Organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña global para exigir garantías laborales para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales, en el marco de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. La iniciativa busca frenar la precarización estructural que enfrentan millones de personas repartidoras y conductoras en todo el mundo.

La economía de plataformas ha revolucionado la forma en que trabajamos y nos relacionamos con el mercado laboral. Sin embargo, detrás de la promesa de flexibilidad y autonomía, se esconde una realidad de precarización y desprotección para millones de trabajadores en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca visibilizar esta problemática y exigir cambios estructurales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas.

La precarización laboral en la era digital

Los algoritmos de las aplicaciones definen turnos, ingresos y sanciones, sin transparencia ni participación de las personas afectadas. A pesar de la promesa de flexibilidad, en la práctica los trabajadores carecen de estabilidad, protección social y derechos básicos. Las empresas son las mayores beneficiarias de este modelo de negocio, que les permite externalizar costos y maximizar ganancias a costa de la desprotección de los trabajadores.

La lucha por la regulación

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel fundamental en la regulación de los derechos laborales en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca presionar a la OIT para que establezca normas internacionales que garanticen derechos laborales en el entorno digital. La aprobación de un instrumento normativo vinculante que regule estas tecnologías del trabajo es imprescindible para garantizar la transparencia en el uso de los datos y proteger los derechos de los trabajadores.

La situación en América Latina

En América Latina, también hay intentos por legislar sobre el trabajo en plataformas. Sin embargo, aún quedan desafíos como el uso de datos, los seguros, la libertad de asociación y la gestión algorítmica. La región necesita una regulación efectiva que proteja los derechos de los trabajadores y garantice condiciones laborales justas.

El titular de estaciones de servicio en San Juan, Víctor Menéndez, analizó la crítica situación que atraviesan los trabajadores ante el ajuste del gobierno nacional, el estancamiento paritario y la falta de voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, referente sindical del sector de estaciones de servicio en San Juan, expresó su profunda preocupación por el contexto económico actual y su impacto directo en los trabajadores. Según afirmó, el poder adquisitivo ha sufrido un deterioro alarmante, los sueldos no alcanzan y las paritarias se encuentran prácticamente congeladas.

“La situación es muy complicada. No recuerdo una etapa tan difícil en los últimos tiempos. Los salarios están destruidos y no vemos una solución cercana”, sentenció Menéndez.

El dirigente explicó que, si bien recientemente lograron un acuerdo salarial del 3% para mayo, el mismo quedó muy lejos de cubrir las necesidades reales del sector. Además, reconoció que la Secretaría de Trabajo impuso un techo en las negociaciones, lo que dificultó aún más las conversaciones. “Teníamos que llevar algo a los compañeros, aunque sea insuficiente”, lamentó.

Paritarias en tensión: el Gobierno propone aumento cero

Uno de los puntos más críticos del diálogo fue la referencia a la nueva postura del Gobierno nacional: no homologar aumentos y avanzar hacia una “paritaria cero” en junio. Para Menéndez, esta propuesta es “una locura” que amenaza con desatar un conflicto generalizado en distintas actividades laborales, especialmente en el ámbito estatal.

“Los compañeros están saliendo a la calle porque la situación ya no da para más. Vemos casos como el del Hospital Garrahan, donde los trabajadores hacen un esfuerzo enorme por salvar vidas y ni siquiera se les reconoce con un salario digno”, denunció.

Asimismo, criticó duramente el doble discurso del gobierno de Javier Milei: “No hay plata para aumentos ni para jubilados, pero sí para viajes, viáticos y premios absurdos que nadie entiende. El ajuste siempre cae sobre los mismos”.

Un llamado urgente al diálogo y al consenso

Menéndez subrayó que es indispensable retomar el diálogo entre el gobierno, los sindicatos y los empleadores para encontrar soluciones sostenibles y justas. “Se necesita responsabilidad política y apertura al diálogo. No puede ser que el gobierno tenga los oídos sordos frente a los reclamos legítimos de los trabajadores”, insistió.

A su vez, destacó la importancia de que las pequeñas y medianas empresas –como la mayoría de las estaciones de servicio– no queden al margen de esta discusión, ya que también son víctimas de la crisis económica. “No solo se castiga al trabajador; las pymes también están asfixiadas”, señaló.

Víctor Menéndez cerró la entrevista con un mensaje esperanzador, aunque con los pies en la tierra: “Espero equivocarme, pero no veo voluntad del gobierno para buscar consensos. Aun así, deseo que esto se revierta y que pronto podamos transitar un camino de diálogo real y respeto hacia los trabajadores”.

El análisis de Mnéndez deja al descubierto una realidad que golpea con fuerza a miles de familias en todo el país: salarios bajos, aumentos congelados y una creciente desconexión entre el poder político y las necesidades del pueblo trabajador. En este contexto, las voces gremiales se alzan, no solo en defensa del salario, sino también del derecho básico a una vida digna.

La Justicia federal hizo lugar a un amparo presentado por las dos CTA y suspendió dos resoluciones del PAMI que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. El fallo es un revés para el gobierno nacional y un alivio para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste.

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza falló a favor de una medida cautelar presentada por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), y ordenó al PAMI dejar sin efecto dos resoluciones que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. Las resoluciones 2431 y 2537/2024 emitidas por el PAMI habían sido cuestionadas por su carácter regresivo y por violar los principios de progresividad en materia de derechos sociales.

El resolución judicial es un triunfo para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste del gobierno nacional. Las organizaciones sindicales destacaron que el fallo no solo protege a sus integrantes y afiliados incluidos en el padrón del PAMI, sino que también reafirma la legitimidad de las centrales para actuar colectivamente ante políticas que lesionan derechos fundamentales.

Los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T) expresaron que la decisión representa un reconocimiento por parte de la Justicia a un derecho del que fueron brutalmente despojados los jubilados por parte del gobierno de Milei. También subrayaron que el PAMI «no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte», sino que debe garantizar el acceso a la salud como un derecho humano básico.