujo de 7.700 a 5.890 trabajadores y el nuevo operador tendrá margen para reorganizar la plantilla.

La transición hacia un nuevo modelo de servicios públicos está definida por una ecuación compleja: menos subsidios, tarifas al alza, mayor protagonismo privado y una red eléctrica que aún muestra signos de vulnerabilidad. El objetivo oficial es claro: sanear las cuentas públicas transfiriendo la gestión al mercado. No obstante, la contraofensiva se siente en la economía real, donde las facturas representan una carga cada vez más pesada para ciudadanos y comercios.

El Primer Juzgado Civil, a cargo de Héctor Rollán, hizo lugar al amparo presentado por la Fiscalía de Estado y dictó una medida cautelar innovativa. UTA, ATAP y las empresas concesionarias deberán levantar las retenciones y garantizar la prestación normal y continua de todas las líneas una vez notificadas.

La orden establece que las partes deberán garantizar la prestación normal, habitual, regular y continua de todas las líneas de transporte automotor de pasajeros de la provincia, respetando los diagramas horarios establecidos. También exige poner a disposición de manera inmediata las unidades y la infraestructura necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la resolución y explicó que desde el organismo comenzaron a diligenciar las notificaciones correspondientes. La restitución efectiva del servicio comenzará a regir una vez que UTA, ATAP y las compañías involucradas sean notificadas judicialmente.

El argumento del Gobierno

La Fiscalía de Estado fundamentó el amparo en la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los usuarios. El planteo sostuvo que la interrupción prolongada del transporte afecta el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la circulación, además del derecho a utilizar el servicio público.

La intervención judicial se produjo después de más de 30 horas de interrupción del transporte, en medio de una disputa salarial entre los choferes y las empresas. La UTA sostiene que existen diferencias en el pago de las recomposiciones salariales acordadas a nivel nacional, mientras ATAP argumenta que las compañías atraviesan restricciones económicas que limitan su capacidad para afrontar los montos reclamados.

El dictamen judicial no modifica esa discusión de fondo, pero impone una condición concreta para su continuidad: el transporte debe volver a funcionar mientras las partes resuelven sus diferencias por las vías administrativas, laborales y judiciales correspondientes.

El fallo contempla además apercibimientos y eventuales sanciones frente a un incumplimiento de la medida cautelar. De este modo, el conflicto por los salarios y la situación económica del transporte ingresa en una nueva instancia, ahora bajo una orden judicial que obliga a garantizar la continuidad del servicio público.