La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

La CGT realizó una reunión de Consejo Directivo en su sede de la calle Azopardo, donde confirmó su cronograma electoral y se prepara para un congreso el 5 de noviembre que definirá su próxima conducción. El debate interno se centra en si mantener el esquema de triunvirato o volver a un único secretario general.

«El triunvirato demostró que funciona», declaró Víctor Santamaría, titular del gremio SUTERH. Sin embargo, también hay voces que abogan por un cambio. «Yo quiero un secretario general, pero la verdad que lo veo difícil porque todos quieren ser», dijo Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato de Viales.

Los nombres que circulan como posibles sucesores de los actuales líderes son Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Jorge Sola (seguro) y Maia Volcovinsky (judiciales). Sin embargo, también hay un sector que busca posicionarse detrás de una propuesta alternativa: un unicato abiertamente opositor.

«Se necesita una conducción de lucha», sostienen los dirigentes de este sector. Postulan, por peso específico, al metalúrgico Abel Furlán, aunque también dejan trascender otros nombres.

La decisión final se tomará en el congreso del 5 de noviembre, donde se reunirán los dirigentes de la CGT para definir su próxima conducción. El cronograma electoral también contempla una instancia más, el Comité Central Confederal, que se reunirá el 18 de septiembre en Azopardo.

La CGT se prepara para un momento decisivo en su historia, y los dirigentes están conscientes de la importancia de la elección. «La CGT necesita una conducción que la lleve a ser una organización más fuerte y más unitaria», declaró Carlos Acuña, miembro del triunvirato actual.

El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales suma un nuevo capítulo. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ratificó un paro para el próximo 29 de agosto, en el marco de un reclamo que, según sus representantes, ya acumula más de un año de desgaste y pérdida sostenida frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Alfredo Collado, referente de la UEJN en San Juan, explicó que el poder adquisitivo de los judiciales nacionales se encuentra hoy un 30% por debajo de lo necesario para recuperar el nivel salarial previo al actual ciclo económico. “Defendemos el salario porque es lo que sostiene a nuestras familias y nos permite vivir con dignidad. Hoy está diezmado, mientras vemos beneficios fiscales para grandes fortunas y aumentos constantes en servicios básicos que golpean a los trabajadores”, señaló.

Si bien en julio se oficializó un aumento del 1,9%, que coincide con la inflación de ese mes, el dirigente subrayó que la mejora es insuficiente: “Con este ajuste seguimos perdiendo un 29% acumulado. Es un déficit muy grande, que no se corrige con incrementos tan bajos y espaciados”.

La medida del 29 de agosto incluirá asambleas en todo el país. En la región de Cuyo, los judiciales se reunirán en Mendoza para definir los próximos pasos del plan de lucha. Además, en la semana previa habrá banderazos frente a las dependencias judiciales, coincidiendo con las reuniones de la Corte Suprema, donde el gremio reiterará su pedido de recomposición.

Collado describió las consecuencias cotidianas de la pérdida salarial: reducción del consumo de alimentos, servicios, transporte y actividades recreativas, además de casos más graves que afectan la salud y la calidad de vida. “Cuando hablan de bajar el consumo, lo plantean en términos macroeconómicos, pero en la realidad significa que una familia deja de comer lo que comía, que un chico deja de hacer deporte o que un jubilado no puede comprar sus medicamentos. Esto no puede naturalizarse”, advirtió.

En el plano sindical nacional, también se refirió al Congreso de la CGT previsto para el 5 de noviembre, donde se debatirá la estructura de conducción de la central obrera. Collado se mostró a favor de un triunvirato en lugar de un “unicato”, por considerarlo un modelo más democrático y representativo. “Son tiempos que exigen renovación y reconfiguración en la CGT. Me alegra que los trabajadores se reúnan para definir estrategias y fortalecer la unidad”, afirmó.

La situación de los judiciales se enmarca en un contexto nacional de reclamos transversales por salarios que no acompañan la inflación y condiciones de vida cada vez más complejas. El paro de fin de mes será una nueva muestra de la tensión creciente entre el sector y las autoridades, en una pulseada que, de momento, no encuentra soluciones concretas.