Las ventas a precios constantes disminuyeron 2,1% interanual en julio y acumularon una baja de 2,7% en los primeros siete meses del año. En las grandes cadenas relevadas por el INDEC, el personal ocupado cayó 4,6% y quedó en 95.383 trabajadores.

La retracción del consumo volvió a quedar expuesta en las góndolas de los supermercados. En julio, las ventas a precios constantes disminuyeron 2,1% respecto del mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-julio mostró una contracción del 2,7% interanual, según la Encuesta de Supermercados del INDEC. En la comparación mensual desestacionalizada, además, el indicador retrocedió 0,7%.

Las 93 empresas que integran el relevamiento registraron ventas por $2,59 billones a precios corrientes, un aumento nominal del 25,8% interanual. Sin embargo, ese crecimiento quedó por debajo de la variación de los precios implícitos del relevamiento, que alcanzó el 28,5%. La diferencia explica la caída del volumen comercializado en términos reales.

La composición de las ventas también muestra una concentración en productos de consumo cotidiano. Carnes aumentó su facturación nominal 39,5% en un año; verdulería y frutería, 30,6%; bebidas, 27,7%; lácteos, 25,6%; y artículos de almacén, 24,6%. Este último rubro continuó siendo el de mayor participación, con el 28% del total.

En cambio, los bienes vinculados con consumos de mayor valor exhibieron aumentos nominales considerablemente menores: electrónicos y artículos para el hogar avanzaron 11,6%, mientras que indumentaria, calzado y textiles para el hogar lo hicieron 8,5%. La brecha entre ambos grupos muestra una composición de compras más concentrada en alimentos y productos esenciales.

También cambió la forma de financiar las compras. Las tarjetas de crédito concentraron el 41,9% de la facturación, por $1,086 billones, seguidas por las de débito, con el 25,9%. El efectivo representó el 16,6%, mientras que billeteras virtuales, QR, vales, tarjetas de regalo y otros mecanismos reunidos por el INDEC en la categoría “otros medios de pago” alcanzaron el 15,6%, con un crecimiento nominal interanual del 63,8%.

El ticket promedio fue de $34.981, un 16,5% superior al de julio de 2025, sobre un total de 74,1 millones de operaciones. La facturación presencial concentró el 96,9% del total, mientras que las ventas por canales digitales representaron el 3,1%.

Menos ventas y una plantilla más reducida

La evolución del empleo aporta otro dato relevante. En julio, los supermercados relevados tenían 95.383 trabajadores asalariados, un 4,6% menos que un año antes y 0,5% por debajo de junio.

El recorte se concentró principalmente en los puestos operativos. Cajeros, administrativos, repositores y otros trabajadores sumaron 84.641 personas, equivalentes al 88,7% de la nómina, con una disminución interanual del 5%. El personal jerárquico, compuesto por gerentes, supervisores y otras posiciones de conducción, totalizó 10.742 trabajadores y registró una baja del 1,8%.

Los sueldos brutos promedio también mostraron diferencias importantes entre categorías. Para el personal operativo alcanzaron $1.849.357, con una variación interanual del 33,2%, mientras que para los cargos jerárquicos llegaron a $4.650.088, un 24,7% más que un año antes.

Los trabajadores de estaciones de servicio atraviesan distintas instancias de negociación salarial según el convenio colectivo que los comprende. Mientras los CCT 428/05 y 488/07 ya fijaron aumentos para agosto, septiembre y octubre, las paritarias correspondientes a los CCT 371/03, 521/07 y 317/99 permanecen abiertas.

En el CCT 428/05, acordado entre SOESGyPE, FOESGRA y CAGESRA, se estableció un incremento del 2% en agosto, 2% en septiembre y 2% en octubre, dentro del período paritario abril 2026-marzo 2027. Las partes volverán a reunirse a partir del 15 de noviembre.

Con esa pauta, el básico del operador de playa pasó a $1.497.352,89 en agosto, llegará a $1.527.299,95 en septiembre y alcanzará $1.557.784,95 en octubre. Para los encargados, los valores son de $1.520.013,41, $1.550.413,68 y $1.581.421,95, respectivamente. A esas cifras se agregan los adicionales establecidos por convenio, entre ellos antigüedad, asistencia y manejo de fondos.

El CCT 488/07, firmado entre SOESGyPE, FOESGRA y la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), fijó una pauta algo diferente: 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1,8% en octubre. También contempla una revisión desde el 15 de noviembre.

En este caso, el básico del operador de playa quedó establecido en $1.580.552,03 para agosto, $1.610.582,52 para septiembre y $1.639.573 para octubre. Para los encargados, los valores ascienden a $1.640.699,06, $1.671.872,34 y $1.701.966,04.

Tres convenios todavía esperan una definición

La negociación permanece abierta para los trabajadores alcanzados por los CCT 371/03, 521/07 y 317/99. Las conversaciones con CECHA, FECRA y AES quedaron en cuarto intermedio después de la última audiencia, ante la falta de una nueva propuesta salarial.
Las partes tienen previsto retomar la discusión el 28 de septiembre, fecha en la que podría comenzar a definirse la pauta correspondiente a esos convenios.

Así, la actividad llega al último tramo del tercer trimestre con dos esquemas salariales ya establecidos y tres negociaciones pendientes. Las diferencias responden al convenio colectivo y a la representación empresaria que participa en cada mesa, mientras noviembre aparece como una fecha relevante para la revisión de los acuerdos ya alcanzados.

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, incluida la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución establece además que, si el Estado no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse multas económicas diarias —astreintes— por cada jornada de demora. El pronunciamiento se produjo después de que el magistrado analizara la información remitida por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no alcanzaba para demostrar que la cautelar hubiera sido cumplida en su totalidad.

El reclamo judicial está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. El artículo 5 establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la variación del IPC informada por el INDEC. También dispone que las actualizaciones posteriores se incorporen a la negociación paritaria con una periodicidad que no supere los tres meses y con una referencia mensual no inferior a la inflación.

La misma ley contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El artículo 6 dispone que los programas de becas deben actualizarse de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de prever un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.

El porcentaje de recomposición salarial que aparece en la discusión judicial y sindical ronda el 33%. La cifra es presentada por las organizaciones universitarias como el incremento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023; la aplicación concreta deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y a la resolución judicial.

La decisión de Cormick también tiene un antecedente inmediato. Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar al considerar que el acuerdo alcanzado en junio no demostraba que la cuestión hubiera quedado resuelta. En esa oportunidad había solicitado al Estado que detallara y documentara el grado de cumplimiento alcanzado.