Con la presencia de representantes de los tres sindicatos docentes y de los ministerios de Educación y Economía, comenzó la cuarta negociación paritaria del año. La reunión apunta a definir una recomposición que compense la pérdida de poder adquisitivo y mantenga la paz salarial en el sector educativo sanjuanino.

A las 15 de este viernes se dio inicio al primer encuentro de la cuarta mesa paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno de San Juan. El diálogo, celebrado en la sede del Ministerio de Educación, contó con la participación de autoridades de las carteras de Economía, Finanzas y Hacienda, encabezadas por el ministro Roberto Gutiérrez, y de Educación, a cargo de Silvia Fuentes.

La reunión tiene como eje la definición del monto de recomposición salarial que percibirán los trabajadores de la educación, en un contexto de inflación persistente y reclamos de actualización que permitan sostener el poder de compra del salario docente.

Por parte del Ejecutivo provincial participaron además el secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; y la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Débora Mestre, junto a los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

Del lado gremial estuvieron presentes representantes de las tres organizaciones docentes con representación en la provincia. Por UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga, acompañada por el asesor legal Daniel Persichella, la secretaria de Prensa Verónica Jofré y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET, asistieron el secretario gremial Francisco Campos, el secretario adjunto Adrián Ruiz y la secretaria de prensa Gabriela Rothis. Finalmente, por UDA, participaron la secretaria general Karina Navarro, el asesor legal Guillermo Meritello, la asesora pedagógica Vanesa Marano y la secretaria previsional y de Acción Social Nancy Vilaplana.

Fuentes sindicales adelantaron que el objetivo de esta nueva instancia es recuperar parte del salario perdido frente al avance de los precios y mantener un diálogo abierto con las autoridades provinciales. Desde el Gobierno, en tanto, se destacó la voluntad de continuar negociando dentro del marco de responsabilidad fiscal, procurando equilibrar las cuentas públicas sin desatender el reclamo del sector educativo.

Con el antecedente de tres acuerdos anteriores en lo que va del año, el resultado de este nuevo encuentro será clave en materia salarial y marcará el tono de la relación entre el Gobierno y los gremios en el tramo final del ciclo lectivo.

A pocas horas de asumir, la nueva conducción de la CGT activó su primer plan político: tejer alianzas con los gobernadores para impedir que la reforma laboral del gobierno avance en el Congreso. Gerardo Martínez, de la UOCRA, se consolida como figura de equilibrio y principal referente del ala negociadora.

La flamante conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en dar señales de acción. Su primer movimiento fue netamente político: abrir una ronda de contactos con gobernadores provinciales para frenar la reforma laboral que el oficialismo pretende aprobar. El planteo se enmarca en una estrategia de contención institucional ante lo que los gremios califican como una iniciativa “anti sindical”, destinada a desarticular el sistema de negociación colectiva vigente.

La propuesta surgió del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien emergió del congreso cegetista como el dirigente con mayor influencia dentro del nuevo esquema de poder. Su rol resultó determinante para garantizar la lista única y para instalar un clima de moderación que evitó fracturas mayores en la central obrera.

El plan de acción inicial contempla una ronda de reuniones con mandatarios provinciales, en especial con aquellos que podrían actuar como contrapeso dentro del Congreso. Si bien el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo se mostró proclive a “modernizar las leyes laborales”, la CGT ya habría obtenido el apoyo de Martín Llaryora, de Córdoba, para sostener una posición común de rechazo a los cambios estructurales. Otros gobernadores peronistas y aliados podrían sumarse a esa línea de resistencia moderada.

El objetivo político de la central obrera es claro: presionar para que los bloques provinciales no acompañen reformas que erosionen el modelo sindical argentino, en especial las iniciativas que priorizan convenios por empresa o debilitan la negociación colectiva por rama.

Sin embargo, la desconfianza persiste. Las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien en un foro internacional propuso “desarticular” la estructura sindical tradicional, reavivaron las alertas dentro de la CGT. La salida de Guillermo Francos del gabinete —considerado un interlocutor confiable por los gremios— y la falta de ascenso del asesor Santiago Caputo, vinculado a sectores gremiales dialoguistas, profundizaron la sensación de incertidumbre.

Un equilibrio inestable

Con una conducción que se presenta más moderada y pragmática, la CGT inicia una etapa de equilibrio político entre el diálogo institucional y la preservación del poder sindical. La estrategia es mantener canales abiertos con el Gobierno sin resignar capacidad de presión, en un contexto económico que tensiona salarios, convenios y estructuras laborales.

En ese marco, el flamante triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros) mostró una postura de firmeza con vocación negociadora. En sus discursos de asunción, los tres coincidieron en el rechazo a cualquier intento de reforma que debilite los derechos de los trabajadores, aunque destacaron la importancia del diálogo institucional.

El mensaje más destacado fue el de Sola, quien sintetizó la línea política que busca imprimir la nueva conducción:

“El poder político es quien la ciudadanía ha elegido para que estén en mejores condiciones los propios ciudadanos. Nosotros estamos ahí para ayudar. Estamos para incorporarnos a la discusión que sea necesaria, con acuerdos, con diálogos, con tensión y con conflicto. Rechazamos el enfrentamiento y creemos en la tensión constructiva”.

Esa definición marcó el tono de la etapa que comienza: una CGT dispuesta a negociar, pero con límites claros ante cualquier intento de desarticulación sindical.

Las internas y el rol de Martínez

El congreso cegetista que consagró al nuevo triunvirato evitó mayores rupturas gracias al trabajo de contención de Gerardo Martínez y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Ambos articularon un acuerdo que permitió una lista única aprobada por 1.604 congresales, aunque 547 delegados se retiraron antes de la votación, en señal de descontento con el reparto de poder.

Martínez logró ubicar en el triunvirato a Cristian Jerónimo, uno de sus aliados más cercanos, a pesar de las resistencias iniciales de los sectores conocidos como “los gordos” y del barrionuevismo. En contrapartida, dirigentes como Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Omar Plaini (Canillitas) quedaron fuera de la cúpula principal, reflejando el predominio de un bloque moderado y la marginalización del kirchnerismo sindical.

El resultado fue una CGT ordenada hacia el centro, con una impronta negociadora que busca preservar la institucionalidad gremial sin romper los canales con el poder político.

El “plan de gobernadores” representa mucho más que un primer gesto: es la puesta en marcha de una estrategia política de defensa del modelo sindical argentino, en tiempos en que el gobierno busca reformar las bases del sistema laboral. La nueva CGT, encabezada por dirigentes de perfil dialoguista, intentará sostener el equilibrio entre la cooperación institucional y la firmeza doctrinaria.

En ese tablero, Gerardo Martínez aparece como el verdadero articulador de una etapa donde la política, más que la confrontación, será el principal terreno de disputa del movimiento obrero argentino.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) puso en marcha una amplia encuesta nacional destinada a conocer en profundidad las condiciones laborales, experiencias y percepciones de sus afiliados en las universidades públicas del país. El objetivo, señalan desde la conducción, es fortalecer las políticas de representación y diseñar acciones concretas que mejoren la calidad de vida del sector docente en un contexto de alta tensión económica y educativa.

Un diagnóstico participativo

La FEDUN, una de las organizaciones gremiales más representativas del sistema universitario argentino, lanzó un relevamiento integral que apunta a construir una radiografía actualizada sobre la situación docente.

En un comunicado difundido en su sitio oficial, el gremio explicó que la información recolectada “nos permitirá fortalecer las políticas de representación, diseñar acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestros afiliados y promover un gremio más participativo, inclusivo y cercano a su gente”.

El planteo no es menor. En un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la reducción presupuestaria y el incremento de la precarización laboral en distintos sectores del Estado, el sindicato busca apoyarse en datos verificables para orientar futuras estrategias gremiales y políticas públicas. “Cada voz es importante”, subraya el comunicado, insistiendo en la necesidad de un diagnóstico que refleje “con fidelidad la situación del sector y oriente las decisiones futuras”.

Qué releva el cuestionario

La encuesta —de participación voluntaria y confidencial— recopila información diversa sobre las condiciones de trabajo, formación, salud y contexto sociolaboral de los afiliados.
Entre los datos solicitados se encuentran el gremio de base, género, rango etario, antigüedad docente y lugar de residencia. También se indaga si el encuestado ha ocupado cargos de gestión, si realizó capacitaciones durante el último año o si atravesó situaciones de violencia o discriminación en su ámbito laboral, ya sea de tipo psicológica, simbólica, física o institucional.

Uno de los apartados más sensibles del formulario apunta a conocer el impacto de las condiciones laborales sobre la salud psicofísica de los trabajadores universitarios y si debieron tomar licencias médicas en el último año. También se consulta sobre la existencia de protocolos de intervención ante hechos de violencia institucional o acoso, un aspecto clave en el debate contemporáneo sobre ambientes laborales seguros en la educación superior.

El cuestionario, además, incorpora un capítulo sobre contexto económico y político, donde se invita a reflexionar sobre los cambios percibidos en las condiciones de trabajo: hacinamiento áulico, reducción de dedicación docente, ausencia de concursos, incremento de tareas sin aumento de horas o recortes derivados de modificaciones en los planes de estudio.

Entre la crisis económica y la vida universitaria

El relevamiento no se limita a los aspectos laborales. También explora el costado humano y social de la docencia universitaria en tiempos de crisis: desde el impacto del estrés hasta las estrategias personales para afrontar la inflación, la sobrecarga de tareas o la pérdida de ingresos.
Las opciones de respuesta van desde la reducción de gastos y el cambio de hábitos de consumo hasta la búsqueda de ingresos extra, la migración temporal o el apoyo de familiares y programas sociales.

Este enfoque integral, que abarca tanto la vida profesional como la personal de los docentes, busca ofrecer un panorama más completo del desgaste acumulado en un sector clave del sistema científico y educativo argentino.

El desafío de transformar el diagnóstico en acción

La encuesta impulsada por la FEDUN trasciende el mero relevamiento estadístico. Representa un intento de construir una voz colectiva capaz de traducirse en políticas gremiales más efectivas, en un momento en que la educación superior enfrenta presiones presupuestarias, salariales y simbólicas.

Convertir esos datos en acción será, quizás, el desafío central: que la escucha se transforme en representación real y que el diagnóstico impulse cambios concretos en las universidades nacionales.
En palabras del propio gremio, “cada voz cuenta” —y en ese contar, puede comenzar a delinearse la próxima etapa de la defensa universitaria argentina.