La CGT reunió a dirigentes sindicales y especialistas en Seguridad Social para analizar el presente y el futuro del régimen previsional. Durante el encuentro cuestionaron el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, reclamaron solidaridad y sostenibilidad y advirtieron sobre cambios que, según plantearon, podrían debilitar la protección estatal.

La seguridad social volvió a ocupar un lugar central en la agenda sindical con la realización de un Foro Federal sobre el Sistema Previsional en la sede de la CGT, donde dirigentes gremiales y especialistas analizaron el funcionamiento del régimen jubilatorio y plantearon la necesidad de preservar los derechos de los adultos mayores.

El encuentro reunió a representantes del movimiento obrero y abogados especializados en Seguridad Social, en una discusión que tuvo como principales ejes la sostenibilidad del sistema, el papel del Estado y las condiciones de vida de quienes acceden a una jubilación.

«Durante el encuentro, se remarcó la importancia de incluir a los jubilados en el debate previsional y se alertó sobre iniciativas que puedan vulnerar sus derechos».

La discusión también incorporó una dimensión laboral. Para los dirigentes sindicales, el funcionamiento del régimen previsional no puede analizarse separado de la evolución del empleo registrado, los niveles salariales y el financiamiento de la Seguridad Social.

Reclamo por solidaridad y sostenibilidad

Fabián Montaño, secretario general de APOPS, uno de los sindicatos que representan a trabajadores de ANSES, pidió combinar solidaridad y sostenibilidad para garantizar la continuidad del sistema previsional.

El dirigente sostuvo que esa discusión resulta indispensable para preservar el futuro de la previsión social y vinculó el reclamo con una concepción más amplia de soberanía y justicia social.

En la misma jornada, los secretarios generales de la CGT Octavio Argüello y Cristian Jerónimo remarcaron la importancia de incorporar una mirada política al debate sobre la Seguridad Social.

Argüello planteó la necesidad de construir un camino que permita recuperar expectativas para los argentinos, mientras que Jerónimo cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que existe una transferencia de recursos desde los sectores de menores ingresos hacia los grupos de mayor poder económico.

Las afirmaciones corresponden a la posición expresada por los dirigentes durante el foro y forman parte del debate sindical sobre las prioridades de la política económica y social.

El papel del Estado, bajo discusión

Los especialistas convocados incorporaron una mirada jurídica y estructural sobre el régimen previsional.

El abogado Gabriel Yamuni, especialista en Seguridad Social, señaló que el sistema atraviesa una etapa de vulnerabilidad y reclamó recuperar su función como instrumento estatal orientado a la distribución de ingresos. En su exposición cuestionó además políticas que, según su interpretación, reproducen lineamientos asociados a organismos financieros internacionales.

A su turno, la abogada Adriana Micale vinculó las dificultades previsionales con la transformación del mercado laboral y el crecimiento del empleo informal. Su planteo apuntó a una de las cuestiones estructurales del financiamiento previsional: cuanto menor es el nivel de registración laboral, menor resulta la base de aportes sobre la que se sostiene el sistema contributivo.

La vida cotidiana de los jubilados

Uno de los planteos más fuertes estuvo relacionado con el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El especialista Dr. Bustos puso el foco en las decisiones que deben afrontar diariamente muchos jubilados y sostuvo que cuando una persona debe optar entre comprar alimentos o medicamentos, su libertad efectiva queda severamente condicionada. También aludió a situaciones extremas de angustia vinculadas con la imposibilidad de sostener los gastos familiares.

La exposición trasladó la discusión desde las variables financieras del sistema hacia sus efectos concretos: medicamentos, alimentación, vivienda y otros gastos esenciales que inciden de manera directa sobre los ingresos de los adultos mayores.

El Foro Federal dejó planteada, de ese modo, una discusión que continuará atravesando al movimiento sindical: cómo garantizar un régimen previsional sostenible sin convertir el equilibrio financiero en el único criterio para definir el nivel de protección de quienes llegan a la vejez.

La multinacional sueca confirmó el cierre de su planta rosarina y reemplazará la fabricación local por productos elaborados en otras instalaciones de su red internacional. En el establecimiento trabajan unos 180 operarios y la UOM estima que alrededor de 100 podrían quedar desvinculados.

La multinacional sueca Electrolux dejará de fabricar electrodomésticos en la Argentina y cerrará su planta industrial de Rosario a partir del 26 de septiembre, en una decisión que modifica por completo su esquema productivo en el país. La compañía continuará comercializando las marcas Electrolux y Gafa, pero abastecerá el mercado argentino con productos fabricados en otras plantas del grupo e ingresados mediante importaciones.

El establecimiento de avenida José Batlle y Ordóñez cuenta actualmente con unos 180 trabajadores, mientras que la compañía emplea alrededor de 300 personas en todo el territorio nacional. Según la información difundida tras la comunicación empresarial, se analizan unas 100 desvinculaciones vinculadas con el cierre.

La decisión completa un proceso de reducción que se aceleró durante el último año. La planta atravesó suspensiones, retiros voluntarios y la discontinuidad de distintas líneas de producción, hasta quedar concentrada en una cantidad cada vez menor de productos.

La empresa comunicó que la transformación responde a una evolución hacia un modelo de abastecimiento global, basado en la red internacional de fabricación del grupo. Electrolux sostuvo que busca adaptar su estructura a las condiciones del mercado y mejorar la eficiencia de sus operaciones. La compañía seguirá presente en la Argentina a través de sus marcas, además de mantener la garantía oficial, el servicio técnico y la disponibilidad de repuestos.

Una fábrica que redujo su dotación de manera drástica

El cierre no constituye una decisión aislada. En octubre de 2025, la planta había aplicado suspensiones rotativas que alcanzaron a unos 400 trabajadores, en un período marcado por la reducción de ventas y la acumulación de stock.

En marzo de 2026, la compañia puso en marcha un programa de retiros voluntarios que inicialmente contemplaba alrededor de un centenar de empleados. Más de 130 trabajadores terminaron adhiriendo al esquema, según la información difundida por la representación gremial.

Luego se produjo el retiro progresivo de distintas líneas. La empresa dejó de fabricar cocinas y posteriormente discontinuó la producción de heladeras. La fabricación quedó limitada a determinados modelos de freezers y lavarropas antes de desembocar en el cierre definitivo de la actividad industrial.

El repliegue también alcanzó a Frimetal, vinculada al grupo Electrolux y dedicada al ensamblado de heladeras en Rosario, que había dejado de producir esos equipos. La reestructuración terminó por dejar sin fabricación local a las principales líneas que permanecían en la ciudad.

El contraste con años anteriores es significativo. Según el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, la planta llegó a tener unos 800 trabajadores en 2023 y actualmente la dotación ronda los 180. El dirigente calificó el cierre como un nuevo golpe para el empleo industrial y cuestionó el crecimiento de las importaciones.

“Casi 200 compañeros van a quedar en la calle”, sostuvo Donello, quien vinculó la situación con la caída del consumo y la mayor participación de productos importados. El dirigente gremial advirtió además que la pérdida de puestos industriales tiene efectos sobre el poder de compra de las familias y, por esa vía, sobre el propio consumo.

La UOM prepara un reclamo administrativo y judicial

La comunicación del cierre tomó por sorpresa a la representación sindical. El abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, explicó que la organización esperaba participar de una reunión destinada a presentar a nuevas autoridades de Recursos Humanos de la compañía, pero que minutos antes se modificó el motivo del encuentro.

Según Cerra, allí se informó que representantes contratados desde Buenos Aires habían sido convocados para llevar adelante el proceso de cierre. La UOM cuestionó el procedimiento y anticipó que buscará impugnar los despidos y exigir el cumplimiento de las instancias legales correspondientes.

El gremio ya solicitó una audiencia ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, prevista para el lunes, donde planteará su posición frente a las desvinculaciones. La comisión interna deberá definir además las próximas medidas junto con los trabajadores.

El planteo gremial introduce una disputa que excede la decisión empresaria: mientras Electrolux presenta la transformación como una reorganización de su modelo operativo, la UOM cuestiona tanto el cierre como el procedimiento utilizado para avanzar con las desvinculaciones.

Del producto argentino al abastecimiento importado

El cambio supone que heladeras, freezers y lavarropas que hasta ahora se fabricaban en Rosario dejarán de producirse localmente. La compañía utilizará en adelante productos provenientes de otras instalaciones de su red internacional, con Brasil y China entre los mercados mencionados por la representación sindical.

La modificación se produce mientras el mercado argentino de electrodomésticos atraviesa una transformación en el origen de la oferta. Datos del INDEC muestran que la venta de artículos para el hogar continúa siendo monitoreada en un contexto de cambios en las cantidades comercializadas y en la composición del consumo.

En el primer trimestre de 2025, por ejemplo, el organismo estadístico registró 209.636 heladeras vendidas, un aumento interanual de 115,5%, y 177.448 lavarropas, con una suba de 99,9% en unidades respecto del mismo período anterior. Los datos muestran el tamaño de un mercado en el que la discusión ya no pasa solamente por cuánto se vende, sino también por dónde se fabrican los productos que llegan a los consumidores.

A comienzos de septiembre, además, el Gobierno cerró una investigación sobre la importación de lavarropas provenientes de China sin establecer derechos antidumping definitivos, una resolución que dejó abierto el ingreso de esos productos al mercado argentino.

Para la UOM, esa transformación representa una amenaza para la continuidad de la matriz industrial de la línea blanca. Donello sostuvo que el problema no se limita a Electrolux y reclamó preservar capacidades productivas vinculadas con heladeras, cocinas y freezers.

El cierre pone fin a una secuencia de reducción de personal, suspensiones y discontinuidad de productos que se extendió durante casi un año. Ahora resta determinar cuántos trabajadores serán finalmente desvinculados y qué estructura conservará Electrolux en Rosario.

Para los empleados, el cambio representa la pérdida de una fuente laboral que durante años estuvo asociada a la producción de electrodomésticos en esa ciudad. Para la industria, el caso suma una nueva discusión sobre el peso que tendrán las importaciones frente a la fabricación local en el mercado argentino de línea blanca.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales intimó al Ejecutivo a cumplir antes del 30 de septiembre con la recomposición salarial que calcula en 33,4% y pidió la convocatoria inmediata a paritarias. La advertencia se produce después de que el juez Martín Cormick ordenara al Gobierno cumplir en cinco días una medida cautelar vinculada con la Ley 27.795. El reclamo fue presentado ante el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

La presentación sindical se produjo pocos días después de una nueva intervención de la Justicia. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La resolución contempla la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas por cada día de demora.

Los gremios sostienen que la recomposición reclamada está pendiente desde agosto y exigen que el aumento tenga carácter remunerativo y bonificable. También reclamaron que las sumas no remunerativas y no bonificables sean incorporadas a los salarios básicos correspondientes a las convenciones colectivas.

El artículo 5, en el centro del reclamo

La discusión se apoya en el artículo 5 de la Ley 27.795, publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025. La norma establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. También establece que los aumentos deben ser remunerativos y bonificables.

La misma disposición establece la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria nacional de docentes y no docentes y fija que las actualizaciones salariales posteriores no pueden ser inferiores a la inflación publicada por el INDEC, con una periodicidad que no debe superar los tres meses.

Sobre esa base, las organizaciones que integran el Frente Sindical —CONADU, FATUN, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA— reclaman que el porcentaje que calculan en 33,4% sea aplicado a los salarios universitarios.

La advertencia penal

La presentación gremial incorpora un elemento que eleva la disputa: si el 30 de septiembre vence sin que se concrete la recomposición, las organizaciones anticiparon que formularán denuncias penales.

Además, anunciaron que pondrán el eventual incumplimiento en conocimiento del tribunal que interviene en la causa y pedirán la identificación de los funcionarios que consideren responsables de no ejecutar las disposiciones reclamadas.

La advertencia se produce mientras permanece abierta la discusión sobre el alcance y cumplimiento de la medida cautelar judicial. La resolución de Cormick no constituye por sí misma una sentencia definitiva sobre todo el conflicto universitario: exige el cumplimiento efectivo de una cautelar vigente y establece un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de sanciones económicas.

También reclaman una nueva paritaria

El Frente Sindical pidió además la convocatoria inmediata a la negociación paritaria nacional para docentes y no docentes, con participación de todas las organizaciones sindicales.
El planteo busca reabrir una negociación que permanece trabada después del rechazo gremial a una propuesta de aumento del 3%, considerada insuficiente por las federaciones universitarias frente al porcentaje de recomposición que reclaman.

La disputa salarial se mantiene así vinculada con dos ámbitos simultáneos: el cumplimiento de la Ley 27.795 y la negociación colectiva de los trabajadores de las universidades nacionales.

La protesta continuará en octubre

El reclamo administrativo y judicial no modifica el calendario de movilizaciones definido por las organizaciones. Los gremios mantienen convocada para el 15 de octubre la quinta Marcha Federal Universitaria, en continuidad con una serie de paros, movilizaciones y jornadas de protesta desarrolladas durante los últimos meses.

El conflicto llega a esta instancia después de sucesivos rechazos a las propuestas salariales oficiales y de nuevas medidas de fuerza en septiembre. La disputa incorpora ahora una fecha precisa —el 30 de septiembre— y una eventual derivación judicial si los sindicatos consideran que el Gobierno no cumplió con la recomposición reclamada.

Con la intervención de la Justicia, la intimación gremial y la continuidad de la protesta, la discusión universitaria dejó de concentrarse únicamente en la negociación salarial: el cumplimiento de la Ley 27.795 pasó a ocupar el centro de la escena entre el Poder Ejecutivo, las universidades y las organizaciones sindicales.