Los ministros de trabajo de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estaro, Tierra del Fuego y La Pampa, se posicionaron en contra de los postulados en materia laboral del DNU 70/2023 y el proyecto de Ley de Bases que se votará esta madrugada en la cámara de Diputados de la Nación.

Los funcionarios se comprometieron a trabajar coordinadamente a fin de “evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.

El manifiesto, además, enumera una serie de derechos que se intentan vulnerar con la norma y describe el impacto negativo que han tenido para los trabajadores, cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de trabajo.

Las autoridades laborales consideraron que “el contenido del DNU 70/2023 en su Título IV denominado ‘Trabajo’ así como el proyecto original de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en su Capítulo IV ‘Empleo Público’ colisionan definitivamente con los derechos constitucionales y con los principios que ilustran el Derecho del Trabajo y del Empleo Público, pues implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad”.

Por otra parte, el texto resalta que “a más de 4 meses de asumido el nuevo Gobierno Nacional, las condiciones materiales de vida de los sectores merecedores constitucionalmente de tutela diferenciada se han visto ostensiblemente deterioradas”, subrayaron.

La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones alertó por la ola de despidos en el Correo Argentino, que alcanza a 500 trabajadores cesanteados.

La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) manifestó su preocupación por los despidos en el Correo Argentino que alcanzaron a 500 empleados que recibieron sus telegramas en el último tiempo.

El secretario general de FOECYT, Alberto Cejas, apuntó a la gestión gubernamental del Correo y señaló que los despidos son parte de “un patrón más amplio de desmantelamiento de recursos humanos en empresas estatales” y explicó que los despidos son resultado de una gestión ineficiente que llevó a la firma a una situación precaria en materia económica.

A su vez, advirtió que están ocurriendo cierres de oficinas en áreas rurales, que impactan de forma negativa en las comunidades que dependen del servicio postal para el acceso a servicios básicos.

Cejas advirtió además que la situación forma parte de una preparación del gobierno nacional para crear las condiciones para privatizar la empresa, que se encuentra dentro de las firmas estatales “sujetas a privatización” en el proyecto de Ley de Bases que se debate hoy en el Congreso de la Nación por iniciativa del gobierno de Javier Milei.

Desde FOECYT remarcaron que la empresa alegó “cuestiones de reestructuración y de reorganización interna” para definir los despidos, por lo que la Federación solicitó “rever esta medida ya que la consideramos absolutamente injusta. No son, ni jamás deberán ser los trabajadores las variables de ajuste, sobre todo tratándose de sujetos que cumplieron una función esencial durante la reciente pandemia”, esgrimió la entidad en una carta dirigida al director general del Correo, Camilo Baldini.

Finalmente, la organización gremial pidió “discutir las transformaciones que posibiliten garantizar el fortalecimiento del Correo para el bien común”, exigió FOECYT.

La UOM se volvió a encontrar con la Cámara Argentina del Acero para negociar una actualización paritaria. Los empresarios siderúrgicos se mantuvieron intransigentes y el sindicato convocó a un Congreso de delegados para evaluar los pasos a seguir.

El sindicato que nuclea a los trabajadores siderúrgicos UOM anunció que se declara en libertad de acción tras otra negociación paritaria fracasada. La Cámara Argentina del Acero, anclada por el Grupo Techint, se volvió a negar este jueves a otorgar un aumento salarial a trabajadores que reciben el mismo sueldo desde noviembre de 2023, mientras la inflación se sigue comiendo su poder adquisitivo.

El gremio, ya declarado en libertad de acción, convocó entonces a un Congreso siderúrgico para el lunes a las 11 horas. Allí, los delegados determinarán un plan de lucha que posiblemente incluya paralización de plantas de todo el país en forma escalonada.

La Secretaría de Trabajo de todas formas convocó a una nueva reunión para el jueves 2 de mayo. Aún así ya no hay opción para dictar conciliación obligatoria, por lo que las medidas de fuerzas se decidirán en forma independiente.