Con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores “dialoguistas”, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El texto introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, limita el derecho de huelga, modifica el régimen indemnizatorio y otorga prevalencia a los convenios por empresa. La discusión se traslada ahora a la Cámara de Diputados.

Tras 14 horas de debate, el Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La votación en general arrojó 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el respaldo decisivo de los bloques alineados con gobernadores provinciales. El dato que atravesó la jornada —y que encendió críticas en la oposición— fue que el texto definitivo llegó a manos de los senadores minutos después de la votación, en un trámite que dejó interrogantes sobre la lectura fina de las modificaciones incorporadas a último momento.

La Libertad Avanza reunió sus 21 votos y sumó el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales vinculados a mandatarios locales. Con excepción del santacruceño Claudio Vidal, los gobernadores considerados “dialoguistas” aportaron respaldo político a la iniciativa. El interbloque peronista, en tanto, se mantuvo cohesionado y votó en contra, junto a dos representantes de Santa Cruz.

Un rediseño estructural del esquema laboral

Bajo el nombre de “Modernización Laboral”, el proyecto introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y en normas complementarias. El oficialismo lo presenta como una herramienta para promover empleo registrado y reducir litigiosidad. Para el sindicalismo y sectores de la oposición, en cambio, se trata de un cambio de paradigma que debilita la negociación colectiva y altera pilares históricos del modelo laboral argentino.

Uno de los ejes más controvertidos es la regulación del derecho de huelga. La iniciativa establece porcentajes mínimos de funcionamiento del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas trascendentales, ampliando el universo alcanzado. Además, fija nuevas condiciones para asambleas y medidas de fuerza. Para las centrales obreras, estos mecanismos implican en los hechos una restricción severa de la protesta sindical.

En este sentido, la norma otorga prevalencia al convenio por empresa por sobre los convenios de actividad y limita la ultraactividad de los acuerdos colectivos. Al vencerse un convenio, las cláusulas extraordinarias tendrán un año para renegociarse. En términos prácticos, la arquitectura de la negociación colectiva se desplaza hacia ámbitos más fragmentados, con menor capacidad de presión sectorial.

Indemnizaciones, fondo de capitalización y banco de horas

El capítulo indemnizatorio también introduce un giro significativo. La base de cálculo excluye conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones y fija un tope de hasta tres salarios promedio del convenio aplicable. La indemnización pasa a definirse como la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico del empresariado orientado a reducir contingencias judiciales.

En ese aspecto se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización con aportes patronales obligatorios —1% para grandes empresas y 2,5% para pymes— destinado a cubrir obligaciones por desvinculación. Administrado bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores, el esquema modifica la lógica tradicional de financiamiento de despidos y abre un debate sobre el traslado de riesgos desde el empleador hacia mecanismos de ahorro previo.

La reforma incorpora además el denominado “banco de horas”, que permite compensar extensiones de jornada con francos en lugar de abonar horas extras, siempre bajo acuerdo escrito. La jornada diaria podrá ampliarse hasta 12 horas respetando descansos mínimos, y se habilitan contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad adaptadas a nuevas dinámicas productivas; para sus detractores, una puerta a la extensión de la disponibilidad laboral.

Cambios en licencias, estatutos y estructura sindical

En materia de enfermedades no laborales, el texto distingue entre dolencias derivadas de conductas voluntarias y aquellas ajenas a decisiones del trabajador, reduciendo en ciertos supuestos el porcentaje salarial a percibir. También se fijan topes en honorarios judiciales y se equiparan acuerdos homologados a sentencia firme, con el objetivo declarado de acotar la litigiosidad.

El proyecto deroga estatutos profesionales históricos —entre ellos el del periodista— y establece un plazo de transición para su eliminación. Asimismo, mantiene el aporte patronal del 6% a obras sociales y fija un tope del 2% para cuotas sindicales compulsivas por un período determinado, además de un 0,5% para cámaras empresarias.

En la antesala del debate, el Ejecutivo cedió ante reclamos provinciales y retiró la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades que afectaba la coparticipación. También incorporó modificaciones solicitadas por bloques aliados, en un delicado equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento político.

Una discusión que recién comienza

El oficialismo celebró la media sanción como un paso decisivo en su programa de reformas estructurales. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un escenario complejo en Diputados, donde los números son más ajustados y la presión sindical anticipa un clima de alta conflictividad.

Más allá de los ajustes técnicos incorporados en el trámite legislativo, la reforma abre un debate de fondo: si el nuevo esquema laboral favorecerá la creación de empleo formal o si, por el contrario, implicará un corrimiento de derechos consolidados durante décadas. En ese dilema se juega no solo la arquitectura jurídica del trabajo, sino también el modelo de relaciones laborales que definirá la Argentina de los próximos años.

Las tres centrales obreras encabezaron una multitudinaria marcha frente al Congreso para exigir el rechazo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la protesta mostró una inusual postal de unidad sindical, la jornada quedó atravesada por incidentes y un operativo represivo. La votación en el Senado definirá el rumbo de una reforma que tensiona al sistema político y al mundo del trabajo.

En una de las movilizaciones sindicales más significativas de los últimos meses, la CGT y las dos vertientes de la CTA confluyeron frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo nacional. La convocatoria coincidió con el inicio de la sesión en la que el Senado comenzó a debatir el proyecto, en un clima político atravesado por fuertes presiones cruzadas y una expectativa que excede el recinto.

La Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores fueron el epicentro de una movilización que reunió a gremios industriales, estatales, docentes y organizaciones sociales y políticas. La CGT concentró mayoritariamente sobre la calle Hipólito Yrigoyen, mientras que los sectores referenciados en partidos de izquierda ocuparon la Avenida Rivadavia. Fue precisamente en ese sector donde se produjeron los incidentes que alteraron el desarrollo de la jornada: un grupo reducido de manifestantes derribó parte del vallado perimetral y arrojó bombas molotov, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.

La tensión desdibujó parcialmente la puesta en escena sindical, aunque no opacó el mensaje central: el rechazo frontal a una iniciativa que, según sostienen las centrales obreras, implica un retroceso estructural en materia de derechos laborales.

Unidad en la calle, diferencias en la estrategia

Más allá de las divergencias tácticas que habían quedado expuestas en debates previos, los sectores dialoguistas y combativos coincidieron en la necesidad de exhibir unidad frente al proyecto oficial. Esa postal, poco frecuente en el último tiempo, buscó enviar una señal política directa a los senadores.

En la antesala de la marcha, la CGT difundió un documento en el que reclamó a los legisladores que actúen “con responsabilidad” y advirtió que la reforma “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”. El texto apuntó contra lo que definió como una iniciativa que persigue “la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales”.

Durante el acto se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones convocantes, donde se detallaron los principales cuestionamientos al proyecto y se ratificó la continuidad del plan de lucha. Aunque circularon versiones sobre un eventual discurso de la conducción cegetista, los incidentes modificaron la dinámica prevista y limitaron las intervenciones públicas.

Las CTA, por su parte, reforzaron la protesta con un paro nacional de 24 horas. En un comunicado conjunto denunciaron que la movilización fue reprimida y remarcaron que la jornada forma parte de un plan de lucha escalonado que ya tuvo expresiones masivas en Córdoba y Rosario, y que prevé nuevas acciones en distintas provincias.

El trasfondo político de la reforma

En el plano discursivo, las centrales sindicales coincidieron en que la reforma responde a una lógica de flexibilización que, bajo el argumento de la modernización, avanzaría sobre garantías históricas del derecho laboral argentino. Señalaron que el proyecto habilitaría modalidades contractuales más precarias, abarataría los costos de despido y ampliaría la discrecionalidad empresarial.

El titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que el Frente Sindical de Unidad nació “para enfrentar y vencer la reforma laboral de Milei y de los gobernadores cómplices”, mientras que Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, subrayó que la masividad de la protesta demuestra que “hay un pueblo que tiene dignidad y defiende en la calle sus derechos”. En la misma línea, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, ratificó el rechazo integral al articulado y descartó cualquier negociación sobre su contenido.

Más allá de las consignas, la disputa es de fondo. Para el oficialismo, la reforma constituye una herramienta para dinamizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad. Para el movimiento obrero, en cambio, se trata de un rediseño regresivo del esquema de protección que debilita la negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Un conflicto que trasciende la votación

La CGT fue clara en su advertencia: aun si el Senado aprueba la media sanción, el plan de lucha continuará. La central dejó abierta la posibilidad de profundizar medidas en el Congreso y en la Justicia, configurando un escenario de conflictividad sostenida.

El Senado, así, no sólo definirá el destino inmediato del proyecto, sino también el nivel de tensión social que acompañará su eventual implementación. La movilización frente al Congreso dejó en evidencia que la reforma laboral no es un debate técnico sino un punto de inflexión político.

En un país donde el derecho del trabajo forma parte de su identidad institucional y social, cualquier modificación de gran alcance impacta directamente en el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los trabajadores. La decisión que adopte la Cámara alta marcará no sólo el rumbo legislativo, sino también el clima social de los próximos meses.

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desarrollada en Rosario fue atravesada por un escenario de extrema tensión institucional, marcado por el reclamo salarial y el autoacuartelamiento de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. La simultaneidad de los conflictos expone el impacto del ajuste sobre distintos sectores del Estado y del mundo del trabajo.

La ciudad de Rosario vivió este martes una de las jornadas más complejas de los últimos años. A la movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se superpuso un conflicto de alto voltaje institucional: el reclamo salarial de efectivos de la policía provincial y del Servicio Penitenciario, que derivó en acuartelamientos, enfrentamientos internos y episodios de represión protagonizados por las propias fuerzas de seguridad.

Desde la noche de este lunes, efectivos en actividad, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario para exigir recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. La protesta escaló con quema de cubiertas, disturbios y una situación inédita: un sector de uniformados reprimió a sus propios compañeros por orden de la superioridad.

Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante la mañana de este martes con “sirenazos”, patrulleros cortando calles y un fuerte despliegue policial en torno a la jefatura, mientras los manifestantes advirtieron que no se retirarían sin respuestas concretas.

Un conflicto que se expande

Las protestas no se limitaron a Rosario. También se registraron concentraciones y acuartelamientos en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y en localidades como Reconquista, Rafaela, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, configurando un escenario de tensión extendida en toda la provincia.

El reclamo central de los efectivos apunta a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, luego de aumentos cercanos al 1% mensual, en un contexto de jornadas extenuantes y con apenas 24 horas semanales de descanso, lo que obliga a completar ingresos mediante adicionales.

Testimonios de policías dieron cuenta de una situación extrema. Una agente relató que, por orden de la jefatura, se avanzó con gas pimienta contra los manifestantes, incluso cuando en la primera línea había mujeres, y que algunos efectivos se negaron a cumplir la orden.

Respuesta oficial y advertencias

Tras los incidentes, el gobierno provincial anunció que al menos 20 agentes serían pasados a disponibilidad. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre el “abandono de servicio” y remarcó los límites legales de la protesta dentro de las fuerzas de seguridad.

La decisión estuvo lejos de cerrar el conflicto y sumó un nuevo foco de tensión en una provincia atravesada por problemas estructurales de seguridad, crisis económica y un marcado deterioro del poder adquisitivo.

La protesta sindical en un contexto explosivo

En ese marco, la movilización sindical contra la reforma laboral adquirió un significado político más amplio. Las columnas gremiales marchaban contra el proyecto que el oficialismo busca aprobar en el Senado mientras Rosario permanece virtualmente en estado de alerta, con sirenas encendidas, edificios públicos custodiados y una creciente sensación de incertidumbre.

Para los sindicatos, la simultaneidad de los conflictos no es casual. Sostienen que la misma política de ajuste que impulsa una reforma regresiva para los trabajadores formales impacta también sobre quienes cumplen funciones esenciales del Estado, precarizando salarios y deteriorando condiciones laborales.

Rosario se convirtió en un espejo nítido de la crisis social que atraviesan la provincia y el país. Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete mayor flexibilización y pérdida de derechos, y las administraciones provinciales trasladan el recorte de recursos a sus trabajadores, el malestar se expande y desborda los carriles tradicionales.

La protesta sindical y el conflicto policial, cada uno con su propia lógica y límites, confluyen en una misma señal de alarma: sin salarios que alcancen y sin derechos laborales garantizados, la conflictividad social no solo persiste, sino que tiende a profundizarse.