El gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia tipo volvió a incrementarse en diciembre y mostró diferencias marcadas entre provincias. San Juan encabezó las subas, mientras que la Patagonia se consolidó como la región más cara del país. Sin embargo, el impacto real sobre los hogares no depende solo de los precios, sino también del nivel salarial.

Durante diciembre, completar el changuito del supermercado demandó cerca de $900.000 para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores. El dato surge del último informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica, que relevó el costo de una compra mensual estándar de alimentos y bebidas en los principales supermercados online del país.

El estudio registró un incremento promedio de entre 2,6% y 3,9% según la región, reflejando una dinámica inflacionaria que, si bien muestra cierta desaceleración a nivel nacional, continúa golpeando con distinta intensidad a las economías provinciales.

En ese contexto, San Juan se ubicó como la provincia con mayor aumento mensual, con una suba del 3,9%, seguida por Salta (3,7%), el interior de la provincia de Buenos Aires (3,5%) y Corrientes (3,3%). También se destacaron San Luis y Catamarca (3,1%), mientras que Jujuy y La Rioja mostraron incrementos del 3%. En el extremo opuesto, Formosa presentó la menor variación, con apenas 1,3%.

Para garantizar la comparación entre distritos, el relevamiento utilizó idénticas marcas y tamaños de envases, evitando distorsiones asociadas a cambios en la calidad o composición del consumo. El objetivo, según explican desde Analytica, es reflejar una compra típica de clase media bajo condiciones homogéneas.

Más allá de las variaciones mensuales, el informe vuelve a confirmar una tendencia estructural: la Patagonia continúa siendo la región más cara del país. En diciembre, Santa Cruz encabezó el ranking con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

Sin embargo, el estudio introduce una advertencia clave para el análisis económico: un changuito más barato no necesariamente implica un mayor poder adquisitivo. En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso conjunto de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —aun con precios más elevados— el esfuerzo relativo es significativamente menor, del 15,6%.

Esta aparente contradicción se explica por las fuertes diferencias salariales entre regiones. Las provincias del sur cuentan con ingresos promedio más altos, lo que amortigua el impacto del mayor costo de vida. Santa Cruz aparece como un caso emblemático: combina la canasta más cara del país con uno de los salarios privados registrados más elevados, solo superado por Neuquén.

El relevamiento de diciembre vuelve a poner en evidencia que el debate sobre el costo de vida no puede limitarse a la evolución de los precios. Las asimetrías regionales, tanto en el valor del changuito como en los niveles de ingreso, configuran realidades muy distintas para las familias argentinas.

Mientras algunas provincias enfrentan subas más moderadas pero con salarios rezagados, otras absorben precios más altos gracias a ingresos superiores. En ese delicado equilibrio entre precios, salarios y consumo cotidiano se juega, mes a mes, la verdadera dimensión del poder adquisitivo en la Argentina.

Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.

A contramano del discurso oficial sobre el “fin de los planes”, el gobierno de Javier Milei expandió como nunca la asistencia social directa. Mientras el salario, las jubilaciones y el empleo formal retroceden frente a la inflación, la AUH y la Tarjeta Alimentar crecieron en términos reales y se consolidaron como el principal sostén del ajuste libertario.

Uno de los rasgos más singulares —y menos admitidos— del experimento libertario en la Argentina es el rol central que adquirió la política social como mecanismo de contención. Lejos de eliminar los planes, como prometía el relato de campaña, el gobierno de Javier Milei los expandió hasta alcanzar un récord histórico: más de seis millones de beneficiarios entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Una cifra que no solo contradice el discurso oficial, sino que revela el núcleo real del modelo.

Mientras los salarios, las jubilaciones y el empleo formal perdieron de manera sistemática frente a la inflación, las transferencias destinadas a la infancia fueron las únicas que crecieron de forma sostenida en términos reales durante los primeros dos años de gestión. En ese dato se condensa una clave política decisiva: el ajuste fue profundo, pero no derivó en un estallido social generalizado.

Los números son elocuentes. Según datos oficiales, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, entre ellos 93.453 personas con discapacidad. A su vez, la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En conjunto, el sistema de asistencia directa supera ampliamente los seis millones de prestaciones, un umbral inédito que marca un proceso de transformación estructural: una Argentina cada vez más alejada del país de clase media que predominó hasta los años setenta.

El contraste con el resto de las variables económicas es contundente. De acuerdo con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el salario mínimo perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total. La licuación salarial fue una constante del ajuste, profundizada tras la devaluación del 120 % de diciembre de 2023, cuyos efectos nunca terminaron de revertirse.

En cambio, la AUH y la Tarjeta Alimentar mostraron una evolución opuesta. Durante el gobierno de Milei, la AUH es un 23 % superior en términos reales a la que se pagaba bajo la presidencia de Alberto Fernández y un 10 % más alta que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creadora del programa. En la comparación interanual, el incremento real alcanzó el 47 %, mientras que la medición oficial del propio Gobierno arroja subas cercanas al 100 % entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Una mejora excepcional que convirtió a la asistencia social en el principal amortiguador del modelo.

Esta política explica, en buena medida, la ausencia de conflictos sociales masivos pese a la magnitud del ajuste. Milei no eliminó la ayuda estatal: la rediseñó. Desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación, reforzó las transferencias directas y concentró la contención en el umbral alimentario. El resultado fue un esquema que no saca a los hogares de la pobreza, pero logra evitar que millones caigan en la indigencia.

El recorrido histórico refuerza la paradoja. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder con alrededor de 250 mil planes sociales, cifra que Cambiemos utilizó como símbolo de estigmatización. Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri la asistencia se disparó hasta casi 1,5 millones de beneficiarios. Con Alberto Fernández y la pandemia, el número trepó a cuatro millones. Lejos de revertirse, ese proceso se profundizó con Milei, aun sin emergencia sanitaria.

La contracara es el mercado laboral. En los dos primeros años del actual gobierno se perdieron cerca de 180 mil empleos formales, con una aceleración marcada en los últimos meses: solo en octubre se destruyeron unos 70 mil puestos. Mientras el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, la política social se consolidó como la principal herramienta de gobernabilidad.

A este esquema se suma el rol de las provincias, también golpeadas por el ajuste nacional. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda alimentaria creció alrededor del 30 % durante 2025. Programas como la Tarjeta Única de Ciudadanía, la Tarjeta Institucional y ProSoNut alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada en fechas críticas con partidas extraordinarias.

El modelo libertario ajustó con fuerza sobre el salario, el empleo y las jubilaciones, pero blindó la asistencia directa. Esa es la paradoja central del experimento Milei: un Estado que se retira del mundo del trabajo, pero se vuelve imprescindible para garantizar la subsistencia básica.

Los planes sociales no desaparecieron; se transformaron en el principal dique de contención del ajuste. Una estrategia que amortigua la indigencia, sostiene la gobernabilidad y expone, sin eufemismos, que el costo del reordenamiento económico recae sobre el trabajo mientras la política social se convierte en el ancla silenciosa de la estabilidad.