El Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Salud. La decisión, presentada como una medida de “orden y transparencia”, se da en un momento de fuerte ajuste sobre el sector, denuncias de corrupción, una causa judicial en curso y la judicialización de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Ejecutivo nacional profundizó este martes su política de reestructuración del Estado con el anuncio de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde confirmó que el organismo dejará de existir como ente descentralizado y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

“Tal como la conocemos, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir”, afirmó Adorni, quien buscó llevar tranquilidad al aclarar que la decisión “no implica el recorte de pensiones ni de prestaciones”. Sin embargo, el anuncio se produce en un clima de creciente tirantez con el sector, luego de meses de ajustes presupuestarios y de la negativa del Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por el Presidente, una decisión hoy judicializada.

Desde el Gobierno, la eliminación de la Andis fue justificada como una medida orientada a reducir burocracia y combatir irregularidades. Adorni sostuvo que, desde su creación en 2017, el organismo “acumuló capas administrativas incompatibles con una gestión transparente”, lo que habría derivado —según enumeró— en pensiones mal otorgadas, cobros indebidos, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios no prestados.

El jefe de Gabinete aseguró que, al pasar a la órbita de Salud, las políticas de discapacidad contarán con “criterios sanitarios, trazabilidad de expedientes y auditorías permanentes”, además de una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica, con la eliminación de 16 cargos políticos. “Un sistema eficiente es condición necesaria para que los recursos lleguen a quienes los necesitan”, remarcó.

No obstante, el anuncio dejó zonas de silencio difíciles de ignorar. La Andis se encuentra atravesada por una causa judicial de alto impacto que investiga una presunta red de coimas vinculada a la compra de medicamentos y contrataciones, cuando el organismo era conducido por Diego Spagnuolo, ex funcionario y hombre de estrecha confianza del presidente Javier Milei. La investigación tomó impulso tras la filtración de audios en los que Spagnuolo describía un entramado ilegal y mencionaba a figuras del entorno presidencial, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal Franco Picardi, a partir del análisis de conversaciones, documentación y anotaciones manuscritas, determinó la existencia de una red con información privilegiada que se repartía clientes, licitaciones y negocios dentro del sistema. Pese a ello, en su exposición pública Adorni evitó toda referencia a ese expediente y centró sus acusaciones exclusivamente en supuestas irregularidades administrativas vinculadas a las pensiones.

La causa judicial continúa avanzando en Comodoro Py. En ese marco, recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita. Durante un allanamiento a su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos, cuyo origen no fue justificado. En el expediente también figuran conversaciones que refuerzan las sospechas sobre el entramado de lobby y corrupción en torno a la Andis.

En paralelo, el frente judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue abierto. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el decreto presidencial que suspendía la norma y ordenó su aplicación inmediata en todo el país, al considerar que la medida resultaba discriminatoria. El Gobierno apeló el fallo, pero la Cámara Federal de San Martín deberá resolver mientras la sentencia sigue vigente.

La eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una estrategia más amplia de reducción del Estado, atravesada por conflictos políticos, cuestionamientos sociales y causas judiciales de alto voltaje. Mientras el Gobierno promete eficiencia y transparencia, el cierre de la Andis deja abiertos interrogantes centrales: cómo se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad, qué impacto real tendrá la absorción en Salud y, sobre todo, si la reestructuración servirá para esclarecer responsabilidades o terminará diluyendo un escándalo que aún espera respuestas. En un terreno tan sensible, la forma en que se implementen estas decisiones será tan relevante como el anuncio mismo.

La crisis de ingresos que atraviesan los hogares argentinos encontró en el endeudamiento un síntoma elocuente y preocupante. Según datos oficiales y relevamientos sectoriales, la morosidad en el pago de créditos personales volvió a encender todas las alarmas y alcanzó en octubre de 2025 el 7,8% del total de préstamos al sistema bancario, el nivel más alto de los últimos veinte años.

El salto es tan abrupto como revelador: en apenas doce meses, el incumplimiento se triplicó, desde el 2,5% registrado en octubre de 2024. La cifra supera incluso los picos observados durante la pandemia, el cierre de la gestión macrista y la crisis financiera internacional de 2008–2009. El dato refleja, con crudeza, el impacto combinado de salarios rezagados, pérdida del poder adquisitivo y un consumo en caída libre.

El panorama se agrava aún más fuera del sistema bancario tradicional. En el universo del crédito no bancario —fintech, billeteras virtuales, financieras y cadenas comerciales— la mora trepa a niveles críticos. De acuerdo con el Banco Central, la irregularidad alcanzó el 20% en octubre, casi el triple que un año atrás, mientras que en el segmento fintech supera el 18% de las carteras.

Se trata de préstamos de acceso rápido, con escasos requisitos y una fuerte penetración en los sectores más vulnerables, pero con costos financieros totales que pueden rondar el 500% anual. Una combinación explosiva para familias que recurren a este tipo de financiamiento no para invertir o consumir bienes durables, sino para cubrir necesidades básicas: alimentos, servicios, alquileres o transporte.

Lejos de ser un fenómeno marginal, el crédito no bancario se consolidó como una pieza central de la economía cotidiana. En 2025, este tipo de financiamiento alcanzó niveles récord cercanos a los 12,2 billones de pesos, equivalentes al 1,3% del PBI, e involucra a más de 11 millones de deudores. Sumados los créditos bancarios y no bancarios, la deuda total de las familias representa hoy el 137% de sus ingresos promedio, cuando apenas un año atrás rondaba el 100%. Entre trabajadores informales y cuentapropistas, el ratio asciende al 143%, una señal clara de fragilidad estructural.

Los jóvenes constituyen uno de los grupos más afectados por esta dinámica. El acceso casi universal a billeteras virtuales y plataformas digitales duplicó en un año la cantidad de jóvenes endeudados, que pasó de 287.000 a 620.000. Sin embargo, el dato más alarmante es que más del 41% de ellos se encuentra en situación de mora, catorce puntos porcentuales más que en 2024.

En muchos casos, los montos adeudados son relativamente bajos —inferiores a medio salario mínimo—, pero el multiendeudamiento y las tasas usurarias convierten esas obligaciones en una trampa sin salida. La brecha entre el sistema bancario tradicional y el crédito alternativo también expone una lógica regresiva: mientras en los bancos la mora se mantiene en torno al 4,4%, gracias a tasas más bajas y mecanismos automáticos de cobro, en el circuito no bancario el atraso se dispara.

En los despachos oficiales reconocen que las familias priorizan pagarle a los bancos para no perder acceso al crédito más barato, relegando las deudas con fintech y comercios. El resultado es un crecimiento acelerado de créditos incobrables y de alto riesgo en los segmentos más desprotegidos del mercado financiero.

El endeudamiento dejó de ser un recurso excepcional para transformarse en una condición estructural de la vida cotidiana de millones de trabajadores y trabajadoras bajo el gobierno de Javier Milei. Con salarios que no alcanzan, tasas que asfixian y un mercado laboral cada vez más precarizado, el crédito funciona como un parche permanente hasta que deja de funcionar.

Los datos son contundentes: sin una recuperación real de los ingresos, una regulación estricta del crédito no bancario y políticas activas de empleo, la crisis de la deuda familiar no solo persistirá, sino que seguirá profundizando una fractura social cuyos costos serán cada vez más difíciles de revertir.

Un fallo judicial respaldó los reclamos de la Asociación Bancaria y dejó al descubierto una operación de extrema gravedad institucional: el envío al exterior de toneladas de oro del Banco Central en 2024 se realizó sin contratos ni documentación legal que respalde su destino.

La Justicia federal dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles que involucran al manejo de las reservas nacionales. Tras reiterados pedidos de informes impulsados por la Asociación Bancaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a reconocer que la exportación de toneladas de lingotes de oro realizada durante 2024 se efectuó sin respaldo documental alguno.

La admisión oficial llegó luego de más de un año de resistencia a brindar información precisa y quedó plasmada en una nota enviada por la autoridad monetaria a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el organismo que preside Santiago Bausili reconoció que la operación no contó con contratos ni instrumentos legales que establecieran condiciones, plazos, custodios ni destino final de los bienes.

Según estimaciones del sector financiero, el volumen de oro enviado al exterior podría superar una valuación de 5.000 millones de dólares, lo que convierte al episodio en uno de los más delicados de los últimos años en materia de administración de activos estratégicos del Estado.

El fallo judicial y la trazabilidad ausente

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, ya había advertido que el presidente del BCRA no presentó justificativos válidos para negarse a informar sobre el destino de los lingotes.

El tribunal remarcó que, al tratarse de bienes del Estado nacional, el Banco Central tiene la obligación de garantizar la trazabilidad absoluta de las reservas, un principio básico de transparencia y control que, según el fallo, fue vulnerado. La falta de documentación podría configurar responsabilidades penales, al no poder acreditarse el resguardo ni el uso legítimo de activos públicos de alto valor.

Una decisión política bajo la lupa

La controvertida operatoria fue defendida públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que mantener el oro en el país equivalía a tener un activo inmovilizado. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, explicó.

Sin embargo, la revelación de que la exportación se concretó sin contratos ni documentos legales deja esa argumentación en una situación comprometida. Más allá de la lógica financiera invocada, la ausencia de respaldo jurídico abre interrogantes sobre la legalidad, el control y la seguridad de la operación.

La AGN y la posible avanzada judicial

Con el fallo de la Cámara y la admisión formal del BCRA, la Auditoría General de la Nación quedó en condiciones de avanzar con acciones judiciales contra los funcionarios que habrían obstaculizado la auditoría del organismo de control.

La investigación se enmarca en un proceso más amplio sobre el incumplimiento de los deberes de transparencia exigidos a los funcionarios públicos en el manejo de bienes estratégicos del Estado, especialmente en un contexto de fragilidad económica y escasez de reservas.

Un escándalo que crece en un contexto global adverso

El caso adquiere una dimensión aún mayor en medio del rally internacional del precio del oro, que revaloriza significativamente cada tonelada del metal precioso. En ese escenario, la falta de certezas sobre el destino y la custodia de las reservas argentinas no solo representa una anomalía administrativa, sino también un riesgo económico de magnitud.

Lo que comenzó como un reclamo sindical impulsado por la Asociación Bancaria se transformó, con respaldo judicial, en un escándalo institucional de alcance nacional, que compromete al corazón del sistema financiero y expone interrogantes profundos sobre la gestión de los activos más sensibles del país.