La Corporación Vitivinícola Argentina cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar el organismo y modificar la Ley General de Vinos. Su presidente, Fabián Ruggeri, advirtió que la iniciativa podría alterar la identidad de los vinos argentinos, permitir mezclas con productos importados y debilitar la representación institucional de la actividad.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) profundizó su rechazo al proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la disolución de la entidad y modifica aspectos centrales de la Ley General de Vinos. Para el presidente de la institución, Fabián Ruggeri, la iniciativa representa una amenaza tanto para la organización del sector como para la identidad de uno de los productos emblemáticos del país.

El dirigente recordó que la disputa comenzó en mayo, cuando el Gobierno dictó la Resolución 55 con el objetivo de dejar sin efecto las funciones de la corporación. Frente a esa decisión, COVIAR presentó un amparo judicial y obtuvo una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución hasta que exista una definición sobre el fondo del conflicto.

Sin embargo, Ruggeri aseguró que ahora el Ejecutivo avanzó con un nuevo borrador de ley que insiste con la eliminación del organismo. Según explicó, el proyecto establece un plazo de apenas un mes para elaborar un informe final y proceder a la liquidación de sus actividades.

La mayor preocupación, señaló, no pasa únicamente por la desaparición de COVIAR, sino por las modificaciones que el texto introduce en la legislación vitivinícola. Entre los cambios mencionó la sustitución del concepto de «uva fresca» por el de «mosto de uva» en la definición legal del vino, una modificación que, a su entender, permitiría utilizar mostos concentrados o sulfitados e incluso materia prima proveniente de otras regiones.

También advirtió que la iniciativa abriría la posibilidad de comercializar vinos importados sin identificar claramente su origen y permitiría mezclarlos con vinos nacionales, una práctica que actualmente se encuentra prohibida.

Ruggeri cuestionó además la visión que, según afirmó, inspira el proyecto oficial. «El vino no es un commodity. Puede mezclarse trigo de distintos productores y seguirá siendo trigo, pero el vino tiene identidad, historia y características propias. Es cultura y tradición», sostuvo.
En ese sentido, defendió el papel que COVIAR desempeña desde su creación como organismo de articulación entre el sector público y privado, destacando que permitió impulsar políticas comunes y consolidar un plan de desarrollo de largo plazo para la vitivinicultura argentina.

San Juan, entre las provincias involucradas

El titular de COVIAR destacó que San Juan es una de las provincias que más se benefició con los programas impulsados por la corporación. Como ejemplo mencionó el desarrollo alcanzado por la industria de la pasa de uva a través del programa PROVIAR, al tiempo que reconoció que muchas veces esos resultados no llegan a ser conocidos por todos los productores y bodegueros que realizan aportes al organismo.

Finalmente, Ruggeri sostuvo que la discusión trasciende la continuidad de la compañía y consideró que la iniciativa oficial implica un cuestionamiento a la institucionalidad construida durante años por la vitivinicultura argentina. Según afirmó, eliminar ese ámbito de representación significaría perder una herramienta clave para defender los intereses de una economía regional de fuerte impacto en provincias productoras como San Juan y Mendoza.

El mercado laboral argentino continúa mostrando una marcada pérdida del poder adquisitivo. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondiente al primer trimestre de 2026, 10,5 millones de personas ocupadas en los 31 principales conglomerados urbanos del país perciben ingresos inferiores a $1.500.000 mensuales, un nivel que quedó por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que en junio se ubicó en $1.531.473 para una familia tipo y determina la línea de pobreza.

Las cifras reflejan que ocho de cada diez trabajadores no generan ingresos suficientes para cubrir el costo de esa canasta. El fenómeno deja en evidencia que la pérdida del poder de compra ya no afecta exclusivamente a los segmentos más vulnerables, sino que alcanza de manera creciente a quienes cuentan con empleo registrado.

Sobre un universo de 13,1 millones de personas ocupadas con ingresos, el organismo estadístico informó que 7,4 millones (56,5%) desempeñan tareas formales, mientras que 5,7 millones (43,5%) trabajan sin registración. La participación del empleo informal volvió a incrementarse respecto del mismo período del año anterior, cuando representaba el 42,5%, confirmando una tendencia de expansión del trabajo precario.

Uno de los datos más relevantes del informe es que la insuficiencia de ingresos también atraviesa al empleo formal. Una parte importante de quienes perciben menos de $1,5 millones mensuales pertenece al universo de asalariados registrados, lo que pone de manifiesto que la erosión salarial dejó de ser una característica exclusiva de la economía informal.

El ingreso individual promedio per cápita de la población relevada, integrada por 30,1 millones de habitantes de los principales centros urbanos, alcanzó los $1.153.457 durante el primer trimestre. Sin embargo, el estudio vuelve a exhibir una amplia diferencia entre hombres y mujeres. Mientras el ingreso medio masculino llegó a $1.352.247, el femenino se ubicó en $959.030, una brecha cercana al 30% que continúa reflejando las desigualdades estructurales del mercado laboral argentino.

La distribución de los ingresos también muestra una fuerte relación entre bajos salarios e informalidad. En el escalón inferior, 1.314.000 personas perciben hasta $240.000 mensuales y el 90% de ellas desarrolla tareas sin registrar. En el extremo opuesto, dentro del segmento con remuneraciones que oscilan entre $2.250.000 y $40 millones, predominan ampliamente los trabajadores formales, con 1.140.000 ocupados, frente a 172.000 no registrados.

Otro indicador que explica el deterioro del ingreso real surge de la evolución de los salarios. Durante el primer trimestre de 2026 las remuneraciones aumentaron 8,3%, mientras que la inflación acumuló 9,4%, según el Índice de Salarios del propio INDEC. Esa diferencia consolidó una nueva pérdida del poder de compra, aun en un período en el que el empleo privado mostró una leve expansión interanual cercana al 1%.

No obstante, ese crecimiento no estuvo acompañado por una mayor formalización laboral. Por el contrario, el incremento del empleo respondió principalmente al avance del trabajo no registrado, elevando la tasa de informalidad al 43,5%. Entre las ramas con mayor precarización continúa sobresaliendo el servicio doméstico, donde el 72,8% de las personas ocupadas desarrolla su tarea sin registración.

Los datos difundidos por el INDEC consolidan un diagnóstico que preocupa tanto a economistas como a organizaciones sindicales: el crecimiento del empleo ya no garantiza una mejora en las condiciones de vida cuando los salarios evolucionan por debajo de la inflación y aumenta la precarización. En ese escenario, el desafío para la política económica no solo pasa por generar nuevos puestos de trabajo, sino también por recuperar el poder adquisitivo y revertir el avance de la informalidad que afecta a millones de argentinos.

El Frente de Gremios Estatales Nacionales confirmó su participación en la movilización convocada frente al Congreso junto a la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y jubilados. La protesta marca el inicio de una nueva etapa de confrontación con la administración de Javier Milei, en rechazo a los despidos, la reducción del empleo público y el deterioro de los ingresos.

El sindicalismo vuelve a movilizarse este miércoles con una amplia convocatoria que reúne a la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y el Frente de Gremios Estatales Nacionales. La concentración frente al Congreso buscará visibilizar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y abrir una nueva etapa del plan de lucha impulsado por las principales centrales obreras.

La incorporación del espacio que nuclea a organizaciones de la administración pública amplía el alcance de la protesta y suma una agenda propia centrada en la reducción del aparato estatal, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro salarial registrado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde ese ámbito sostienen que la política oficial avanza sobre funciones esenciales del Estado mediante despidos, cierre de organismos y recortes presupuestarios. A ello agregan que numerosas provincias comenzaron a replicar medidas de ajuste similares, lo que motivó la definición de una agenda federal de reclamos que también alcanzará a distintas administraciones provinciales.

El secretario general de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal, explicó que la presencia del Frente de Gremios Estatales responde tanto al respaldo del reclamo previsional como a la decisión de consolidar la unidad de acción entre la CGT y las dos CTA. El dirigente remarcó que la defensa del sistema jubilatorio también involucra a quienes hoy se encuentran en actividad, al advertir que los derechos previsionales forman parte de las conquistas laborales que consideran amenazadas por las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

La convocatoria tiene como eje la defensa de la seguridad social y la recuperación del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Las organizaciones participantes sostienen que los jubilados constituyen uno de los grupos más afectados por el ajuste fiscal y reclaman una recomposición urgente de los ingresos, además de la restitución plena de la cobertura gratuita de medicamentos.

Fachal también anticipó que la protesta será el punto de partida de nuevas acciones coordinadas entre las distintas expresiones sindicales. En ese sentido, confirmó que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la CTA Autónoma y otras organizaciones continuarán avanzando en mecanismos de coordinación para fortalecer la respuesta frente a las políticas oficiales.

El rechazo a la denominada «motosierra» encuentra respaldo en los últimos datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De acuerdo con ese informe, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la administración pública nacional perdió 69.992 puestos de trabajo, equivalente a una reducción del 20,4% de la planta de personal. El mayor impacto, en términos absolutos, se concentró en los organismos descentralizados, seguido por las empresas públicas y la administración central.

El estudio también concluye que la reducción alcanzó prácticamente a toda la estructura estatal, incluyendo organismos desconcentrados y otros entes públicos, reflejando un proceso sostenido de achicamiento administrativo que, según el centro de estudios, afectó la capacidad operativa de distintas áreas del Estado.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su adhesión a la movilización. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la protesta inaugura una etapa de mayor conflictividad sindical y vinculó la convocatoria con la crisis que atraviesan los adultos mayores. El dirigente advirtió que la diferencia entre la jubilación mínima, actualmente ubicada en $411.989, y la Canasta Básica de los Jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en $1.824.682, refleja la magnitud del deterioro de los ingresos previsionales.

La movilización aparece así como el primer capítulo de una escalada de medidas que las centrales sindicales evalúan profundizar durante las próximas semanas. Sin avances en el diálogo con el Gobierno y frente a la continuidad del programa de ajuste, el movimiento obrero comienza a debatir nuevas acciones de alcance nacional, entre ellas la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.