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El dirigente camionero y titular adjunto de la CGT, Pablo Moyano, calificó de “vergonzoso” al aumento de solo 18 mil pesos acordado ayer en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y le exigió al gobierno nacional que otorgue una suma fija para los trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza: “Si hay aspiraciones de ganar las elecciones hay que poner guita en el bolsillo de la gente”, sentenció.

“Estuvimos cuatro horas discutiendo 18 mil pesos. Yo me fui, pero si tenía que votar, habría votado negativo”, cuestionó el dirigente que durante el encuentro virtual que ayer mantuvieron gremios y empresas mantuvo, y en el que él tuvo un contrapunto con empresarios y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

A la ministra le reprochó que “es una vergüenza que en un gobierno peronista” se discuta una cifra magra respecto de los niveles de inflación. Y a los empresarios los acusó de ser “los responsables de los aumentos y la especulación”.

«El salario mínimo debería ser de 180 mil, como mínimo”

Lo que Moyano rechazó fue el incremento del 26 por ciento en el SMVM que ayer elevó el ingreso mínimo a 88 mil pesos para junio próximo. “Si la canasta básica está 177 mil pesos, el salario mínimo debería ser de 180 mil, como mínimo”, explicó durante una entrevista por Radio 10.

El líder camionero no fue el único gremialista que expresó su disconformidad con ese acuerdo pero sí el primero en retirarse de la reunión. Quien siguió la negociación fue su par en la CGT Héctor Daer.

Moyano reconoció que puertas adentro de la central obrera hay diferencias de criterios para afrontar la situación salarial pero dejó claro que “esto no quiere decir que yo me voy a ir de la CGT”, puntualizó.

Las críticas más duras fueron dirigidas a los referentes de las principales compañías del país. A ellos, el gremialista los acusó de “llevarse en pala” las ganancias que producen los trabajadores y los responsabilizó por la crisis económica en el país. “El Gobierno está haciendo todo lo posible (para contener la inflación) pero los empresarios no le hacen caso y especulan, y remarcan”.

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La construcción en crisis: la actividad experimentó una caída interanual acumulada del 28,5%

La actividad de la construcción experimentó una caída interanual acumulada del 28,5% en los primeros doce meses de gestión de Javier Milei, según un informe de la consultora Analytica.

La crisis en el sector de la construcción sigue profundizándose, con una caída acelerada y sostenida que se caracteriza como una de las más graves desde la salida de la convertibilidad. El Indice Construya cerró el año con una baja del 26,6%, tras cinco meses consecutivos en descenso.

La demanda de cemento, un indicador clave de la actividad, se desplomó un 25,3% interanual, alcanzando niveles mínimos históricos comparables a los de 2005. Esto se debe en gran parte al recorte drástico en obra pública, que se redujo un 76,5% en términos reales durante 2024.

Además, el costo de construcción en dólares alcanzó máximos históricos, lo que se tradujo en un costo de construcción sin precedentes, especialmente en los últimos meses debido a la caída del dólar CCL. El costo de los materiales, en particular, alcanzó su nivel más alto desde 2008.

A pesar de la crisis generalizada, se registraron algunos puntos positivos en el sector. Las escrituras crecieron un 31,2% en CABA y un 14,2% en Buenos Aires hasta noviembre, impulsadas por la apreciación cambiaria y la recuperación del crédito hipotecario. Además, en Neuquén, el empleo en el sector se mantuvo estable gracias a la demanda generada por la expansión de la industria hidrocarburífera.

La crisis en el sector de la construcción es un reflejo de la situación económica general del país. La caída de la actividad y la pérdida de empleos formales son un claro indicador de la necesidad de políticas públicas efectivas para impulsar el crecimiento y la inversión en el sector.

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El Gobierno planea ‘paritarias cero’ a partir de marzo para controlar la inflación

El gobierno planea implementar un plan de «paritarias cero» a partir de marzo, con el objetivo de reducir al mínimo los ajustes salariales y controlar la inflación. Esto implica que no se autorizarán incrementos salariales que superen la expectativa inflacionaria del gobierno, y que las negociaciones se realizarán únicamente en áreas geográficas o unidades productivas que puedan absorberlos sin impacto sobre precios.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de transmitir esta línea oficial a los gremios, y se espera que la mayoría de ellos rechacen el plan. Sin embargo, el gobierno cree que algunos gremialistas podrían estar dispuestos a aceptar paritarias a la baja o congeladas a cambio de compromisos de mantenimiento de los puestos de trabajo.

El plan también implica la negativa a otorgar la homologación de Trabajo, lo que podría generar conflictos y tensiones con los gremios. La CGT no fue consultada sobre el plan, y se espera que se oponga firmemente a él.

Es importante destacar que las negociaciones por región o por empresa son contrarias al espíritu constitutivo del modelo sindical argentino, y que un quiebre en esta dinámica podría representar un golpe letal para el poderío de los gremios.

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La FEPEVINA respalda pedido de diputados para transparentar fondos de Vialidad

La privatización de rutas en Argentina ha generado un gran revuelo, especialmente después de que los diputados aprobaran esta medida. Ahora, los legisladores están exigiendo explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el destino de los fondos de Vialidad.

La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respaldó este pedido, enfatizando que el abandono de las rutas y la privatización son medidas que atentan contra la población.

El grupo de legisladores encabezados por el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, solicitó la presencia en la Cámara Baja del ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Los diputados de Unión por la Patria pidieron información sobre varios temas relevantes, incluyendo:

  • Monto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono: Los diputados quieren saber cuánto dinero se recaudó en 2024 a través de este impuesto y cómo se utilizó.
  • Destino de los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte: Los legisladores buscan transparencia sobre cómo se utilizaron los fondos del Fideicomiso en 2024.
  • Monto recibido por la Dirección Nacional de Vialidad: Los diputados quieren saber cuánto dinero recibió la Dirección Nacional de Vialidad en 2024 y cómo se utilizó.
  • Razones de la subejecución de programas: Los legisladores buscan entender por qué no se ejecutaron algunos programas de la Dirección Nacional de Vialidad en 2024.
  • Avance y ejecución de obras: Los diputados quieren saber cuál es el estado actual de las obras a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y qué se proyecta para 2025.

La FEPEVINA enfatizó que es primordial que los recursos asignados a Vialidad Nacional lleguen a donde corresponden, y no se desperdicien o se utilicen ineficientemente. La transparencia y la rendición de cuentas son si para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente.

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