El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que el paro nacional de docentes universitarios registró una elevada adhesión en San Juan, denunció el deterioro salarial acumulado desde fines de 2023 y sostuvo que el Gobierno nacional continúa sin cumplir las resoluciones judiciales que ordenan recomponer el financiamiento de las universidades públicas. Además, anticipó que el plan de lucha continuará durante el segundo semestre si no se reabren las negociaciones paritarias.

El conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la agenda nacional con un nuevo paro de docentes convocado por las federaciones universitarias, en coincidencia con una jornada de protesta del sistema educativo. En San Juan, la medida de fuerza alcanzó una amplia adhesión y reavivó el reclamo por la recomposición salarial, el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenan actualizar los recursos destinados al sistema.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que la convocatoria tuvo una respuesta contundente en la provincia. Explicó que en la Facultad de Filosofía el acatamiento alcanzó aproximadamente el 75 %, mientras que en los colegios preuniversitarios osciló entre el 75 y el 95 %. También señaló una importante participación de docentes de la Escuela de Ciencias de la Salud y de distintas cátedras de las facultades de Exactas y Arquitectura.

Para el dirigente gremial, la elevada adhesión refleja el profundo malestar existente entre los trabajadores de la educación. En ese sentido, sostuvo que el conflicto excede al ámbito universitario y forma parte de una política de ajuste que, según afirmó, alcanza a todos los niveles del sistema educativo. Por esa razón destacó la coordinación nacional entre las federaciones docentes universitarias y los gremios nucleados en CTERA.

Barcelona vinculó la protesta con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y con la insuficiente actualización presupuestaria de las universidades nacionales. Indicó que, desde diciembre de 2023, la pérdida frente a la inflación supera ampliamente el cien por ciento, mientras que la recomposición otorgada por el Gobierno apenas alcanzó el 21 % luego de las masivas movilizaciones universitarias.

A su entender, esa diferencia compromete tanto los ingresos de los trabajadores como el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios, ya que afecta la capacidad de afrontar gastos operativos, sostener proyectos académicos, desarrollar investigaciones y garantizar otras funciones esenciales del sistema universitario.

Frente a ese panorama, confirmó que el gremio comenzará una nueva etapa del plan de lucha durante el segundo semestre. En los próximos días, ADICUS debatirá en asamblea la postura que llevará al congreso de su federación nacional, donde se definirán las próximas medidas de fuerza. Entre las acciones previstas figuran nuevas jornadas de paro y la realización de clases públicas, una modalidad que buscará visibilizar el conflicto ante la sociedad sin interferir con las mesas de exámenes.

Según explicó, la intención es retomar esas actividades durante la segunda quincena de agosto, cuando todas las universidades hayan reiniciado plenamente el ciclo lectivo, y mantener la presión hasta que el Ejecutivo convoque a una nueva negociación salarial dentro de los plazos establecidos en el acta paritaria firmada en junio.

Barcelona también rechazó los cuestionamientos oficiales sobre el gasto universitario y defendió el rol de la educación superior para el desarrollo del país. Sostuvo que ninguna nación puede crecer sin un sistema universitario sólido y afirmó que las propias empresas demandan cada vez más profesionales formados en las universidades públicas.

A modo de ejemplo, advirtió sobre la alta demanda de ingenieros generada por la minería y advirtió que existe preocupación en el sector productivo por la futura disponibilidad de recursos humanos altamente calificados. En ese marco, insistió en que financiar la educación superior constituye una inversión indispensable para el crecimiento económico y no un gasto prescindible.

El titular de ADICUS también cuestionó la política económica del Gobierno nacional al considerar que el ajuste recae sobre los trabajadores mientras se reducen cargas tributarias para los sectores de mayores ingresos y para grandes exportadores. Desde su perspectiva, esa orientación explica buena parte del conflicto que atraviesan las universidades nacionales.

Respecto del diálogo institucional, Barcelona sostuvo que actualmente no existen canales de negociación abiertos con el Gobierno nacional y manifestó preocupación por la demora en la convocatoria a nuevas paritarias. No obstante, señaló que el acta firmada en junio establece que la próxima reunión deberá realizarse, como máximo, antes del 10 de septiembre, por lo que expresó su expectativa de que el Ejecutivo cumpla con ese compromiso y avance en una solución que permita recomponer salarios y garantizar el financiamiento del conjunto de instituciones académicas.

El conflicto docente universitario ingresa así en una nueva etapa, con medidas de fuerza ya anunciadas, reclamos judiciales aún pendientes de cumplimiento y una negociación salarial que aparece como la principal instancia para intentar descomprimir una disputa que, lejos de resolverse, amenaza con intensificarse durante el segundo semestre.

Los patentamientos de motovehículos volvieron a crecer en julio y llevaron el acumulado anual por encima de las 500.000 unidades, un volumen inédito para el período. La expansión coincide con el avance del trabajo en plataformas digitales, la pérdida de empleo formal y el aumento sostenido del costo del transporte público.

El mercado argentino de motos atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años. Durante julio se patentaron 71.217 unidades, cifra que representó un incremento del 30,4% respecto del mismo mes de 2025 y una mejora del 3,4% frente a junio, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó 511.986 motovehículos, superando por primera vez la barrera del medio millón de unidades. La marca implica un crecimiento del 41,9% en comparación con igual período del año pasado, cuando se habían patentado 360.709 motocicletas.

El comportamiento del mercado también mostró una mejora entre junio y julio. En apenas un mes se incorporaron 2.367 unidades adicionales, reflejando una demanda que mantiene una tendencia ascendente incluso después del fuerte crecimiento registrado durante el primer semestre.

Un vehículo cada vez más elegido para trabajar

Detrás de las cifras aparece un fenómeno que trasciende al mercado automotor. Las motos de baja cilindrada, que concentran los precios más accesibles, se consolidan como una alternativa para quienes buscan generar ingresos mediante las aplicaciones de reparto y mensajería o reducir el costo diario de movilidad.

El crecimiento de las ventas coincide con la retracción del empleo registrado y con la expansión del trabajo independiente vinculado a plataformas digitales. Para muchas personas, adquirir una motocicleta representa la posibilidad de acceder rápidamente a una fuente de ingresos o complementar su actividad laboral.

A esa tendencia se suma otro factor económico: el incremento sostenido de las tarifas del transporte público. En numerosos casos, el valor de la cuota para financiar una moto resulta comparable con el gasto mensual destinado a traslados, lo que fortalece la decisión de compra.

Cambios en el ranking de las marcas

El liderazgo del mercado continúa en manos de Honda, que en julio patentó 15.209 unidades. Detrás se ubicó Gilera, con 8.590, mientras que Motomel ascendió al tercer lugar con 8.186 vehículos registrados.

Las motocicletas más demandadas pertenecen al segmento económico y están orientadas principalmente al uso urbano. Su bajo costo de adquisición, el reducido consumo de combustible y el menor gasto de mantenimiento explican gran parte del dinamismo que exhibe el mercado.

Un fenómeno que refleja cambios en la economía

El crecimiento récord de los patentamientos no solo expresa una recuperación comercial del rubro, sino también transformaciones en los hábitos de movilidad y en el mercado laboral. La combinación de mayores costos de transporte, nuevas modalidades de empleo y búsqueda de alternativas de ingreso convirtió a la motocicleta en una herramienta cada vez más importante dentro de la economía cotidiana de miles de argentinos.

Con más de 500.000 unidades patentadas antes de finalizar julio, el mercado ya alcanzó un volumen histórico para el período y se encamina a cerrar 2026 con uno de los registros más altos de los últimos años.

El futuro del concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan continúa sin definiciones. En la última reunión de acuerdo, la Corte de Justicia decidió no tratar el expediente que determinará la continuidad o el cierre del proceso de selección iniciado en 2022, por lo que la resolución quedó nuevamente postergada.

La falta de una decisión adquiere especial relevancia porque el actual orden de mérito perderá vigencia a fines de agosto. Ese plazo reduce considerablemente el margen de acción del máximo tribunal, que deberá pronunciarse en los próximos días para establecer cómo se cubrirán las futuras vacantes dentro de la estructura judicial.

La expectativa se concentra ahora en la próxima reunión de los ministros, considerada decisiva para resolver un expediente que mantiene pendientes las aspiraciones laborales de cientos de personas.

Un listado próximo a vencer

El concurso convocado en 2022 reunió a 9.956 inscriptos, quienes atravesaron distintas instancias de evaluación destinadas a medir aptitudes técnicas y conocimientos específicos. Las pruebas incluyeron exámenes de mecanografía, ortografía y contenidos jurídicos.
Superadas todas las etapas, 541 postulantes conformaron el orden de mérito definitivo, herramienta utilizada desde entonces para cubrir las vacantes que fueron surgiendo en el Poder Judicial.

Sin embargo, una parte importante de quienes integran esa nómina todavía no accedió a un nombramiento y permanece a la espera de que se habiliten nuevos cargos.

Dos alternativas sobre la mesa

La resolución que adopte la Corte definirá el mecanismo de incorporación de personal para los próximos meses.

Si los ministros resuelven extender la vigencia del orden de mérito, las futuras vacantes continuarán adjudicándose entre quienes aprobaron el concurso de 2022, preservando la validez del listado vigente.

La otra posibilidad es declarar concluido el proceso de selección. En ese caso, el Poder Judicial deberá convocar a un nuevo concurso abierto, lo que obligará a iniciar nuevamente todo el procedimiento de inscripción, evaluación y confección de un nuevo orden de mérito para cubrir los cargos disponibles.

Cuenta regresiva

Con el vencimiento previsto para fines de agosto, el tiempo comenzó a jugar un papel determinante. Cada semana sin resolución reduce el margen para definir el futuro del concurso y prolonga la incertidumbre de quienes aprobaron todas las evaluaciones hace casi cuatro años.

La próxima reunión de acuerdo aparece, así, como un momento determinante. De esa decisión dependerá si el listado elaborado en 2022 mantiene su vigencia o si el Poder Judicial inicia una nueva convocatoria para incorporar personal, cerrando definitivamente un proceso que todavía mantiene expectativas abiertas para más de medio millar de aspirantes.