El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, advirtió que La Libertad Avanza no tendría hoy los votos necesarios para eliminar las PASO y defendió su continuidad. Mientras negocia una eventual alianza con el oficialismo, el partido de Mauricio Macri ratificó que pretende competir con una candidatura propia en 2027.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa una etapa de negociación en la que el respaldo parlamentario al Gobierno no implica, por ahora, un acuerdo electoral. El macrismo comenzó a marcar sus propias condiciones de cara a 2027 y anticipó dos posiciones centrales: preservar las PASO y presentar una candidatura presidencial propia.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, consideró que el oficialismo tendrá dificultades para reunir los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “En el Senado no hay mayorías para eliminarlas”, sostuvo, al anticipar que la reforma política requerirá una negociación amplia cuando llegue al debate en comisión.

La postura fue ratificada dentro de la conducción partidaria. Goerling defendió la continuidad de las primarias y cuestionó que el sistema electoral sea modificado cada dos años. Para el dirigente, cualquier reforma de ese alcance debería surgir de un acuerdo político y no de una decisión coyuntural.

El planteo adquiere relevancia porque la eliminación de las PASO forma parte de las iniciativas que el oficialismo pretende impulsar dentro de su reforma política. Sin embargo, el Gobierno necesitará construir consensos en ambas cámaras para modificar las reglas electorales.

Con este cuadro, el PRO busca evitar que las conversaciones con La Libertad Avanza terminen diluyendo su identidad. Goerling afirmó que el partido debe reconstruirse y llegar a las elecciones presidenciales con un candidato propio, aunque reconoció que todavía no existe una definición sobre quién encabezaría esa boleta.

En esa discusión, Mauricio Macri conserva un lugar central. El senador lo definió como “el mejor candidato” que podría presentar el PRO, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si el expresidente decide no competir, la fuerza deba encontrar otra alternativa.

La eventual alianza con el oficialismo tampoco aparece cerrada. Goerling relativizó la importancia de las recientes reuniones entre dirigentes de ambos espacios y consideró prematuro hablar de un acuerdo electoral cuando todavía falta más de un año para los comicios y ni siquiera está definido el sistema que regirá la elección.

El PRO mantiene, mientras tanto, su respaldo parlamentario al Gobierno. La posición expresada por Goerling combina apoyo a las iniciativas que considera necesarias con diferencias frente a determinadas propuestas de La Libertad Avanza.

La discusión sobre las PASO funciona así como una primera señal de autonomía política. Mientras el oficialismo busca consolidar una estructura electoral propia para 2027, el PRO procura preservar capacidad de negociación, identidad partidaria y una candidatura competitiva antes de resolver si habrá una alianza.

El dato político de fondo es que la relación entre ambos espacios todavía transita por dos carriles diferentes: cooperación legislativa en el presente y competencia por el liderazgo opositor y oficialista de cara a la próxima elección presidencial.

La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.

Alberto Biglieri, designado interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica a fines de mayo, estaría próximo a abandonar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Su eventual salida abriría una nueva etapa en la intervención del gremio, atravesada por cuestionamientos internos tras la firma de acuerdos paritarios.

El futuro de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) podría cambiar en las próximas semanas. Alberto Biglieri, designado al frente del gremio a fines de mayo, estaría próximo a dejar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de la renovación prevista para octubre.

La eventual salida se produce después de que el abogado recibiera un fuerte respaldo a su postulación durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina, realizado recientemente en Rosario bajo la consigna “Unir la abogacía para afianzar la Justicia”.

Durante el encuentro se destacó su trayectoria como consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y su experiencia como asesor del organismo nacional.

Biglieri llegó a la UOM por decisión de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, con un mandato inicial de 180 días. Su tarea incluía revisar las cuentas del sindicato y avanzar en el proceso de normalización dispuesto judicialmente.

Sin embargo, durante su breve gestión adoptó una decisión que excedió la revisión administrativa: la intervención participó en las negociaciones salariales y firmó acuerdos paritarios para las ramas metalmecánica y siderúrgica.

La determinación provocó resistencias dentro de la organización. Algunas regionales expresaron su rechazo y cuestionaron que una intervención judicial asumiera facultades vinculadas con la representación sindical, en una disputa que sumó tensión a un proceso ya atravesado por fuertes diferencias internas.

La eventual designación de Biglieri en el Consejo de la Magistratura también vuelve a poner en primer plano sus vínculos dentro del ámbito judicial porteño. El abogado mantiene una relación política con Daniel Angelici, dirigente con fuerte influencia en la Justicia de la Ciudad, quien impulsó su llegada al Consejo de la Magistratura porteño en 2019, en un acuerdo con Emiliano Yacobitti.

Ahora, la posible salida de Biglieri obligaría a definir un nuevo nombre para continuar al frente de la intervención de la UOM y resolver el rumbo de una administración que todavía tiene pendiente completar el proceso de normalización del principal gremio industrial del país.

El cambio, además, podría repercutir sobre las negociaciones salariales y sobre la relación entre la intervención judicial y las distintas regionales metalúrgicas, que ya manifestaron reparos frente a algunas decisiones adoptadas durante los primeros meses de gestión.

La definición del sucesor de Biglieri será, por lo tanto, una pieza relevante para determinar cómo continuará la intervención y qué grado de participación tendrá la Justicia en la reorganización de la UOM durante los próximos meses.