CONÉCTATE CON NOSOTROS

El gobierno convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para analizar nuevos aumentos durante este año.

Representantes del Estado, las centrales sindicales y el sector empresarial se reunirán el próximo 21 de marzo, desde las 16 mediante plataforma virtual, para definir el nuevo haber mínimo.

La convocatoria fue oficializada este lunes a través de Boletín Oficial a través de la Resolución 1/2023 del Consejo del Salario, organismo dependiente del ministerio de Trabajo de la Nación.

Tendrá como orden del día “la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”.

Y al mismo tiempo “acordar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso b) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”.

Serán parte de la reunión, la presidenta del Consejo y ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, dirigentes de la CGT, CTA de los Trabajores y la CTA de Autónoma, y los representantes de las principales cámaras empresarias del país.

A fines de noviembre del año pasado, el gobierno nacional había oficializado el acuerdo al que llegaron empresarios y gremios para aumentar el salario mínimo, vital y móvil.

La decisión fijaba para todos los trabajadores -comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y los organismos del Estado Nacional en que este actúe como empleador, excluidas las asignaciones familiares- que a partir del 1° de diciembre el salario mínimo pasaría a $61.953 “para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo”; y $309,77 por hora, para los trabajadores jornalizados.

En cuanto al inicio de 2023, establecía que a partir del 1° de enero la suma se elevaría a $65.427; y subiría a $327,14 la hora de los trabajadores jornalizados. En febrero, el salario mensual fue fijado en $67.743; y la hora de los empleados jornalizados en $338,72.

Finalmente, a partir del 1° de marzo 2023 el salario mínimo es de $69.500 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo; y de $347,50 por hora, para los trabajadores jornalizados.

Con el incremento acordado, el piso remunerativo se actualizó en un 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo, para concretar una suba para el año paritario completo de 110,5%.

En la actualidad, la prestación por desempleo está fijada en $19.305,16 (monto mínimo) y $32.175,26 (monto máxim

Continúe Leyendo

destacada

La UPSRA recorre San Juan para combatir la informalidad laboral

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) recorrió San Juan para acompañar a los vigiladores y combatir la informalidad laboral. El secretario adjunto del gremio, Juan Diego García, visitó la provincia en representación de la Comisión Directiva encabezada por Ángel Alberto García, y mantuvo reuniones institucionales con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, asesores del Poder Ejecutivo, representantes del sector empresario y dirigentes sindicales de la provincia.

El problema de la informalidad laboral

UPSRA afirmó que «el problema es la informalidad laboral» y que «los trabajadores de seguridad sabemos lo que significa no tener cobertura, estabilidad ni reconocimiento: no es libertad, es desprotección disfrazada». La organización sindical destacó que el objetivo principal de la visita a San Juan fue acompañar a los trabajadores de seguridad privada de la provincia y atender de manera directa sus necesidades.

Federalismo sindical con derechos

La UPSRA subrayó la importancia de sostener una presencia gremial activa en todo el país y reafirmó su visión federal en defensa del empleo registrado. «UPSRA está presente en cada rincón del país. Donde haya un vigilador que necesite respaldo, allí tenemos que estar. Porque no hay federalismo sin organización, sin trabajo conjunto y sin derechos laborales», concluyeron en el comunicado.

Continúe Leyendo

destacada

Corte extendido de GNC: Entre la emergencia climática y la falta de previsión

En medio de temperaturas extremas y una creciente demanda residencial, el gobierno prorrogó por otras 24 horas la suspensión del expendio de GNC en estaciones de servicio. La decisión pone en evidencia la fragilidad estructural del sistema de distribución de gas en la Argentina y reactiva viejos fantasmas sobre la falta de previsión energética.

La Argentina transita una de las semanas más frías del año con una consecuencia que ya se vuelve habitual: la suspensión en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) para automóviles. La medida, que inicialmente se aplicó durante la jornada del miércoles, fue extendida 48 horas más y ahora se mantendrá vigente al menos hasta el viernes. La decisión fue oficializada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y Ecogas, a través de un comunicado difundido por la Asociación de Expendedores de Combustibles, y responde a la necesidad de asegurar el suministro doméstico en contextos de altísima demanda térmica.

La suspensión, que afecta a estaciones de servicio de distintas regiones —con epicentro en Mendoza, Cuyo y la zona Centro— expone, una vez más, los límites del sistema energético nacional para responder a contingencias previsibles como una ola de frío. Si bien el abastecimiento domiciliario es prioritario frente al automotor, la reiteración de estos episodios revela no solo una crisis coyuntural, sino también una planificación deficitaria que arrastra décadas de desinversión, falta de infraestructura y decisiones erráticas.

Según detallaron fuentes del organismo regulador, el Comité de Emergencia del sector sesionará nuevamente este viernes para monitorear el estado del sistema y resolver si se reactiva o no la provisión de GNC. El análisis técnico incluye la evaluación de parámetros de presión, reservas disponibles y capacidad de transporte en la red troncal. Sin embargo, mientras se aguardan definiciones, miles de estaciones de servicio operan con restricciones, generando no solo malestar en los usuarios, sino también un perjuicio económico para el sector minorista del combustible.

La situación, lejos de ser inédita, pone de relieve un patrón recurrente en la política energética nacional: escasa previsibilidad, reacciones sobre la marcha y dependencia de eventos climáticos. No se trata únicamente de una crisis por bajas temperaturas, sino de un síntoma de un sistema estructuralmente tensionado. La prioridad del suministro hogareño, aunque comprensible desde lo social, desnuda la incapacidad para sostener de manera equilibrada una matriz que incluya a la industria, el transporte y los usuarios residenciales.

El epicentro del problema vuelve a ubicarse en el cuello de botella que representa la insuficiencia del transporte desde las principales cuencas gasíferas hasta los centros de mayor consumo. A pesar de los avances en obras como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuya primera etapa ya está operativa, los beneficios plenos de esa infraestructura aún no se traducen en una mejora tangible para el sistema en su conjunto. Las restricciones, por lo tanto, persisten y tensionan la relación entre los actores del mercado.

Mientras tanto, el malestar se expande. Organizaciones como la Confederación de Expendedores de Combustibles y la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines, expresaron su preocupación por las consecuencias comerciales del parate. A su vez, el transporte público y privado que depende del GNC para operar encuentra dificultades para sostener la actividad diaria, en una coyuntura ya golpeada por la recesión y la merma del consumo.

La extensión del corte de GNC no es solo una decisión técnica; es también un reflejo político de las prioridades en la gestión del recurso. Mientras el invierno recién comienza, la falta de previsión y una estrategia energética integral siguen siendo asignaturas pendientes. En un país con vastas reservas de gas, que exporta excedentes en ciertos momentos del año, la paradoja de quedarse sin suministro en pleno invierno resulta inadmisible.

La prolongación del corte en la venta de GNC desnuda una realidad incómoda: la vulnerabilidad de un sistema energético que no logra articular de manera eficaz la oferta con la demanda. La ola polar actual no hizo más que acelerar una crisis que venía latente. Es hora de que las autoridades, más allá del cortoplacismo, diseñen una política de largo alcance que ponga fin a los parches estacionales y garantice la soberanía energética. Porque si el frío es pasajero, la falta de planificación, lamentablemente, no lo es.

Continúe Leyendo

destacada

El Gobierno desregula el mercado del gas envasado y puede afectar a los sectores más vulnerables

El Gobierno nacional modificó el marco regulatorio del gas envasado, limitando la intervención estatal a la fiscalización de seguridad y dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda. La medida generó preocupación en el gremio, que advirtió que el gas envasado es utilizado mayormente por los sectores más vulnerables.

La desregulación del mercado del gas envasado es una medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en colaboración con la Secretaría de Energía de la Nación. A través del Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificó el marco regulatorio del GLP y se limitó la intervención estatal a la fiscalización de seguridad, dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda.

Impacto en los sectores vulnerables

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que el gas envasado es utilizado mayormente por los sectores más vulnerables económicamente. «Hay preocupación, porque deja librado al mercado un bien de primera necesidad», señaló el titular de la federación, Guillermo Mangone.

Argumentos del Gobierno

El Ejecutivo argumentó que la desregulación es necesaria para promover una regulación moderna y eficiente, y para garantizar el abastecimiento interno de GLP al menor costo posible para los consumidores. Sin embargo, el sindicato adviertió que la medida puede tener un impacto negativo en los sectores más vulnerables.

El decreto elimina la obligación de obtener autorización previa de la Secretaría de Energía para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes. También se flexibiliza el régimen de marcas y envases, permitiendo que los fraccionadores envasen GLP de cualquier productor, comercializador o importador.

Continúe Leyendo

Tendencias