La Federación de Remiseros (FAREM) respaldó el proyecto de ley impulsado por el diputado provincial y secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, que busca reforzar la regulación de taxis y remises frente al avance de plataformas como Uber, Didi y Cabify. Sindicatos y empresarios cuestionan la iniciativa oficial por habilitar la precarización laboral y la competencia desleal.

La Legislatura de San Juan se convirtió en escenario de un fuerte debate luego de la presentación de un proyecto de ley oficial para “modernizar y transparentar” el transporte de pasajeros. La iniciativa, que abre la puerta a la llegada de plataformas internacionales como Uber, Didi o Cabify, fue duramente rechazada por gremios y empresarios del sector, que advierten sobre la amenaza a miles de puestos de trabajo y el riesgo de consolidar un esquema de competencia desigual.

En este contexto, el diputado provincial y secretario general de la CGT regional, Eduardo Cabello, presentó un proyecto alternativo que, según explicó, busca proteger la actividad tradicional de taxis y remises, garantizando condiciones laborales y reglas claras. “Es una ley hecha a espaldas de los trabajadores y empresarios. El problema no es normativo, ya tenemos la Ley 814-A que regula el transporte, sino de control. Lo que hace falta es que el Estado aplique lo que ya existe”, sostuvo Cabello.

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta oficial es la habilitación de aplicaciones internacionales para operar en San Juan. Cabello cuestionó que, mientras taxis y remises cumplen con seguros, revisiones técnicas e impuestos, las plataformas “trabajan sin controles ni obligaciones”, lo que genera “precarización laboral y competencia desleal”, además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

El legislador también alertó que el texto “borra del mapa” a las agencias de remises con décadas de trayectoria en la provincia y omite regular fenómenos ya existentes, como el transporte en moto. Además, señaló que la iniciativa abre la puerta a la concentración del negocio en pocas manos y otorga al Ejecutivo una discrecionalidad excesiva en la reglamentación de artículos clave.

El rechazo al proyecto oficial encontró eco inmediato en la Federación de Remiseros (FAREM). Su secretario general, Alejandro Poli, destacó que la organización acompañará la propuesta de Cabello: “Es una ley que nos permitiría defender la actividad de los remiseros en su conjunto y que fue presentada mucho antes que la del gobierno”. Poli advirtió que “las aplicaciones son, en la práctica, una forma de agencia de remis y deben cumplir con los mismos requisitos: habilitar un local, registrar a sus trabajadores bajo convenio, estar dentro de la seguridad social y respetar las leyes de transporte de San Juan”.

El arco de oposición incluye a taxistas, remiseros, agencias, camioneros, combis escolares, peones de taxi, CAPE, ATAP y la propia CGT Regional San Juan, todos alineados en rechazar la propuesta oficial por considerarla un aval a la informalidad y un retroceso en derechos laborales.

“Lo que el Gobierno llama modernización, en realidad es un aval a la informalidad”, concluyó Cabello, advirtiendo que gremios y organizaciones del transporte intensificarán sus reclamos para frenar la iniciativa en el recinto legislativo.

El proyecto alternativo de Eduardo Cabello, respaldado por la FAREM y una amplia red sindical y empresarial, refleja el rechazo al avance de las aplicaciones internacionales en el transporte de pasajeros en San Juan. Para los actores del sector, la regulación vigente debe cumplirse y no reemplazarse por una norma que habilite mayor precarización y competencia desleal. El debate recién comienza, pero la correlación de fuerzas anticipa que el oficialismo tendrá un camino complejo si pretende imponer su iniciativa.

La Cámara de Diputados reunió los dos tercios necesarios para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, desoyendo el veto del presidente Javier Milei. Con 174 votos afirmativos, la oposición alcanzó la mayoría especial de dos tercios y le propinó un nuevo revés al Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión social y presupuestaria.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, celebró el resultado y lo calificó como un “día histórico”. En un comunicado, el gremio remarcó que la decisión de los legisladores reflejó la voluntad popular expresada en la “marcha federal multitudinaria” en defensa de la educación pública realizada días atrás.

“El financiamiento universitario es clave no solo para garantizar el funcionamiento de las instituciones, que hoy atraviesan un ajuste inconmensurable, sino también para recomponer los salarios de sus trabajadores”, sostuvo la entidad.

Ricci, expresó que el triunfo en Diputados representa un paso fundamental, aunque advirtió que el proceso legislativo aún no terminó: “La lucha continúa. Ahora esperamos que el Senado insista con la Ley y rechace definitivamente el veto presidencial”.

El proyecto, impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), ya había sido aprobado por el Congreso, pero vetado por el Poder Ejecutivo. La decisión de Diputados no solo recompone las expectativas del sistema universitario, sino que también marca un quiebre en la agenda del Gobierno, que esta misma semana presentó el Presupuesto 2026 con fuertes recortes en educación y salud.

En paralelo, la ley de emergencia pediátrica también obtuvo la insistencia de la Cámara Baja, lo que extiende la pulseada política al Senado. Allí se definirá si los vetos de Milei son rechazados en forma definitiva, consolidando un triunfo opositor de amplio alcance.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados se transformó en un símbolo de resistencia frente al ajuste impulsado por Javier Milei. Para el movimiento universitario, la media sanción de insistencia no solo representa una conquista coyuntural, sino un respaldo social y político que trasciende las aulas. El Senado será el escenario decisivo, pero el mensaje ya quedó claro: la educación pública cuenta con una defensa activa que une a docentes, estudiantes y legisladores frente a los intentos de desfinanciarla.

El secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, describió el presente del sector como “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con fábricas paralizadas, caída en el empleo y un panorama que remite a los años noventa. Apuntó contra la apertura indiscriminada de importaciones, advirtió sobre un “efecto dominó” en todo el país y ratificó el compromiso sindical con la defensa de la industria nacional, la educación, la salud y los jubilados.

La voz de alerta resuena desde el corazón industrial cuyano. Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la provincia de San Juan, advirtió que el sector atraviesa “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con un nivel de actividad comparable al registrado durante la pandemia y una pérdida de empleos que, según datos gremiales, supera los 5.000 puestos en todo el país.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente explicó que las fábricas sanjuaninas están “estancadas” y que la situación se replica en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias con fuerte presencia metalúrgica. “Estamos en estado de alerta permanente. Cada cierre en una planta repercute en toda la cadena y genera un efecto dominó que tarde o temprano nos alcanza”, sostuvo.

La preocupación no es abstracta. En las últimas semanas, el cierre de una planta de motos en Campana dejó a 70 trabajadores en la calle; en el sector siderúrgico ya se contabilizan 350 despidos, y en Santa Fe una empresa metalúrgica bajó sus persianas con 120 empleados cesanteados. “La industria cuando no tiene trabajo no puede sostener el mismo nivel de empleo. Nosotros defendemos la cultura del trabajo, pero sabemos que sin producción no hay manera de mantener las fábricas abiertas”, subrayó Solazo.

El fantasma de los 90 y la importación indiscriminada

El dirigente comparó el escenario actual con los años noventa, cuando la apertura de las importaciones derivó en la reconversión forzada de numerosas industrias nacionales. “Muchos empresarios están dejando de producir para convertirse en importadores. Una fábrica que empleaba a cien trabajadores hoy se limita a importar piezas, ponerles una etiqueta y reducir la plantilla a veinte embolsadores. El resto son familias que quedan sin sustento”, graficó.

Solazo retomó una idea clásica del pensamiento industrialista: “Cuando exportamos materia prima sin procesarla, lo que estamos haciendo es generar empleo en otro país. Argentina tiene recursos y capacidad, pero sin una política de protección y desarrollo lo único que logramos es destruir nuestra propia base productiva”.

En este punto, el titular de la UOM San Juan reclamó un cambio de rumbo: “Antes de abrir de manera indiscriminada la importación, el Gobierno debería haber fortalecido a la industria local, promovido la competitividad y la innovación tecnológica. De lo contrario, el resultado es condenar a la industria nacional y a la mano de obra argentina”.

Más allá de la fábrica: derechos en riesgo

El diagnóstico de la UOM excede la cuestión industrial. Solazzo anunció que el gremio se sumará al “súper miércoles” de movilización convocado por la CGT, junto a organizaciones universitarias, médicas y científicas, en rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica. “Siempre vamos a estar del lado de la igualdad y la equidad. No queremos un país para unos pocos. No se puede vetar leyes que garantizan salud y futuro a una generación entera”, advirtió.

En la misma línea, defendió a la universidad pública y al Hospital Garrahan, al que calificó como “el mejor de Sudamérica”. “Son conquistas de décadas que no vamos a dejar caer. Cada derecho que costó lucha y sacrificio, lo vamos a defender. Siempre van a contar con la UOM, en San Juan y en todo el país”, enfatizó.

Un discurso presidencial bajo la lupa

Consultado sobre el mensaje que el presidente Javier Milei pronunció esta semana, en el que defendió su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”, Solazzo fue categórico: “Da pena escucharlo. Parece que hablara de otro país. Dice que los salarios están en 1.200 dólares, pero eso no existe en la realidad de los trabajadores. Estamos muy lejos de lo que describe”.

El sindicalista recordó que Milei ya había hecho la misma promesa hace un año. “En agosto pasado aseguró que lo peor había pasado. Hoy estamos peor que entonces. Cada vez que lo escuchamos repetir ese discurso sentimos que es una burla para quienes vivimos la crisis en la base. No hay señales de reactivación ni en la industria ni en el comercio”, afirmó.

Para el dirigente, la distancia entre el relato oficial y la vida cotidiana de los trabajadores erosiona la credibilidad política: “Cuando el presidente insiste en un diagnóstico que no coincide con lo que pasa en las fábricas, lo único que genera es desesperanza”.

La radiografía que traza la UOM San Juan refleja con nitidez el dilema que enfrenta la Argentina: una industria debilitada por la apertura indiscriminada de importaciones, despidos que se multiplican en todo el país y un Estado que no logra articular políticas de protección y desarrollo. A la vez, el sindicalismo se muestra dispuesto a dar la disputa no solo por los puestos de trabajo, sino también por la salud, la educación y los derechos sociales conquistados.

El contraste entre los discursos oficiales y la realidad que describen los trabajadores anticipa que la conflictividad laboral y social seguirá en aumento. El desenlace dependerá de la capacidad política de generar consensos que permitan reactivar la producción sin resignar soberanía ni justicia social.