Desde San Juan, la CGT local, representada por Eduardo Cabello— respondió con prudente escepticismo al anuncio de una reforma laboral que el Gobierno nacional promete discutir con el movimiento obrero. En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Cabello cuestionó la estrategia comunicativa oficial, exigió convocatoria formal y puso el foco en la recomposición salarial y la defensa de derechos adquiridos como condiciones no negociables para cualquier cambio normativo.

En las últimas horas, la posible presentación de una reforma laboral volvió a poner en tensión el diálogo entre el Ejecutivo y los representantes sindicales. Desde la provincia, Eduardo Cabello —referente de la CGT local— ofrece una lectura que combina crítica política y demanda operativa: por ahora no existe una convocatoria concreta, sólo filtraciones e “información” que circula por redes y medios; mientras tanto, las condiciones materiales de los trabajadores siguen deteriorándose.

Cabello describe el proceso comunicativo del Gobierno como un uso sistemático de las redes sociales y de micromensajes —“algo cuasi verídico o cuasi mentira”— que, a su juicio, tiende a confundir y a diluir la discusión real sobre la economía, la producción y los salarios. Esa estrategia, sostiene, funciona como una cortina que intenta desviar la atención pública de problemas estructurales: inflación persistente, cierre de fuentes de trabajo y salarios cuya capacidad de compra se desploma. Frente a ese escenario mediático, la CGT de San Juan reclama una convocatoria formal y transparente; quiere acceso a los borradores y participar en la discusión antes de que las iniciativas tomen forma definitiva.

Más allá de la crítica retórica al modo en que se filtran las propuestas, la intervención de Cabello trae a primer plano un reclamo concreto: la urgente recomposición del salario mínimo, vital y móvil y una actualización del ingreso que compense la pérdida real de poder adquisitivo. Señala que la puesta en marcha normal del Consejo del Salario —instrumento tripartito clave— no puede depender de emplazamientos judiciales ni de pedidos extraordinarios; debe ser una práctica institucional regular. Para la CGT local, cualquier reforma que se pretenda introducir sin una pauta clara de recomposición salarial corre el riesgo de consolidar un sistema más desigual y menos protector.

La entrevista también recorre el marco comparado: El gremialista observa tendencias en España y Europa, donde la discusión sobre jubilaciones y derechos laborales refleja ajustes y límites que, en su diagnóstico, están erosionando conquistas históricas. Desde su perspectiva, la tendencia global hacia la desprotección del trabajador y la reducción de derechos es un fenómeno que encuentra ecos locales y que el sindicalismo debe confrontar con una postura reformista —en el sentido clásico del término— pero defensiva de las garantías mínimas.

En tono reflexivo, el representante sindical vincula la articulación interna del propio oficialismo con la dispersión de propuestas: “hay dos o tres que gobiernan” y cada uno querría impulsar su propia versión de la reforma. Esa atomización, dice, incentiva la filtración y la “espuma” informativa y dificulta que exista una propuesta única, rigurosa y debatible en condiciones de transparencia. Desde San Juan, la respuesta de la CGT no es de rechazo automático: “no le tenemos miedo al diálogo ni a las reformas”, afirma Cabello. Pero sí exige que la discusión sea seria, con reglas claras, participación real y respeto por los derechos consagrados en la Constitución y en la negociación colectiva.

Un punto recurrente en la conversación es el recuerdo de la década de 1990, cuando privatizaciones y congelamientos salariales dejaron una huella social profunda. Para Cabello, el riesgo de revivir políticas que empobrecen a las mayorías no es una metáfora histórica: es una posibilidad tangible si los cambios se diseñan sin equidad ni mecanismos de protección social. La CGT de San Juan apuesta, por ello, a mantener el diálogo —pero convocado en tiempo y forma— y a subordinar cualquier reforma a la garantía de condiciones laborales dignas, sistemas previsionales sostenibles y un salario que permita cubrir la canasta básica.

En el trasfondo político, la postura sindical mezcla representación local y federal: si bien la CGT sanjuanina espera ser convocada inicialmente por el Consejo de Mayo —donde tiene representación— entiende que el debate será nacional y que se intensificará cuando asuman los nuevos cargos legislativos después de diciembre. Esa previsión responde tanto a una lectura táctica —esperar la conformación del nuevo mapa político— como a la convicción de que los cambios de fondo requieren consenso amplio y no improvisaciones mediáticas.

La intervención de Eduardo Cabello sintetiza la posición del sindicalismo sanjuanino: apertura al diálogo, pero sin concesiones a costa de los trabajadores. La CGT local exige convocatoria formal, acceso a los contenidos de la reforma y, por sobre todo, una agenda que priorice la recomposición salarial y la preservación de derechos básicos.

En un contexto donde la comunicación oficial privilegia filtraciones y micromensajes, el movimiento obrero plantea una demanda clara: que la reforma laboral —si llega— se discuta con seriedad técnica, reglas tripartitas y, sobre todo, con la garantía de que no será la punta de lanza para una pérdida adicional de protección social. Sin esos elementos, advierte Cabello, el diálogo no será suficiente; hará falta organización y defensa activa de lo ya conquistado por los trabajadores.

El Consejo del Salario sesiona este miércoles de manera virtual, tras una orden judicial que obligó al Gobierno a reactivar un ámbito que no funcionaba desde hacía más de seis meses. El salario mínimo, congelado en $322.200 desde agosto, perdió 31,4% de poder adquisitivo durante la presidencia de Milei y quedó como el más bajo de la región.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volve a reunirse este miércoles, a partir de las 12:30 horas —con una segunda convocatoria a las 14—, en un encuentro virtual que llega luego de más de medio año sin sesiones. La inactividad del organismo violaba el artículo 139 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ordena convocarlo cada dos meses. La reactivación no respondió a una decisión política del Ejecutivo, sino a la intimación del Juzgado Nacional del Trabajo N°10, que ordenó retomar de inmediato la instancia de diálogo tripartito.

El punto central será la definición de un nuevo valor para el salario mínimo y la actualización de las prestaciones por desempleo, congeladas desde el invierno. El SMVM permanece en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa y en $1.610 la hora para los jornalizados. Sin modificaciones desde agosto, este monto acumula una pérdida real del 31,4% frente a la inflación registrada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, convirtiéndose en el valor más bajo en Sudamérica.

Los últimos ajustes aplicados fueron los siguientes:

Abril: $302.600

Mayo: $308.000

Junio: $313.600

Julio: $317.600

Agosto: $322.000

Desde entonces no se oficializó ninguna revisión, pese a que la aceleración de los precios y el deterioro del salario formal profundizaron la presión sindical para reactivar el Consejo.

El plenario estará conformado por 32 representantes, divididos en partes iguales entre trabajadores y empleadores. En caso de que no surja un acuerdo —un escenario recurrente en los últimos años—, el Gobierno queda habilitado a fijar el nuevo monto por decreto, generalmente alineado con las posiciones empresarias.

Además de ser el piso salarial del sector privado formal, el SMVM funciona como un parámetro clave para jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y asignaciones de ANSES, lo que multiplica el impacto de cualquier actualización o congelamiento. La discusión de este miércoles, por tanto, tendrá repercusión directa en millones de ingresos que hoy se encuentran rezagados frente a la inflación.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció que los haberes correspondientes al mes de noviembre estarán acreditados este sábado 29. El salario incluirá una suba del 2,3% vinculada al IPC de octubre y podrán retirarse desde las primeras horas por cajeros y comercios habilitados.

Las autoridades también recordaron que los trabajadores cuentan con alternativas para efectuar extracciones de efectivo sin depender exclusivamente de las sucursales bancarias. A los cajeros que operan las 24 horas se suma la posibilidad de retirar dinero mediante Visa Extra Cash, disponible en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos en distintos puntos de la provincia. Esta modalidad busca agilizar el acceso al efectivo y evitar la concentración de usuarios en los bancos durante los días de cobro.