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La CGT y las CTA repudiaron anoche el «intento de alterar el orden democrático» en Brasil y condenaron «de manera absoluta los actos golpistas y terroristas» llevados a cabo por sectores afines al exmandatario Jair Bolsonaro. La CTA encabezada por Hugo Yasky adelantó además articulaciones «con otras organizaciones sindicales para movilizarnos en las próximas para movilizarnos en las próximas horas a la Embajada» de Brasil

Así lo manifestaron las confederaciones gremiales en comunicados que fueron difundidos a través de las redes sociales, donde la CTA-T además anunció una Mesa Nacional «urgente» para mañana temprano y convocó una movilización en las próximas horas a la embajada de Brasil en Argentina para «expresa apoyo condicional».

«La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, repudia firmemente el intento de alterar el orden democrático en la hermana República de Brasil», expresó el documento que fue compartido por uno de sus cosecretarios generales, Héctor Daer.

Y continuó: «La voluntad popular del pueblo Brasileño que de manera contundente se ha expresado recientemente en elecciones transparentes otorgando el gobierno al compañero Lula da Silva, no puede ser atacada por fanáticos antidemocráticos».

En ese sentido, señalaron que «el Estado de derecho debe ser respetado y sobre los responsables debe caer todo el peso de la Ley».

«Los trabajadores argentinos manifestamos nuestra solidaridad activa con el pueblo de Brasil», indicó el comunicado, además de anunciar el «estado de alerta» y reafirmar el compromiso con la democracia.

Al mismo tiempo, estamos articulando acciones con otras organizaciones sindicales para movilizarnos en las próximas horas a la Embajada de la República Federativa del Brasil para expresar nuestro apoyo incondicional al pueblo brasileño, a las y los trabajadores de Brasil y al presidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva», anunciaron.

El texto concluye exhortando «Nunca Más los golpes militares, nunca más la interrupción de los procesos democráticos, nunca más el desconocimiento de la voluntad popular, nunca más la violencia política, los discursos de odio, el Lawfare, nunca más la derecha y los poderes fácticos en Brasil, en América Latina y en el mundo».

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El Sindicato de Comercio ratificó a Cavalieri al frente de la conducción

Armando Cavalieri renovó su mandato al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) y continuará acompañado por Carlos Pérez. La Lista Azul fue ratificada en las elecciones internas luego de que más de 16.200 afiliados concurrieran a las urnas.

La elección quedó reducida a una única nómina habilitada después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la oficialización de la Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes.

La decisión judicial se produjo luego de peritajes caligráficos que detectaron irregularidades en 1.238 firmas presentadas para respaldar la candidatura opositora. Según lo determinado en el expediente, esas anomalías impidieron que la lista alcanzara los requisitos reglamentarios establecidos para participar de la convocatoria.

Con la continuidad de Cavalieri, la conducción oficialista conservará además la dirección de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), una de las organizaciones gremiales con mayor representación del país.

Tras conocerse el resultado, Cavalieri destacó la participación de los afiliados y vinculó la ratificación electoral con la capacidad de representación de la organización. “La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio”, sostuvo.

El dirigente afirmó que el nuevo mandato estará marcado por la defensa de los ingresos y los derechos laborales frente a las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, aseguró que la organización buscará “defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil”.

La renovación consolida así el liderazgo de Cavalieri en la estructura mercantil porteña y extiende su influencia sobre FAECYS, entre reclamos salariales y la reforma laboral del Ejecutivo, los gremios de comercio enfrentan un panorama de profunda reconfiguración.

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San Juan y Mendoza avanzan con un centro unificado de controles sobre la Ruta 40

Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.

El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.

El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.

El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.

El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.

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SUBE normalizó el servicio tras las fallas registradas en las últimas horas

La Secretaría de Transporte confirmó que el sistema volvió a operar con normalidad luego de inconvenientes provocados por una falla en servicios de telecomunicaciones ajena a SUBE. Los usuarios ya pueden acreditar cargas pendientes mediante la aplicación, Carga a Bordo o las Terminales Automáticas.

Con el servicio restablecido, quienes hayan realizado una carga y todavía no la tengan acreditada pueden completar el proceso a través de diferentes alternativas.

Una de ellas es la App SUBE, siempre que el teléfono utilizado cuente con Android 6 o una versión superior y tecnología NFC. También está disponible la opción Carga a Bordo, en las localidades donde se encuentra habilitada, que permite acreditar el saldo directamente durante el viaje.

Otra posibilidad son las Terminales Automáticas SUBE, distribuidas en distintos puntos de la red y destinadas, entre otras funciones, a validar las cargas realizadas previamente.

El inconveniente había generado dificultades particularmente en estaciones ferroviarias, donde algunos usuarios no podían completar la acreditación del saldo pese a haber efectuado correctamente la operación de carga.

Desde SUBE señalaron que el servicio ya se encuentra normalizado y agradecieron la comprensión de los pasajeros, al tiempo que expresaron sus disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.

La restitución de la operatoria permite recuperar el funcionamiento habitual de uno de los mecanismos centrales para garantizar que las cargas digitales puedan transformarse en saldo disponible para el transporte público.

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