La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento del 1,3% que se aplicará en diciembre, completando la suba pactada en noviembre. Además, las trabajadoras que superen las 16 horas semanales cobrarán un bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre e enero. La medida beneficia a un sector altamente feminizado y con elevados niveles de informalidad.

La recomposición se suma al 1,4% ya otorgado este mes y conforma un aumento total del 2,7% para noviembre, decisión que llega tras un período sin variaciones desde septiembre, cuando culminó la ronda previa de aumentos.

El acuerdo se alcanzó en el marco del organismo tripartito —integrado por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo— encargado de definir periódicamente los haberes del sector. En esta oportunidad, la actualización impactará en más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, quienes arrastran una pérdida constante de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.

A la suba porcentual se suma un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que será abonado durante noviembre, diciembre y enero. El plus alcanza a quienes cumplen más de 16 horas semanales, con el objetivo de compensar el atraso acumulado luego de meses sin revisiones.

Este mecanismo ya había sido utilizado en el trimestre previo, cuando la paritaria definió un incremento del 6,5% entre julio y septiembre distribuido en distintas etapas. Ahora, el nuevo cierre paritario vuelve a introducir una corrección que intenta evitar un deterioro mayor en uno de los sectores más vulnerados del mercado laboral.

Escalas salariales proyectadas para diciembre

Tras la aplicación del aumento del 1,4% en noviembre, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió los valores vigentes, que permiten estimar los montos finales cuando se incorpore el 1,3% restante en diciembre:

Supervisores/as

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Tareas específicas (como cocina o funciones especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensuales

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensuales

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensuales

Tareas generales

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

Continúa vigente el adicional por antigüedad del 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, implementado desde septiembre de 2021. Además, quienes realizan tareas en zonas desfavorables —como las provincias patagónicas y el Partido de Patagones— perciben un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido para su categoría.

Respecto del Sueldo Anual Complementario (SAC), el pago se realiza en junio y diciembre, tomando como referencia el 50% del mejor salario del semestre. En los casos en que la relación laboral no alcance los seis meses, el cálculo se efectúa de forma proporcional.

La proximidad del recambio de diputados y senadores activó una serie de movimientos en la CGT, que busca robustecer un bloque legislativo para enfrentar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En esa estrategia, la conducción cegetista mantiene canales de diálogo con legisladores de origen sindical, gobernadores aliados y cámaras empresarias, con el objetivo de avanzar en una propuesta alternativa que contemple cambios graduales, integrales y compatibles con el nuevo escenario productivo.

En ese marco, comenzaron a circular versiones que indican que el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, ya acercó a la central obrera una serie de lineamientos trabajados en conjunto con mandatarios provinciales y representantes del sector privado. Fuentes de la CGT evitaron confirmar esos intercambios: “No vamos a discutir trascendidos”, señalaron, aunque reafirmaron su disposición a debatir reformas “siempre que sean progresivas y no impliquen resignar derechos”.

Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato cegetista, precisó que los gremios están “dispuestos a debatir y discutir cambios”, pero advirtió que el proceso debe darse “en el marco de un debate claro y de propuestas concretas y productivas” orientadas a promover empleo formal. La declaración surgió tras un encuentro en Azopardo con los diputados sindicales de Fuerza Patria —Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Hugo Yasky y Hugo Moyano (h.)— donde se definieron líneas de acción legislativa y se fortaleció la idea de una “postura en unidad”.

La CGT destacó que existe voluntad de construir alternativas que desmonten la narrativa oficial de “modernización laboral”, que según los gremios oculta un intento de desregulación profunda. Mientras el Gobierno promueve esquemas como “salarios dinámicos”, bancos de horas y ampliación de la jornada hasta 12 horas, desde las organizaciones sindicales alertan que ese modelo implica un retroceso histórico. “Es volver a la etapa del preperonismo, a la década infame”, sostuvo Yasky.

La central obrera trabaja en una propuesta que incorpore de manera realista los desafíos de la economía digital: plataformas, inteligencia artificial, robótica y nuevas modalidades de empleo. Diputados aliados como Siley y Yasky ya presentaron iniciativas vinculadas al teletrabajo, la reducción de la jornada y la regulación de trabajadores de plataformas. En esa misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy enfatizó el concepto de “transición justa”, que apunta a capacitar y reentrenar trabajadores para evitar que los cambios tecnológicos se traduzcan en exclusión.

El proyecto del massismo: cinco ejes para un cambio integral

Mientras se desarrolla la discusión en el plano gremial y legislativo, el Frente Renovador avanza en una propuesta laboral propia que busca diferenciarse tanto del proyecto oficial como de las iniciativas parciales presentadas en el Congreso.

La senadora bonaerense electa María Rosa Arata explicó que el espacio viene dialogando con gobernadores, pymes, cooperativas, cámaras empresarias y sindicatos. “Las propuestas no son parches aislados: construimos una mirada integral que incluye cambios tributarios, previsionales y laborales”, señaló. Y remarcó: “Una reforma responsable debe atender las realidades de quienes sostienen la economía cotidiana. La Argentina necesita oportunidades reales, no avances sobre derechos”.

El borrador massista se estructura en cinco ejes:

1. Empleo joven

Un programa integral que combine estímulos económicos para la primera inserción laboral, terminalidad educativa obligatoria y formación tecnológica de base.

2. Mujeres emprendedoras

Líneas de crédito blandas, refinanciación de deudas y acompañamiento económico durante la licencia por maternidad para fortalecer proyectos liderados por mujeres.

3. Pymes y competitividad

Régimen tributario diferencial que incluye la eliminación del impuesto a las ganancias sobre utilidades no distribuidas, incentivos a la formalización y facilidades para exportar.

4. Reinserción laboral de mayores de 45 años

Un plan orientado a sectores particularmente afectados por la apertura comercial, con capacitación específica y estímulos para su reincorporación.

5. Regulación del trabajo en plataformas

Un esquema que mejore ingresos, condiciones laborales y cobertura de riesgos para repartidores y trabajadores digitales, sin sacrificar la flexibilidad horaria que caracteriza al sector.

El sindicato de la Unión Tranviarios Automotor declaró el estado de alerta y anticipó que habrá paros en todas las líneas que no abonen sueldos y aguinaldos antes del cuarto día hábil de diciembre. Las empresas presionan al Gobierno por atrasos en los subsidios y plantean pagar el medio aguinaldo en hasta seis cuotas, una propuesta rechazada de plano por el gremio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) encendió todas las alarmas de cara a diciembre y anunció un posible paro generalizado del transporte urbano si los trabajadores no perciben sus salarios y el medio aguinaldo en tiempo y forma. El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, confirmó que la organización activó el estado de alerta luego de que varias empresas comunicaran que no podrán cumplir con los plazos legales de pago debido a supuestas demoras del Gobierno en el envío de subsidios.

La situación, que combina tensiones estructurales con un escenario económico cada vez más frágil, podría derivar en un diciembre con interrupciones masivas del servicio de colectivos en distintas regiones del país. El cuarto día hábil del mes fue señalado como un umbral determinante: “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, advirtió Caligari en declaraciones a Splendid AM 990.

Las compañías transportistas afirman que las transferencias estatales no llegan con la regularidad necesaria para sostener los costos operativos y aseguran estar asfixiadas financieramente. Sin embargo, desde la UTA rechazan tajantemente ese argumento. “Nosotros no financiamos los sueldos ni los aguinaldos”, enfatizaron fuentes sindicales, dejando claro que la responsabilidad sobre la estructura de subsidios es exclusiva de las autoridades y los empresarios.

La propuesta de algunos operadores de pagar el aguinaldo en seis cuotas terminó por dinamitar cualquier margen de negociación. Para el sindicato, esa alternativa es inaceptable y vulnera un derecho básico de los choferes. “De ninguna manera, no es esa la forma”, afirmó Caligari, quien además cuestionó duramente lo que definió como una actitud histórica de victimización empresarial: “El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”, disparó.

El vocero gremial subrayó que los conductores trabajan “los 30 días del mes y los 365 días del año”, y que por eso deben cobrar sus haberes “en tiempo y forma”, sin excepciones ni dilaciones. Incluso ironizó sobre el extremo al que, según su visión, pretenden llevar la discusión los transportistas: “Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar”, sentenció, dejando al descubierto el nivel de desgaste en la relación entre ambos sectores.

Mientras tanto, el Gobierno permanece bajo presión de las empresas, que reclaman un esquema de compensaciones actualizado y previsible, capaz de sostener el funcionamiento del sistema. La incertidumbre sobre cuándo se normalizará el flujo de subsidios agrega tensión a un escenario ya delicado, que amenaza con impactar en millones de usuarios justo en el comienzo del mes de mayor demanda social.

El conflicto entre la UTA, las empresas de transporte y el Gobierno vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema de subsidios y la persistente disputa por su financiamiento. Con un diciembre que asoma cargado de tensión, el gremio dejó en claro que no tolerará pagos atrasados ni fraccionados. Si no aparecen respuestas rápidas, el país podría enfrentar un paro de colectivos con fuerte impacto en la movilidad urbana y en la vida cotidiana de millones de personas.