Docentes sanjuaninos acordaron una suba salarial del 45%
En la jornada del jueves 3 de marzo se llevaron a cabo las últimas reuniones salariales del 2022, la primera con gremios docentes y la segunda con el resto de gremios representantes de estatales. Estas reuniones fueron encabezadas por la ministra Marisa López, acompañada por la ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho y la secretaria de Educación, Ana Sánchez, en el primer caso y autoridades de la Secretaría de Hacienda y Finanzas en ambas.
En la ocasión, el Gobierno provincial cerró el acuerdo salarial que consiste en otorgar el 45 por ciento de aumento, dividido en cinco tramos que se distribuirán de la siguiente manera:
- 20% con los salarios del mes de marzo,
- 5% con los de mayo,
- 5% con los de julio,
- 10% con los de octubre y
- 5% con los salarios de diciembre.
Asimismo mantuvo la propuesta de acordar una reunión de revisión salarial antes de la finalización del mes de julio.
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En San Juan la CGT acelera su reordenamiento y rechaza cualquier intento de fragmentación
Eduardo Cabello advirtió sobre una ofensiva contra las organizaciones gremiales, respaldó la estrategia nacional de la CGT y relativizó el impacto de la nueva intersindical surgida en la provincia. También defendió la vía institucional para enfrentar las reformas laborales y llamó a consolidar una respuesta unificada frente al deterioro del empleo y del poder adquisitivo.
La elevada confrontación entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero organizado suma nuevos episodios. Mientras la CGT analiza profundizar su plan de acción frente a las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei, en distintas provincias comienzan a acelerarse los debates internos sobre representación sindical, estrategia política y capacidad de respuesta ante un fuerte contexto económico que golpea de lleno a los trabajadores.
En ese marco, el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, en diálogo con Mundo Laboral SJ, sostuvo que la actual etapa excede una discusión sectorial y se inscribe en una disputa más profunda sobre el lugar que ocuparán las organizaciones gremiales en el país que pretende construir el oficialismo.
Según planteó, las iniciativas impulsadas desde la Casa Rosada no persiguen únicamente modificaciones normativas, sino una transformación estructural de las relaciones laborales y del poder de representación de los sindicatos.
“Lo que vemos es un intento sistemático de debilitar a la única estructura organizada que todavía conserva capacidad de movilización y representación colectiva”, resumió.
La batalla que viene
Las declaraciones del dirigente se producen mientras la conducción nacional de la central gremial debate nuevas medidas de alcance federal. Dentro del sindicalismo conviven distintas propuestas, desde movilizaciones escalonadas hasta esquemas de protesta de mayor intensidad inspirados en experiencias europeas.
Cabello evitó anticipar decisiones concretas, aunque dejó una definición política contundente: San Juan acompañará las resoluciones que adopte la conducción nacional.
La afirmación busca despejar cualquier especulación sobre diferencias internas en momentos en que la CGT intenta fortalecer una estrategia común frente al Gobierno.
Para el representante gremial, la principal fortaleza del sindicalismo sigue siendo la organicidad. En otras palabras, la capacidad de sostener una conducción colectiva aun en medio de matices y debates internos.
“No se puede enfrentar una transformación de esta magnitud desde la dispersión”, sostuvo.
La vía judicial y la presión social
A diferencia de otros momentos de la historia sindical argentina, el titular de la regional sanjuanina considera que la etapa actual exige combinar movilización con una fuerte ofensiva institucional.
Por eso destacó las presentaciones judiciales realizadas por distintas organizaciones gremiales contra aspectos de la reforma laboral y otras medidas impulsadas por el Ejecutivo. La apuesta consiste en construir antecedentes jurídicos que permitan revertir en el futuro decisiones que hoy avanzan mediante decretos, reglamentaciones y modificaciones normativas.
La estrategia no implica renunciar a la protesta. Por el contrario, el dirigente dejó en claro que las movilizaciones continuarán formando parte de la agenda gremial, aunque insistió en que deben ser el resultado de una construcción organizada y no de respuestas aisladas.
El debate abierto en San Juan
Uno de los puntos más comentados de las últimas semanas fue la conformación de una nueva intersindical en San Juan, integrada por dirigentes de distintos espacios gremiales y con la intención de proyectarse también hacia el terreno político.
Lejos de dramatizar la situación, Cabello sostuvo que las diferencias internas forman parte de la vida histórica del movimiento obrero argentino. Sin embargo, marcó distancia respecto de aquellas experiencias que terminan debilitando los ámbitos institucionales ya existentes.
Desde la CGT provincial consideran que la representación mayoritaria de los trabajadores continúa concentrada en la central obrera y que cualquier construcción alternativa deberá demostrar capacidad real de organización y representación.
“La CGT ha atravesado debates, divisiones y reagrupamientos durante décadas. Lo importante es no perder de vista quiénes son los destinatarios de esa representación: los trabajadores”, señaló.
Sindicalismo y política
Uno de los pasajes más interesantes de la entrevista apareció sobre el final, cuando Cabello estableció una diferencia entre la militancia política de un dirigente y la subordinación de una organización sindical a una estructura partidaria.
Según explicó, los gremios tienen la obligación de preservar autonomía para defender los intereses de sus afiliados independientemente de los cambios de gobierno.
La definición adquiere relevancia en momentos en que el escenario político comienza a proyectarse hacia las elecciones de 2027 y distintos sectores buscan reposicionarse dentro del universo opositor.
Para el dirigente sanjuanino, la prioridad sigue siendo otra: sostener el empleo, defender los convenios colectivos y evitar que la pérdida de ingresos continúe profundizándose en amplios sectores de la población trabajadora.
Una disputa que excede al presente
Detrás de la discusión sobre reformas laborales, medidas de fuerza o alineamientos sindicales, Cabello observa una confrontación de largo alcance.
A su juicio, el debate actual definirá buena parte de las reglas que ordenarán las relaciones entre capital y trabajo durante los próximos años. Por eso insiste en que la respuesta sindical no puede limitarse a la coyuntura ni a la defensa de intereses sectoriales.
Con la CGT nacional encaminada hacia nuevas definiciones y un descontento palpable en distintos sectores productivos, el movimiento obrero busca reorganizarse para afrontar una etapa que considera decisiva. La discusión ya no se reduce a salarios o convenios colectivos: involucra el papel que conservarán las organizaciones sindicales dentro del sistema político, económico y social argentino.
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Con respaldo de todo el arco político, San Juan rechazó la avanzada territorial de La Rioja
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una declaración de repudio a la ley impulsada por el gobierno riojano para sostener su reclamo territorial sobre sectores actualmente bajo jurisdicción sanjuanina. El conflicto involucra áreas de alto valor económico vinculadas a la minería y al patrimonio turístico provincial.
La disputa limítrofe entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo foco de conflicto institucional. Con una votación unánime de 34 votos afirmativos, la Cámara de Diputados sanjuanina rechazó formalmente la legislación promovida por el gobernador riojano Ricardo Quintela y ratificó la plena vigencia de los límites provinciales reconocidos por la normativa nacional.
La declaración aprobada exhibió una coincidencia poco frecuente entre oficialismo y oposición. El consenso alcanzado reflejó la decisión de cerrar filas frente a un planteo que en San Juan consideran jurídicamente saldado y potencialmente perjudicial para intereses económicos estratégicos de la provincia.
El centro del debate radica en sectores de enorme relevancia territorial y productiva, entre ellos el Parque Provincial Ischigualasto —uno de los principales emblemas turísticos del país— y áreas cordilleranas vinculadas al desarrollo minero. Para la dirigencia sanjuanina, la iniciativa impulsada por La Rioja desconoce la legislación nacional que ratificó los límites interprovinciales y plantea un panorama inédito sobre proyectos de inversión de gran escala.
Durante el debate legislativo, distintos bloques coincidieron en advertir que el reclamo trasciende una discusión cartográfica. El diputado Juan Cruz Córdoba sostuvo que la avanzada riojana podría generar señales negativas para el sector minero en momentos en que la provincia busca consolidar inversiones millonarias en la cordillera. En la misma línea, Franco Aranda afirmó que no existe una controversia técnica pendiente de resolución y atribuyó el conflicto a una decisión política adoptada por la administración de Quintela.
La posición fue compartida por legisladores de distintos espacios. Mario Herrero destacó el amplio acuerdo alcanzado en la Legislatura y consideró que la medida impulsada por La Rioja rompe consensos institucionales construidos durante décadas alrededor de los límites provinciales.
El trasfondo del conflicto no es menor. En los últimos meses, las tensiones reaparecieron a partir de diferencias vinculadas con el desarrollo de emprendimientos mineros en la zona fronteriza. Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando una resolución judicial dictada en Chilecito afectó temporalmente actividades vinculadas al proyecto Vicuña y limitó la circulación por corredores estratégicos de la región. Aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos operativos, la sanción de la ley riojana fue interpretada en San Juan como un nuevo intento de reabrir una cuestión que considera definitivamente resuelta.
La respuesta legislativa buscó precisamente enviar una señal política contundente. Más allá de las diferencias partidarias, el sistema político sanjuanino exhibió una posición común frente a un reclamo que entiende incompatible con el marco legal vigente.
Con la declaración aprobada por unanimidad, San Juan reforzó institucionalmente su defensa sobre territorios que considera irrenunciables y dejó planteado que la discusión ya no se limita a una cuestión de límites. Detrás de la controversia aparecen intereses vinculados al desarrollo minero, la seguridad jurídica de las inversiones y la preservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
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Crece el conflicto vitivinícola por las condiciones de pago de Fecovita
Viñateros sanjuaninos cuestionan las condiciones de pago propuestas por Fecovita para la última cosecha. Denuncian valores inferiores a los del mercado y un esquema de cancelación que se extendería hasta febrero de 2027. El reclamo ya alcanzaría a entre 150 y 200 productores y abre un nuevo frente de tensión en la cadena vitivinícola.
La relación comercial entre viñateros sanjuaninos y Fecovita atraviesa un punto de fricción a partir de las condiciones fijadas para la liquidación de la última cosecha. Productores de la provincia expresaron su disconformidad con el esquema de pago y advirtieron sobre su impacto en la estructura financiera de las fincas.
El motivo de las objeciones está puesto en los plazos de cancelación. Según el planteo del sector, la propuesta contempla pagos escalonados que se extenderían desde julio de este año hasta febrero de 2027. En la práctica, se trata de un esquema que traslada en el tiempo el ingreso por la producción ya entregada, en un contexto donde los costos operativos se concentran en el corto plazo.
A esa dimensión se suma la discusión por los valores fijados. Los productores señalan que la oferta se ubica por debajo de los parámetros habituales del mercado: alrededor de $180 por kilo de uva blanca común, frente a los cerca de $200 que estarían abonando otros actores de la industria. En el caso de la uva tinta destinada a mosto, aseguran que el precio final quedó por debajo de las referencias inicialmente comprometidas.
El reclamo comenzó con un núcleo reducido de 29 productores, pero se amplió en los últimos días hasta alcanzar entre 150 y 200 viñateros, según estimaciones del sector. La expansión del planteo expone la dimensión del desajuste en la cadena de pagos dentro de la vitivinicultura provincial.
La situación se agrava por el momento del ciclo productivo. El invierno concentra tareas clave de mantenimiento y preparación de la próxima vendimia, por lo que la falta de liquidez limita inversiones esenciales en los viñedos y condiciona la planificación de la campaña siguiente.
En ese sentido, los productores señalan un incremento en los costos logísticos derivado del traslado de uva hacia bodegas más alejadas, ante la menor recepción en establecimientos de menor escala durante la última temporada. Ese factor añadió presión a márgenes ya reducidos.
Con este panorama, el sector busca abrir una instancia de negociación con Fecovita y anticipa gestiones ante el Gobierno provincial. La expectativa está puesta en la reunión prevista con autoridades de la cooperativa en los próximos días, considerada clave para revisar las condiciones de liquidación.
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