El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el sector universitario atraviesa una situación “crítica” marcada por la pérdida de poder adquisitivo, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la ley de financiamiento. Las federaciones docentes y no docentes preparan un plan de lucha con paros progresivos y una nueva marcha universitaria federal.

El conflicto salarial en las universidades públicas vuelve a escalar y amenaza con intensificarse durante las próximas semanas. Frente a la ausencia de negociaciones paritarias y a lo que consideran un incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, gremios docentes y no docentes anunciaron un plan de lucha que incluirá paros progresivos, clases públicas y una nueva movilización federal en defensa del sistema universitario.

En ese contexto, Barcelona describió un contexto de fricción progresiva  entre el sector universitario y el Gobierno nacional. Según explicó, la decisión de avanzar con medidas de fuerza responde a la falta de respuestas oficiales frente a un deterioro salarial que, aseguran, se profundiza mes a mes.

“El principal problema que tenemos hoy es que el Gobierno no está aplicando la ley de financiamiento universitario ni convoca a paritarias. Lo único que propone es un aumento del 12,3% pagado en cuotas, lo que está muy lejos de compensar la pérdida salarial acumulada”, sostuvo el dirigente.

Paros escalonados y presión sindical

El plan de lucha acordado por las federaciones universitarias contempla una estrategia de presión progresiva. Según adelantó Barcelona, se realizarán semanas de paro a partir del 16 de marzo, con nuevas medidas previstas para la primera y la tercera semana de abril.

A la par de estas acciones, las organizaciones sindicales impulsarán actividades de visibilización —como clases públicas— y participarán en la organización de una nueva marcha universitaria federal, en línea con las movilizaciones que el sector ya protagonizó en los últimos meses.

El objetivo, explican los gremios, es forzar al Gobierno a abrir una mesa de negociación que permita recomponer los salarios y garantizar el financiamiento del sistema universitario.
“Las medidas buscan generar la presión necesaria para que el Gobierno convoque a paritarias y cumpla con la ley. No estamos reclamando algo extraordinario, sino la aplicación de una norma que fue aprobada por el Congreso”, afirmó Barcelona.

Una ley aprobada, vetada y judicializada

El núcleo del conflicto gira en torno a la ley de financiamiento universitario, una norma que fue aprobada por el Congreso pero que luego atravesó una compleja disputa política y judicial.

De acuerdo con el dirigente de ADICUS, la legislación fue inicialmente vetada por el Poder Ejecutivo, aunque el Congreso rechazó posteriormente esa decisión. A partir de entonces, el tema ingresó en el terreno judicial, donde se dictaron resoluciones vinculadas a su implementación. “Estamos ante una situación muy particular: una ley votada por el Congreso, con decisiones judiciales que respaldan su aplicación, pero que el Gobierno sigue sin cumplir”, señaló Barcelona.

El dirigente también cuestionó que el Ejecutivo pretenda enviar un nuevo proyecto al Congreso con modificaciones que, según el sector sindical, reducen sustancialmente los recursos previstos para las universidades.

El impacto en los salarios

Más allá del debate institucional, el deterioro del poder adquisitivo aparece como el eje más sensible del conflicto. Barcelona aseguró que el desfase entre salarios e inflación supera el 100% en términos de evolución nominal, lo que se traduce en una pérdida real del 53% del poder de compra. “El problema es que seguimos teniendo aumentos por decreto que no alcanzan a cubrir la inflación mensual. Incluso los incrementos que se otorgaron este año quedaron por debajo del índice de precios”, deslizó.

Las cifras que describen la situación salarial reflejan la magnitud del problema. Según detalló el referente gremial, un docente universitario con dedicación simple —equivalente a diez horas semanales— percibe actualmente entre 300.000 y 400.000 pesos, dependiendo de la categoría y los descuentos aplicados.

Incluso en los cargos más altos del escalafón académico, los ingresos han quedado rezagados. “Hay profesores titulares con dedicación exclusiva, con doctorado y muchos años de trayectoria que cobran menos de dos millones de pesos”, indicó.

A ese escenario se suma el impacto del impuesto a las ganancias, que en algunos casos reduce aún más el salario de bolsillo de los docentes con mayores niveles de antigüedad.

Financiamiento y sistema científico

El reclamo sindical no se limita al aspecto salarial. Barcelona explicó que la ley de financiamiento también contempla partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, a las becas estudiantiles y al sostenimiento de actividades científicas.

Según detalló, esos recursos resultan fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza e investigación en el sistema universitario público.
“La ley establece recomposición para gastos de funcionamiento, para becas y para servicios básicos de las universidades, además de la actualización salarial vinculada a la evolución del índice de precios desde diciembre de 2023”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que la falta de actualización presupuestaria no solo afecta a los trabajadores, sino que también compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones académicas.

Tensiones en la negociación

Barcelona también reveló que el único contacto reciente entre el Gobierno y representantes sindicales se produjo a través de una comunicación informal con la federación de trabajadores no docentes.

Según relató, en ese encuentro el Ejecutivo habría planteado la posibilidad de impulsar una nueva ley que modifique el esquema actual de financiamiento universitario.
“Más que una negociación fue una presión para que aceptaran la propuesta del 12,3%. Básicamente se les dijo que el Gobierno tiene los votos en el Congreso para cambiar la ley”, sostuvo.

Para el sindicalista, ese escenario confirma la necesidad de profundizar el plan de lucha anunciado por las federaciones universitarias.

La disputa entre el Gobierno y el sistema universitario vuelve a instalarse en el centro del debate público. Con paros escalonados, movilizaciones y actividades de visibilización en todo el país, el sector docente busca colocar en la agenda la crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.

El desenlace del conflicto dependerá, en gran medida, de la capacidad de las partes para reabrir un canal de negociación que permita recomponer ingresos y garantizar el financiamiento del sistema. Mientras tanto, el plan de lucha avanza y anticipa semanas de creciente tensión en uno de los pilares históricos de la educación pública argentina.

El secretario general del Sindicato de Químicos, Mario García, aseguró que la planta Electrometalúrgica Andina ubicada en el departamento Chimbas, conserva infraestructura productiva operativa y que la inversión necesaria para reactivar al menos uno de sus hornos sería relativamente baja. Además, planteó que la fábrica podría convertirse en un actor estratégico para la industria de energías renovables en San Juan mediante la producción de silicio metálico para paneles solares.

Según explicó el dirigente , buena parte de la infraestructura industrial permanece en condiciones de funcionamiento, lo que permitiría iniciar un proceso de reactivación con una inversión relativamente acotada.

“La EMA no está muerta”, afirmó García, al tiempo que destacó que uno de los equipos centrales del complejo industrial todavía podría ponerse en marcha. El horno 2, que es el que fabrica carburo, está operativo. Lo que hay que hacer es comprar la materia prima y hacerlo funcionar”, detalló.

Un diagnóstico técnico que apunta a una inversión moderada

De acuerdo con el análisis realizado por el gremio junto al ingeniero Ariel Elizondo, el estado general de la planta permitiría iniciar un proceso gradual de recuperación productiva.
“El relevamiento fue minucioso y deja en claro que para iniciar las tareas la inversión no es demasiado grande”, sostuvo el gremialista.

Sin embargo, el principal obstáculo que enfrenta actualmente la empresa no está vinculado a la infraestructura sino a su situación financiera. Las deudas acumuladas, especialmente en el sistema energético, constituyen hoy uno de los puntos críticos para avanzar hacia una eventual reactivación.

El rol del Gobierno provincial en la negociación energética

Según explicó García, la intervención del gobierno provicnial, permitió avanzar en una alternativa destinada a ordenar las obligaciones de la firma con el mercado eléctrico mayorista. Ese esquema podría convertirse en una pieza clave para recomponer la viabilidad económica de la compañía, dado que el consumo energético representa uno de los factores más determinantes dentro del esquema de costos de este tipo de industrias electrointensivas.

Una planta preservada a la espera de definiciones

Mientras continúan las negociaciones para definir el futuro de la empresa, el predio industrial permanece bajo resguardo y con tareas básicas de mantenimiento. Actualmente un grupo de seguridad custodia las instalaciones, mientras un reducido equipo de trabajadores se encarga de preservar la infraestructura y evitar el deterioro de los equipos.

Para el gremio, esta situación demuestra que la planta todavía mantiene condiciones materiales que permitirían retomar la actividad si se resuelven los aspectos financieros pendientes.

Una posible reconversión hacia la energía solar

Más allá de la producción tradicional de carburo, desde el sindicato plantean una mirada estratégica que vincula el futuro de la EMA con el desarrollo de energías renovables.

Según el sindicalista, la planta cuenta con condiciones técnicas para producir silicio metálico, un insumo fundamental para la fabricación de paneles solares. Ese material constituye uno de los componentes centrales de la industria fotovoltaica y su producción local podría fortalecer la cadena de valor energética en la provincia.

Integrar minería, industria y energías renovables

Para el representante de los trbajadores químicos, la eventual reconversión de la planta permitiría aprovechar una infraestructura industrial ya instalada y, al mismo tiempo, potenciar un modelo productivo más integrado. Incluso sostuvo que la inversión necesaria para poner en marcha este esquema sería baja si se compara con los montos que hoy movilizan otros sectores productivos de la provincia.

“Con el 3% de lo que actualmente se invierte en proyectos mineros, la EMA podría ponerse en funcionamiento para abastecer a la fábrica de paneles solares y producirlos de principio a fin”, afirmó.

El destino de Electrometalúrgica Andina continúa sujeto a definiciones empresariales y financieras que permitan resolver los pasivos acumulados y garantizar condiciones operativas sostenibles.

Sin embargo, desde el sector sindical sostienen que la planta aún conserva potencial productivo y que su reactivación podría recuperar empleo industrial, revitalizar una infraestructura histórica y aportar valor a la estrategia de desarrollo energético de San Juan.

En ese marco, la discusión sobre la EMA vuelve a plantear un interrogante de fondo para la política industrial provincial: si una planta emblemática puede transformarse en pieza clave de la transición energética o si quedará definitivamente como un vestigio del pasado productivo sanjuanino.

Los sindicatos UDAP, UDA y AMET suspendieron la huelga de 48 horas tras la intimación oficial que obliga a garantizar el 75% de asistencia en las escuelas. En conferencia de prensa conjunta anunciaron que la protesta continuará este miércoles con una marcha de antorchas por el centro de la ciudad, mientras el conflicto salarial sigue sin resolución.

El conflicto docente en San Juan sumó un nuevo giro este martes luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— confirmaran la suspensión del paro de 48 horas previsto para esta semana. En lugar de la huelga, las organizaciones sindicales resolvieron mantener la protesta mediante una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 20 horas por las calles céntricas de la capital provincial.

La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa conjunta realizada horas después de que la Subsecretaría de Trabajo notificara formalmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un mínimo del 75% de asistencia en las escuelas durante cualquier medida de fuerza, en aplicación de la normativa que regula los servicios esenciales.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la medida de fuerza fue levantada por una razón operativa y solidaria con los docentes que deberían garantizar la continuidad del servicio educativo.

“En solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria, decidimos no realizar el paro para no sobrecargar al personal restante”, sostuvo la dirigente sindical.

Críticas al Gobierno provincial

Durante la conferencia, los representantes sindicales también expresaron fuertes cuestionamientos a la postura del Ejecutivo provincial en el marco de la negociación salarial.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, denunció lo que calificó como una actitud de “indiferencia por parte del gobernador frente al conflicto docente” y advirtió que el sector atraviesa un clima de creciente tensión.

“Levantamos la medida, pero esto no significa que el conflicto termine”, remarcó la dirigente, quien además habló de una presunta “persecución” hacia el sector docente.

En la misma línea, Adrián Ruiz, secretario adjunto de AMET, cuestionó la forma en que fue aplicada la normativa laboral que restringe las medidas de fuerza.

Según explicó, la legislación invocada por la Subsecretaría de Trabajo debería contemplar un plazo de cinco días para su implementación, período que —según el gremio— no se habría respetado.

Ruiz también criticó la advertencia del Gobierno provincial de descontar los días de paro a los docentes que participaran de la protesta.

La aplicación de la normativa laboral

La suspensión de la huelga se produjo luego de que la Subsecretaría de Trabajo notificara oficialmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del sistema educativo durante conflictos laborales.

La disposición se basa en lo establecido en el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

La normativa establece que, en los servicios considerados esenciales, las organizaciones sindicales deben asegurar una prestación mínima durante cualquier medida de fuerza.

Para cumplir con ese requisito, los gremios debían presentar un plan detallado de cobertura, especificando establecimientos, niveles educativos, turnos y docentes designados para garantizar el porcentaje de asistencia exigido.

Las autoridades provinciales advirtieron que la falta de presentación de este esquema o su incumplimiento podría derivar en sanciones legales, lo que finalmente llevó a los sindicatos a reconsiderar la estrategia de protesta.

Protesta en las calles y negociación abierta

Aunque el paro quedó sin efecto, el conflicto docente continúa abierto. La marcha de antorchas prevista para este miércoles se perfila como la primera demostración pública del malestar del sector tras la intervención de la autoridad laboral.

La movilización buscará visibilizar el reclamo salarial y presionar al Gobierno provincial en medio de negociaciones que, hasta ahora, no lograron acercar posiciones entre las partes.

La suspensión del paro docente desactivó momentáneamente el riesgo de una interrupción masiva de clases en San Juan, pero el conflicto está lejos de resolverse. Con una marcha de antorchas como nueva forma de protesta y las paritarias aún sin acuerdo, el escenario educativo provincial sigue marcado por la tensión entre sindicatos y Gobierno, en un marco atravesado además por las nuevas reglas laborales que regulan las medidas de fuerza en servicios esenciales.