La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) profundizó su plan de lucha y convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de octubre, luego de las jornadas de protesta realizadas en tribunales de todo el país y de la movilización del Fuero Nacional del Trabajo frente a la Cámara de Apelaciones. El gremio reclama una recomposición del 10% desde septiembre, la incorporación de representantes sindicales a la Obra Social del Poder Judicial y rechaza modificaciones sobre la estructura de la Justicia Nacional.

En materia salarial, la UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que solicitó un incremento del 10% retroactivo al 1° de septiembre. La UEJN sostiene que los haberes acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y reclama una actualización que permita comenzar a recuperar esa diferencia.

La conducción sindical recordó además que durante reuniones mantenidas a comienzos de año la Presidencia de la Corte había planteado la posibilidad de avanzar con una recomposición durante el segundo semestre. Por eso, reclamó que se instrumenten las partidas necesarias para concretar el incremento.

El conflicto también alcanza a la obra social. La UEJN cuestiona que, transcurridos casi diez meses, todavía no se haya resuelto la designación de sus representantes en el directorio de la OSPJN. El gremio reclama que la Corte defina la terna presentada y garantice la representación de los trabajadores en el organismo encargado de administrar su cobertura de salud.

El tercer punto está relacionado con la estructura de la Justicia Nacional. El sindicato rechazó cualquier modificación que implique el traspaso de competencias o el desplazamiento de fueros nacionales y reivindicó el carácter federal de la administración de justicia. En ese sentido, consideró que recientes decisiones judiciales constituyen antecedentes para preservar las competencias actualmente vigentes.

La UEJN sostuvo que las jornadas de protesta realizadas en los últimos días expresaron un alto nivel de adhesión y ratificó la continuidad de sus medidas. El paro del viernes será, de esta manera, una nueva instancia de presión sobre la Corte y el Gobierno en una disputa que combina recomposición salarial, representación institucional y defensa de la estructura judicial nacional.

El Gobierno nacional confirmó el inicio de las obras correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros y atraviesa 11 provincias. Sumadas las tres etapas del programa, las rutas concesionadas superan los 9.000 kilómetros y conectan centros productivos, puertos y pasos fronterizos.

La finalización de la firma y el traspaso de esta etapa completa una nueva instancia del programa de concesiones viales impulsado por el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el proceso continuará con nuevos corredores.

La tercera etapa abarca rutas ubicadas en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Se trata de corredores que cumplen un papel central en el traslado de producción, el acceso a puertos y la conexión con pasos internacionales.

Dentro de esta etapa quedaron incluidos ocho corredores. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba. El Mesopotámico suma 276 kilómetros de las RN 12 y 18 en Entre Ríos, mientras que el Centro-Norte incorpora 536 kilómetros de la RN 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero.

El Tramo Noroeste, con 596 kilómetros, alcanza las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 y conecta Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El Litoral comprende 547 kilómetros de las RN 12 y 16 en Corrientes y Chaco, mientras que el Noreste suma 456 kilómetros de las RN 12 y 105 en Corrientes y Misiones.

Completan la etapa el Tramo Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros de la RN 11, y el Tramo Cuyo, que incorpora 329 kilómetros de la RN 7 en Mendoza. En conjunto, esta fase extiende el modelo de concesiones hacia algunos de los principales corredores de circulación del país.

La RFC ya había incorporado en sus dos primeras etapas otros corredores de importancia. La Etapa I incluyó el Tramo Oriental, integrado por las RN 12, 14, 135, A015 y 117, además del puente Rosario-Victoria, correspondiente a la RN 174.

La Etapa II, en tanto, comprendió el Tramo Pampa, con las RN 5 y 35, y el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrado por las RN 3, 205 y 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Entre las tres etapas, el programa alcanza más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo concesión. El Gobierno sostiene que el esquema permitirá trasladar al capital privado parte de las inversiones necesarias para conservar, rehabilitar y modernizar una red fundamental para el transporte de cargas y la integración territorial.

Caputo planteó que la política continuará con nuevas concesiones y una mayor participación privada en infraestructura. La definición abre ahora una nueva etapa para los corredores transferidos, con obras cuya ejecución quedará vinculada al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios.

La magnitud del programa convierte a la Red Federal de Concesiones en una de las principales transformaciones de la administración nacional sobre la red vial: más de 9.000 kilómetros pasan a administrarse mediante contratos con privados, con impacto directo sobre las rutas utilizadas para la producción, el comercio y la logística interprovincial.

Las dos CTA, organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y ambientalistas se movilizaron hacia Tribunales en rechazo a la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. También reclamaron al Congreso que rechace el DNU 70/23.

La protesta fue convocada por las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), CONADU, CONADU Histórica, organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales. La concentración comenzó a las 16 en Plaza Lavalle y tuvo como consigna central la defensa de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El reclamo se produjo una semana después de la sentencia de la Corte que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para promover la demanda.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que no estaba resolviendo la validez constitucional del artículo 154 en sí mismo, sino la inexistencia de un caso judicial habilitado a partir de la legitimación invocada por la organización demandante.

Las organizaciones movilizadas interpretaron, sin embargo, que el efecto concreto del fallo deja nuevamente vigente la derogación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. En el documento difundido durante la marcha reclamaron que el DNU 70/23 sea rechazado y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el dominio de tierras, recursos naturales y producción de alimentos.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó la decisión judicial como grave y cuestionó que los excombatientes de Malvinas hayan quedado sin posibilidad de avanzar con aquella demanda. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, también ratificó su participación en una nueva jornada de movilización prevista para el 15 de octubre.

La izquierda también intervino en la protesta. Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman reclamaron una movilización masiva al Congreso para esa fecha y plantearon que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional con el objetivo de impulsar el rechazo del DNU 70/23.

La disputa tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición busca reunir quórum en Diputados el 15 de octubre para tratar, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/23. El Senado ya había votado en contra del decreto, por lo que una eventual decisión coincidente de la Cámara baja completaría el mecanismo previsto por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.