El fracaso de la negociación paritaria entre la Unión Tranviaria Automotor y las cámaras empresarias reavivó la posibilidad de una medida de fuerza a nivel nacional. Reclamos salariales, atraso en los subsidios y un sector financieramente asfixiado configuran un escenario de alta conflictividad.

El transporte público vuelve a quedar en el centro de la escena sindical y económica. La reunión paritaria realizada este martes entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector concluyó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de un paro nacional, en una situación marcada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización de los subsidios y el deterioro financiero de las compañías.

Durante el encuentro, las cámaras transportistas —AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— presentaron una propuesta de aumento salarial del 1%, considerada insuficiente y rechazada de plano por el gremio que conduce Roberto Fernández. Ante la falta de avances, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia virtual para el próximo martes 20 de enero a las 14 horas.

Desde el sector empresario argumentan que la negociación salarial se encuentra condicionada por una situación económica crítica. Denuncian un “estrangulamiento financiero” producto del atraso en la actualización de las tarifas y de las demoras en el pago de los subsidios estatales, cuya administración depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Capital Humano. En ese marco, advierten que cerca del 40% de las empresas de transporte atraviesa una situación delicada, con riesgo concreto de quiebra.

“Como todos los años, si los Estados responsables de las distintas jurisdicciones no incrementan los subsidios, los empresarios no contamos con los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales”, sostuvo Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, al describir la fragilidad del sistema.

Desde la UTA, en cambio, calificaron la oferta salarial como una “burla” y remarcaron que los trabajadores no están dispuestos a quedar atrapados en la puja entre el Estado y las empresas. El salario básico del sector se ubica actualmente en torno a los $1.370.000, al que se suman distintos adicionales, aunque el gremio advierte que la inflación y el encarecimiento del costo de vida siguen licuando los ingresos.

“No vamos a permitir que se intente normalizar la precarización laboral ni la falta de pago en término”, señalaron desde el sindicato, que difundió un acta oficial en la que ratificó el estado de alerta y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no aparece una propuesta superadora en la próxima audiencia.

El conflicto en el transporte público vuelve a exhibir las tensiones estructurales de un sistema sostenido por subsidios insuficientes, tarifas congeladas y salarios presionados por la inflación. Con millones de usuarios potencialmente afectados, la falta de definiciones amenaza con derivar en un paro nacional que tendría un fuerte impacto social y económico. La participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, solicitada por la UTA para la próxima audiencia, aparece como una instancia clave para evitar que el conflicto escale y termine paralizando el transporte en todo el país.

El IPC de diciembre marcó un 2,8% mensual y cerró el año con una inflación del 31,5%. Un informe del CEPA advierte que los mayores aumentos se concentran en transporte, vivienda y alimentos, rubros clave en el gasto de los trabajadores. El Gobierno sostiene el ancla salarial y cambiaria mientras se profundiza la caída del consumo y del empleo.

La inflación volvió a mostrar señales de aceleración en diciembre, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,8% informado por el INDEC, superando el registro del mes previo y llevando la variación anual al 31,5%. Si bien el dato se mantiene por debajo de los niveles de años recientes, continúa ubicándose por encima de referencias históricas como las de 2016 y, sobre todo, evidencia una dinámica regresiva: los mayores aumentos se concentran en consumos básicos populares.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone el foco en este fenómeno y advierte que rubros con fuerte incidencia en el presupuesto de las familias asalariadas crecieron muy por encima del promedio general, profundizando la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de salarios deliberadamente contenidos por la política oficial.

El rubro Transporte encabezó las subas, con un incremento mensual del 4,0%, luego de haber registrado otro 3,0% en noviembre. El alza estuvo impulsada principalmente por los aumentos en combustibles y tarifas del transporte público. Desde CEPA remarcan que el precio local de los combustibles se encuentra actualmente un 17,0% por encima de la paridad internacional, lo que presiona de manera directa sobre los costos logísticos y el bolsillo de los trabajadores.

También volvió a destacarse el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,4% en diciembre, repitiendo el comportamiento del mes anterior y ubicándose nuevamente por encima del promedio inflacionario. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los usuarios residenciales enfrentaron subas promedio del 3,6% tanto en gas como en electricidad, en línea con la política de liberalización tarifaria que impulsa el Gobierno.

En Comunicación, los aumentos se aceleraron hasta el 3,3%, con ajustes de hasta 3,0% en telefonía móvil, internet y cable aplicados por las principales empresas del sector. El acumulado anual del rubro alcanzó el 35%, superando con holgura el índice general.

El impacto sobre el consumo cotidiano se profundizó aún más con la suba de Alimentos y Bebidas, que registró un aumento del 3,1% mensual. El comportamiento estuvo fuertemente condicionado por la disparada de los precios de la carne vacuna (+11,2% en el segmento minorista), el pollo (+26,9%) y las frutas (+26,7% en el mercado mayorista). Un ejemplo ilustrativo es el del asado, que pasó de $13.304,75 a $15.094,30 por kilo en apenas un mes, lo que representa un aumento del 13,5%.

Otros rubros vinculados al consumo masivo, como Restaurantes y hoteles, también se movieron por encima del promedio, con una suba del 3,2%, reflejando el traslado de costos y la presión inflacionaria generalizada.

El comportamiento de los precios en diciembre confirma una dinámica inflacionaria sostenida por factores estructurales: el impacto rezagado de los aumentos en combustibles, la actualización de tarifas de servicios públicos, los ajustes en transporte y educación, y la fuerte suba de alimentos frescos. Todo ello ocurre en un contexto de estabilidad cambiaria relativa, lo que refuerza la idea de que la inflación actual no responde exclusivamente al dólar.

En este escenario, el Gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia de ancla salarial, rechazando la homologación de paritarias por encima del 1% mensual y apostando a la contención de los ingresos como herramienta para moderar los precios. El resultado, según advierten distintos analistas, es una caída persistente del consumo interno, que impacta negativamente en la producción y el empleo.

Al mismo tiempo, y en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, se avanza en la liberación de tarifas de servicios públicos, cuyos incrementos acumulados en el año superaron ampliamente la inflación promedio, reforzando el carácter regresivo del ajuste.

La inflación de diciembre vuelve a dejar en evidencia una economía atravesada por una profunda crisis de ingresos. Aunque los indicadores oficiales muestran una desaceleración respecto de años anteriores, la composición de las subas revela un deterioro creciente de las condiciones de vida de las mayorías, con aumentos concentrados en transporte, vivienda y alimentos.

A este cuadro se suma la controversia en torno a la metodología de medición del INDEC, cada vez más cuestionada por sindicatos y centros de estudio, que señalan una brecha creciente entre los datos oficiales y otras mediciones locales. Si bien el organismo anticipó cambios en sus mecanismos a partir de este año, aún no hay definiciones concretas. Mientras tanto, la combinación de salarios pisados, tarifas liberadas y consumo deprimido configura un escenario económico frágil, con costos sociales que se acumulan mes a mes y ponen en duda la sostenibilidad del actual esquema antiinflacionario.

En simultáneo al intento del oficialismo por reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral en el Senado, los gobernadores comenzaron a endurecer su postura y le enviaron señales claras a la Casa Rosada: no acompañarán la iniciativa sin modificaciones sustanciales, especialmente en lo referido al impacto fiscal de los cambios en el Impuesto a las Ganancias.

El principal foco de conflicto gira en torno a la coparticipación federal. Los mandatarios provinciales advierten que las modificaciones propuestas implicarían una merma significativa de recursos para las arcas locales, en un contexto de caída sostenida de la recaudación, mayores responsabilidades delegadas por Nación y cuentas provinciales cada vez más ajustadas.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, activó una nueva gira federal con el objetivo de sumar respaldos. La semana pasada visitó Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres, y esta semana volvió a la Patagonia para supervisar la situación por los incendios forestales. El lunes desembarcó en Chaco, donde logró el respaldo del radical Leandro Zdero, y este jueves continuará su recorrido con una visita al mendocino Alfredo Cornejo, otro de los mandatarios con buen diálogo con el Gobierno.

Sin embargo, el respaldo no aparece garantizado. Aunque en la Casa Rosada dan por descontado el apoyo del PRO y buscan pescar votos entre radicales, provincialismos y peronistas no alineados, los gobernadores dejan en claro que no votarán “a libro cerrado” y que intentarán introducir cambios al texto.

Advertencias por la coparticipación

Uno de los nombres clave en la estrategia oficial es el correntino Juan Pablo Valdés, recientemente asumido y referente del frente Provincias Unidas. El gobernador anticipó que mantendrá reuniones con sus legisladores para definir una postura común frente a la reforma laboral y expresó reparos sobre el impacto en los recursos provinciales.

“Hay puntos que nos preocupan. Tenemos que analizar los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran derechos laborales”, sostuvo Valdés, quien además advirtió por la caída de la coparticipación federal. La preocupación se agrava en Corrientes por las inundaciones que afectaron distintas regiones en las últimas semanas, lo que incrementa la necesidad de fondos para asistencia y reconstrucción.

Para el Gobierno, el apoyo de Valdés resulta estratégico: su espacio cuenta con dos senadores radicales y con el acompañamiento del peronista Carlos “Camau” Espínola, lo que podría resultar decisivo en una votación ajustada.

En contraste, el pampeano Sergio Ziliotto, abiertamente opositor a la gestión libertaria, ya anticipó que no acompañará la reforma laboral. Aunque mantiene canales de diálogo institucional, desde su entorno señalaron que la iniciativa representa una “reforma impositiva encubierta” que impactaría de lleno en Ganancias y le significaría a La Pampa una pérdida anual de entre $20.000 millones y $35.000 millones.

Otros mandatarios peronistas, como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella, permanecen directamente fuera del radar de negociaciones del oficialismo, con posiciones abiertamente críticas al rumbo económico.

Los dialoguistas también ponen límites

Incluso entre los gobernadores considerados dialoguistas emergen señales de advertencia. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro se muestran cautelosos y, por ahora, esquivos a comprometer su respaldo. En ambos casos, el reclamo por las deudas de Nación con las cajas previsionales provinciales sigue abierto y tensa la relación con la Casa Rosada.

Desde Córdoba reconocen que “si no hay una negociación seria, no hay acompañamiento”, mientras que en Santa Fe admiten coincidencias parciales, pero reclaman un equilibrio que evite perjuicios tanto para los trabajadores como para el sector privado.

A este cuadro se suma una agenda de reclamos que incluye el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de la obra pública y la caída de transferencias, factores que vuelven especialmente sensible cualquier modificación en el esquema tributario.

El capítulo Ganancias se convirtió en una línea roja para las provincias. El proyecto oficial propone una reducción de las alícuotas del impuesto a las sociedades, bajando del 30% al 27% en un tramo y del 35% al 31,5% en otro. Según estimaciones preliminares, solo esta modificación implicaría una caída de recaudación cercana a los 1,6 billones de pesos.

Un informe elaborado por el peronismo advierte que, de avanzar la iniciativa sin cambios, las provincias perderían más de $1,7 billones en 2026. En un escenario de coparticipación en retroceso y mayor carga sobre los gobiernos subnacionales, el impacto resulta difícil de absorber.

La ofensiva del Gobierno para aprobar la reforma laboral choca con una realidad fiscal que pone a los gobernadores en guardia. Aun aquellos dispuestos al diálogo advierten que no convalidarán un esquema que reduzca recursos clave para las provincias y profundice los desequilibrios existentes.

Con Ganancias en el centro de la escena, la discusión trasciende lo laboral y se convierte en una pulseada por el reparto de fondos y el federalismo fiscal. La Casa Rosada enfrenta así un desafío complejo: sumar votos sin erosionar aún más la relación con las provincias, en un contexto económico marcado por la escasez de recursos y la creciente tensión política.