Tras quedar relegada por la prioridad otorgada a la reforma laboral, la actualización de la Ley N° 26.639 sobre preservación de glaciares y ambiente periglacial será tratada el 26 de febrero en sesión especial. El debate combina aristas ambientales, intereses mineros estratégicos y discusiones constitucionales sobre competencias entre Nación y provincias.

Después de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el Senado fijó fecha para uno de los debates más sensibles del período de sesiones extraordinarias: la actualización de la Ley de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La convocatoria, formalizada en el marco del Decreto 24/2026, establece que el proyecto será tratado el jueves 26 de febrero a las 11, en una sesión pública especial que podría reconfigurar el equilibrio entre preservación ambiental y desarrollo extractivo.

La iniciativa busca introducir precisiones técnicas y normativas sobre el ambiente periglacial contemplado en la Ley 26.639, vigente desde 2010. Su tratamiento había sido postergado a comienzos de mes cuando el oficialismo —alineado con la agenda del presidente Javier Milei— decidió concentrar capital político en la reforma laboral. En este sentido, fuentes parlamentarias admitieron que no estaban garantizados los votos necesarios para avanzar con una discusión que combina tecnicismo jurídico y alta sensibilidad social.

“En el Senado lo tenemos más complicado”, deslizó entonces un legislador bajo reserva, en alusión a resistencias dentro de bloques justicialistas y radicales. La controversia no es meramente terminológica: detrás de la definición de “ambiente periglacial” se juega el alcance de las restricciones que pueden pesar sobre emprendimientos mineros en zonas cordilleranas.

San Juan como epicentro del debate

La discusión adquiere especial relevancia en San Juan, donde la actividad minera constituye uno de los pilares de la economía provincial. Allí confluyen áreas protegidas y proyectos de gran escala que, bajo la redacción actual, quedan alcanzados por limitaciones estrictas.

El caso paradigmático es el yacimiento de cobre El Pachón, ubicado en Calingasta. El emprendimiento incluye un glaciar de escombro o “glaciar petrificado” que, según estudios técnicos locales, no cumpliría funciones hídricas relevantes. Sin embargo, la normativa vigente lo encuadra dentro de la protección del ambiente periglacial, lo que dificulta su desarrollo.

Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo no es flexibilizar la tutela ambiental, sino otorgar mayor claridad conceptual y herramientas a las provincias para evaluar casos específicos en función de criterios científicos. Desde el sector minero reconocen, no obstante, que el asunto presenta complejidades constitucionales. La distribución de competencias entre la Nación —que dicta los presupuestos mínimos de protección— y las jurisdicciones provinciales, titulares del dominio originario de los recursos naturales, constituye un punto neurálgico que podría derivar en futuros litigios.

Estrategia política y cálculo parlamentario

El oficialismo optó por desdoblar el tratamiento respecto de la reforma laboral para evitar la superposición de conflictos en la calle. La simultaneidad de manifestaciones sindicales y ambientales, evaluaron en la Casa Rosada, habría elevado el costo político de ambas discusiones.

Desde ámbitos vinculados a la minería descartan una oposición monolítica del radicalismo y relativizan la idea de un rechazo frontal. Más bien describen un escenario de negociación fina, donde el texto deberá ajustarse para cosechar adhesiones sin desnaturalizar su espíritu.

El factor sanjuanino: votos bajo la lupa

La atención se concentra ahora en el posicionamiento de los senadores por San Juan. Sergio Uñac, con antecedentes de gestión favorable al desarrollo minero pero señales recientes de cautela política, mantiene su voto en reserva, lo que añade incertidumbre a la aritmética parlamentaria.

Por su parte, Celeste Giménez, alineada con La Cámpora, se perfila como una voz crítica a cualquier modificación que pueda interpretarse como una ampliación de márgenes para el sector extractivo. En el oficialismo, el senador Bruno Olivera acompañaría la postura del Gobierno nacional, respaldando la actualización normativa.

Un debate que excede la coyuntura

Más allá del resultado, la votación del 26 de febrero trasciende la agenda inmediata. La discusión expone una tensión estructural: cómo compatibilizar estándares ambientales exigentes con la explotación de recursos estratégicos en un país que necesita divisas y crecimiento productivo.

El desafío radica en evitar simplificaciones. Ni el desarrollo puede prescindir de la sustentabilidad, ni la protección ambiental puede desentenderse de las realidades económicas regionales. La clave estará en la calidad técnica del texto y en la capacidad del sistema político para alcanzar consensos que trasciendan la coyuntura.

La sesión del jueves, en definitiva, pondrá a prueba algo más que una mayoría circunstancial: medirá la aptitud del Senado para deliberar con rigor sobre un asunto donde confluyen ciencia, derecho, economía y política. En ese cruce de intereses se juega no solo el destino de un proyecto minero o de una norma ambiental, sino la credibilidad institucional frente a un debate que interpela al modelo de desarrollo argentino.

En medio de la definición legislativa de la reforma laboral y a horas de un paro de 36 horas con movilización al Congreso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Poder Ejecutivo evalúa no liquidar adicionales salariales en febrero. La medida, según el gremio, implicaría una reducción directa en los ingresos de miles de empleados públicos y agravaría una pérdida de poder adquisitivo que ya supera el 45%.

De concretarse, la decisión implicaría —según el gremio— una merma directa de al menos 50.000 pesos para trabajadores no jerárquicos cuyos ingresos netos, de acuerdo con cifras oficiales, oscilan entre 400.000 y 1.500.000 pesos. La posible quita alcanzaría ítems como el premio estímulo a la asistencia, un componente que forma parte habitual de la liquidación mensual.

El planteo sindical se inscribe en un escenario de salarios congelados y negociaciones paritarias paralizadas en lo que va del año. Para ATE, el Ejecutivo no solo incumplió el compromiso de retomar el cuarto intermedio acordado el 26 de diciembre, sino que además “clausuró” en los hechos la discusión salarial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue categórico al atribuir al Gobierno la escalada del conflicto: “Al congelamiento se le suma ahora la decisión de privar a los trabajadores del cobro de adicionales. Es una práctica desleal y de mala fe”, sostuvo.

Desde el sindicato advierten que la eventual reducción impactaría en la calidad de los servicios públicos. “No vamos a tolerar un nuevo recorte. Exigimos que se cumpla en tiempo y forma con el pago de los sueldos”, enfatizó Aguiar, quien vinculó la medida con un deterioro sostenido del poder adquisitivo. Según los registros internos de la organización, durante la gestión de Javier Milei los salarios del sector acumulan una caída real superior al 45,3%.

La controversia salarial se superpone con la pulseada legislativa por la reforma laboral. ATE integra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que convocó a un paro de 36 horas con movilización al Congreso el día en que la Cámara alta trate el proyecto aprobado en Diputados.

La estrategia combina presión en la calle con acciones judiciales: los equipos legales del sindicalismo ya trabajan en presentaciones para cuestionar la constitucionalidad de la norma si finalmente se convierte en ley.

En ese punto, la conducción del gremio coincide con sectores de la Confederación General del Trabajo que anticipan una batalla en tribunales. Para Aguiar, el texto en discusión es “inaplicable y destinado al fracaso”, y advirtió que el oficialismo pretende convertir al Senado en una “escribanía”. La definición parlamentaria, así, no solo determinará el futuro del régimen laboral sino que marcará el tono del vínculo entre el Gobierno y el movimiento obrero en los próximos meses.

El trasfondo excede la coyuntura. La administración libertaria sostiene una política de ajuste fiscal orientada a reducir el gasto público y contener la inflación, mientras los gremios alertan que el equilibrio macroeconómico no puede sostenerse a costa de una licuación persistente de ingresos. En ese delicado equilibrio se juega buena parte de la gobernabilidad.

La inminente votación en el Senado será, entonces, mucho más que un trámite legislativo: funcionará como termómetro político y social. Si prospera la denuncia de ATE y se concreta la quita de adicionales, el conflicto podría escalar hacia un escenario de mayor confrontación, con impacto directo en la prestación de servicios esenciales.

En un entorno de alta sensibilidad económica y fragilidad salarial, la disputa entre el Estado empleador y sus trabajadores se convierte en un capítulo decisivo de la actual etapa. La resolución del diferendo —en el Congreso o en los tribunales— determinará no solo el alcance de la reforma laboral, sino también el margen de maniobra del Gobierno para sostener su programa sin profundizar la fractura social.

Con la inminente sanción de la reforma impulsada por el presidente Milei, las centrales sindicales anticipan una batería de presentaciones judiciales. Especialistas en derecho laboral y constitucional advierten sobre un escenario complejo: la disputa podría fragmentarse en litigios individuales y recorrer un largo derrotero hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin garantías de un fallo con efectos generales.

Apenas la ley sea promulgada, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acudirán a los tribunales. Así lo confirmaron sus dirigentes, entre ellos Jorge Sola y el diputado sindical Hugo Yasky, quienes anticiparon que la estrategia combinará planteos por inconstitucionalidad, afectación de derechos individuales y vulneración de derechos colectivos.

El cuestionamiento central se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que consagra el principio protectorio del trabajo— y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según los especialistas consultados por distintos medios, la reforma introduciría una regresión en estándares mínimos de tutela laboral, lo que chocaría con el principio de progresividad de los derechos sociales.

1. Amparo colectivo en la Justicia del Trabajo
   La primera vía probable es la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Nacional del Trabajo. Esta herramienta permitiría impugnar la constitucionalidad de la norma en su conjunto o de artículos específicos —como los vinculados al banco de horas, la fragmentación de vacaciones o el Fondo de Asistencia Laboral— con el objetivo de obtener una declaración de invalidez general.
   Sin embargo, el antecedente del DNU 70/2023 dejó una señal ambigua. Si bien la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral, la cuestión terminó diluyéndose en un laberinto procesal que reforzó la tendencia a analizar cada conflicto en forma individual. La clave será si los jueces reconocen legitimación amplia a las centrales sindicales o restringen la discusión a casos concretos.
2. Demandas individuales “caso por caso”
   Aquí aparece la principal apuesta del oficialismo: que cualquier controversia se dirima únicamente cuando exista un trabajador afectado en un conflicto específico —por ejemplo, ante un despido o la aplicación de una jornada extendida—.
   En ese escenario, la discusión se atomiza. Cada trabajador debería iniciar su propio juicio, atravesar primera y segunda instancia, eventualmente llegar a una corte provincial y recién después aspirar a la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proceso sería largo, costoso y con efectos limitados al caso particular.
   El riesgo señalado por constitucionalistas es evidente: aun cuando un artículo sea declarado inconstitucional en un expediente puntual, la estructura general de la ley seguiría vigente para el resto de las relaciones laborales.
3. Fuero Contencioso Administrativo
   Otra alternativa es accionar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, sobre todo si se cuestionan actos reglamentarios del Poder Ejecutivo o la validez formal del proceso legislativo. Esta vía podría habilitar planteos más amplios, aunque también enfrenta el escollo de la legitimación y la posible fragmentación de criterios entre tribunales.
4. Planteos sectoriales y derechos colectivos
   Sindicatos específicos ya analizan acciones focalizadas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), por ejemplo, prepara un planteo por la derogación del Estatuto del Periodista, alegando regresividad e irrazonabilidad normativa. La estrategia apunta a defender derechos colectivos como la negociación paritaria, la huelga y la libertad sindical.
   En estos casos, la discusión podría adquirir mayor densidad constitucional, ya que involucra garantías que trascienden la esfera individual y afectan la estructura de representación gremial.
   El factor Corte y el nuevo mapa judicial
   Un elemento adicional complejiza el panorama: tras el precedente “Levinas”, el tribunal revisor de la Cámara Nacional del Trabajo pasó a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires antes de la eventual intervención de la Corte nacional. Este rediseño institucional altera la dinámica tradicional y podría influir en los tiempos y alcances de los fallos.
   En la práctica, cualquier definición de fondo podría tardar años en consolidarse. Y aun así, el máximo tribunal podría optar por resolver únicamente sobre el caso concreto, sin invalidar la norma en abstracto.
   Un conflicto de fondo
   La discusión judicial no será meramente técnica. En juego está la tensión entre el principio protectorio del derecho laboral y la potestad del Congreso para redefinir el marco normativo de las relaciones de trabajo.
   Para el movimiento obrero, la reforma implica una regresión estructural incompatible con el mandato constitucional. Para el oficialismo, en cambio, se trata de modernizar un esquema que consideran rígido y disfuncional.
   
   Las vías judiciales existen y ya están en preparación. Amparos colectivos, demandas individuales y planteos sectoriales conformarán una ofensiva legal que buscará frenar o al menos limitar la aplicación de la reforma laboral. Sin embargo, el escenario es incierto.
   Si los tribunales optan por el “caso por caso”, la disputa se fragmentará y se extenderá en el tiempo, reduciendo el impacto general de cualquier fallo favorable a los trabajadores. El desenlace dependerá, en última instancia, de cómo el Poder Judicial interprete su rol frente a una ley que redefine —y para muchos recorta— el alcance de los derechos consagrados en el artículo 14 bis.