Lejos de tratarse de una etapa transitoria, el programa de privatizaciones que impulsa el presidente Javier Milei se proyecta más allá de 2026 y alcanza a empresas consideradas estratégicas. La necesidad de reforzar reservas y reducir el gasto público se impone como eje central del modelo libertario, aun a costa de resignar herramientas clave de soberanía económica y control estatal.

La hoja de ruta oficial contempla avanzar con la venta o concesión de firmas que históricamente cumplieron un rol estratégico para el funcionamiento del Estado y la economía. Entre las compañías ya incluidas en el esquema de desestatización figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

A ese conjunto se suman Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Casa de Moneda y la agencia nacional de noticias Télam, cuya continuidad como empresa estatal también aparece severamente comprometida. En todos los casos, la lógica oficial apunta a transferir al sector privado funciones que hasta ahora permanecían bajo control público.

La ofensiva privatizadora incluye además compañías de gran peso económico y social. Entre ellas se destacan Transener, responsable del sistema de transporte eléctrico de alta tensión; las represas hidroeléctricas, claves para la matriz energética nacional; y AySA, la empresa que provee agua potable y servicios cloacales al Área Metropolitana de Buenos Aires, uno de los conglomerados urbanos más grandes de América Latina.

El cambio societario como paso previo

Como parte de esta estrategia, el Gobierno completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), un paso técnico pero determinante para facilitar futuras privatizaciones. La última conversión se formalizó esta semana con la inscripción en el Registro Público de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

La medida se apoya en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que todas las empresas con participación estatal —sin importar su forma jurídica— se transformen en sociedades anónimas y queden sujetas a la Ley General de Sociedades N.º 19.550. El objetivo declarado es eliminar prerrogativas públicas y equiparar su funcionamiento al de cualquier firma privada, allanando el camino para su eventual venta.

Energía y transporte, en el centro del plan

La prioridad del Gobierno está puesta especialmente en los sectores de energía y transporte, considerados estratégicos tanto por su impacto fiscal como por su potencial atractivo para inversores privados. En ese marco, aparecen Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales; Enarsa, la empresa estatal de energía; Intercargo, prestadora de servicios aeroportuarios que ya despertó el interés de capitales franceses; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, eje central del comercio exterior argentino.

Detrás de esta avanzada se destaca el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se convirtió en una pieza clave del engranaje libertario. Desde su cartera, impulsa una estrategia orientada a desarticular la infraestructura logística estatal y transferirla al sector privado, bajo la premisa de eficiencia, competencia y reducción del gasto público.

La continuidad del programa privatizador más allá de 2026 confirma que no se trata de una política coyuntural, sino de un cambio estructural en la concepción del Estado. Para el Gobierno de Javier Milei, la reducción del sector público y la obtención de recursos frescos prevalecen sobre cualquier consideración vinculada a la soberanía económica o al carácter estratégico de las empresas involucradas.

El debate de fondo, cada vez más visible, gira en torno a qué Estado quedará en pie tras este proceso y cuáles serán los costos sociales, productivos y políticos de una desestatización sin precedentes en las últimas décadas.

Con la oficialización de tres días no laborables con fines turísticos, el Ejecutivo busca impulsar el turismo interno y generar fines de semana extralargos en un año atravesado por la recesión y la caída del consumo.

El Gobierno nacional oficializó el calendario definitivo de feriados y días no laborables para 2026, incorporando tres “puentes turísticos” que darán lugar a fines de semana extralargos de cuatro días consecutivos. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Los días no laborables adicionales serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Según el Ejecutivo, el objetivo es fomentar el turismo interno, facilitar la planificación de actividades recreativas y dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Se trata de una herramienta ya utilizada en años anteriores, que apunta a compensar la estacionalidad del turismo y a generar movimiento económico en contextos de bajo consumo.

Diferencias entre sector público y privado

Los días no laborables con fines turísticos se suman a los feriados establecidos por la Ley N.º 27.399. En el sector privado, su otorgamiento queda a criterio del empleador, mientras que en la administración pública nacional suelen adoptarse como días de descanso efectivo.

Esta diferencia vuelve a poner en discusión la heterogeneidad de derechos según el sector de actividad, en un escenario laboral marcado por la precarización y la pérdida de poder adquisitivo.

Calendario completo de feriados y días no laborables 2026

Enero
Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable, sin modificación).
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin cambios).
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20 para generar fin de semana largo).
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Turismo como paliativo económico

La confirmación de los “puentes” turísticos llega en un contexto económico complejo, con caída del salario real y retracción del consumo. Si bien estas medidas generan alivio en economías regionales vinculadas al turismo, también exponen la dependencia de políticas de corto plazo para sostener sectores afectados por la recesión.

El calendario 2026 ofrece previsibilidad para trabajadores y empresas, pero deja abierta una discusión de fondo: hasta qué punto los fines de semana largos pueden compensar un escenario de pérdida de ingresos y deterioro del empleo.

El proyecto de “modernización laboral” que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso no solo propone una profunda reconfiguración de las relaciones laborales: también avanza silenciosamente hacia un cambio estructural en el uso de los recursos del trabajo, reeditando mecanismos que remiten de manera directa al modelo de capitalización privada que encarnaron las AFJP.

Aunque su tratamiento en el Senado fue postergado hasta febrero, en las últimas horas comenzaron a emerger con mayor nitidez los objetivos de fondo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las piezas centrales de la iniciativa. Lejos de limitarse a facilitar el pago de indemnizaciones por despido, el esquema apunta a inyectar hasta 4.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales, utilizando aportes obligatorios vinculados al empleo formal.

Indemnizaciones financiadas con recursos públicos

El propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicitó sin eufemismos el espíritu del proyecto: el FAL funcionará como un sistema de financiamiento anticipado de despidos, con el objetivo declarado de reducir litigios laborales y bajar el costo empresario de las indemnizaciones.

“Uno de los pedidos era que bajen las indemnizaciones. Hay que evitar llegar a juicio”, sostuvo el funcionario, al tiempo que reconoció que los fondos provendrán de recursos que hoy se destinan a cargas laborales y previsionales. En otras palabras, se reasignan aportes del trabajo activo para cubrir despidos futuros, debilitando deliberadamente el sistema previsional.

La definición no es menor. Cordero llegó incluso a afirmar que el sistema jubilatorio “ya no puede ser financiado por el trabajo activo”, justificando así la reducción de contribuciones patronales que, según el Gobierno, encarecen el contrato laboral. El resultado es un esquema en el que se desfinancian las jubilaciones mientras se subsidia al capital, bajo la promesa de mayor empleo que nunca se garantiza.

Capitales, CNV y fondos cautivos

El diseño del FAL incluye un aspecto aún más controvertido: los fondos acumulados no quedarán inmovilizados, sino que podrán ser invertidos en el mercado de capitales, bajo lineamientos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con supervisión del Ministerio de Economía y la ARCA.

El argumento oficial es “preservar el valor” de los recursos mediante inversiones financieras. En la práctica, se trata de fondos cautivos de origen laboral que pasarán a alimentar instrumentos financieros, en un contexto histórico donde experiencias similares terminaron en pérdidas para los trabajadores y ganancias concentradas para intermediarios y grandes actores del mercado.

El paralelismo con las AFJP no es casual ni forzado: aportes obligatorios, administración financiera, promesas de rentabilidad y un Estado que se corre de la responsabilidad directa sobre la protección social.

Caputo y la reivindicación explícita del modelo AFJP

El ministro de Economía, Luis Caputo, terminó de despejar cualquier duda conceptual. En declaraciones públicas, no solo defendió el rol financiero del FAL, sino que reivindicó abiertamente el sistema de capitalización privada eliminado en 2008.

“Te llevás las AFJP y te quedás sin mercado”, sostuvo, atribuyendo al kirchnerismo la destrucción del mercado de capitales local. En esa misma línea, confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral —estimado en unos 4.000 millones de dólares— será una de las columnas vertebrales para desarrollar un nuevo mercado financiero interno y reducir la dependencia de Wall Street.

El planteo invierte la lógica social: no es el mercado el que debe servir al desarrollo productivo, sino el trabajo el que pasa a servir como combustible del sistema financiero.

Modernización o regresión estructural

Más allá del envoltorio discursivo, el proyecto expone una definición ideológica clara. La “modernización” no apunta a mejorar salarios, reducir informalidad ni fortalecer el empleo de calidad, sino a flexibilizar despidos, desfinanciar la seguridad social y canalizar recursos laborales hacia la especulación financiera.

La experiencia argentina ofrece antecedentes contundentes sobre este tipo de esquemas. Lejos de promover crecimiento sostenido, la financiarización del ahorro previsional derivó en crisis, endeudamiento y pérdida de derechos. Reactualizar ese modelo, en un contexto de salarios deprimidos y alta precarización, implica asumir riesgos sociales de enorme magnitud.

Una decisión política de largo alcance

El Fondo de Asistencia Laboral no es un detalle técnico ni una herramienta neutra. Es una decisión política estructural que redefine el destino del ahorro social y reconfigura la relación entre trabajo, Estado y capital.

Si el Congreso avanza en esta dirección, el debate ya no será únicamente laboral: será previsional, financiero y profundamente político. Y volverá a poner sobre la mesa una pregunta que la Argentina ya se hizo —y respondió— hace menos de dos décadas: ¿quién debe administrar los recursos del trabajo y en beneficio de quién?