El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dispuso la suspensión temporal del permiso de exploración El Alto, una iniciativa de US$35 millones que contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad. La decisión respondió a reclamos de comunidades diaguitas y organizaciones locales por la cercanía con antiguos trabajos de Pascua Lama, la posible presencia de formaciones de hielo y las obligaciones ambientales derivadas del cierre del emprendimiento.

La Justicia chilena volvió a poner bajo revisión la actividad minera en el área de Pascua Lama. El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó suspender durante 30 días, con posibilidad de prórroga, el permiso ambiental del proyecto de exploración El Alto, impulsado por Barrick a través de su filial Compañía Minera Nevada. La medida impide que la empresa avance con las perforaciones mientras permanezca vigente y reabre la discusión sobre la compatibilidad de nuevas tareas exploratorias con las obligaciones de cierre del histórico emprendimiento.

La resolución se originó en tres presentaciones judiciales promovidas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las organizaciones sostienen que la iniciativa podría representar, en los hechos, una continuidad de Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente chilena y posteriormente ratificada por la Justicia.

El proyecto El Alto prevé una inversión de 35 millones de dólares y contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad, distribuidos en 43 plataformas durante dos temporadas estivales. De acuerdo con la información presentada por la compañía, los trabajos permitirían generar alrededor de 75 puestos laborales por temporada. Barrick sostiene que se trata de una campaña de exploración independiente, sin utilización de infraestructura del emprendimiento clausurado.

Sin embargo, el emplazamiento de las perforaciones se convirtió en el principal foco de controversia. Durante el análisis de los antecedentes, los magistrados advirtieron que algunas tareas se desarrollarían en sectores donde anteriormente se habían ejecutado sondajes vinculados con Pascua Lama, circunstancia que fue corroborada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Otro elemento considerado fue que parte del área de El Alto se encuentra dentro de la zona correspondiente al antiguo rajo de Pascua Lama, alcanzada por las obligaciones de su plan de cierre. La cuestión tiene un antecedente judicial relevante: en 2022, la Corte Suprema chilena declaró ilegales perforaciones realizadas por la misma compañía entre 2020 y 2021 en ese territorio, al considerar que resultaban incompatibles con las condiciones establecidas para el cierre de la explotación.

A las objeciones sobre el emplazamiento se sumaron los interrogantes ambientales vinculados con la presencia de glaciares y glaciaretes cercanos, entre ellos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, además de posibles formaciones de permafrost en el subsuelo. La mayoría del tribunal consideró que, frente a esos antecedentes, no podía darse por acreditada sin más la afirmación de que las exploraciones no afectarían formaciones de hielo.

La resolución también se apoyó en el principio precautorio, que habilita la adopción de medidas preventivas cuando existe riesgo de daños ambientales potencialmente irreversibles, aun cuando no se haya alcanzado certeza científica sobre sus consecuencias. Los jueces tuvieron en cuenta, además, que las perforaciones están previstas para dos temporadas de verano. Si los trabajos concluyeran antes de una sentencia definitiva, una eventual decisión favorable a las comunidades podría perder eficacia práctica.

Los cuestionamientos de las comunidades y la respuesta de Barrick

La controversia incluyó también un planteo relacionado con la participación indígena. El tribunal observó que la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos no fue incorporada al procedimiento de evaluación ambiental de El Alto, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental sí la había considerado en la consulta indígena correspondiente al cierre de Pascua Lama, desarrollada sobre el mismo territorio.

En cambio, los magistrados rechazaron el pedido de suspender la consulta indígena vinculada con el plan de cierre del antiguo emprendimiento. Consideraron que se trata de un procedimiento diferente y que su paralización podría afectar los derechos de otras comunidades ajenas al litigio.

La suspensión del permiso no contó con unanimidad. El ministro Cristián López votó en disidencia al entender que determinar si El Alto constituye una prolongación de Pascua Lama es una cuestión de fondo que deberá resolverse durante el desarrollo del proceso judicial. También sostuvo que la iniciativa cuenta con evaluación ambiental y permanece bajo fiscalización de la autoridad competente.

Barrick, por su parte, defendió la legalidad del proyecto y cuestionó los fundamentos de la resolución. La compañía recordó que El Alto obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en enero y que, desde entonces, el permiso atravesó distintas instancias de revisión administrativa y judicial.

La minera reconoció que las exploraciones se realizarían dentro del yacimiento y de las concesiones vinculadas con Pascua Lama, pero insistió en que se trata exclusivamente de una campaña de sondajes y no de una reactivación del proyecto clausurado. También aseguró que no utilizará instalaciones ni infraestructura del emprendimiento anterior, que contará con campamento y fuentes de agua propios y que sus operaciones no interferirán con el proceso de cierre.

En su defensa técnica, la empresa sostuvo que las vibraciones generadas por las perforaciones alcanzarían aproximadamente 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas se encontrarían a más de 300 metros. A partir de esos argumentos, afirmó que existen elementos técnicos y jurídicos para solicitar la reconsideración de la medida y aseguró que continuará cumpliendo las obligaciones ambientales correspondientes a Pascua Lama.

El expediente también estuvo marcado por cuestionamientos sobre la tramitación judicial. Una publicación anticipada de información sobre una resolución del Primer Tribunal Ambiental, antes de que las partes fueran notificadas formalmente, derivó en el apartamiento de sus integrantes. Posteriormente, ya con el caso en el Segundo Tribunal Ambiental, se formularon pedidos de inhabilitación contra algunos magistrados, aunque uno de esos planteos fue rechazado. La sala que dispuso la suspensión estuvo integrada por Cristián López y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Pedro Caro y Elsa Barrientos; la presidenta del tribunal, Marcela Godoy, no participó de la decisión.

Por el momento, la restricción tiene una vigencia inicial de 30 días y podrá ser renovada. El conflicto judicial vuelve a colocar bajo observación la actividad exploratoria en un territorio señalado por los antecedentes ambientales de Pascua Lama y plantea una discusión de fondo sobre los límites de los nuevos proyectos cuando se desarrollan en áreas alcanzadas por obligaciones de cierre.

La disposición no define todavía la continuidad de El Alto, pero condiciona su avance a una revisión más profunda de los riesgos ambientales y de su compatibilidad con los compromisos asumidos por la compañía.

Representantes de FEDUN, UDA y FATUN valoraron las definiciones del Pontífice sobre el papel de la educación, la investigación y el conocimiento en el desarrollo argentino. Las organizaciones vincularon sus palabras con la necesidad de garantizar el financiamiento universitario y ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones, en medio de los cuestionamientos al ajuste del Gobierno nacional.

Las principales organizaciones sindicales vinculadas con la educación y las universidades nacionales destacaron las definiciones del papa León XIV en defensa de la formación, la investigación científica y el acceso al conocimiento. Referentes de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) interpretaron que el mensaje del Pontífice puso en primer plano la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la construcción de un sistema educativo capaz de garantizar igualdad de oportunidades.

Las expresiones fueron recibidas en un momento de fuertes cuestionamientos al financiamiento de las universidades públicas y a las políticas nacionales destinadas al sistema científico. En ese marco, las entidades gremiales consideraron que las palabras de León XIV aportaron una dimensión social al debate presupuestario, al vincular el futuro de la Argentina con la posibilidad de sostener instituciones educativas, promover la investigación y asegurar que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en el país.

Durante su primer discurso oficial en territorio argentino, pronunciado en el Palacio Libertad ante autoridades nacionales y representantes institucionales, el Papa subrayó que el desarrollo de una sociedad requiere fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. En particular, sostuvo que generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir libremente su futuro en Argentina exige una apuesta sostenida por esas áreas.

La reflexión tuvo una recepción favorable entre los representantes universitarios, que destacaron la relación establecida por el Pontífice entre conocimiento, dignidad humana y desarrollo colectivo. Desde FEDUN valoraron que la educación y la ciencia fueran incorporadas como prioridades para pensar el futuro nacional, y remarcaron la necesidad de que las decisiones públicas coloquen el desarrollo y las oportunidades de la población en el centro de sus objetivos.

UDA vinculó educación y dignidad del trabajo

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, participó del encuentro que León XIV mantuvo con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. Allí destacó la sensibilidad del Pontífice frente a las dificultades que atraviesan tanto los trabajadores como el sistema educativo.

Romero valoró especialmente la afirmación papal de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. También recuperó la reflexión sobre el trabajo como una dimensión constitutiva de la dignidad humana y destacó la referencia a las tres demandas históricas de los movimientos populares: tierra, techo y trabajo.

Para el dirigente, esas definiciones expresan una concepción social que reconoce la educación y el empleo como componentes fundamentales de una sociedad con mayores posibilidades de integración y desarrollo.

FATUN defendió el carácter público de la universidad

Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, que conduce Walter Merkis, también destacaron las palabras del Papa y su referencia al acceso a la educación como un derecho que no debe quedar reservado a determinados grupos sociales.

La organización puso especial atención en una de las expresiones del Pontífice: “Allí donde el acceso a la educación sigue siendo un privilegio, la Iglesia debe abrir puertas e inventar caminos”. Para los trabajadores nodocentes, esa definición trasciende el ámbito religioso y constituye una convocatoria a reconocer la educación como herramienta de inclusión, igualdad y transformación social.

FATUN sostuvo que la universidad debe permanecer abierta a todos los sectores y advirtió sobre los riesgos de convertirla en un ámbito restringido por las condiciones económicas. También reivindicó el aporte de los trabajadores nodocentes, cuyo desempeño cotidiano resulta indispensable para el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo de las actividades académicas y la producción de conocimiento.

La federación reafirmó que defender la universidad pública significa preservar oportunidades de formación, investigación y movilidad social. En esa línea, vinculó la continuidad de esas funciones con la necesidad de contar con recursos suficientes para sostener el sistema.

Las reacciones de los gremios reflejaron una coincidencia alrededor de un principio: la educación no puede ser considerada un gasto prescindible, sino una inversión determinante para el desarrollo social y productivo. El mensaje de León XIV volvió a colocar esa discusión en el centro de la agenda pública y encontró eco en organizaciones que reclaman condiciones presupuestarias adecuadas para garantizar el funcionamiento de las universidades, proteger el trabajo de sus integrantes y sostener el acceso al conocimiento. La dimensión del debate excede, por lo tanto, una disputa salarial o presupuestaria: compromete el modelo de educación y las oportunidades que la Argentina estará en condiciones de ofrecer a las próximas generaciones.

La jueza de Garantías Mónica Lucero interrumpió la audiencia de formalización y reclamó una exposición más clara sobre los hechos investigados y las conductas atribuidas a cada uno de los once imputados. La Fiscalía deberá reorganizar su presentación para retomar el procedimiento este miércoles 11 de noviembre.

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum tuvo este martes un nuevo capítulo en Tribunales, aunque la audiencia de formalización debió pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles 11 de noviembre. La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien reclamó al Ministerio Público Fiscal mayor precisión y orden en la exposición de los hechos y en la descripción de las conductas que se atribuyen a cada uno de los once imputados.

El planteo de la magistrada se produjo mientras los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro comenzaban a desarrollar los elementos que sustentan la investigación. La presentación incluyó referencias al circuito de los préstamos destinados a financiar la compra de materiales, los procedimientos licitatorios y las presuntas anomalías detectadas en la adquisición de cañerías para la obra.

Sin embargo, el relato fiscal avanzó entre explicaciones técnicas, documentación y sucesivos pedidos de aclaración. Frente a esas dificultades, Lucero cuestionó la metodología utilizada y consideró que, en esas condiciones, no estaban dadas las garantías necesarias para continuar con el procedimiento. “No puedo continuar con esta forma”, expresó antes de disponer la interrupción de la audiencia.

La jueza solicitó que el Ministerio Público Fiscal diferencie con claridad los acontecimientos que integran la investigación de las acciones concretas que se le atribuyen a cada persona involucrada. La precisión resulta central para que los imputados y sus respectivas defensas puedan conocer el alcance de las imputaciones y ejercer adecuadamente sus derechos durante el proceso.

La audiencia contó con la presencia del exgobernador Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, quien anteriormente estuvo al frente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Ambos habían estado ausentes en la convocatoria anterior, que tampoco logró avanzar. En esta oportunidad, el único de los convocados que no asistió fue el exministro de Obras Públicas Julio Ortiz Andino, quien justificó su inasistencia por encontrarse fuera del país.

La exposición que deberá completarse tiene como uno de sus ejes el recorrido administrativo y financiero de los fondos destinados a la adquisición de materiales. La reconstrucción de los préstamos, las licitaciones y las operaciones vinculadas con las cañerías constituye parte de los elementos que la Fiscalía busca incorporar para fundamentar su hipótesis investigativa.

Con el cuarto intermedio dispuesto, los representantes del Ministerio Público deberán reorganizar la presentación y responder a las observaciones formuladas por la magistrada cuando el procedimiento se reanude.

La suspensión no implica una resolución sobre la responsabilidad de los investigados ni supone una validación o desestimación de las hipótesis fiscales. Se trata de una exigencia procesal vinculada con la claridad de las imputaciones, una condición indispensable para que cada involucrado conozca los hechos que se le atribuyen y pueda ejercer su defensa. La continuidad de la audiencia permitirá determinar cómo queda delimitado el objeto de la investigación sobre una de las obras de infraestructura más relevantes de San Juan.