La Unión Tranviarios Automotor (UTA) endureció su cuestionamiento a las empresas de transporte y reclamó una intervención estatal en las negociaciones paritarias. La conducción nacional, encabezada por Roberto Fernández, denunció que las ofertas salariales se presentan bajo una lógica de imposición —«es esto o nada»— y advirtió que los trabajadores no aceptarán remuneraciones inferiores a los niveles necesarios para sostener una vida digna.

En el documento titulado Dignidad en los salarios, el sindicato comparó el trato de algunas patronales con el de «anacrónicos patrones de estancia» y cuestionó que los choferes sean colocados ante una disyuntiva entre conservar el empleo o aceptar ingresos insuficientes. Para la organización, ese mecanismo desvirtúa la negociación colectiva y convierte el diálogo paritario en una instancia extorsiva.

«Queremos trabajar, pero nuestro salario debe ser superior a lo que llaman línea de pobreza o salario de subsistencia», sostuvo la UTA. El gremio advirtió que una remuneración que no alcance para cubrir las necesidades básicas compromete la dignidad de quienes prestan un servicio esencial y puede derivar en formas de precarización que calificó como una «versión moderna de la esclavitud».

La conducción sindical respaldó su planteo en normas internacionales incorporadas a la legislación argentina. Citó el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho a una remuneración equitativa y a condiciones de existencia compatibles con la dignidad humana. Ambos instrumentos tienen jerarquía constitucional a partir del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

El reclamo también apuntó al Estado. La UTA pidió que la autoridad laboral utilice sus atribuciones para impedir que las negociaciones se desarrollen en condiciones que, según denunció, favorecen a las cámaras empresarias. La expresión «cancha inclinada» sintetizó la objeción del sindicato a una intervención oficial que considera insuficiente para equilibrar el poder de negociación entre empleadores y trabajadores.

El pronunciamiento concluyó con una advertencia sobre las consecuencias de mantener salarios por debajo de los umbrales de subsistencia: «Sin salarios dignos no se garantiza la paz social». La definición deja planteado que la discusión paritaria del transporte excede la actualización de los haberes y vuelve a colocar en primer plano el papel del Estado en la protección del salario y la negociación colectiva.

El Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta de actualización salarial para los docentes, con dos incrementos consecutivos del 1,5% en el valor índice para noviembre y diciembre. La oferta quedó bajo evaluación de UDAP, UDA y AMET, que llevarán los términos del entendimiento a sus respectivas bases y fijaron el miércoles 4 de noviembre como fecha para responder.

La propuesta surgió durante la primera sesión de la tercera negociación paritaria de 2026, desarrollada este lunes 2 en el Ministerio de Educación. El esquema establece una suba del 1,5% en noviembre, calculada sobre el valor índice de octubre, y otro incremento del mismo porcentaje en diciembre, tomando como referencia el índice actualizado del mes anterior.

La alternativa llegó después del rechazo sindical a un planteo inicial del Ejecutivo, que contemplaba un aumento único del 3% en diciembre sobre el valor índice de octubre. Los representantes gremiales consideraron insuficiente esa fórmula y plantearon diferencias entre la evolución de los precios y el poder adquisitivo de los salarios. También señalaron que los haberes docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza y reclamaron respuestas sobre once puntos pendientes de la negociación anterior.

Tras un cuarto intermedio, el Gobierno reformuló su oferta y distribuyó el incremento en dos actualizaciones mensuales. La modificación permitió retomar el diálogo, aunque no implicó un acuerdo: el acta dejó constancia de que los sindicatos analizarán la propuesta antes de fijar una posición definitiva.

El Gobierno defendió su política salarial

Durante el encuentro, los funcionarios provinciales repasaron los aumentos otorgados desde el inicio de la gestión y sostuvieron que, según los cálculos oficiales, las mejoras salariales docentes superaron la inflación y las actualizaciones concedidas en otras jurisdicciones. También señalaron las restricciones económicas nacionales y el esfuerzo presupuestario destinado a sostener los ingresos del magisterio.

La representación gubernamental estuvo integrada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Por las organizaciones sindicales participaron los representantes de UDAP, UDA y AMET.

La respuesta de este miércoles será determinante para establecer si la propuesta permite cerrar la negociación salarial de fin de año o si las partes deberán continuar buscando una fórmula de entendimiento.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán tres paros de 24 horas durante noviembre, convocados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Las medidas están previstas para este martes 3, el jueves 12 y el lunes 16, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, que resolvió sostener las medidas de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. La organización reclama una respuesta urgente para recuperar los ingresos del personal y garantizar los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresaron desde FATUN al anunciar las jornadas de protesta. La federación también advirtió que mantendrá su programa de lucha hasta obtener respuestas del Ejecutivo.

El litigio excede la negociación salarial. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial con los dos tercios de los votos, permanece en el centro de una controversia institucional. El Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.

Posteriormente, la Justicia federal ordenó avanzar con su cumplimiento, incluida la actualización de los salarios docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. El Gobierno apeló las decisiones judiciales para evitar la aplicación inmediata de la ley, por lo que la disputa continúa en los tribunales.

Las tres jornadas de noviembre volverán a afectar el funcionamiento administrativo y operativo de las universidades nacionales. El reclamo de FATUN coloca nuevamente en primer plano la pérdida salarial del personal y la discusión sobre los recursos necesarios para sostener la educación superior pública.