En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Marcelo Trujillo, titular del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios en Industrias de las Telecomunicaciones (SOEESIT), analizó la gravedad de la caída del salario argentino —hoy el más bajo de Latinoamérica— y alertó sobre el rumbo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Ante un escenario que considera comparable al de los años ’90, Trujillo advierte una posible “desaparición práctica del trabajador como sujeto de derecho” y reclama participación real del movimiento obrero en la discusión.

La fotografía del presente económico argentino describe un deterioro sostenido, profundo y acumulativo, que ya no admite eufemismos. Según un estudio que abarca el período 2015-2025, más de 290 mil millones de dólares habrían sido transferidos desde el salario hacia el capital concentrado, configurando una década marcada por la erosión del poder adquisitivo y un derrumbe salarial que hoy ubica al país en el peor nivel de la región. Esta crisis, visible en la cotidianeidad y confirmada por los indicadores más duros, repercute en varios sctores.

En ese marco, dirigente gremial contextualiza la coyuntura actual dentro de una secuencia histórica que recuerda a los años ’90: privatizaciones masivas, congelamiento salarial, pérdida del poder de compra y una estructura previsional debilitada. “Tuvimos una recuperación recién a partir de 2004, pero el deterioro actual es igual o más profundo”, señala. Su preocupación se funda no sólo en la caída del salario real, sino en los efectos sistémicos que esta crisis genera sobre las condiciones laborales, los aportes sociales y la sustentabilidad futura del sistema previsional.

Trujillo aporta un dato conceptual que resume la desconexión entre estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana: propone medir, además del IPC, un “Índice del Precios en Góndola”, indicador que —dice— refleja con mayor fidelidad la verdadera pérdida de poder adquisitivo. La inflación, advierte, “se presenta como desacelerada”, pero en las góndolas “la vida se encarece cada vez más”. En ese contexto, las paritarias —antes anuales— amenazan con transformarse en negociaciones quincenales ante la volatilidad de los precios.

A ese cuadro se suma el debate central del momento: la reforma laboral que el Gobierno busca impulsar. Trujillo coincide con la posición de la CGT, que exige conocer el texto completo del proyecto y participar en su elaboración. “Lo que se ha filtrado perjudica al trabajador en todos los planos”, sostiene. La preocupación principal radica en el cambio conceptual que propone la iniciativa: el reemplazo del trabajador por la figura del ‘colaborador’, lo que abriría la puerta a acuerdos individuales por encima de los convenios colectivos y de la propia Ley de Contrato de Trabajo.

Esas modificaciones, advierte, podrían desarticular los pilares mismos del sistema laboral argentino: la ultraactividad de los convenios, la jerarquía normativa que protege al trabajador y la presencia de organizaciones sindicales como contrapeso necesario. “Se habla de que no se perderán derechos adquiridos, pero si se pulverizan los recursos de los sindicatos, la negociación colectiva y la estructura convencional, la pérdida es inevitable”, remarca Trujillo.

El referente gremial también ve con preocupación la convergencia entre esta reforma y los cambios introducidos por el DNU 70/23, especialmente en materia de empleo transfronterizo y modalidades contractuales atípicas. Sumado a ello, advierte el avance de modelos laborales propios de plataformas como las apps de reparto, caracterizados por la fragmentación, el pago por hora o por tarea y la inestabilidad del ingreso. “Nos quieren llevar a un esquema donde cada persona gestione su propio trabajo desde el celular, sin garantías y a merced del empleador”, reflexiona.

Frente a quienes sostienen que la flexibilización laboral impulsa el crecimiento, Trujillo recuerda que ninguna reforma de este tipo generó mejoras sostenidas ni en la productividad ni en la competitividad, sino que, por el contrario, acentuó la precarización y la desigualdad. Sobre el horizonte inmediato, su diagnóstico es claro: sin reglas equitativas y sin participación de sindicatos y trabajadores en la mesa de negociación, el país podría encaminarse hacia un nuevo ciclo de fragmentación laboral y profundización de la pobreza, agravado por las transformaciones tecnológicas que ya empiezan a reducir planteles en múltiples sectores.

El panorama expuesto por Marcelo Trujillo sintetiza la encrucijada del presente laboral argentino: un salario devastado, una reforma que amenaza con desarmar décadas de institucionalidad y una economía que empuja a los trabajadores hacia nuevos formatos de precarización. En un escenario donde la brecha entre el costo de vida y los ingresos reales se expande, la discusión sobre el futuro del trabajo no puede darse sin los protagonistas centrales: los trabajadores, sus organizaciones y la sociedad en su conjunto.

La advertencia es clara: sin participación, sin reglas justas y sin un rumbo claro de recomposición salarial, cualquier reforma corre el riesgo de consolidar un sistema laboral más desigual y menos protector. En ese sentido, el llamado apunta a una premisa básica pero urgente: discutir de cara a la sociedad para evitar que, bajo la promesa de modernización, se consagre una merma histórica en derechos, identidad y dignidad laboral.

En una entrevista con la UOM provincial, su titular Martín Solazzo lanzó un panorama crítico: la industria metalúrgica registra pérdidas sostenidas, y ya se estiman cerca de 22.000 puestos de trabajo menos a nivel nacional. Solazzo advierte que la combinación de desindustrialización, transferencia de producción al exterior y una reforma laboral que reduciría derechos amenaza con profundizar una crisis social y productiva que golpea con particular fuerza a las familias trabajadoras.

El diagnóstico que presenta la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, a través de su secretario general Martín Solazzo, no es un lamento aislado sino la concreción local de tendencias que, según el gremio, vienen consolidándose a escala nacional: caída sostenida de la producción industrial, reconfiguración de cadenas productivas hacia la exportación con escasa generación de empleo local y una pérdida de derechos laborales que lejos de “aliviar costos” para las empresas, terminaría por precarizar el trabajo y aumentar la desocupación.

Solazzo parte de datos recientes —entre ellos la caída de 6,4% de la industria entre octubre del año pasado y octubre de este año — para ilustrar una regresión que ubica la actividad en niveles comparables a la peor fase de la pandemia de 2020. Pero detrás de esa cifra hay historias concretas: empresas que optan por transformar sus plantas en centros de acopio o ensamblaje reducidísimo, despidos que, aun cuando no siempre aparezcan en los grandes titulares, suman sangrados permanentes en los padrones locales y una cadena de efectos que amplifica la vulnerabilidad familiar. En San Juan, el sindicato estima la pérdida de cerca de 180–200 empleos en el último año sólo en el metalúrgico; extrapolado al territorio nacional, el número de 22.000 puestos fuera del sistema constituye una amenaza económica y social de escala.

La explicación que ofrece Solazzo conjuga factores coyunturales y estructurales. En la primera línea está la política económica reciente: tipos de cambio, costos logísticos, condiciones para la inversión y un régimen tributario que, según el dirigente, castiga la producción local más que incentiva la actividad. Paradójicamente, las empresas pueden aumentar rentabilidad a través de la exportación de bienes o de la deslocalización de etapas productivas; el resultado es una fábrica que factura pero contrata menos. “La rentabilidad de la empresa no cae, al contrario, crece —dice Solazzo—. Pero eso no se traduce en empleo.” En segundo lugar, la reforma laboral propuesta por el oficialismo aparece en la entrevista como un nuevo eje de preocupación: el sindicato la califica de “receta vieja” que busca reducir derechos (horas, vacaciones, garantías colectivas) en nombre de la competitividad, cuando la solución real para aliviar costos empresariales debería pasar por una revisión tributaria y por políticas públicas que protejan la producción nacional.

El dirigente distingue, además, entre lo que son reivindicaciones legítimas de modernización y la pérdida de derechos encubierta. Reconoce que existen aspectos “modernizables” vinculados a tecnología y procesos productivos, pero sostiene que cualquier cambio debe discutirse puertas adentro de cada convenio colectivo, con la participación plena de las organizaciones gremiales y sin imposiciones externas que individualicen la negociación y debiliten la protección colectiva. Esta postura subraya la tradicional lógica sindical: defender salarios, condiciones y estabilidad como pilares de la reproducción social y de la demanda interna.

En su relato se esboza otro elemento: la respuesta práctica del sindicato ante el cierre o el riesgo de cierre. Lejos de limitarse a la protesta, la UOM local afirma haberse involucrado en gestiones no tradicionales —interceder en licitaciones, asistir a empresas con asesoramiento para sostener la producción— porque entiende que la inacción significaría resignar fuentes laborales. Es una admisión de incapacidad estructural: el sindicato no puede sustituir políticas públicas; pero lo hace porque la urgencia social lo obliga.

El riesgo de escalada social aparece como una consecuencia plausible si no se revertieran tendencias: miles de familias sin ingreso y sin redes de contención, desempleo técnico que se profundiza y un mercado interno que se contrae. En este punto, Solazzo hace una lectura política exigente: respeta los resultados electorales que dieron lugar al actual gobierno pero rechaza la dirección de sus medidas, y reclama apertura y rectificación en materia económica y laboral para evitar un deterioro mayor.

La experiencia histórica, citada por el propio dirigente gremial, muestra que intentos de flexibilización laboral sin políticas compensatorias suelen terminar en mayor informalidad y desempleo: episodios de los años 90 y otras experiencias recientes dan argumentos a quienes sostienen una política de sostén industrial. El desafío hoy es complejo: Argentina necesita equilibrio entre costos empresariales competitivos, protección del empleo y estímulos a la inversión productiva dentro del país. Las herramientas disponibles —crédito productivo, reducción selectiva de cargas, incentivos a la exportación con condiciones de empleo local, regulaciones que promuevan encadenamientos productivos— requieren diseño y consenso social. Sin diálogo y sin medidas de corto plazo que amortigüen la pérdida de empleo, las advertencias sindicales adquieren carácter preventivo, no únicamente reivindicativo.

La entrevista con Martín Solazzo condensa la percepción de un sector que siente que la política económica actual está debilitando su capacidad de producir y sostener empleo. Entre cifras de caída de la actividad, pérdida de puestos y una reforma laboral potencialmente regresiva, el reclamo sindical es claro: cualquier cambio debe priorizar la protección de derechos, la negociación colectiva y políticas públicas que incentiven la producción en suelo argentino. La alternativa, advierten desde la UOM, es un proceso de desindustrialización que no sólo reduce la economía real sino que deja a miles de familias sin sustento —un coste social que, remarcan, el país no puede permitirse.

El personal técnico y profesional del Instituto Nacional de Vitivinicultura rechazó la Resolución 37/2025, que elimina la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), y advirtió que la medida expone al sector a riesgos operativos, comerciales y reputacionales. Para los trabajadores, el fin del CIU rompe con un mecanismo histórico de trazabilidad y abre la puerta a fraudes, sanciones y pérdida de competitividad internacional.

La Resolución 37/2025, parte del paquete desregulatorio impulsado por el Gobierno nacional, desató uno de los conflictos más tensos dentro del Instituto Nacional de Vitivinicultura en los últimos años. Técnicos, profesionales y trabajadores del organismo publicaron un comunicado en el que calificaron la norma como “inviable” y alertaron que no contempla las consecuencias legales, operativas ni técnicas para la actividad vitivinícola.

Según el comunicado, la disposición “no refleja las necesidades ni la estructura del sector” y, aplicada tal como está, pone en riesgo la trazabilidad, la transparencia comercial y la reputación del vino argentino en los mercados globales.

El CIU, una herramienta histórica e irremplazable

El eje del conflicto está en la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) como requisito obligatorio. Para el personal del INV, no se trata de un formulario administrativo sino de la pieza central que sostuvo durante décadas la trazabilidad desde el ingreso de la uva hasta el vino final.

El comunicado destaca tres funciones esenciales del CIU:

Trazabilidad documental y fiscal completa, asegurando que los volúmenes declarados coincidan con los efectivamente procesados.

Prevención de adulteraciones, desvíos y triangulaciones, históricamente detectadas gracias a controles intermedios.

Transparencia ante los mercados internacionales, que exigen sistemas de trazabilidad unívoca como condición para habilitar exportaciones.

Eliminar su obligatoriedad deja al sector —según los trabajadores— ante un escenario de “fragilidad regulatoria”, con mayor dificultad de fiscalización y un desbalance competitivo entre actores que cumplen controles estrictos y otros que podrían operar sin ellos.

Tres razones por las que la medida sería técnicamente inviable

1. Riesgo de incumplimientos documentales

Al suprimir controles previos, las verificaciones pasan a realizarse después de la comercialización. Esto incrementa la probabilidad de errores formales y expone a bodegas y establecimientos a multas, clausuras o pérdida de certificaciones, incluso cuando no exista intención de incumplimiento.

2. Mayor margen para fraudes y adulteraciones

Sin el CIU como instancia intermedia de control, la detección de irregularidades queda relegada a etapas finales del proceso, donde ya es más difícil identificar desvíos. Para el INV, esto deja a la Argentina vulnerable a crisis reputacionales en un mercado donde la autenticidad es un valor clave.

3. Pérdida de competitividad internacional

Los principales mercados de exportación —especialmente los de mayor valor agregado— exigen sistemas de trazabilidad robustos y auditables. Si se debilita el mecanismo nacional, la vitivinicultura argentina podría enfrentarse a restricciones comerciales, a nuevas barreras no arancelarias y a mayores costos de certificación externa.