La inflación habría vuelto a acelerarse en septiembre, después del descenso registrado en agosto. Las principales consultoras privadas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2%, por encima del 1,7% informado para el mes anterior, en un movimiento explicado principalmente por aumentos en verduras y carne.

Las estimaciones se conocen antes de la publicación de nuevos indicadores oficiales y privados que permitirán precisar la evolución de los precios. El dato marca, de confirmarse, un freno a la desaceleración que había predominado durante buena parte del primer semestre y que tuvo una interrupción en julio, cuando el IPC había alcanzado el 2,1%.

Entre las mediciones privadas, Libertad y Progreso proyectó una inflación mensual del 2% y señaló que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 3,2%, convirtiéndose en el principal impulsor del resultado general.

La medición de C&T Asesores Económicos fue algo inferior, con una estimación de 1,9%. Según su relevamiento, alimentos y bebidas tuvieron en septiembre el mayor incremento desde mayo, con una suba cercana al 2%. Dentro de esa categoría, las verduras aumentaron 11%, mientras que la carne avanzó 2,1%.

El comportamiento de los productos básicos también fue registrado por LCG. La consultora detectó un incremento del 1,7% en alimentos durante la última semana de septiembre, mientras que el acumulado de las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. Por su peso dentro de la canasta de consumo, esos movimientos tienen una incidencia relevante sobre el índice general.

Analytica, en tanto, relevó una suba semanal del 0,8% en alimentos y bebidas durante los últimos días del mes y calculó un aumento del 2,8% en cuatro semanas. Con esos datos, también estimó una inflación general del orden del 2% para septiembre.

Eco Go coincidió con esa proyección. La consultora calculó un avance del 2% y señaló que componentes de comportamiento estacional tuvieron una incidencia importante en la aceleración, lo que llevaría al índice general a ubicarse aproximadamente 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.

El movimiento de septiembre adquiere relevancia porque modifica la trayectoria observada en los meses anteriores. Después de una sucesión de registros descendentes, julio había mostrado un repunte al 2,1% y agosto volvió a marcar una baja, con 1,7%, el menor registro en 14 meses según la información difundida entonces.

La presión de los alimentos introduce además un componente especialmente sensible sobre los hogares, dado que se trata de uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano. Las subas concentradas en productos de consumo frecuente pueden tener un impacto más inmediato sobre el presupuesto familiar aun cuando el índice general mantenga variaciones moderadas.

Las estimaciones privadas deberán ser contrastadas con el IPC oficial de septiembre, que permitirá determinar la magnitud definitiva del repunte y la evolución de los distintos componentes. El dato será además una referencia para las próximas mediciones de expectativas y para las decisiones de empresas y trabajadores en materia de precios, salarios y consumo.

Si las proyecciones se confirman, septiembre habrá interrumpido nuevamente la trayectoria descendente de la inflación mensual. El regreso a valores cercanos al 2%, con los alimentos entre los principales impulsores, mostraría que la desaceleración de los precios continúa siendo irregular y todavía expuesta a movimientos fuertes dentro de la canasta básica.

La Secretaría de Trabajo volvió a modificar su segunda línea en un momento especialmente sensible de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Claudia Testa presentó su renuncia a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y Mariano Sartoris fue designado para ocupar su lugar, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del área conducida por Julio Cordero.

Testa había llegado al Gobierno a fines de 2024, después de desarrollar parte de su trayectoria en el ámbito laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Su designación fue formalizada mediante el Decreto 31/2025, con vigencia desde el 10 de diciembre de 2024. Durante su gestión intervino en negociaciones colectivas, mediaciones y conflictos entre empresas y organizaciones sindicales.

La salida se produjo mediante una renuncia indeclinable. Desde el Gobierno fue presentada como parte de un proceso de reestructuración interna, mientras que otras versiones periodísticas consignaron diferencias y motivos personales como parte de las explicaciones que circularon alrededor de la decisión. No existe, hasta el momento, una explicación oficial que permita atribuir el alejamiento a una disputa específica.

El reemplazante introduce un dato político-administrativo relevante. Mariano Sartoris, abogado y hasta ahora subsecretario Legal de Capital Humano, es identificado como un funcionario de confianza de la ministra Sandra Pettovello. También había tenido funciones dentro de la propia estructura laboral antes de pasar al área jurídica de Capital Humano.

La Subsecretaría ocupa un lugar central en la relación cotidiana del Estado con el mundo del trabajo: participa en paritarias, conflictos colectivos, mediaciones y vínculos entre sindicatos y empresas. Por eso, el reemplazo no se limita a un movimiento administrativo. Para las organizaciones gremiales, la principal incógnita será conocer qué perfil tendrá Sartoris en la interlocución con dirigentes y qué grado de continuidad tendrán los canales construidos durante la gestión anterior.

El cambio también vuelve a poner de relieve la alta rotación de funcionarios en la segunda línea de Trabajo durante la gestión de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, seis nombres ocuparon esa posición: Liliana Archimbal, Mariana Hortal Sueldo, Horacio Pitrau, Martín Huidobro, Claudia Testa y ahora Sartoris. La sucesión contrasta con la permanencia de Julio Cordero, quien continúa al frente de la Secretaría.

Testa, además, había mantenido actividad hasta los últimos días de su gestión. El 29 de septiembre, encabezó una audiencia con trabajadores despedidos de Flybondi que buscaban la mediación del Estado por salarios e indemnizaciones pendientes. La proximidad entre esa intervención y su salida contribuyó a que el relevo generara atención entre los actores que mantienen negociaciones habituales con el organismo.

El recambio se produce mientras el Gobierno y la CGT mantienen diferencias en torno a las políticas laborales y al alcance de las reformas impulsadas por la administración nacional. En ese marco, cualquier modificación en el equipo que interviene directamente en las relaciones colectivas es seguida de cerca por los sindicatos, especialmente ante las discusiones pendientes sobre convenios, salarios, representación y legislación laboral.

Las versiones que vinculan la salida de Testa con una eventual ofensiva contra las organizaciones sindicales no fueron confirmadas oficialmente y, por ahora, forman parte de interpretaciones políticas sobre el cambio. Lo verificable es que el Gobierno colocó en una posición clave a un funcionario proveniente del núcleo de Capital Humano y cercano a Pettovello, mientras mantiene a Cordero al frente de esa cartera.

Los hogares argentinos acumulan $73,8 billones de deuda, entre obligaciones bancarias y compromisos asumidos fuera del sistema financiero tradicional. El dato revela además un cambio en el perfil del endeudamiento: hay menos familias tomando crédito que a comienzos de año, pero quienes permanecen endeudadas afrontan montos considerablemente mayores.

Según un informe de Focus Market, $66,48 billones corresponden al sistema bancario y otros $7,36 billones a financiamiento no bancario. La deuda bancaria promedio alcanzó $13.380.294 por hogar, frente a $5.702.809 en enero.

La comparación con los salarios muestra la magnitud del salto. El monto equivale a 6,88 remuneraciones promedio del sector privado registrado, tomando como referencia el RIPTE de julio, de $1.946.028. En 2023, esa relación era de apenas 1,43 salarios.

Actualmente, el 48,68% de los hogares tiene algún compromiso bancario, equivalente a casi 4,97 millones de familias. En el financiamiento no bancario, la proporción asciende al 56%, unos 5,72 millones de hogares.

El aumento del endeudamiento tiene su correlato en la morosidad. La cartera irregular de los créditos otorgados a las familias pasó del 2,7% en enero de 2025 al 12,9% en julio de 2026, casi cinco veces más en un año y medio.

Los préstamos personales presentan una mora del 16,7%, mientras que las tarjetas de crédito alcanzan el 12,8%. El deterioro es todavía mayor en la categoría de otros préstamos, cuya irregularidad trepó del 10,7% al 39,8%. Los hipotecarios muestran una evolución más moderada: pasaron del 1% al 1,6%.

Fuera de los bancos, la deuda promedio es sustancialmente menor, de $1.288.161, pero alcanza a una mayor cantidad de familias. Allí aparecen obligaciones tan diversas como préstamos de familiares, cuotas escolares, impuestos, expensas y compras fiadas en comercios.

Los préstamos personales no bancarios concentran 46,4% de ese endeudamiento, seguidos por los préstamos de familiares o amigos, con 18,6%, y los impuestos impagos, con 17,6%.

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el recurso creciente a estas alternativas refleja una mayor presión sobre los ingresos y constituye una señal de restricción de liquidez.

El avance de las fintech amplió, además, el acceso al crédito: según datos de Analytica, las plataformas y billeteras pasaron de registrar menos de 500.000 créditos antes de la pandemia a involucrar actualmente a más de 10 millones de personas, de las cuales 3,8 millones no poseen crédito bancario.

El fenómeno muestra que la expansión de las nuevas herramientas financieras no eliminó el endeudamiento informal. En muchos hogares, el crédito funciona como una forma de cubrir gastos corrientes y sostener el consumo básico cuando el ingreso mensual no alcanza para afrontar simultáneamente alimentos, servicios, salud, educación y vivienda.