El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, advirtió que La Libertad Avanza no tendría hoy los votos necesarios para eliminar las PASO y defendió su continuidad. Mientras negocia una eventual alianza con el oficialismo, el partido de Mauricio Macri ratificó que pretende competir con una candidatura propia en 2027.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa una etapa de negociación en la que el respaldo parlamentario al Gobierno no implica, por ahora, un acuerdo electoral. El macrismo comenzó a marcar sus propias condiciones de cara a 2027 y anticipó dos posiciones centrales: preservar las PASO y presentar una candidatura presidencial propia.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, consideró que el oficialismo tendrá dificultades para reunir los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “En el Senado no hay mayorías para eliminarlas”, sostuvo, al anticipar que la reforma política requerirá una negociación amplia cuando llegue al debate en comisión.

La postura fue ratificada dentro de la conducción partidaria. Goerling defendió la continuidad de las primarias y cuestionó que el sistema electoral sea modificado cada dos años. Para el dirigente, cualquier reforma de ese alcance debería surgir de un acuerdo político y no de una decisión coyuntural.

El planteo adquiere relevancia porque la eliminación de las PASO forma parte de las iniciativas que el oficialismo pretende impulsar dentro de su reforma política. Sin embargo, el Gobierno necesitará construir consensos en ambas cámaras para modificar las reglas electorales.

Con este cuadro, el PRO busca evitar que las conversaciones con La Libertad Avanza terminen diluyendo su identidad. Goerling afirmó que el partido debe reconstruirse y llegar a las elecciones presidenciales con un candidato propio, aunque reconoció que todavía no existe una definición sobre quién encabezaría esa boleta.

En esa discusión, Mauricio Macri conserva un lugar central. El senador lo definió como “el mejor candidato” que podría presentar el PRO, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si el expresidente decide no competir, la fuerza deba encontrar otra alternativa.

La eventual alianza con el oficialismo tampoco aparece cerrada. Goerling relativizó la importancia de las recientes reuniones entre dirigentes de ambos espacios y consideró prematuro hablar de un acuerdo electoral cuando todavía falta más de un año para los comicios y ni siquiera está definido el sistema que regirá la elección.

El PRO mantiene, mientras tanto, su respaldo parlamentario al Gobierno. La posición expresada por Goerling combina apoyo a las iniciativas que considera necesarias con diferencias frente a determinadas propuestas de La Libertad Avanza.

La discusión sobre las PASO funciona así como una primera señal de autonomía política. Mientras el oficialismo busca consolidar una estructura electoral propia para 2027, el PRO procura preservar capacidad de negociación, identidad partidaria y una candidatura competitiva antes de resolver si habrá una alianza.

El dato político de fondo es que la relación entre ambos espacios todavía transita por dos carriles diferentes: cooperación legislativa en el presente y competencia por el liderazgo opositor y oficialista de cara a la próxima elección presidencial.

Los registros oficiales muestran que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 241.176 puestos asalariados privados registrados. La industria manufacturera explicó 85.561 de esas bajas, mientras que la construcción aportó otras 62.747. En paralelo, más de 30.000 empresas dejaron de estar registradas desde el comienzo de la actual gestión.

La industria manufacturera es la rama que más empleo registrado perdió desde el inicio del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 241.176 puestos asalariados privados en todo el país. De ese total, 85.561 correspondieron a establecimientos industriales, el 35,5%.

La magnitud del retroceso ubica a la producción fabril muy por encima de otras ramas de la economía. La construcción aparece en segundo lugar, con 62.747 puestos menos. Entre ambas explican el 61,5% de toda la reducción del empleo privado registrado durante el período analizado.

Si la comparación se realiza con el máximo de ocupación industrial alcanzado en agosto de 2023, la pérdida asciende a 89.667 puestos, equivalente a una contracción del 7,5%. El deterioro atraviesa distintas cadenas productivas y alcanza desde textiles y calzado hasta metalmecánica, autopartes, productos químicos, plásticos y bienes tecnológicos.

Los rubros con mayores pérdidas

El mayor retroceso dentro de la manufactura se produjo en textiles, confecciones, cuero y calzado, que redujeron su dotación en 28.088 trabajadores desde agosto de 2023, una caída del 23%.

La metalmecánica también sufrió un fuerte ajuste, con 21.384 empleos menos, mientras que automotores y neumáticos perdieron otros 9.552 puestos. Madera, papel e impresión registraron una baja de 6.241 trabajadores y química y petroquímica, de 5.453.

Incluso la industria de alimentos y tabaco, que mostró mayor resistencia que otras ramas, terminó con un saldo negativo: 856 empleos menos respecto del período de referencia.

El deterioro del empleo registrado convive, además, con una mayor informalidad. Un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario señaló que la proporción de trabajadores informales dentro de la industria manufacturera pasó del 32,2% en 2016 al 40,8% en el primer trimestre de 2026.

Menos empresas y mayor informalidad

La contracción también se refleja en la cantidad de firmas que permanecen activas. Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, en mayo de 2026 había 30.633 empresas menos que en noviembre de 2023, una reducción cercana al 6% del tejido productivo registrado.
Sólo entre abril y mayo dejaron de registrarse 2.371 compañías, mientras que la comparación interanual arroja una disminución de 16.560 empresas, equivalente al 3,3%.

Los mayores descensos se concentraron en transporte y almacenamiento, con una baja del 17,05%; actividades inmobiliarias, con 13,81%; y construcción, con 9,34%.

El retroceso tuvo alcance nacional: 23 de las 24 jurisdicciones registraron menos empresas, con Neuquén como única excepción. La expansión de la minería y de la actividad vinculada con Vaca Muerta aparece como uno de los factores que explican su comportamiento diferencial.

Los datos configuran así una transformación relevante del mercado laboral argentino: mientras algunas ramas vinculadas con los recursos naturales mantienen capacidad de expansión, buena parte de la industria orientada al mercado interno continúa reduciendo empleo y empresas. La evolución de la demanda, la inversión y la producción determinará si esa pérdida comienza a revertirse o se consolida como una de las principales marcas del actual ciclo económico.

La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.