El Ejecutivo provincial formalizó una nueva instancia de diálogo con el sector docente al convocar a la Comisión Paritaria Negociadora, en el marco de la discusión salarial correspondiente al ciclo 2026. La medida quedó establecida a través de la Resolución N° 3615-ME-2026, firmada el 6 de abril por la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

La convocatoria se sustenta en el ámbito normativo vigente que regula las negociaciones colectivas en la provincia, incluyendo las leyes 635-K y 925-K, así como el decreto reglamentario 121-K-2007. Estos instrumentos establecen las condiciones formales para el funcionamiento de la paritaria y la representación de las partes involucradas.

El encuentro fue fijado para el 13 de abril a las 15:00 en la sede del Ministerio de Educación, ubicada en el Centro Cívico de la capital sanjuanina. Allí deberán presentarse los representantes gremiales titulares y suplentes, junto con los asesores designados por cada sector, en una instancia que busca dar continuidad a las negociaciones abiertas.

Desde el gobierno remarcaron que la Comisión Paritaria puede ser convocada por cualquiera de las partes, siempre que no exista oposición de la otra, lo que refuerza su carácter de herramienta institucional para canalizar los conflictos laborales en el campo educativo.

La reactivación de la mesa de negociación se produce en un momento de creciente tensión en el sector docente, marcado por reclamos salariales y demandas vinculadas a las condiciones laborales. En ese sentido, la paritaria aparece como el espacio clave para intentar acercar posiciones y evitar una escalada del conflicto.

El desafío para ambas partes será encontrar un equilibrio entre las posibilidades fiscales de la provincia y la necesidad de recomponer los ingresos docentes, en un presente económico que continúa presionando sobre el poder adquisitivo.

La convocatoria a paritarias en San Juan reabre un canal de negociación imprescindible en un momento de alta sensibilidad para el sistema educativo. Más allá de la formalidad del encuentro, lo que está en juego es la capacidad de alcanzar acuerdos que garanticen previsibilidad y estabilidad en el sector.

El resultado de esta instancia será determinante no solo para la evolución salarial, sino también para el clima educativo en la provincia, en un año donde el equilibrio entre recursos y demandas vuelve a ser el eje central del debate.

En el Día del Trabajador Telepostal, la FOECYT profundizó sus cuestionamientos al Correo Argentino por la falta de recomposición salarial, la imposición de decisiones sin consenso y el progresivo retroceso en derechos laborales.

La conmemoración del Día del Trabajador Telepostal dejó de ser una instancia protocolar para transformarse en una señal de alerta dentro del sistema postal. La FOECYT, utilizó la fecha para exponer un cuadro que, según su diagnóstico, combina pérdida de poder adquisitivo, debilitamiento de las garantías laborales y una dinámica empresaria que prescinde del diálogo institucional.

El eje inmediato de la controversia se ubica en la decisión de las autoridades del Correo Argentino de trasladar el feriado del 7 de abril al lunes siguiente. Desde la organización sindical interpretaron la medida como una alteración inconsulta de acuerdos vigentes y una desnaturalización de una jornada con fuerte identidad para la actividad. La explicación oficial —centrada en supuestos beneficios organizativos— fue desestimada por el gremio, que la consideró inconsistente con antecedentes recientes y alineada con necesidades operativas antes que con el interés del personal.

No obstante, el desacuerdo trasciende este episodio. La federación viene señalando una política salarial que, en su criterio, erosiona progresivamente la capacidad adquisitiva. La implementación de incrementos definidos de manera unilateral, al margen de las negociaciones paritarias, constituye uno de los puntos más sensibles. Para el sindicato, este mecanismo no solo limita la discusión colectiva, sino que también consolida un esquema donde las recomposiciones quedan por detrás de la evolución de los precios.

La distancia entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de los trabajadores profundiza el malestar. Mientras la conducción de la empresa pone el acento en avances operativos y modernización, desde el ámbito gremial se describe una realidad marcada por la reducción de estructuras, menores perspectivas de desarrollo profesional y una progresiva pérdida de derechos adquiridos.

Frente a este cuadro, FOECYT resolvió avanzar con un esquema de acciones que incluye asambleas y protestas en distintas regiones del país, en el marco del estado de alerta y movilización declarado a comienzos de abril. Las medidas articulan demandas de recomposición salarial con el rechazo a decisiones recientes, en un intento por visibilizar un conflicto que, según advierten, podría profundizarse.

A su vez, la lectura sindical incorpora una dimensión más amplia. Desde la federación vinculan la situación del Correo con una orientación general de la política pública, a la que atribuyen una priorización de criterios de ajuste y racionalización del gasto por sobre la preservación del empleo. Esta interpretación amplía el alcance del reclamo y lo inscribe en un debate de mayor escala sobre el rol de las empresas estatales.

El conflicto en el Correo Argentino expone una fricción cada vez más marcada entre las estrategias de reorganización empresaria y las demandas sindicales por sostener condiciones laborales y poder adquisitivo. La ausencia de instancias de negociación robustas y la reiteración de medidas unilaterales han erosionado los canales tradicionales de entendimiento.

En este este sentido, la disputa ingresa en una etapa de mayor complejidad, donde la resolución dependerá en gran medida de la capacidad de reconstruir espacios de diálogo efectivos. De no mediar señales en esa dirección, el diferendo no solo tenderá a prolongarse, sino que podría escalar en intensidad, con impacto directo sobre el funcionamiento de un servicio público esencial y sobre la estabilidad laboral de quienes lo sostienen a diario.

El gremio ADICUS confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CONADU, con medidas de fuerza en dos etapas. La protesta impactará en la Universidad Nacional de San Juan y pone en el centro el reclamo por recomposición salarial y financiamiento educativo.

El sistema universitario vuelve a tensarse en San Juan. ADICUS, el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de San Juan, confirmó su adhesión al paro nacional impulsado por CONADU, en el marco de un plan de lucha que se desplegará de manera escalonada durante abril y comienzos de mayo.

La medida fue definida en articulación con las distintas representaciones docentes del país, en el ámbito de la federación que coordina las estrategias gremiales a nivel nacional. Según explicó el secretario adjunto Sergio Castro, la decisión responde a una construcción colectiva que busca sostener la presión sobre el Gobierno en torno a los reclamos del sector.

El cronograma prevé dos semanas de paro: la primera del 13 al 18 de abril y la segunda del 27 de abril al 3 de mayo. Entre ambas instancias habrá una semana de actividad normal, aunque desde el gremio aclararon que forma parte de la continuidad del mismo plan de lucha.

El eje central del conflicto sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y la falta de una ley de financiamiento universitario que garantice estabilidad presupuestaria. “Las medidas van a continuar hasta que se logre una recomposición salarial”, advirtió Castro, marcando el tono de un conflicto que no parece cercano a resolverse.

Sin embargo, el impacto trasciende lo estrictamente salarial. Desde ADICUS alertan sobre un fenómeno que comienza a afectar la estructura del sistema: el desplazamiento de docentes hacia otros ámbitos laborales. La pérdida de competitividad de los salarios universitarios —históricamente más altos que los del sistema provincial— ha invertido esa lógica y empuja a muchos profesionales a migrar hacia otros sectores o a retomar cargos anteriores.

Este proceso, aún en desarrollo, abre interrogantes sobre la capacidad de las universidades para sostener su plantel docente y preservar estándares académicos en el mediano plazo.

En este sentido, el gremio busca que la protesta no se limite a la suspensión de clases. Durante las jornadas de paro se llevarán adelante actividades de visibilización, reuniones y recorridas por las distintas unidades académicas. El objetivo es mantener presencia institucional y ampliar el alcance del reclamo dentro de la comunidad universitaria.

La crisis en la UNSJ refleja, en escala local, una problemática estructural que atraviesa al sistema universitario argentino: la tensión entre financiamiento, salarios y sostenibilidad. En ese marco, cada medida de fuerza no solo interrumpe el ciclo lectivo, sino que también evidencia las dificultades para garantizar su continuidad.