El gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia tipo volvió a incrementarse en diciembre y mostró diferencias marcadas entre provincias. San Juan encabezó las subas, mientras que la Patagonia se consolidó como la región más cara del país. Sin embargo, el impacto real sobre los hogares no depende solo de los precios, sino también del nivel salarial.

Durante diciembre, completar el changuito del supermercado demandó cerca de $900.000 para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores. El dato surge del último informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica, que relevó el costo de una compra mensual estándar de alimentos y bebidas en los principales supermercados online del país.

El estudio registró un incremento promedio de entre 2,6% y 3,9% según la región, reflejando una dinámica inflacionaria que, si bien muestra cierta desaceleración a nivel nacional, continúa golpeando con distinta intensidad a las economías provinciales.

En ese contexto, San Juan se ubicó como la provincia con mayor aumento mensual, con una suba del 3,9%, seguida por Salta (3,7%), el interior de la provincia de Buenos Aires (3,5%) y Corrientes (3,3%). También se destacaron San Luis y Catamarca (3,1%), mientras que Jujuy y La Rioja mostraron incrementos del 3%. En el extremo opuesto, Formosa presentó la menor variación, con apenas 1,3%.

Para garantizar la comparación entre distritos, el relevamiento utilizó idénticas marcas y tamaños de envases, evitando distorsiones asociadas a cambios en la calidad o composición del consumo. El objetivo, según explican desde Analytica, es reflejar una compra típica de clase media bajo condiciones homogéneas.

Más allá de las variaciones mensuales, el informe vuelve a confirmar una tendencia estructural: la Patagonia continúa siendo la región más cara del país. En diciembre, Santa Cruz encabezó el ranking con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

Sin embargo, el estudio introduce una advertencia clave para el análisis económico: un changuito más barato no necesariamente implica un mayor poder adquisitivo. En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso conjunto de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —aun con precios más elevados— el esfuerzo relativo es significativamente menor, del 15,6%.

Esta aparente contradicción se explica por las fuertes diferencias salariales entre regiones. Las provincias del sur cuentan con ingresos promedio más altos, lo que amortigua el impacto del mayor costo de vida. Santa Cruz aparece como un caso emblemático: combina la canasta más cara del país con uno de los salarios privados registrados más elevados, solo superado por Neuquén.

El relevamiento de diciembre vuelve a poner en evidencia que el debate sobre el costo de vida no puede limitarse a la evolución de los precios. Las asimetrías regionales, tanto en el valor del changuito como en los niveles de ingreso, configuran realidades muy distintas para las familias argentinas.

Mientras algunas provincias enfrentan subas más moderadas pero con salarios rezagados, otras absorben precios más altos gracias a ingresos superiores. En ese delicado equilibrio entre precios, salarios y consumo cotidiano se juega, mes a mes, la verdadera dimensión del poder adquisitivo en la Argentina.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, y adelantó su acompañamiento a la reforma laboral que se debatirá en el Senado el 11 de febrero. En un gesto político clave para la Casa Rosada, el mandatario peronista habló de modernizar normas obsoletas y condicionó su respaldo a una agenda de obras e inversiones para la provincia.

En el marco de la gira federal que impulsa el Gobierno para asegurar los votos necesarios en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz, quien anticipó su respaldo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno salteña y fue calificado como “muy positivo” por ambas partes. Allí coincidieron en la necesidad de avanzar en consensos políticos que permitan la aprobación de la iniciativa, que será tratada en el Senado el próximo 11 de febrero.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y promover inversiones para las provincias y para la Argentina”, afirmó Santilli, quien desde hace dos semanas recorre distintas jurisdicciones en busca de apoyos. Antes de arribar a Salta, el ministro ya había visitado Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, y tiene previsto continuar por Neuquén y Entre Ríos.

Posición política

Sáenz, uno de los principales aliados del Gobierno nacional por fuera de la estructura de La Libertad Avanza, se mostró dispuesto a acompañar el proyecto y a facilitar el diálogo legislativo. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, sostuvo el mandatario, en una definición que marcó distancia con sectores del peronismo que rechazan la reforma.

“Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”, agregó, al tiempo que planteó la necesidad de una modernización de la legislación laboral que permita dinamizar el empleo y mejorar las condiciones para la inversión privada en las provincias.

Desde el entorno del ministro remarcaron que, con el respaldo de Sáenz, ya son cuatro los gobernadores que manifestaron su predisposición a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante en la antesala del debate parlamentario.

La letra chica del apoyo

El acompañamiento del gobernador salteño no fue gratuito. Simultáneamente con el apoyo a la reforma laboral, Sáenz puso sobre la mesa una agenda de reclamos estructurales para la provincia, vinculados principalmente a la obra pública y a la infraestructura estratégica.

Entre los pedidos al Gobierno nacional, mencionó el avance y finalización de rutas clave, como las RN 9/34 y 51, los puentes sobre el río Vaqueros, además de plantas depuradoras en la zona sur de la capital salteña y en Cafayate, la escuela Tesla de General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán.

“Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita”, afirmó Sáenz, y sostuvo que se trata de proyectos que buscan “cambiar la matriz productiva y turística de la provincia” y saldar “una deuda histórica de la Nación con el Norte Argentino”.

El tablero nacional

La estrategia del Gobierno apunta a cerrar acuerdos directos con los gobernadores, conscientes de que los mandatarios provinciales conservan influencia decisiva sobre los votos en el Senado. En el caso de Salta, la Casa Rosada cuenta con el antecedente favorable del voto afirmativo de la senadora Flavia Royón al Presupuesto 2026.

Además de Sáenz, el oficialismo busca sumar el respaldo de otros gobernadores peronistas del norte, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes ya han aportado votos clave en iniciativas anteriores.

La gira de Santilli continuará en Neuquén, donde será recibido por Rolando Figueroa, quien anticipó reclamos vinculados a la coparticipación del impuesto a los combustibles y al pago de la deuda del ANSES con la caja previsional provincial, estimada en más de 200 millones de dólares. Luego, el ministro viajará a Entre Ríos, gobernada por el aliado Rogelio Frigerio.

Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.