La Subsecretaría de Trabajo intimó a los gremios docentes a garantizar un mínimo del 75% de prestación del servicio educativo, en aplicación de la normativa nacional que regula las medidas de fuerza en servicios esenciales. Tras la notificación oficial, UDAP dejó sin efecto el paro previsto para este miércoles y jueves, mientras crece la expectativa por la posición que adoptarán los sindicatos UDA y AMET.

El conflicto docente en San Juan sumó este martes un nuevo episodio luego de que la Subsecretaría de Trabajo provincial intimara formalmente a los gremios a garantizar la continuidad del servicio educativo durante cualquier medida de fuerza. La decisión oficial, basada en la aplicación de la normativa nacional sobre servicios esenciales, obligó al sindicato UDAP a suspender el paro de 48 horas que estaba previsto para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

La resolución fue formalizada mediante la Resolución Nº 041-ST 2026, firmada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, dentro del expediente administrativo Nº 208-000907-2026-EXP. El documento exige a las organizaciones sindicales del sector docente asegurar la prestación mínima del servicio educativo, estableciendo que al menos el 75% de las clases deben garantizarse durante una eventual medida de fuerza.

La notificación fue emitida desde la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 52 Oeste, y fue entregada a los gremios mediante cédula oficial este martes al mediodía.

En el texto, el organismo laboral recuerda la vigencia del artículo 24 de la Ley Nº 25.877, modificado por el artículo 101 de la Ley Nº 27.802, que regula el funcionamiento de los servicios esenciales durante conflictos laborales. Bajo ese marco legal, las entidades sindicales deben presentar un plan detallado de prestación mínima que incluya establecimientos afectados, niveles educativos, turnos y personal designado para garantizar el servicio.

La resolución también advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones, según lo previsto en la legislación vigente.

El paro que finalmente no fue

La huelga docente había sido anunciada días atrás en el marco de las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los tres gremios que representan al sector: UDAP, UDA y AMET. La medida consistía en un paro de 48 horas que buscaba presionar por una mejora en la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

Sin embargo, tras recibir la intimación oficial, UDAP decidió suspender la protesta. La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, confirmó la decisión en declaraciones periodísticas y señaló que la medida de fuerza quedaba sin efecto ante el nuevo escenario legal.

La suspensión del paro fue comunicada pocas horas antes de una conferencia de prensa que los sindicatos habían convocado frente al Centro Cívico para informar las acciones a seguir.

Advertencia oficial y tirantez en la negociación

En este sentido, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, había advertido que el Ejecutivo provincial descontaría el día a los docentes que se plegaran a la huelga, una señal clara del endurecimiento de la postura oficial frente al conflicto.

La advertencia se produjo en un clima en el que las negociaciones paritarias continúan sin acuerdo. Este mismo martes estaba prevista una nueva reunión entre el Gobierno y los gremios docentes, encuentro que finalmente no se concretó.

Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que se trabaja en una propuesta salarial superadora, con el objetivo de destrabar la negociación y garantizar la continuidad del ciclo lectivo sin nuevas medidas de fuerza.

Expectativa por la postura de los otros gremios

Aunque UDAP ya confirmó la suspensión del paro, la atención del conflicto se traslada ahora a la posición que adoptarán los otros dos sindicatos docentes que participan de la negociación: UDA y AMET.

Ambas organizaciones habían acompañado inicialmente la convocatoria a la medida de fuerza, por lo que se espera que en las próximas horas definan si siguen la misma línea de UDAP o si impulsan otra estrategia sindical frente a la intimación oficial.

La aplicación de la normativa sobre servicios esenciales marca un punto de inflexión en el conflicto docente sanjuanino. La exigencia de garantizar un alto nivel de prestación mínima —en este caso el 75%— limita significativamente la capacidad de los gremios para sostener medidas de fuerza de alto impacto.

Al mismo tiempo, la decisión del Gobierno provincial se inscribe en el nuevo escenario que abre la reforma laboral impulsada a nivel nacional, donde se busca restringir la afectación de servicios considerados estratégicos.

A este respecto, la disputa salarial sigue abierta y el conflicto podría trasladarse ahora al terreno político y judicial, mientras los sindicatos analizan cómo reorganizar su estrategia frente a un marco legal más restrictivo para las huelgas en el sector educativo.

La suspensión del paro docente deja momentáneamente en pausa la escalada del conflicto en San Juan, pero no resuelve el fondo del problema: la negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios continúa sin acuerdo. En un escenario marcado por nuevas reglas laborales y mayor presión institucional, el desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un entendimiento que permita recomponer ingresos sin poner en riesgo la continuidad del ciclo lectivo.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a quedar en punto muerto luego de que UDAP, UDA y AMET no asistieran a la sexta reunión paritaria convocada para este martes en el Ministerio de Educación. El Ejecutivo provincial insistía en presentar una nueva propuesta salarial, pero la ausencia sindical dejó sin avances el diálogo y consolidó el escenario de conflicto, con un paro de 48 horas confirmado para esta semana.

La paritaria docente en San Juan atraviesa uno de sus momentos más complejos del año. Este martes, la sexta reunión de negociación salarial convocada por el Gobierno provincial quedó frustrada luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— decidieran no concurrir al encuentro previsto para las 14 en el Ministerio de Educación, en el Centro Cívico.

La ausencia sindical dejó sin posibilidad de avanzar en una negociación que ya acumula varias semanas sin acuerdo y que ahora se encamina hacia una escalada del conflicto. Funcionarios del Ejecutivo provincial sí se presentaron al encuentro cerca de las 13:30. En el segundo piso del edificio permanecieron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Ante la falta de representantes gremiales, las autoridades evaluaron labrar un acta formal para dejar constancia de la situación y analizar los pasos a seguir en el marco de una negociación que permanece abierta, aunque cada vez más tensionada.

Un paro que se vuelve inevitable

El conflicto salarial tiene como telón de fondo el paro docente de 48 horas convocado para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La medida de fuerza fue anunciada inicialmente por UDAP y luego acompañada por AMET, mientras que aún persistían dudas sobre la postura de UDA en la provincia.

Desde el gremio que conduce Patricia Quiroga ya habían adelantado que, en el ámbito de la protesta, no asistirían a la reunión convocada por el Ejecutivo. En las últimas horas, AMET confirmó la misma decisión.

“La reunión es a las 14:00, pero nosotros estamos en paro, así que no nos vamos a presentar. La paritaria está prácticamente caída y seguimos rechazando lo que ha propuesto el Gobierno”, señalaron desde el sindicato técnico.

La decisión sindical frustró las expectativas oficiales, ya que tanto el Ministerio de Educación como la cartera de Economía apostaban a ese encuentro para intentar evitar la medida de fuerza o, al menos, abrir un canal de negociación que permitiera encauzar el conflicto.

La propuesta oficial bajo discusión

El Gobierno provincial sostiene que la oferta presentada en la mesa salarial es superadora y contempla incrementos por encima de la inflación. Según explicó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, la propuesta incluye un aumento del 5% sobre el valor índice de diciembre de 2025 para toda la administración pública.

En el caso específico de los docentes, el esquema suma además seis puntos adicionales al código A01 y cuatro puntos al código E60, con el objetivo de mejorar particularmente el salario de las maestras de grado, históricamente rezagado dentro de la estructura salarial del sector.

El funcionario también defendió el esquema de incrementos al señalar que el salario docente en la provincia quedó completamente “en blanco”, es decir, compuesto por sumas remunerativas y bonificables, lo que —según sostuvo— representa un avance importante alcanzado mediante acuerdos previos con los sindicatos.

Achem agregó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de introducir mejoras en la propuesta, siempre dentro de los márgenes del equilibrio fiscal provincial.

El punto más cuestionado por los gremios

Sin embargo, la estructura del ofrecimiento oficial generó un fuerte rechazo entre los sindicatos docentes. La principal objeción gira en torno a la evolución salarial de los meses siguientes.

Según el esquema propuesto por el Ejecutivo, el incremento de marzo sería seguido por un mes de abril sin aumentos generales, mientras que en mayo se incorporaría un incremento adicional que, según los gremios, resultaría mínimo —alrededor de $2.916— dentro del salario total.

Desde las organizaciones sindicales consideran que ese diseño salarial no acompaña el ritmo inflacionario y profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Descuentos y servicio mínimo durante el paro

En simultaneo al conflicto salarial, el Gobierno provincial ratificó que aplicará descuentos a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.

“El día se va a descontar exclusivamente a quienes hagan paro. Día trabajado, día pagado”, afirmó Achem, al explicar que los directivos escolares deberán informar en el parte diario qué docentes se presentaron a trabajar.

Además, desde la Subsecretaría de Trabajo recordaron que la normativa laboral vigente establece que, al tratarse la educación de una actividad considerada esencial, debe garantizarse al menos el 75% del servicio durante las medidas de fuerza.

El subsecretario Franco Marchese indicó que los gremios ya fueron notificados de esta obligación y deberán presentar un esquema que permita cumplir con ese nivel mínimo de funcionamiento en las escuelas.

Con la reunión paritaria frustrada y el paro confirmado, el conflicto docente en San Juan se encuentra en un punto de máxima tensión. Mientras el Gobierno insiste en que la propuesta salarial puede mejorarse dentro de los límites fiscales, los gremios mantienen su rechazo y endurecen su postura.

En este contexto, la negociación parece haber ingresado en una etapa de estancamiento en la que las medidas de fuerza, los descuentos salariales y la discusión sobre la prestación mínima del servicio educativo configuran un clima de confrontación ascendente.

Por ahora, sin diálogo en la mesa paritaria y con las aulas a las puertas de un nuevo paro, la solución de controversias permanece incierta.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por metalúrgicos, estatales y aceiteros, resolvió avanzar en la elaboración de su propio índice de inflación, canasta básica y endeudamiento de los hogares. La decisión surge en medio de cuestionamientos a los datos oficiales y se inscribe en una estrategia más amplia de organización territorial, articulación con otros gremios y resistencia a las políticas laborales del gobierno de Javier Milei.

El mapa sindical argentino comienza a mostrar nuevos reacomodamientos frente al escenario económico y político actual. En ese sentiso, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) decidió avanzar en la construcción de indicadores propios sobre la evolución de los precios y el poder adquisitivo de los trabajadores, con el objetivo de contrastar los datos oficiales y aportar herramientas para la discusión salarial.

La definición se tomó durante una reunión realizada este lunes por la noche en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde dirigentes de distintos sectores sindicales delinearon los principales ejes estratégicos del espacio para los próximos meses.

El frente está integrado por los metalúrgicos conducidos por Abel Furlán, los estatales de Rodolfo Aguiar y los aceiteros liderados por Daniel Yofra, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer una estructura sindical con presencia federal y capacidad de articulación frente al modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei.

Un índice propio frente a la desconfianza en las cifras oficiales

Desde el entorno configurado explicaron que la iniciativa surge a partir de lo que consideran una “falta de credibilidad” en los indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Según anticiparon, el objetivo es publicar mensualmente estos datos para ofrecer una lectura alternativa sobre la evolución del costo de vida, particularmente en lo que respecta al impacto que la inflación tiene sobre los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores.

La iniciativa retoma una discusión histórica dentro del movimiento sindical argentino: la necesidad de contar con indicadores propios que reflejen con mayor precisión la realidad del consumo de las familias trabajadoras.

De la movilización a la organización permanente

Durante el encuentro, los dirigentes también coincidieron en la necesidad de dar un salto organizativo que permita pasar de acciones puntuales de protesta a una estructura de coordinación sindical permanente en todo el país.

En ese marco se ratificó la continuidad del denominado “Operativo Ambulancia”, una estrategia orientada a incorporar nuevos sindicatos al espacio, incluso aquellos que atraviesan conflictos con sus actuales estructuras de representación.

El FreSU sostiene que el diálogo está abierto a todas las organizaciones gremiales que deseen sumarse, independientemente de la central obrera a la que pertenezcan, en un intento por ampliar la base sindical del frente y consolidar una red federal de representación.

Relación con la CGT y plan de lucha

Aunque existen diferencias estratégicas con la Confederación General del Trabajo, los dirigentes del FreSU aclararon que no buscan promover una ruptura dentro del movimiento obrero organizado.

Por el contrario, consideran que gremios como la UOM pueden cumplir un rol de puente para impulsar acciones conjuntas frente a la coyuntura económica.

“No es momento de buscar réditos individuales”, señalaron desde el espacio, en referencia a la necesidad de coordinar respuestas frente al deterioro del poder adquisitivo y las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional.

En ese aspecto, el frente definió profundizar una estrategia basada en acciones sindicales colectivas y en la defensa del derecho a huelga como herramienta central en la disputa por mejoras salariales y condiciones laborales.

Presencia en los conflictos laborales

La agenda del FreSU también incluye un acompañamiento activo en distintos conflictos laborales que se desarrollan en el país.

Entre las acciones recientes se destacó la visita de dirigentes sindicales al acampe de trabajadores despedidos de la empresa Fate, en la localidad bonaerense de Virreyes, donde manifestaron su respaldo al reclamo de los empleados que denuncian el cierre ilegal de la planta.

En esa instancia participaron referentes sindicales junto al dirigente del Sindicato Único del Neumático, Alejandro Crespo, en una imagen que tuvo fuerte impacto en el escenario gremial por la confluencia de distintos sectores sindicales.

Un nuevo actor en la disputa sindical

Con la decisión de medir la inflación por cuenta propia, impulsar un plan de organización territorial y ampliar su base sindical, el Frente de Sindicatos Unidos busca consolidarse como un nuevo actor dentro del complejo tablero del movimiento obrero argentino.

En un entorno marcado por la desaceleración económica, la discusión salarial y las reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo, el espacio intenta posicionarse como un polo de articulación sindical capaz de disputar agenda y representación en el escenario nacional.