En una sesión cargada de tensión política y acompañada por masivas movilizaciones en todo el país, la Cámara de Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Con amplio respaldo opositor, la iniciativa vuelve ahora al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles una jornada de alto voltaje político al rechazar los vetos del presidente Javier Milei contra dos leyes consideradas centrales para sectores estratégicos: la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario. La votación marcó un nuevo revés para el oficialismo, que no logró evitar que la oposición reuniera las voluntades necesarias para recomponer y sostener políticas de salud y educación, áreas que la sociedad reclama como prioritarias.

El rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica se aprobó con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario consiguió 174 votos afirmativos, 77 negativos y dos abstenciones. Ambas resoluciones fueron celebradas en el recinto y en las calles, donde miles de personas se movilizaron en defensa de hospitales y universidades públicas.

El Gobierno, sin embargo, había argumentado lo contrario. A través del Decreto 647/2025, Milei vetó la Emergencia Pediátrica alegando que generaba un gasto “desproporcionado” que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Algo similar sostuvo para la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Decreto 651/2025, bajo la advertencia de que implicaba un costo excesivo que amenazaba el superávit primario, eje central de su programa económico. Desde la Casa Rosada se insistió en que ambas normas carecían de financiamiento real y que su implementación sólo podría sostenerse mediante emisión monetaria, lo que, a su criterio, profundizaría la inflación.

No obstante, la Cámara Baja consideró indispensable la aplicación de estas políticas. La Ley de Financiamiento Universitario garantiza un piso mínimo de presupuesto ajustado por inflación, la recuperación del salario docente y no docente, la creación de un fondo para carreras estratégicas de ciencia y tecnología, la ampliación de becas e inclusión estudiantil, partidas para obras e infraestructura, y un incremento gradual que lleve el presupuesto universitario al 1,5 % del PBI en 2031.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica crea un Sistema Nacional de Emergencia Pediátrica, asegura atención prioritaria y gratuita a todos los niños en situaciones críticas, establece un Fondo Especial para equipamiento e infraestructura hospitalaria, y obliga a la capacitación en emergencias pediátricas de todo el personal sanitario. El objetivo es garantizar la cobertura universal y reducir los tiempos de atención en casos de urgencia.

El debate en el recinto estuvo atravesado por discursos encendidos. Desde la oposición, se remarcó que “la salud de los niños y la educación universitaria no pueden quedar a merced del ajuste fiscal”. En tanto, los diputados oficialistas alertaron sobre los riesgos de aprobar gastos sin financiamiento, insistiendo en que las leyes son “populistas e irresponsables”.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso y en distintas ciudades del país, miles de manifestantes respaldaron la restitución de las normas. Movimientos estudiantiles, gremios docentes, organizaciones médicas y sociales celebraron lo que calificaron como un triunfo de la sociedad frente al recorte de derechos.

Ahora será el Senado de la Nación el que deba ratificar lo decidido en Diputados. Si la Cámara Alta acompaña con mayoría especial, las leyes quedarán promulgadas automáticamente, pese a la resistencia del Poder Ejecutivo.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados configura un fuerte desafío político para el Gobierno de Javier Milei. La oposición logró unificar posiciones en torno a la defensa de la salud y la educación como pilares estratégicos del desarrollo nacional, mientras que la sociedad civil acompañó con una movilización masiva. El desenlace en el Senado será determinante, pero lo ocurrido este miércoles ya se inscribe como un hito en la disputa entre ajuste fiscal y políticas públicas inclusivas.

El Gobierno anunció que venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% y destinará un 5% a los trabajadores. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso para financiar proyectos estratégicos, surgen críticas por la cesión de participación en una empresa rentable y clave para la soberanía energética.

El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases de 2024 y fue oficializada en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada. De esta manera, el Estado conservará el 51% accionario para garantizar la mayoría. Actualmente, la participación está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA).

La resolución llega en un momento en que Nucleoeléctrica exhibe resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo superior a $103.267 millones, y durante el primer trimestre registró un superávit financiero de $17.234 millones. Para este año, el Ministerio de Economía proyecta un resultado económico favorable de $23.389 millones y una inversión de $239.000 millones en obras estratégicas. Entre ellas se encuentran la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

El Ejecutivo justifica la apertura al capital privado como un paso para “promover la inversión en el sector nuclear” y financiar el primer reactor modular argentino, además de extender la vida útil de las centrales y relanzar la minería de uranio. “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, sostuvo Adorni. Desde la Casa Rosada remarcan que NASA ya no depende de aportes estatales: mientras en 2023 recibió transferencias por unos u$s 2 millones, en 2024 no necesitó asistencia del Tesoro.

En cuanto a la valuación de la compañía, estimaciones realizadas en 2024 ubican su valor entre u$s 560 millones y u$s 1.000 millones, cifra que marcará el piso y techo de la licitación.

La decisión genera cuestionamientos en distintos sectores. Para los gremios, la privatización parcial implica “ceder soberanía energética a intereses privados”. Académicos especializados en energía nuclear señalan que, más allá de los balances, el valor estratégico de NASA radica en su capacidad técnica, el know-how acumulado y su rol en la investigación. Desde la oposición acusan al Gobierno de “vender una empresa superavitaria” en lugar de discutir un modelo energético de largo plazo.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina expone el dilema entre la necesidad de inversión para sostener proyectos estratégicos y el resguardo de un sector clave para la soberanía nacional. Para el Gobierno, la medida es una señal de confianza hacia el mercado y una vía para potenciar la autosustentabilidad del sistema nuclear. Para críticos y opositores, significa abrir la puerta a la pérdida de control sobre un activo que no representa déficit y que concentra conocimientos estratégicos únicos.

El desenlace dependerá de cómo se concrete la licitación y de si el ingreso de capital privado logra traducirse en nuevas obras y desarrollos, o si la operación quedará en la historia como un paso más dentro de un plan de privatizaciones sin consenso social ni político.

La Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, expresó un contundente rechazo al Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. La entidad denunció que el plan oficial “consolida un ajuste estructural” que impactará de lleno en la educación, la ciencia y la tecnología, sectores que consideró “estratégicos para el desarrollo soberano del país”.

El eje central de las críticas radica en la reducción del financiamiento en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Según CTERA, el presupuesto prevé una baja progresiva que pasó del 1,44% en 2023 al 0,86% en 2024, con una proyección de apenas 0,75% para 2026.
“Este retroceso implica un golpe severo a la escuela pública, a las universidades y a la investigación científica”, advirtió la central docente, que agrupa a más de veinte sindicatos de todo el país.

Además, el artículo 30 del proyecto plantea la derogación de marcos legales claves que garantizan la inversión educativa y científica. Entre ellos, el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional (26.206), que establece un mínimo del 6% del PBI para el sector; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 27.614, que regulan el financiamiento de la ciencia y la tecnología; y la continuidad del Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional. También se propone frenar el aumento progresivo del Fondo de Defensa Nacional (FONDEF).

El gremio docente también cuestionó las previsiones macroeconómicas incluidas en el texto. El Gobierno estima una inflación del 24,5% para diciembre de 2025 y del 10,1% para 2026. Sin embargo, la central recordó que hasta agosto de 2025 la inflación acumulada ya llegaba al 19,5% con un piso mensual del 2%, lo que proyecta un cierre de año en torno al 28-30%.
En la misma línea, calificó como “poco serias” las previsiones de crecimiento económico (+5,4% para 2025 y +5% para 2026), en un contexto de caída sostenida de la actividad.

Un “estado de alerta” en defensa de la escuela pública

En un comunicado oficial, la conducción nacional expresó: “Este presupuesto no solo consolida el ajuste, sino que representa un ataque directo a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología. De aprobarse, desarticularía de manera permanente el esquema de financiamiento educativo, científico y tecnológico en la Argentina”.

Ante este panorama, la confederación resolvió declararse en “estado de alerta y movilización”. En los próximos días, convocará a una reunión de Secretarios Generales para definir los pasos a seguir y eventuales medidas de fuerza.

Para CTERA, el debate no es meramente fiscal sino político: se trata de la definición del rol que el Estado debe cumplir en la garantía del derecho social a la educación. El presupuesto, según la mirada sindical, “desconoce el mandato constitucional y las leyes sancionadas democráticamente”, a la vez que “debilita la posibilidad de un modelo inclusivo y soberano”.

Con este posicionamiento, CTERA se suma al conjunto de organizaciones sindicales, universitarias y científicas que ya anticiparon su rechazo al proyecto oficial, en lo que promete ser un nuevo capítulo de conflicto social y político en torno al rumbo del país.