Organizaciones sociales, políticas, ambientales y trabajadores autoconvocados recorrieron este sábado distintos puntos del microcentro sanjuanino. La movilización formó parte de una jornada nacional de protesta y reunió reclamos por salarios, empleo, educación, salud, discapacidad, políticas de género y protección ambiental.

En San Juan, la concentración comenzó en Plaza España y posteriormente la columna avanzó por el Centro Cívico, avenida Libertador San Martín, calle Mendoza y Plaza 25 de Mayo, hasta llegar a la intersección de General Acha y Rivadavia, en uno de los accesos a la Peatonal.

Una vez concluido el recorrido, los manifestantes se concentraron para la lectura de un documento elaborado previamente en asambleas. El texto reunió una extensa plataforma de reclamos que incluyó cuestiones laborales, sociales, educativas, sanitarias y ambientales.

Entre las organizaciones que participaron estuvieron las asambleas barriales del Polo Obrero, el Partido Obrero de San Juan, el Frente de Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, junto con agrupaciones sociales, ambientales y otros espacios de izquierda. La convocatoria provincial había sido presentada como parte de una jornada federal contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

Salarios, servicios y empleo

Uno de los principales planteos estuvo dirigido a los ingresos de los trabajadores. Las organizaciones reclamaron salarios que permitan cubrir la canasta familiar y cuestionaron el deterioro del poder adquisitivo, junto con el costo de los servicios públicos y la pérdida de puestos laborales.

La educación y la salud pública ocuparon otro lugar central. Los manifestantes reclamaron mayor presupuesto, provisión de recursos e insumos y políticas que garanticen el acceso a ambos servicios. También incorporaron la defensa de la discapacidad y la implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI) entre sus demandas.

El documento incluyó además reivindicaciones vinculadas con mujeres y diversidades, con pedidos de políticas públicas frente a la violencia de género y críticas a la reducción de partidas destinadas a esas áreas.

Ambiente, minería y RIGI

La cuestión ambiental tuvo una presencia particular en la movilización sanjuanina. Las organizaciones cuestionaron el modelo extractivo y reclamaron protección para los territorios y los recursos naturales, con especial énfasis en el agua frente al desarrollo de proyectos de megaminería.

También expresaron su rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y plantearon reparos frente a lo que consideran una mayor participación de empresas extranjeras en la explotación de recursos naturales. Esos cuestionamientos forman parte de una agenda que los espacios convocantes vienen sosteniendo en San Juan, particularmente alrededor de la defensa del agua y el territorio.

En el plano político, los oradores dirigieron críticas al Gobierno de Javier Milei y también cuestionaron a gobernadores de distintos espacios partidarios por acompañar iniciativas del oficialismo en el Congreso.

Reclamo a las centrales sindicales

Otro de los puntos centrales fue el pedido dirigido a la CGT y las CTA para que convoquen a un paro nacional y articulen un programa de medidas de fuerza contra las políticas económicas del Gobierno.

Ese planteo, sin embargo, corresponde a las organizaciones que impulsaron la movilización. La Marcha de la Bronca no contó con la adhesión orgánica de las principales centrales obreras nacionales, aunque algunos sectores sindicales y organizaciones de trabajadores participaron de la jornada.

El documento nacional también incorporó el rechazo al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, además de cuestionamientos a la política exterior de Estados Unidos en América Latina y una posición de condena a las acciones del gobierno israelí en Gaza, con un reclamo por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines rechazó por insuficiente la última propuesta empresaria y decidió iniciar asambleas informativas en establecimientos de todo el país. La Secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre.

La paritaria vitivinícola volvió a quedar sin acuerdo y abrió una nueva instancia de presión sindical. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta de las cámaras empresarias, la calificó de insuficiente y resolvió llevar la discusión directamente a las bodegas mediante asambleas informativas.

La medida afecta a los sindicatos de la Federación en todo el país y tiene como fin informar a los trabajadores sobre el avance de las paritarias. Las entidades tendrán que notificar con anticipación los lugares, las fechas y los horarios donde se realizarán las asambleas.

La falta de acuerdo se debe a la gran diferencia entre lo que piden los empleados y lo que ofrece la patronal. Desde el sindicato, FOEVA rechazó que la crisis de los pequeños establecimientos sea una excusa para negar un aumento salarial que corresponde a todos los trabajadores de la actividad.

“Los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”, sostuvo Romero, vocero de la Federación, al expresar el malestar de la representación gremial.

Según los datos difundidos por la organización, un trabajador de bodega percibe actualmente entre $900.000 y $950.000, mientras que el promedio para quienes se desempeñan en viña ronda los $750.000. Para el sindicato, esos ingresos deben ser analizados frente al costo de vida y no exclusivamente desde las dificultades financieras que atraviesan determinadas empresas.

La discusión salarial también expuso diferencias respecto de la estructura económica de la industria. FOEVA cuestionó la concentración creciente del negocio vitivinícola y advirtió que las dificultades de establecimientos pequeños no deberían convertirse en un argumento para trasladar el ajuste sobre los trabajadores de compañías de distinta escala.

El gremio sostiene que quienes producen y sostienen diariamente la cadena vitivinícola no pueden quedar relegados en la distribución de los ingresos. “Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, planteó Romero.

La próxima instancia formal quedó fijada para el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a un nuevo cuarto intermedio. El objetivo será permitir que empresarios y representantes sindicales evalúen internamente la propuesta y lleguen a esa audiencia con posiciones definidas.

Mientras tanto, las asambleas funcionarán como una herramienta para mantener informadas a las bases y medir el nivel de respaldo a las próximas decisiones de la Federación. El sindicato busca evitar que la negociación quede reducida a una discusión porcentual y pretende incorporar al debate las condiciones concretas de quienes trabajan en bodegas y viñedos.

La pulseada salarial adquiere especial relevancia para una cadena productiva con fuerte presencia en provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la elaboración de vino y de las tareas agrícolas asociadas.

El nuevo cuarto intermedio será, por lo tanto, una instancia decisiva para intentar destrabar una negociación que comenzó a trasladarse de la mesa paritaria hacia los establecimientos. Si no aparece una mejora sustancial en la propuesta, FOEVA ya dejó planteada una primera señal de endurecimiento: la discusión salarial comenzará a ganar presencia en las propias bodegas y viñedos.

La FAECyS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración prevista por la Ley 26.541 al lunes 28 de septiembre. La jornada tendrá el tratamiento legal correspondiente a un feriado nacional y no podrá utilizarse como franco compensatorio.

La fecha original establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero el entendimiento entre las partes dispuso trasladar la conmemoración al lunes siguiente para garantizar a los trabajadores los derechos laborales asociados a la jornada.

La circular difundida por la FAECyS el 7 de septiembre precisó que la fecha trasladada conservará todos los alcances previstos por la legislación. En materia salarial, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas complementarias, con el tratamiento correspondiente a los feriados nacionales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el lunes 28 no podrá ser utilizado como franco compensatorio del descanso semanal. De esta manera, la jornada mantiene su carácter especial y no puede ser absorbida por otro día de descanso que correspondiera al trabajador.

El entendimiento fue remitido para su homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que permitirá formalizar el acuerdo alcanzado entre la representación gremial y las cámaras empresarias.