El Gobierno de San Juan acordó con Minera Vicuña Argentina un aporte extraordinario, fijo y no reembolsable de US$ 250 millones para financiar infraestructura antes del inicio de la explotación del yacimiento. El convenio, que deberá ser ratificado por la Legislatura, también crea un fideicomiso financiado con el 1,5% de la facturación del proyecto, mantiene el régimen de regalías y pone fin a un conflicto administrativo que permanecía abierto desde 2022.

La Provincia dio un paso de fuerte impacto político y económico al cerrar un acuerdo con Minera Vicuña Argentina que permitirá a la provincia disponer de 250 millones de dólares antes de que el proyecto entre en producción, un mecanismo sin antecedentes en la historia de la minería local.

El entendimiento, anunciado por el gobernador Marcelo Orrego en un mensaje emitido por Cadena Provincial, establece un aporte extraordinario que, según precisó el mandatario, será fijo, no reembolsable y no compensable, una condición que busca garantizar la disponibilidad de los recursos con independencia de la evolución futura del emprendimiento.

El convenio será enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación y destina la totalidad de esos fondos a obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. La decisión apunta a acelerar inversiones consideradas prioritarias para el desarrollo provincial sin esperar el inicio de la explotación comercial del yacimiento y el consecuente ingreso de regalías.

Más allá del desembolso inicial, el pacto incorpora un esquema de financiamiento permanente mediante la creación de un fideicomiso de infraestructura pública que recibirá un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto Vicuña. Esos recursos serán administrados, auditados y ejecutados por el Estado provincial bajo los procedimientos previstos en la legislación de contratación pública.

El convenio, además, ratifica el régimen vigente de regalías mineras, que continuará fijado en el 3% del valor bruto de facturación una vez iniciada la etapa productiva.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que también resuelve la controversia administrativa originada en 2022 por la aplicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un diferendo que condicionaba aspectos regulatorios del proyecto. La resolución de ese proceso aporta previsibilidad jurídica tanto para la empresa como para la provincia y despeja uno de los principales frentes pendientes para el desarrollo del emprendimiento.

En este sentido, Minera Vicuña asumió el compromiso de ejecutar con recursos propios parte de la infraestructura necesaria para la operación del yacimiento. Entre esas inversiones se encuentran la construcción de la línea eléctrica y el denominado Corredor Norte, la vía que conectará Angualasto con el complejo minero.

El anuncio fue presentado por Orrego como el resultado de un proceso de negociación que demandó más de dieciocho meses y que incluyó reuniones en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York, además de los primeros contactos establecidos durante la feria minera PDAC, uno de los principales encuentros internacionales del sector.

Durante su mensaje, el gobernador sostuvo que el acuerdo refleja la confianza de los inversores en la provincia y en un esquema institucional basado en reglas estables y seguridad jurídica. También planteó que el objetivo es que los beneficios derivados de las grandes inversiones comiencen a traducirse en infraestructura y desarrollo antes de que la mina alcance su etapa de producción.

La magnitud del aporte constituye un hecho inédito para San Juan. El propio mandatario recordó que el único antecedente de un desembolso previo por parte de una empresa minera se remonta a la década de 1990, cuando Barrick realizó un aporte de apenas 50.000 dólares durante la gestión de Jorge Escobar, una cifra que evidencia la diferencia de escala respecto del convenio alcanzado con Vicuña.

Con este entendimiento, el Gobierno provincial busca inaugurar un nuevo modelo de vinculación entre el Estado y la gran minería, en el que una parte de los beneficios económicos de los proyectos de gran escala se anticipe para financiar infraestructura pública, fortalecer la competitividad de la provincia y ampliar el impacto de las inversiones sobre el conjunto de la economía sanjuanina.

La Justicia restableció plenamente la vigencia de la medida cautelar luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Estado nacional. El fallo obliga a garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a becas, mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo de la causa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme este martes la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas, al considerar que perdió efecto la suspensión que había dispuesto durante la tramitación del expediente. La resolución llega después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, despejando el principal argumento que había motivado el freno transitorio de la orden judicial.

Con esta decisión, el Estado deberá continuar asegurando las partidas presupuestarias destinadas a la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de los recursos previstos para becas estudiantiles y otros programas contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III también ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para avanzar con la ejecución de la cautelar, que permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.

El litigio se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Aunque la norma fue vetada por el Ejecutivo, el Parlamento insistió con su aprobación tras reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras, en medio de una amplia movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

La legislación establece mecanismos de actualización para las remuneraciones del personal universitario y dispone la recomposición de los programas de becas, entre ellos Progresar. Frente a la demora en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por organizaciones gremiales docentes, promovió una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de esos artículos.

La controversia ya había registrado un capítulo decisivo en junio, cuando la Corte Suprema rechazó la presentación del Gobierno y mantuvo vigente la cautelar que ordena aplicar los artículos centrales de la Ley 27.795 vinculados a salarios y financiamiento estudiantil. Aquella resolución fue suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El pronunciamiento judicial coincidió con el anuncio oficial de un esquema de transferencias para las universidades nacionales, que contemplaba incrementos del 24,33% para salarios, del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de los recursos destinados a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades universitarias sostuvieron que esa propuesta elevaba el presupuesto al 0,6% del Producto Bruto Interno, por debajo del 0,75% previsto en la ley vigente.

Con la resolución conocida durante la jornada de este martes, la cautelar recuperó plena vigencia y continuará resguardando la actualización de salarios y becas hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva la legalidad del decreto cuestionado y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno de San Juan reafirmó su decisión de garantizar la continuidad del ciclo lectivo tras el paro docente que, según cifras oficiales del Ministerio de Educación, alcanzó un acatamiento cercano al 70% en la provincia. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que la administración provincial continuará privilegiando el diálogo con los sindicatos, aunque dejó en claro que utilizará las herramientas previstas en la legislación vigente para proteger el derecho de los estudiantes a recibir clases.

En declaraciones a la prensa, el funcionario remarcó que la realidad sanjuanina difiere de la disputa que atraviesa el sistema educativo a nivel nacional. «Nosotros no tenemos conflictos gremiales en San Juan entre gobierno y gremios; defendemos el derecho a la educación y queremos que los alumnos reciban clases», afirmó.

Achem destacó que la gestión encabezada por Marcelo Orrego sostiene una política de equilibrio fiscal que, según explicó, permitió mantener los salarios docentes por encima de la inflación sin comprometer las cuentas públicas ni el cumplimiento de las obligaciones del Estado provincial. En ese sentido, señaló que el objetivo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la sustentabilidad financiera de la provincia.

Al mismo tiempo, cuestionó las medidas de fuerza promovidas por las conducciones sindicales nacionales y consideró que responden, en muchos casos, a motivaciones ajenas a la realidad local. «No queremos que los conflictos nacionales, que muchas veces tienen carácter ideológico, afecten a la provincia», expresó, al tiempo que recordó las diferencias en la cantidad de paros registrados durante la actual gestión nacional respecto de administraciones anteriores.

El funcionario también confirmó que San Juan permanece a la espera de las definiciones que adopten el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar con la implementación de la Ley de Modernización Laboral. Explicó que ambos organismos ya solicitaron información a las provincias como parte del proceso previo a la aplicación de la normativa.

«El Gobierno está obligado a aplicar la ley, no puede elegir si la aplica o no», sostuvo Achem al referirse al alcance de la nueva legislación. En ese marco, indicó que la provincia recurrirá a todos los instrumentos legales disponibles para resguardar el derecho a la educación y reducir el impacto que los conflictos gremiales puedan tener sobre el desarrollo del calendario escolar.