La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma presentaron un cronograma nacional de movilizaciones que se extenderá durante mayo y junio, en rechazo a las políticas económicas y laborales del gobierno de Javier Milei. Las centrales sindicales, acompañadas por organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos, denunciaron un agravamiento de la crisis social, pérdida del poder adquisitivo, despidos y un avance sobre la soberanía nacional. El plan incluye marchas universitarias, protestas sanitarias, actos multisectoriales y nuevas acciones contra la reforma laboral.

En una muestra de unidad sindical y articulación multisectorial, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma oficializaron el lanzamiento de un plan de lucha federal que buscará sostener la conflictividad social durante las próximas semanas frente al gobierno de Javier Milei. La iniciativa contempla movilizaciones escalonadas en distintos puntos del país y apunta a confluir con sectores universitarios, sanitarios, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, agrupaciones feministas y pequeñas y medianas empresas.

La presentación se realizó mediante una conferencia de prensa conjunta encabezada por Hugo Yasky y Hugo Godoy, quienes trazaron un duro diagnóstico sobre la situación económica y social del país. Ambos dirigentes coincidieron en señalar que el deterioro del salario, la caída del empleo y el ajuste sobre áreas sensibles del Estado conforman un escenario de creciente conflictividad.

Yasky advirtió que el Salario Mínimo Vital y Móvil argentino se encuentra entre los más bajos de América Latina medido en dólares y sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo golpea con fuerza a trabajadores formales, jubilados y sectores populares. “La situación que está viviendo nuestro pueblo se deteriora y se agrava día a día”, afirmó el también diputado nacional, quien además denunció políticas de persecución laboral y despidos en el sector público.

Por su parte, Godoy vinculó el programa económico del Gobierno con un proceso de pérdida de soberanía política y territorial. El titular de la CTA Autónoma cuestionó especialmente la presencia de tropas estadounidenses en territorio argentino sin debate parlamentario y calificó esa situación como una “afrenta a la democracia”. En paralelo, acusó al Ejecutivo nacional de profundizar el ahogo financiero sobre las provincias y de consolidar un esquema económico que “multiplica la desigualdad y la pobreza”.

El plan de lucha anunciado busca construir una agenda permanente de movilización y presión callejera en momentos en que distintos sectores gremiales comienzan a reorganizarse frente al impacto del ajuste. A diferencia de otras etapas de confrontación sindical más fragmentadas, las CTA intentan articular una protesta amplia que exceda el universo estrictamente laboral y conecte con demandas sociales, educativas, sanitarias y de derechos humanos.

Un calendario de protestas que se extenderá hasta junio

Las centrales detallaron una agenda de actividades que se desarrollará durante mayo y los primeros días de junio, con actos y movilizaciones en distintos puntos del país.

La hoja de ruta comenzó con una concentración frente a la Casa de la Provincia de Chubut en respaldo a trabajadores estatales, docentes y judiciales que llevan adelante medidas de fuerza en esa provincia patagónica.

Uno de los puntos centrales será la nueva Marcha Federal Universitaria prevista para este martes 12 de mayo. La convocatoria incluirá movilizaciones simultáneas en todo el país para reclamar financiamiento universitario y denunciar el deterioro presupuestario de las casas de estudio públicas. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración fue fijada para las 15 horas en Diagonal Norte y San Martín.

Posteriormente, el 20 de mayo se desarrollará una Marcha Federal de la Salud impulsada por organizaciones sanitarias y gremios del sector. La protesta partirá desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo con el objetivo de denunciar el vaciamiento del sistema sanitario público y los recortes presupuestarios.

El cronograma continuará el 22 de mayo con un acto en el Cabildo, donde se presentará un documento conjunto en defensa de la soberanía nacional y contra el ajuste económico. Tres días después, el 25 de mayo, está prevista una movilización multisectorial en la Base Aérea de Moreno, con fuertes cuestionamientos a la presencia e injerencia de Estados Unidos en asuntos estratégicos del país.

La agenda de conflictividad también incorporará la movilización del colectivo feminista y de diversidades el próximo 3 de junio, en el marco del 11° aniversario de Ni Una Menos, una fecha emblemática para las organizaciones que luchan contra las violencias de género.

En simultaneo, las CTA ya anticiparon una nueva jornada nacional de protesta para el 4 de junio, que tendrá como epicentro el Ministerio de Economía, aunque con réplicas en plazas y ciudades de todo el territorio nacional.

Reforma laboral, disputa internacional y tensión creciente

La ofensiva sindical no se limitará al plano local. Las centrales confirmaron que avanzarán con denuncias internacionales contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. Desde ambas conducciones consideran que las modificaciones impulsadas por el oficialismo significan un retroceso en derechos laborales históricos y un avance hacia formas de precarización extrema.

El endurecimiento del discurso sindical refleja además un cambio de clima político dentro del movimiento obrero. Aunque la CGT mantiene una estrategia más moderada y negociadora en algunos frentes, distintos sectores comienzan a presionar por una confrontación más sostenida con la administración libertaria.

En este aspecto, las CTA buscan posicionarse como uno de los núcleos de articulación más activos de la resistencia social al programa económico de Milei, apostando a que la profundización del malestar económico termine trasladándose masivamente a las calles durante las próximas semanas.

La fábrica de galletitas ubicada en el departamento Albardón decidió detener su producción durante una semana debido a la acumulación de mercadería sin salida comercial. La medida alcanza a todo el personal y expone el impacto que la caída del consumo masivo comienza a provocar en la industria alimenticia regional. Desde el gremio descartan despidos y aseguran que el freno busca evitar un panorama más crítico mientras la nueva conducción intenta estabilizar la empresa tras una profunda crisis.

La retracción del consumo interno volvió a encender señales de alarma en la industria sanjuanina. Esta vez, el impacto se hizo visible en una de las plantas alimenticias más importantes de la provincia, que resolvió paralizar completamente su producción durante una semana ante un contexto inédito de sobrestock y falta de espacio físico para almacenar mercadería terminada.

La fábrica emplea a más de 290 trabajadores, y comenzó este lunes un esquema de vacaciones anticipadas para todo el personal luego de que los depósitos quedaran saturados de productos sin comercialización. La decisión, aunque presentada como transitoria, refleja con crudeza el deterioro que atraviesa el mercado interno y la creciente dificultad de las empresas para sostener niveles normales de actividad.

Desde el Sindicato de la Alimentación confirmaron que la medida responde exclusivamente a la acumulación de producción sin salida comercial. “No pueden seguir produciendo porque no tienen lugar dentro del establecimiento para almacenar más mercadería”, explicaron fuentes gremiales, describiendo una situación que sintetiza el complejo momento económico que golpea a distintos sectores fabriles del país.

El secretario general del gremio, Gabriel Manrique, buscó transmitir tranquilidad respecto a la continuidad laboral y sostuvo que no existen riesgos inmediatos de despidos. Según explicó, la empresa optó por un esquema preventivo para intentar descomprimir los depósitos mientras espera reactivar las ventas y recuperar el ritmo habitual de producción.

“Se ha dado una semana de vacaciones para ver si puede salir esa mercadería terminada y así reapuntar otra vez”, señaló el dirigente, quien además confirmó que durante el receso se realizarán tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de maquinaria, trabajos que resultaban difíciles de ejecutar con la planta operando a pleno.

La situación adquiere todavía mayor relevancia por el antecedente reciente de la empresa. La planta pertenecía originalmente a Dilexis y atravesó meses de fuerte incertidumbre hasta ser adquirida en enero por el empresario Juan Carlos Crovella, tras la salida de Tía Maruca y Argensan Food. La nueva conducción inició desde entonces un proceso de reorganización financiera y operativa orientado a evitar el cierre definitivo de la planta.

En ese sentido, el secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, aseguró que la compañía logró regularizar obligaciones pendientes, especialmente vinculadas al pago de salarios atrasados, y consideró que la firma atraviesa una etapa de “reingeniería” destinada a recuperar estabilidad después de varios años de administración deficiente.

En San Juan, donde el entramado industrial tiene un peso decisivo en la economía regional, cualquier interrupción productiva genera preocupación inmediata. Por eso, tanto el gremio como el Gobierno provincial observan con expectativa la evolución de los próximos días y apuestan a que el freno temporal permita descomprimir los depósitos y normalizar la cadena comercial.

Si el escenario acompaña y parte del stock logra ingresar nuevamente al circuito de ventas, la planta retomaría su funcionamiento habitual la próxima semana. Mientras tanto, el caso se convierte en otro síntoma visible de un mercado interno debilitado, donde incluso empresas que lograron evitar el cierre todavía deben enfrentar el desafío más complejo: volver a vender.

En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, autoridades de la Universidad Nacional de San Juan advirtieron sobre la gravedad de la situación presupuestaria que atraviesa la institución. Salarios que pierden contra la inflación, programas de infraestructura eliminados y fuertes recortes en investigación configuran un panorama que, según denuncian, amenaza el funcionamiento del sistema universitario público.

La Universidad Nacional de San Juan volverá este martes a las calles junto al resto del sistema universitario argentino en una movilización que busca exponer el deterioro presupuestario que afecta a las casas de altos estudios de todo el país. La convocatoria, impulsada en el marco de una nueva marcha federal universitaria, encuentra a la institución sanjuanina atravesada por crecientes dificultades financieras, pérdida salarial y restricciones que impactan directamente sobre áreas estratégicas como infraestructura, ciencia y permanencia estudiantil.

En la previa de la protesta, el secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, brindó un diagnóstico severo sobre la situación económica de la universidad y advirtió que los recursos transferidos por el Gobierno nacional resultan insuficientes para sostener el funcionamiento normal de la institución.

“Tenemos la esperanza de que la marcha sea una muestra de unidad frente a una situación presupuestaria muy compleja”, sostuvo el funcionario al referirse a la movilización que volverá a reunir a docentes, estudiantes, investigadores, no docentes y autoridades universitarias en distintos puntos del país.

Según detalló Coca, la UNSJ había solicitado alrededor de 220 mil millones de pesos para afrontar el ciclo lectivo y garantizar el funcionamiento institucional, pero recibió apenas 120 mil millones.

La brecha adquiere mayor dimensión si se considera que el presupuesto nacional fue confeccionado bajo una proyección inflacionaria ampliamente superada por la realidad económica. Desde la universidad sostienen que la actualización de partidas quedó rápidamente desfasada frente al incremento sostenido de costos operativos, servicios y salarios.

“Necesitaríamos un incremento cercano al 45 por ciento para volver, al menos, a los niveles de funcionamiento que teníamos en 2023”, advirtió Coca, dejando en evidencia la magnitud del ajuste que denuncian las universidades nacionales.

Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es el deterioro salarial que atraviesan docentes y trabajadores no docentes. La pérdida del poder adquisitivo aparece como una de las principales preocupaciones dentro de la comunidad universitaria, especialmente en un presente donde los incrementos salariales quedan sistemáticamente por debajo de la inflación.

El secretario administrativo ejemplificó esa situación con los últimos índices oficiales: mientras la inflación mensual alcanzó el 3,4 por ciento, los aumentos otorgados al sector universitario apenas llegaron al 1,7 por ciento. “Existe una reducción salarial manifiesta. Mes a mes los salarios docentes se siguen deteriorando”, remarcó.

La situación no sólo afecta el ingreso de los trabajadores, sino que además comienza a repercutir sobre la estabilidad académica y el sostenimiento de equipos profesionales vinculados a la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

El impacto de los recortes también alcanza a la infraestructura. Coca denunció que el Gobierno nacional eliminó el programa específico destinado a obras universitarias, una decisión que dejó a las instituciones obligadas a afrontar con recursos propios cualquier tarea de mantenimiento, ampliación o mejora edilicia.

La paralización de proyectos de infraestructura no es un dato menor para universidades que requieren inversiones permanentes en laboratorios, aulas, equipamiento técnico y espacios destinados a prácticas académicas y científicas. En muchas instituciones, además, las obras suspendidas formaban parte de programas de expansión educativa y modernización tecnológica.

Otro de los sectores golpeados por la reducción de fondos es el sistema científico universitario. De acuerdo con los datos aportados por la UNSJ, la universidad destinó alrededor de 1.200 millones de pesos para sostener proyectos de investigación, mientras que el aporte nacional apenas alcanzó los 166 millones.

La nueva movilización universitaria encuentra así a las casas de altos estudios inmersas en una discusión que trasciende lo estrictamente presupuestario. Lo que está en debate es el alcance del financiamiento estatal sobre la educación superior, el lugar de la ciencia dentro de las prioridades nacionales y la capacidad del sistema universitario público para sostener sus funciones esenciales en un contexto económico cada vez más restrictivo.

En la UNSJ, como en gran parte de las universidades argentinas, la preocupación ya no se limita únicamente a la falta de recursos coyunturales. Las autoridades advierten sobre un desgaste progresivo que compromete salarios, investigación, infraestructura y permanencia estudiantil, pilares centrales de una universidad pública que históricamente funcionó como herramienta de movilidad social, producción científica y desarrollo regional.