El juez Matías Pallito declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley 27.802, que habilita a las mipymes a cancelar condenas judiciales en hasta 12 cuotas. La resolución protege el cobro íntegro de una indemnización de $23,3 millones y se suma a un antecedente similar en la provincia.

La Justicia laboral de San Juan dictó un segundo fallo contra el pago en cuotas de indemnizaciones por despido previsto en la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El juez Matías Pallito, del Primer Juzgado Laboral, declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley 27.802 y rechazó el pedido de una comerciante para cancelar en 12 mensualidades una condena de $23.296.163 a favor de una trabajadora despedida.

La empleadora, propietaria de un local minorista de indumentaria, había argumentado que no podía afrontar el pago íntegro en una sola vez. La norma invocada permite que las micro, pequeñas y medianas empresas abonen las condenas judiciales laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, mientras que para las grandes compañías establece un máximo de seis.

La trabajadora se opuso a esa modalidad y su abogado solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la disposición. Pallito consideró que el monto no tenía una magnitud que justificara el fraccionamiento y sostuvo que la posibilidad de diferir unilateralmente el cumplimiento colocaba al acreedor laboral en una posición menos favorable que la de otros acreedores.

El magistrado comparó el régimen con las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil. Señaló que quien debe indemnizar por un accidente de tránsito puede quedar obligado a pagar de manera íntegra e inmediata, incluso cuando la condena asciende a varios millones de pesos, sin acceder automáticamente a un esquema de cuotas por ser pequeño comerciante.

Desde esa perspectiva, advirtió que conceder un beneficio de ese tipo para las condenas laborales supondría una desigualdad incompatible con los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que consagran la protección del trabajo y la igualdad ante la ley. También invocó garantías vinculadas con la propiedad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Otro de los fundamentos centrales fue la autonomía provincial. Pallito sostuvo que la modalidad de ejecución de las sentencias y los plazos para cumplirlas corresponden al ámbito procesal local, cuya regulación compete a las provincias. A su entender, el Congreso puede dictar normas de fondo, pero no imponer a los tribunales sanjuaninos un fraccionamiento obligatorio del pago durante la ejecución de una condena.

La sentencia también remarcó el carácter alimentario de las indemnizaciones laborales: esos recursos permiten al trabajador despedido y a su familia cubrir necesidades esenciales. Por eso, el juez entendió que el cobro diferido no puede imponerse contra la voluntad de quien tiene reconocido el crédito. La posibilidad de aceptar cuotas, afirmó, debe quedar en manos del trabajador y responder a una decisión voluntaria.

Dos pronunciamientos y una apelación pendiente

La resolución de Pallito se suma a la dictada anteriormente por la jueza Mariela Berón, del Segundo Juzgado Laboral, que también declaró inconstitucional el régimen de pago fraccionado. Aquel fallo quedó firme porque la parte condenada no lo apeló. En el caso más reciente, la representación de la empleadora todavía puede recurrir ante la Cámara Laboral, que deberá determinar si confirma o revoca el criterio.

La discusión judicial sobre la reforma no se limita a las indemnizaciones. El juez Federico Soria, del Cuarto Juzgado Laboral, declaró inconstitucional el artículo 55 de la misma ley, que reduce en un 33% los intereses aplicables a determinados créditos laborales correspondientes a juicios iniciados antes de su entrada en vigencia.

El artículo 56 modificó el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo para habilitar el pago en cuotas de las condenas laborales. Esta medida ya es objeto de debate en dos tribunales de San Juan, que evalúan su constitucionalidad a la espera de un fallo firme de segunda instancia.

La resolución de estos expedientes resultará clave para delimitar la aplicabilidad del régimen de cuotas, así como las restricciones constitucionales que imponen la tutela del crédito laboral y las autonomías procesales de las provincias.

Desde el jueves 22 de octubre, la Dirección Provincial de Vialidad incorporó un turno de 1 a 7 para trabajar sin interrupciones en el anillo interno, con cuadrillas que operan durante las 24 horas para ampliar el ritmo de ejecución y reducir los plazos de intervención.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), contempla una renovación integral de la calzada y de sus sistemas de contención. Además del tendido de una nueva carpeta asfáltica, incluye reparaciones estructurales, limpieza de los tramos intervenidos y adecuación de las defensas metálicas.

En el anillo interno, uno de los trabajos de mayor extensión será la colocación de aproximadamente 9.000 postes nuevos. Para instalarlos es necesario excavar hasta un metro de profundidad, una tarea que se complica por la presencia de piedra y que, en determinados puntos, exige completar los pozos manualmente o con herramientas específicas.

La altura de cada poste debe ajustarse al nivel definitivo de la calzada para garantizar que las barandas queden a 70 centímetros sobre el pavimento terminado. Las defensas que se encuentran en buenas condiciones se mantienen, mientras que los componentes dañados se reemplazan.

Reparaciones debajo del pavimento

Durante los trabajos se detectó un socavón bajo la losa de aproximación del puente de calle España, causado por una filtración de agua que hundió 30 metros de pavimento.»

Para resolverlo, los equipos retiraron el asfalto, reconstruyeron la base y rellenaron la cavidad con hormigón. La reposición de la carpeta asfáltica se realizará una vez concluida la preparación de la superficie.

En el anillo externo se reparan las losas de hormigón rotas y se nivelan los accesos a los puentes. En estos puntos se reconstruyen las bases con suelo-cemento y se aplican capas niveladoras con geogrillas para impedir que las fisuras del pavimento viejo pasen a la nueva superficie.

Las tareas concluyen con la sustitución de los elementos de contención deteriorados, así como con la implementación de señalización vertical y marcas viales horizontales en calzadas y banquinas.

Los cortes de circulación abarcan, en el anillo interno, el tramo comprendido entre la salida hacia calle General Acha y el retorno posterior a calle 9 de Julio. En el externo, la intervención se extiende entre la salida hacia calle Mendoza Norte y avenida Libertador.

La incorporación de tareas nocturnas busca aprovechar cada franja horaria para acelerar una obra que combina renovación superficial, reparación de estructuras y mejoras en la seguridad vial. La continuidad de los trabajos deberá optimizar los tiempos de entrega sin comprometer la calidad de las soluciones aplicadas.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales definió cuatro paros para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayor participación de la comunidad educativa en el debate presupuestario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió profundizar las medidas de fuerza con cuatro jornadas de paro hasta el 16 de noviembre, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial para el personal nodocente.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Directivo, que congregó a representantes de 54 organizaciones de base y se extendió durante casi cuatro horas. El encuentro también permitió evaluar la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y definir nuevas acciones junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El cronograma aprobado contempla huelgas los miércoles 28 de octubre, martes 3 de noviembre, jueves 12 y lunes 16 de noviembre. En cada jornada se organizarán actividades de visibilización para exponer la situación de las universidades públicas y el impacto del deterioro presupuestario sobre el funcionamiento institucional, la investigación científica, la extensión y las condiciones de cursada.

La conducción gremial también propondrá una concentración conjunta con las demás organizaciones universitarias el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. La iniciativa busca trasladar el reclamo al debate legislativo y mantener la presión sobre el Poder Ejecutivo.

Un año de incumplimiento y salarios deteriorados

La resolución se conoció al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación efectiva continúa siendo el principal reclamo del movimiento universitario. Para la FATUN, la falta de cumplimiento compromete tanto los ingresos de los trabajadores como las condiciones necesarias para sostener las funciones de las casas de altos estudios.

Durante la reunión, además, la federación repudió que representantes gremiales y de otros espacios universitarios no pudieran participar de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en la que se debatió el financiamiento de la educación superior para 2027.

La nueva etapa de protestas busca sostener la coordinación entre nodocentes, docentes, estudiantes y autoridades universitarias. La apuesta sindical es que la continuidad de las huelgas y las acciones públicas mantenga la cuestión universitaria en la agenda política, mientras se discuten los recursos destinados al sistema público de educación superior.