La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó un plan de retención de tareas que afectará la actividad aérea durante las vacaciones de invierno. Las medidas se aplicarán en franjas horarias puntuales entre el 11 y el 30 de julio, y podrían complicar la programación de vuelos en todo el país.

El conflicto entre los controladores aéreos y el Gobierno lleva más de diez meses sin respuestas satisfactorias. ATEPSA denunció que las autoridades buscan obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga al declarar la actividad como servicio esencial. Los gremios advirtieron que la medida exceptuará vuelos sanitarios, humanitarios y de búsqueda y rescate, pero apunta directamente a los vuelos comerciales.

Impacto en la actividad aérea

Las interrupciones, que afectarán autorizaciones de despegues, movimientos en pista y recepción de planes de vuelo, se aplicarán en los siguientes días y horarios. La medida coincide con los períodos de receso escolar en todo el país, lo que podría generar un alto riesgo de cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones masivas.

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre el fuerte impacto de las medidas. El sector turístico también se expresó en contra del paro, ya que podría afectar la llegada de visitantes a la capital durante el receso invernal.

Posibles soluciones

El plenario sindical del 10 de julio podría ser el primer paso hacia una acción más amplia. Los gremios necesitan una respuesta colectiva, contundente y organizada para resolver el conflicto. La reunión entre ATEPSA y EANA del próximo jueves será clave para definir si el conflicto escala o si se logra una salida negociada.

Los trabajadores estatales protagonizaron una jornada de protesta frente a los organismos alcanzados por los decretos 461 y 462/2025, que incluyen el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y distintas asambleas multisectoriales impulsaron ruidazos, movilizaciones y actos en distintos puntos del país.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei generaron un amplio rechazo en el sector público y en la sociedad en general. La medida implica un cambio profundo en el manejo de los fondos y la estructura de los organismos afectados, lo que podría tener graves consecuencias para el desarrollo científico, productivo y tecnológico del país. Los trabajadores del INTI, INTA y Vialidad Nacional denunciaron recortes, pérdida de funciones y despidos, y advirtieron que la nueva estructura «pone en jaque» al organismo y limita sus funciones.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata y contundente. La ATE y las asambleas multisectoriales organizaron protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar al Gobierno para que revea sus decisiones. Los trabajadores denunciaron que los decretos «se traducen en un daño social irreparable y sin precedentes en la democracia» y cuestionaron el uso de las facultades delegadas del Ejecutivo.

El impacto en los organismos

La disolución de Vialidad Nacional y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial podrían tener graves consecuencias para el país. La gestión de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales quedaría a cargo de Gendarmería, lo que podría comprometer la seguridad vial y la calidad de las rutas. Además, la pérdida de autarquía de los organismos podría afectar la calidad de los productos y servicios que brindan.

La posición del Gobierno

El Gobierno defiende los decretos argumentando que son necesarios para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, los trabajadores y los expertos han cuestionado la falta de debate y consulta en la implementación de estas medidas. La situación sigue siendo tensa y se espera que las protestas y movilizaciones continúen en los próximos días.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un contundente rechazo al cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), anunciado por el Gobierno nacional como parte de una reestructuración del Estado. La central obrera expresó su repudio a la medida y se puso a disposición para respaldar acciones en defensa de los trabajadores y la seguridad de las rutas argentinas.

El cierre de Vialidad Nacional es una medida que causó un amplio rechazo en el sector sindical y en la sociedad en general. La CGT calificó las decisiones del Ejecutivo como «intempestivas e improvisadas» y advirtió que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo y transforman las carreteras en un «espacio de abandono», con potenciales consecuencias fatales para los millones de personas que las transitan diariamente.

La Confederación General del Trabajo se ha mostrado firme en su rechazo al cierre este organismo y expresó su disposición a respaldar acciones en defensa de los trabajadores y la seguridad de las rutas argentinas. La central obrera denunció que el recorte prioriza la incertidumbre laboral sobre la infraestructura y la prevención de accidentes, una de las principales causas de mortalidad en el país.

El cierre de Vialidad Nacional podría tener graves consecuencias para la seguridad vial en Argentina. La falta de mantenimiento y supervisión de las rutas podría generar un aumento en la tasa de accidentes y mortalidad en las carreteras. La CGT advirtió que la medida podría transformar las ruta en un «espacio de abandono» y llamó a la reflexión al Gobierno sobre los posibles efectos de sus decisiones.

En este sentido, el Gobierno defendió la medida argumentando que es necesaria para reducir el gasto público y eliminar duplicaciones en la gestión vial. Sin embargo, la central obrera cuestionó la falta de debate y consulta en la implementación de esta medida y alertando que el recorte prioriza la incertidumbre laboral sobre la infraestructura y la prevención de accidentes.