La exclusión del capítulo sobre tierras del debate en el Senadon no desactivó una movilización que ya estaba en marcha. Organizaciones sociales, ambientales, sindicatos y dirigentes políticos confluyeron en el centro de la capital sanjuanina para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría modificar el régimen que regula la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La Plaza 25 de Mayo se convirtió en el principal punto de encuentro de una manifestación que reunió, según estimaciones policiales, a más de mil personas donde participaron de una convocatoria que sumó a organizaciones ambientales, movimientos sociales, gremios y referentes de distintos espacios políticos bajo una consigna compartida: preservar el control nacional sobre la tierra.

La movilización se desarrolló pese a que el Senado finalmente resolviera postergar el tratamiento del capítulo referido a la Ley de Tierras, incorporado al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lejos de desactivar la convocatoria, la decisión legislativa reforzó entre los asistentes la idea de mantener la presión pública mientras la iniciativa continuara abierta a discusión parlamentaria.

Banderas argentinas, carteles y consignas atravesaron toda la jornada. «La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja», podía leerse en una de las pancartas que sintetizaban el espíritu de la protesta, centrada en la defensa del patrimonio territorial y de los recursos naturales.

Entre las referentes presentes, la activista Claudia Cantoni sostuvo que la preocupación radica en los cambios que podrían introducirse sobre la regulación del acceso a la tierra y advirtió sobre el aumento de presencia de capitales extranjeros en amplias extensiones de distintos departamentos sanjuaninos. A su entender, cualquier flexibilización del régimen vigente profundizaría ese proceso y debilitaría las herramientas de resguardo del patrimonio nacional.

Los organizadores señalaron que la movilización buscó instalar el debate en la agenda pública y anunciaron que continuarán impulsando acciones de difusión y nuevas convocatorias mientras el proyecto permanezca en análisis en el Congreso.

La iniciativa promovida por el Gobierno nacional propone modificaciones al régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo introdujo cambios para reunir apoyos legislativos, aunque finalmente resolvió retirar ese capítulo del temario de la sesión.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a consolidar la inviolabilidad de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para las inversiones. Al mismo tiempo, afirman que el proyecto mantiene restricciones para impedir que Estados extranjeros y empresas públicas de otros países adquieran inmuebles ubicados en áreas consideradas sensibles para la defensa y la seguridad nacional.

Aunque el debate quedó momentáneamente suspendido, la jornada dejó una señal política inequívoca. La movilización de San Juan, en sintonía con otras registradas en distintas provincias, evidenció que la discusión sobre el destino de la tierra excede el plano legislativo y se ha instalado como uno de los ejes de mayor sensibilidad pública, donde confluyen intereses económicos, soberanía, recursos naturales y modelos de desarrollo.

La movilización convocada en rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad luego de que un grupo de manifestantes derribara una de las vallas instaladas alrededor del Congreso. El operativo incluyó carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Una fotoperiodista resultó herida en la cabeza y fue trasladada al Hospital Argerich.

Mientras el Senado debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las inmediaciones del Congreso se transformaron en el escenario de una fuerte confrontación entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Lo que había comenzado como una concentración multitudinaria para expresar el rechazo a la iniciativa oficial terminó con un amplio despliegue policial, heridos y al menos doce personas detenidas.

La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y colectivos ambientalistas, que habían convocado a manifestarse contra el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras había sido retirado del temario parlamentario, la movilización se mantuvo como una señal de rechazo a la orientación general de la iniciativa.

El operativo de seguridad involucró a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad. Según la versión oficial, la intervención se produjo después de que un grupo de personas derribara una de las vallas de seguridad colocadas alrededor del Palacio Legislativo, momento en el que se activó el protocolo para el control de manifestaciones.

A partir de ese instante, la tensión escaló rápidamente. Los efectivos avanzaron para despejar la Plaza de los Dos Congresos mediante el uso de carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Imágenes difundidas por distintos medios registraron corridas, columnas de manifestantes dispersándose y enfrentamientos en distintos sectores de la plaza, mientras continuaba la sesión en el recinto.

Uno de los episodios de mayor preocupación tuvo como protagonista a una fotógrafa, quien recibió un impacto en la cabeza durante los incidentes. Fuentes presentes en el lugar indicaron que la lesión habría sido provocada por una bala de goma. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó su traslado al Hospital Argerich con diagnóstico de traumatismo de cráneo y señaló, además, que otras tres personas fueron asistidas por dificultades respiratorias ocasionadas por la exposición a gases lacrimógenos.

Hasta el cierre de la jornada no existía un balance definitivo sobre la cantidad total de personas lesionadas. Sí se confirmó la detención de doce manifestantes: nueve por la Policía de la Ciudad y tres por la Policía Federal.

Durante gran parte de la tarde la manifestación transcurrió sin incidentes de gravedad. Sin embargo, distintos testimonios señalaron que la tensión aumentó tras la aparición de un grupo de jóvenes identificado como nacionalista, que previamente había realizado convocatorias a través de redes sociales con mensajes de contenido antisemita. Poco después comenzaron los primeros forcejeos en el perímetro de seguridad y se produjo el avance policial.

La jornada volvió a exponer el elevado nivel de conflictividad que acompaña el tratamiento de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo sobre la Ley de Tierras fue retirado de la sesión, el operativo de seguridad y los enfrentamientos desplazaron el eje del debate parlamentario hacia la actuación de las fuerzas de seguridad y el derecho a la protesta, un tema que continúa generando fuerte controversia política y social.

Un informe elaborado con datos del Banco Central revela que más del 50% de los sanjuaninos que financiaron compras en comercios registra cuotas vencidas. Angaco y Rawson presentan los índices más elevados, mientras que las entidades financieras exhiben un nivel de incumplimiento inferior al 4%.

La morosidad continúa avanzando entre los consumidores sanjuaninos y encuentra su mayor expresión en los créditos otorgados por los comercios. De acuerdo con un relevamiento elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad sobre la base de estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), más de la mitad de quienes accedieron a préstamos a sola firma para adquirir electrodomésticos, tecnología y otros bienes muebles mantienen pagos vencidos.

El estudio también refleja que la tasa general de morosidad entre los particulares de la provincia alcanza el 20,4%. En otras palabras, uno de cada cinco sanjuaninos que tomó algún tipo de crédito presenta atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, un indicador que acompaña el deterioro del poder adquisitivo registrado en los últimos años.

Dentro del universo analizado, los préstamos otorgados directamente por los comercios concentran el mayor nivel de incumplimiento. Este tipo de financiamiento, caracterizado por requisitos de acceso más flexibles para facilitar las ventas, registra una mora superior al 50%, muy por encima de la observada en bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y entidades financieras.

La distribución territorial muestra diferencias marcadas. Angaco encabeza el ranking provincial con un índice de morosidad del 54,4% entre quienes financiaron compras en comercios. Le siguen Rawson, con el 54%; Pocito, con el 52,6%; Rivadavia, con el 51,7%; y Valle Fértil, donde el porcentaje alcanza el 51,3%.

El informe también evidencia que los restantes instrumentos de financiamiento presentan niveles de incumplimiento considerablemente menores. En bancos, tarjetas y billeteras virtuales, la mora oscila entre el 11% y el 30%, dependiendo del tipo de crédito y del acreedor.

La principal excepción corresponde a las entidades financieras, donde apenas el 3,86% de los clientes registra atrasos. Buena parte de esos préstamos se destina a la compra de vehículos prendados, una garantía que reduce significativamente el riesgo de incumplimiento, ya que el deudor puede perder el bien adquirido en caso de no cancelar la deuda.

También se puede recurrir a la justicia para recuperar mercancías financiadas mediante créditos comerciales. Sin embargo, el menor valor patrimonial de los bienes involucrados y la posibilidad de acceder posteriormente a nuevas alternativas de financiación reducen el incentivo para mantener las cuotas al día, una realidad que termina afectando directamente la liquidez de los comercios.

Las cifras reflejan un fenómeno que se replica en gran parte del país. Si bien la desaceleración de la inflación alivió parcialmente la presión sobre los ingresos familiares, la pérdida acumulada del poder adquisitivo continúa condicionando la capacidad de pago de miles de hogares. En ese escenario, muchos consumidores priorizan gastos esenciales y postergan el cumplimiento de compromisos financieros, una tendencia que mantiene en alerta al comercio sanjuanino por su impacto sobre las ventas, el recupero de cartera y el acceso al crédito.