Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó de madrugada la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La clave estuvo en el respaldo articulado de gobernadores y bloques provinciales, que ampliaron la base libertaria más allá del PRO y la UCR. El proyecto ahora será tratado en Diputados antes del 1° de marzo.

La media sanción de la reforma laboral no fue únicamente el resultado de la cohesión del oficialismo. Fue, sobre todo, la expresión de una arquitectura política más amplia, construida en las semanas previas con gobernadores que, más allá de su identidad partidaria, decidieron acompañar al Ejecutivo.

La Libertad Avanza aportó su núcleo duro en la Cámara alta, con senadores como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni, entre otros.

A ese bloque se sumaron de manera compacta los diez legisladores de la Unión Cívica Radical —entre ellos Maximiliano Abad, Carolina Losada y Eduardo Vischi— y los representantes del PRO, como Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero.

Esa base, sin embargo, no alcanzaba por sí sola para garantizar la aprobación. El umbral político se superó con el aporte decisivo de senadores vinculados a gobernadores provinciales, algunos de ellos peronistas no alineados con la conducción nacional del PJ.

Los gobernadores que inclinaron la balanza

El oficialismo logró consolidar acuerdos con mandatarios provinciales que ordenaron a sus representantes en el Senado acompañar el proyecto. Entre los respaldos más relevantes se cuentan:
Tucumán (Osvaldo Jaldo): Beatriz Ávila confirmó su voto positivo, en sintonía con la estrategia del Ejecutivo provincial.
Neuquén (Rolando Figueroa): Julieta Corroza (La Neuquinidad) aportó un voto clave.
Salta (Gustavo Sáenz): Flavia Royón (Primero los Salteños) acompañó la iniciativa.
Córdoba (Martín Llaryora): Alejandra Vigo, referenciada en el schiarettismo, respaldó el proyecto.
Misiones (Hugo Passalacqua): Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) votaron a favor.
Chubut (Ignacio “Nacho” Torres): Edith Terenzi (Despierta Chubut) se sumó al oficialismo.

También acompañaron senadores del espacio Provincias Unidas, como Carlos Mauricio Espínola, ampliando el carácter transversal de la mayoría.

El resultado evidenció una dinámica política que trasciende la clásica grieta nacional: gobernadores priorizando negociación fiscal, gobernabilidad y vínculos institucionales por sobre alineamientos partidarios estrictos.

Quiénes votaron a favor

La votación reflejó una coalición amplia y heterogénea integrada por:
La Libertad Avanza
PRO
UCR
Frente Renovador de la Concordia (Misiones)
Bloques provinciales de Neuquén, Salta y Chubut
Peronismo federal o disidente (Provincias Unidas, Córdoba)
En total, 42 senadores levantaron la mano afirmativamente.

El rechazo: peronismo cohesionado y bloques patagónicos

El bloque de Unión por la Patria lideró el rechazo con 30 votos negativos, acompañado por espacios como Convicción Federal, representantes santacruceños y otros senadores provinciales.

Figuras como José Mayans, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner y Sergio Uñac encabezaron la resistencia parlamentaria, en línea con el posicionamiento del sindicalismo y la CGT, que durante las últimas semanas movilizó en distintas provincias contra el proyecto.

La votación dejó en evidencia una fractura dentro del universo peronista: mientras la conducción nacional sostuvo una postura unificada en contra, gobernadores con peso territorial optaron por una estrategia de diálogo y acompañamiento parcial al Ejecutivo.

Un triunfo político con impacto federal

Más allá del contenido específico de la reforma, el resultado constituye un triunfo político significativo para Javier Milei. No solo por haber superado la primera instancia legislativa, sino por haber logrado articular una mayoría con actores que no forman parte de su estructura partidaria.

La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará replicar el esquema de alianzas para obtener la sanción definitiva antes del 1° de marzo, dentro del período de sesiones extraordinarias.

El Senado dejó una señal clara: en el nuevo mapa de poder, los gobernadores emergen como árbitros decisivos de la agenda nacional. Y en esta oportunidad, su respaldo fue determinante para que la reforma laboral avance un casillero más en el Congreso.

Con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores “dialoguistas”, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El texto introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, limita el derecho de huelga, modifica el régimen indemnizatorio y otorga prevalencia a los convenios por empresa. La discusión se traslada ahora a la Cámara de Diputados.

Tras 14 horas de debate, el Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La votación en general arrojó 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el respaldo decisivo de los bloques alineados con gobernadores provinciales. El dato que atravesó la jornada —y que encendió críticas en la oposición— fue que el texto definitivo llegó a manos de los senadores minutos después de la votación, en un trámite que dejó interrogantes sobre la lectura fina de las modificaciones incorporadas a último momento.

La Libertad Avanza reunió sus 21 votos y sumó el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales vinculados a mandatarios locales. Con excepción del santacruceño Claudio Vidal, los gobernadores considerados “dialoguistas” aportaron respaldo político a la iniciativa. El interbloque peronista, en tanto, se mantuvo cohesionado y votó en contra, junto a dos representantes de Santa Cruz.

Un rediseño estructural del esquema laboral

Bajo el nombre de “Modernización Laboral”, el proyecto introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y en normas complementarias. El oficialismo lo presenta como una herramienta para promover empleo registrado y reducir litigiosidad. Para el sindicalismo y sectores de la oposición, en cambio, se trata de un cambio de paradigma que debilita la negociación colectiva y altera pilares históricos del modelo laboral argentino.

Uno de los ejes más controvertidos es la regulación del derecho de huelga. La iniciativa establece porcentajes mínimos de funcionamiento del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas trascendentales, ampliando el universo alcanzado. Además, fija nuevas condiciones para asambleas y medidas de fuerza. Para las centrales obreras, estos mecanismos implican en los hechos una restricción severa de la protesta sindical.

En este sentido, la norma otorga prevalencia al convenio por empresa por sobre los convenios de actividad y limita la ultraactividad de los acuerdos colectivos. Al vencerse un convenio, las cláusulas extraordinarias tendrán un año para renegociarse. En términos prácticos, la arquitectura de la negociación colectiva se desplaza hacia ámbitos más fragmentados, con menor capacidad de presión sectorial.

Indemnizaciones, fondo de capitalización y banco de horas

El capítulo indemnizatorio también introduce un giro significativo. La base de cálculo excluye conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones y fija un tope de hasta tres salarios promedio del convenio aplicable. La indemnización pasa a definirse como la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico del empresariado orientado a reducir contingencias judiciales.

En ese aspecto se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización con aportes patronales obligatorios —1% para grandes empresas y 2,5% para pymes— destinado a cubrir obligaciones por desvinculación. Administrado bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores, el esquema modifica la lógica tradicional de financiamiento de despidos y abre un debate sobre el traslado de riesgos desde el empleador hacia mecanismos de ahorro previo.

La reforma incorpora además el denominado “banco de horas”, que permite compensar extensiones de jornada con francos en lugar de abonar horas extras, siempre bajo acuerdo escrito. La jornada diaria podrá ampliarse hasta 12 horas respetando descansos mínimos, y se habilitan contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad adaptadas a nuevas dinámicas productivas; para sus detractores, una puerta a la extensión de la disponibilidad laboral.

Cambios en licencias, estatutos y estructura sindical

En materia de enfermedades no laborales, el texto distingue entre dolencias derivadas de conductas voluntarias y aquellas ajenas a decisiones del trabajador, reduciendo en ciertos supuestos el porcentaje salarial a percibir. También se fijan topes en honorarios judiciales y se equiparan acuerdos homologados a sentencia firme, con el objetivo declarado de acotar la litigiosidad.

El proyecto deroga estatutos profesionales históricos —entre ellos el del periodista— y establece un plazo de transición para su eliminación. Asimismo, mantiene el aporte patronal del 6% a obras sociales y fija un tope del 2% para cuotas sindicales compulsivas por un período determinado, además de un 0,5% para cámaras empresarias.

En la antesala del debate, el Ejecutivo cedió ante reclamos provinciales y retiró la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades que afectaba la coparticipación. También incorporó modificaciones solicitadas por bloques aliados, en un delicado equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento político.

Una discusión que recién comienza

El oficialismo celebró la media sanción como un paso decisivo en su programa de reformas estructurales. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un escenario complejo en Diputados, donde los números son más ajustados y la presión sindical anticipa un clima de alta conflictividad.

Más allá de los ajustes técnicos incorporados en el trámite legislativo, la reforma abre un debate de fondo: si el nuevo esquema laboral favorecerá la creación de empleo formal o si, por el contrario, implicará un corrimiento de derechos consolidados durante décadas. En ese dilema se juega no solo la arquitectura jurídica del trabajo, sino también el modelo de relaciones laborales que definirá la Argentina de los próximos años.

Las tres centrales obreras encabezaron una multitudinaria marcha frente al Congreso para exigir el rechazo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la protesta mostró una inusual postal de unidad sindical, la jornada quedó atravesada por incidentes y un operativo represivo. La votación en el Senado definirá el rumbo de una reforma que tensiona al sistema político y al mundo del trabajo.

En una de las movilizaciones sindicales más significativas de los últimos meses, la CGT y las dos vertientes de la CTA confluyeron frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo nacional. La convocatoria coincidió con el inicio de la sesión en la que el Senado comenzó a debatir el proyecto, en un clima político atravesado por fuertes presiones cruzadas y una expectativa que excede el recinto.

La Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores fueron el epicentro de una movilización que reunió a gremios industriales, estatales, docentes y organizaciones sociales y políticas. La CGT concentró mayoritariamente sobre la calle Hipólito Yrigoyen, mientras que los sectores referenciados en partidos de izquierda ocuparon la Avenida Rivadavia. Fue precisamente en ese sector donde se produjeron los incidentes que alteraron el desarrollo de la jornada: un grupo reducido de manifestantes derribó parte del vallado perimetral y arrojó bombas molotov, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.

La tensión desdibujó parcialmente la puesta en escena sindical, aunque no opacó el mensaje central: el rechazo frontal a una iniciativa que, según sostienen las centrales obreras, implica un retroceso estructural en materia de derechos laborales.

Unidad en la calle, diferencias en la estrategia

Más allá de las divergencias tácticas que habían quedado expuestas en debates previos, los sectores dialoguistas y combativos coincidieron en la necesidad de exhibir unidad frente al proyecto oficial. Esa postal, poco frecuente en el último tiempo, buscó enviar una señal política directa a los senadores.

En la antesala de la marcha, la CGT difundió un documento en el que reclamó a los legisladores que actúen “con responsabilidad” y advirtió que la reforma “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”. El texto apuntó contra lo que definió como una iniciativa que persigue “la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales”.

Durante el acto se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones convocantes, donde se detallaron los principales cuestionamientos al proyecto y se ratificó la continuidad del plan de lucha. Aunque circularon versiones sobre un eventual discurso de la conducción cegetista, los incidentes modificaron la dinámica prevista y limitaron las intervenciones públicas.

Las CTA, por su parte, reforzaron la protesta con un paro nacional de 24 horas. En un comunicado conjunto denunciaron que la movilización fue reprimida y remarcaron que la jornada forma parte de un plan de lucha escalonado que ya tuvo expresiones masivas en Córdoba y Rosario, y que prevé nuevas acciones en distintas provincias.

El trasfondo político de la reforma

En el plano discursivo, las centrales sindicales coincidieron en que la reforma responde a una lógica de flexibilización que, bajo el argumento de la modernización, avanzaría sobre garantías históricas del derecho laboral argentino. Señalaron que el proyecto habilitaría modalidades contractuales más precarias, abarataría los costos de despido y ampliaría la discrecionalidad empresarial.

El titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que el Frente Sindical de Unidad nació “para enfrentar y vencer la reforma laboral de Milei y de los gobernadores cómplices”, mientras que Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, subrayó que la masividad de la protesta demuestra que “hay un pueblo que tiene dignidad y defiende en la calle sus derechos”. En la misma línea, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, ratificó el rechazo integral al articulado y descartó cualquier negociación sobre su contenido.

Más allá de las consignas, la disputa es de fondo. Para el oficialismo, la reforma constituye una herramienta para dinamizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad. Para el movimiento obrero, en cambio, se trata de un rediseño regresivo del esquema de protección que debilita la negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Un conflicto que trasciende la votación

La CGT fue clara en su advertencia: aun si el Senado aprueba la media sanción, el plan de lucha continuará. La central dejó abierta la posibilidad de profundizar medidas en el Congreso y en la Justicia, configurando un escenario de conflictividad sostenida.

El Senado, así, no sólo definirá el destino inmediato del proyecto, sino también el nivel de tensión social que acompañará su eventual implementación. La movilización frente al Congreso dejó en evidencia que la reforma laboral no es un debate técnico sino un punto de inflexión político.

En un país donde el derecho del trabajo forma parte de su identidad institucional y social, cualquier modificación de gran alcance impacta directamente en el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los trabajadores. La decisión que adopte la Cámara alta marcará no sólo el rumbo legislativo, sino también el clima social de los próximos meses.