Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza y exsenador nacional, reconoció los avances del Gobierno en materia fiscal e inflacionaria, pero advirtió que esa mejora todavía no se refleja en los ingresos de los trabajadores ni en las ventas. También cuestionó el endeudamiento familiar, las tasas de algunas financieras y la apertura de las importaciones.

El empresario cordobés Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza (AGD) y uno de los principales referentes del complejo agroindustrial argentino, lanzó una advertencia sobre el deterioro del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En declaraciones radiales, Urquía reconoció que el Gobierno de Javier Milei consiguió avances en materia fiscal y logró reducir la inflación, pero sostuvo que esa mejora macroeconómica todavía no se traduce de manera uniforme en la economía cotidiana.

“A los trabajadores no les alcanza para llegar al 15 de cada mes”, afirmó al describir la situación de los asalariados, y agregó que las empresas también enfrentan dificultades para afrontar el pago de salarios. “Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no le alcanza”, resumió.

Su diagnóstico expuso una de las principales dificultades que enfrenta el programa económico: la distancia entre la estabilización de algunas variables generales y la capacidad efectiva de los hogares para sostener sus gastos. “La macro hoy no llega a algunos sectores de la micro”, sostuvo.

El consumo como principal preocupación

Urquía trasladó esa mirada a las economías regionales y relató lo que observa en su comunidad de origen, en Córdoba. Según explicó, comerciantes con décadas de trayectoria atraviesan dificultades para mantener sus negocios, acumulan deudas y registran una fuerte caída de las ventas.

Para el empresario, la retracción dejó de estar vinculada exclusivamente con el origen de los productos. La menor demanda responde, a su entender, a una reducción de la capacidad de compra de los hogares que afecta tanto a bienes nacionales como importados.

También marcó diferencias entre las distintas ramas de la economía. Mientras identificó un desempeño favorable en minería, Vaca Muerta y parte del complejo agropecuario, señaló que el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno padecen con mayor intensidad el freno del consumo.

La advertencia adquiere relevancia por la posición de quien la formula: Urquía conduce una de las principales compañías agroindustriales del país y, al mismo tiempo, reconoció aspectos centrales del programa económico oficial. Su diagnóstico, por lo tanto, no parte de un rechazo integral al rumbo fiscal y monetario, sino de la preocupación por la demora en la transmisión de sus beneficios hacia empresas y trabajadores.

Endeudamiento y tasas de hasta 1.300%

Otro de los puntos cuestionados fue el crecimiento del endeudamiento de las familias. Urquía apuntó particularmente contra algunas fintech y financieras no bancarias por las tasas que aplican a los créditos destinados a consumidores.

“Hay fintech o estas financieras que han salido nuevas, que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual. Es algo increíble”, afirmó.

El empresario reclamó una intervención del Estado para evitar prácticas que consideró abusivas. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno”, sostuvo, al considerar que la regulación debe proteger a quienes recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.

La advertencia se produce en un momento en que el crédito de corto plazo adquirió mayor importancia para numerosos hogares que afrontan el final del mes con ingresos insuficientes. El endeudamiento, en ese sentido, aparece como una consecuencia directa de la pérdida de capacidad de compra y como una vía para sostener consumos que los salarios ya no consiguen financiar por sí solos.

Críticas a la apertura importadora

Urquía también expresó reparos frente al avance de las importaciones y al tratamiento diferencial que, según su mirada, reciben las inversiones extranjeras respecto de la producción local.

Advirtió que determinados bienes ingresan al país respaldados por subsidios de sus lugares de origen y sostuvo que esa competencia puede afectar el empleo argentino. “Nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”, planteó.

El empresario reclamó una política que contemple con mayor atención a las compañías nacionales y a las economías del interior. “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero. Al que viene de afuera, se le pone la alfombra roja”, cuestionó.

Las declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la dificultad de compatibilizar la apertura comercial con la recuperación del mercado interno. Mientras algunas ramas exportadoras encuentran mejores condiciones, otras dependen de una demanda doméstica que todavía no recuperó el dinamismo necesario para trasladar la estabilización de la inflación a una mejora perceptible en los ingresos y las ventas.

El diagnóstico de Urquía sintetiza así una preocupación que excede al sindicalismo: la estabilidad de las variables macroeconómicas todavía convive con salarios que pierden capacidad de compra, familias más endeudadas y empresas que enfrentan un mercado interno debilitado.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales una actualización correspondiente a julio. El ingreso inicial, incluida la participación en las ganancias, quedó en $2.534.977,22 y la recomposición acumulada desde diciembre alcanza el 19,3%.

Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio, en el marco del mecanismo acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Con este incremento, el salario inicial de la actividad quedó por encima de los $2,5 millones cuando se incorpora el concepto de participación en las ganancias.

El sueldo básico inicial para julio fue establecido en $2.463.354,74, mientras que a ese monto se sumaron $71.219,54 correspondientes a la participación en las ganancias. De esta manera, el ingreso inicial total alcanzó los $2.534.977,22.

La actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza los adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio bancario.

Con el nuevo ajuste, la organización conducida por Sergio Palazzo informó que los salarios acumularon una recomposición del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025.

El esquema continuará durante agosto bajo las mismas condiciones acordadas hasta ahora. La discusión paritaria formal se retomará en la segunda quincena de septiembre, cuando las partes volverán a evaluar la evolución de los salarios y los precios.

Desde La Bancaria destacaron que el mecanismo de actualización busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de la inflación. “Garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio al comunicar el nuevo acuerdo.

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.