El comienzo del ciclo lectivo 2026 quedó envuelto en incertidumbre tras la convocatoria a un paro nacional docente anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La medida de fuerza, prevista para el lunes 2 de marzo, forma parte de un plan de lucha que incluye movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Ordinario y Extraordinario de la entidad, con participación de delegados de todas las jurisdicciones. Allí, la secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe crítico sobre la situación del sistema educativo y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por la administración nacional.

Reclamos salariales y financiamiento en el centro

El eje del conflicto combina demandas salariales y estructurales. Ctera exige la convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el piso salarial y ordena la negociación en las provincias—, la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), componente que complementaba los ingresos de maestros y profesores con recursos federales.

La conducción sindical sostiene que la pérdida de ese fondo y la falta de actualización presupuestaria deterioraron el poder adquisitivo y ampliaron las asimetrías entre distritos. En ese marco, también expresó su rechazo al proyecto oficial de reforma laboral y a la denominada Ley de Libertad Educativa, iniciativa que retomaría la propuesta de campaña de reemplazar subsidios directos a instituciones por un sistema de vouchers destinados a las familias.

Para la organización gremial, ese esquema podría profundizar desigualdades territoriales y debilitar el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

Provincia de Buenos Aires y efecto dominó

El escenario se complejiza en la provincia de Buenos Aires. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ya había resuelto un paro para la misma fecha tras rechazar la oferta salarial del gobierno provincial. Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) confirmó su adhesión a la medida nacional, aunque aclaró que mantiene abiertas las negociaciones con la administración de Axel Kicillof, lo que deja margen para eventuales cambios de último momento.

Más allá de Ctera —enrolada en la CTA de los Trabajadores—, los sindicatos docentes vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que el inicio de clases también podría verse afectado si no se reabre la paritaria nacional. Aunque todavía no anunciaron huelgas, el riesgo de una convergencia sindical amplía la dimensión del conflicto.

Un frente político en expansión

El paro docente se inscribe en una secuencia de tensiones entre el Gobierno nacional y distintos sectores sindicales. La educación, por su capilaridad territorial y su impacto social, constituye un terreno especialmente sensible.

El Ejecutivo, que ha defendido su política de reducción del gasto público y promovido reformas estructurales, enfrenta así un nuevo desafío en el plano federal. La negociación paritaria no solo implica discutir cifras, sino también definir el alcance del financiamiento educativo y el rol de la Nación en la coordinación del sistema.

Para las provincias, el escenario tampoco es neutro: sin un piso salarial nacional actualizado ni transferencias complementarias, la presión presupuestaria se incrementa en distritos con menor capacidad fiscal.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 32 ordenó suspender de inmediato los sumarios iniciados contra trabajadores del Hospital Garrahan que participaron de medidas gremiales. El juez Herman Mendel consideró que las actuaciones configuraban un obstáculo a la libertad sindical y cuestionó declaraciones públicas de funcionarios que anticiparon sanciones. Los gremios celebraron la decisión y mantienen el estado de alerta.

La disputa salarial y presupuestaria en el Hospital Garrahan sumó un nuevo episodio decisivo. La Justicia laboral dictó una medida cautelar que suspende los 40 sumarios administrativos promovidos por la conducción del centro de salud contra trabajadores y dirigentes que encabezaron protestas en reclamo de recomposición salarial y mayor financiamiento.

El fallo, firmado por el juez Herman Mendel a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32, ordena frenar “de inmediato” las actuaciones impulsadas por el interventor designado por el Gobierno nacional, Mariano Pirozzo, y el Consejo de Administración. Esos expedientes constituían el paso previo al pedido de desafuero y eventual despido de 11 empleados, además de la suspensión de otros 29.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la apertura masiva de sumarios en el contexto de un conflicto colectivo configura un “obstáculo” para el ejercicio de la libertad sindical y puede presumirse la existencia de “persecución y hostigamiento”. Además, dispuso que el propio juzgado asumirá el tratamiento de las actuaciones cuestionadas.

Un fallo con fuertes críticas al Ejecutivo

El pronunciamiento judicial no se limitó a un análisis formal de los expedientes. En uno de sus tramos más sensibles, cuestionó declaraciones públicas de funcionarios nacionales que, antes de que concluyeran los procedimientos administrativos, adelantaron sanciones contra los trabajadores.

Según la resolución, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como el ministro de Salud, Mario Lugones, realizaron manifestaciones que anticipaban despidos. Para el juez, ese posicionamiento vulnera garantías constitucionales básicas y pone en duda la imparcialidad del proceso disciplinario, al sugerir que las sanciones ya estaban definidas en el plano político antes de agotarse la instancia jurídica.

El fallo también advierte que el accionar de las autoridades del hospital podía operar como un antecedente “orientado a disciplinar a otros trabajadores”, en un escenario de alta conflictividad gremial.

El trasfondo del conflicto

La disputa se enmarca en la larga negociación salarial que atravesó al principal hospital pediátrico del país durante 2025. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE Garrahan encabezaron una huelga que, según los gremios, permitió alcanzar una recomposición del 61% para recuperar parte del poder adquisitivo erosionado por la inflación.

Esa medida de fuerza incluyó la ocupación de oficinas administrativas en un plano de negociaciones fallidas y ausencia de autoridades en reuniones convocadas formalmente. Desde las organizaciones sindicales sostienen que la apertura de sumarios fue una represalia directa por la protesta.

Tras conocerse la cautelar, la APyT celebró la decisión judicial como un “triunfo de la lucha colectiva”. Sin embargo, aclaró que la medida es provisoria y que la batalla legal continúa hasta lograr la anulación definitiva de los expedientes.

En este aspecto, los gremios ratificaron la convocatoria a un nuevo “Abrazo al Garrahan” para el jueves 26 a las 13, con el objetivo de consolidar el respaldo social y enviar una señal política frente a lo que describen como un proceso de ajuste iniciado el 10 de diciembre de 2023, con la asunción presidencial de Javier Milei.

Más allá de los sumarios

El conflicto no se agota en el plano disciplinario. Los sindicatos denuncian además el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y señalan que cerca de 70 profesionales y técnicos fueron reconvertidos a modalidad de monotributo, sin aguinaldo ni cobertura de riesgos de trabajo.

Para Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el hospital, esa precarización constituye una forma indirecta de presión laboral que agrava la tensión interna y afecta la estabilidad del plantel sanitario.

El trasfondo revela un debate mayor: cómo compatibilizar la administración presupuestaria en un contexto de ajuste con la preservación de derechos laborales en instituciones estratégicas del sistema público de salud.

La CGT acompañó la protesta convocada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación frente al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en el proyecto de reforma laboral. Los gremios advierten que la medida es inconstitucional y que podría restringir el acceso efectivo de los trabajadores a la Justicia.

El debate por la reforma laboral sumó un nuevo frente de conflicto: la eventual eliminación del fuero laboral nacional y su transferencia a la Ciudad de Buenos Aires. La discusión, que trasciende el plano técnico, abrió un capítulo de alta sensibilidad institucional y sindical. Este martes, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, judiciales y dirigentes gremiales escenificaron su rechazo con una movilización y un paro parcial de actividades desde las 11.

La CGT, a través de un pronunciamiento público, fue categórica: “No al traspaso de la Justicia Laboral Nacional”. En el mismo mensaje sostuvo que ese fuero constituye “una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores” y que su fragmentación implicaría debilitar la tutela judicial en materia laboral. La central subrayó que defender la competencia nacional es resguardar el equilibrio en las relaciones de trabajo.

Un punto sensible de la reforma

El traspaso está contemplado en el proyecto de reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso. Desde el sindicalismo judicial sostienen que los artículos vinculados a esta modificación fueron incorporados sin debate suficiente y que su alcance podría alterar de manera estructural el esquema judicial vigente.

El secretario general de la UEJN, Julio Piumato —quien además se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CGT— calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y la consideró “totalmente inconstitucional”. En su diagnóstico, no se trata de una simple reasignación administrativa, sino de “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional”, con potencial impacto sobre otros fueros, como el comercial.

“Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, remarcó el dirigente, al advertir que la medida implicaría avanzar hacia un esquema “totalmente unitario”, en tensión con el carácter federal del país. La afirmación busca situar el conflicto en una dimensión institucional más amplia, que excede la coyuntura laboral.

Simultáneamente a la reclamación, desde el lunes permanece ocupado el edificio de Diagonal Norte 760, sede de la Justicia del Trabajo, como parte del plan de lucha del gremio. El dato no es menor: la ocupación simboliza la defensa física de un ámbito que los trabajadores consideran amenazado.

“No va a haber lugar donde reclamar”

La secretaria general adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky, explicó que el núcleo de la preocupación radica en la eventual pérdida de un ámbito especializado para canalizar reclamos laborales. “Si liquidamos de un soplido la Justicia del Trabajo, no va a haber lugar donde los trabajadores puedan reclamar por la inconstitucionalidad de los artículos que se van a votar este viernes”, sostuvo.

Su advertencia combina dos dimensiones. Por un lado, la tutela judicial efectiva: el fuero laboral ha sido históricamente un espacio específico para dirimir conflictos entre empleados y empleadores bajo criterios protectores. Por otro, el impacto interno: cerca de 1.600 trabajadores judiciales podrían ver afectadas sus funciones de manera progresiva, lo que genera —según describió— un clima de incertidumbre y angustia.

Desde el sector sindical se argumenta que el cambio de jurisdicción podría diluir la especialización y fragmentar criterios jurisprudenciales, debilitando la posición de los trabajadores frente a litigios complejos. Quienes defienden el traspaso, en cambio, sostienen que se trata de una adecuación institucional en línea con el proceso de autonomía porteña. La controversia, en definitiva, expone visiones contrapuestas sobre el alcance de la reforma y sobre el modelo de administración de justicia.

Más que una discusión técnica

El conflicto revela que la reforma laboral no se agota en la regulación de contratos o indemnizaciones. También pone en cuestión el andamiaje institucional que garantiza su aplicación. El fuero laboral ha sido, desde su creación, un pilar en la arquitectura de protección del trabajo en la Argentina. Alterar su competencia implica redefinir no solo circuitos administrativos, sino también equilibrios históricos entre capital y trabajo.

En ese marco, la presencia de la CGT junto a los judiciales no es un gesto menor. Supone una señal de alineamiento en un momento en que el movimiento obrero debate estrategias frente al Gobierno y evalúa el alcance de las transformaciones en curso.

La movilización frente al Palacio de Tribunales sintetiza una disputa que combina derecho, política e institucionalidad. Para los gremios, el traspaso del fuero laboral constituye un retroceso que compromete el acceso a la Justicia y debilita la protección de los trabajadores.

Para el oficialismo, forma parte de un rediseño más amplio del sistema laboral y judicial.
El desenlace parlamentario definirá el rumbo inmediato. Pero el debate ya dejó una certeza: cualquier modificación del fuero del trabajo impacta en el corazón del sistema de garantías laborales. En esa intersección entre reforma y tutela judicial se juega algo más que una cuestión de competencias; se dirime el alcance real de los derechos en el mundo del trabajo.