Las tres centrales obreras coincidieron en profundizar la coordinación sindical frente a la reforma laboral, el deterioro del empleo y las acciones que consideran dirigidas a debilitar a las organizaciones gremiales.

El movimiento obrero dio una nueva señal de unidad. La CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma acordaron avanzar en la construcción de un plan de lucha unificado para enfrentar las políticas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, en una reunión realizada en la sede de Azopardo que consolidó el acercamiento iniciado semanas atrás durante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

El encuentro reunió a las máximas conducciones de las tres centrales y tuvo como eje el análisis de la reforma laboral, su reglamentación y las consecuencias que podría tener sobre los convenios colectivos, las condiciones de trabajo y la capacidad de negociación sindical.

También se evaluó el impacto de la pérdida de empleo registrado, el retroceso salarial y las medidas que, según los dirigentes, buscan limitar la acción de las organizaciones gremiales.

En un comunicado conjunto, las centrales señalaron que avanzaron en la construcción de una respuesta coordinada frente al deterioro del mercado laboral y los cambios normativos impulsados por el Ejecutivo. La decisión de fortalecer los mecanismos de articulación refleja una preocupación compartida por la evolución de indicadores que afectan tanto al empleo privado como al estatal y por la continuidad de reformas que modifican aspectos centrales de las relaciones laborales.

La reunión se produjo además en un momento particularmente sensible para el sindicalismo. En las últimas semanas, el Ministerio de Capital Humano puso en marcha el proceso de renegociación de 446 convenios colectivos de trabajo tras el vencimiento del régimen de ultraactividad, una medida observada con inquietud por numerosos gremios debido a las implicancias que podría tener sobre derechos adquiridos y condiciones pactadas en negociaciones anteriores.

A ese cuadro se suman la caída del poder adquisitivo de los salarios, la reducción de puestos registrados y diversos conflictos institucionales que atraviesan organizaciones sindicales. Entre ellos, la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mencionada por varios dirigentes como parte de una ofensiva más amplia sobre las estructuras gremiales.

Por la CGT participaron los cosecretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, junto al secretario de Prensa, Horacio Arreceygor. La CTA de los Trabajadores estuvo representada por Hugo Yasky, Roberto Baradel y Daniel Catalano, mientras que la CTA Autónoma envió a Hugo Godoy, Ricardo Peidro y Ana María Mandokovic, entre otros referentes.

La convocatoria amplía la táctica en la construcción de consensos que la CGT comenzó a desplegar días atrás con federaciones y confederaciones sindicales. La incorporación de las dos CTA fortalece la posibilidad de coordinar acciones comunes en un período atravesado por debates que impactan sobre salarios, negociación colectiva, empleo y organización sindical.

Más allá de las diferencias históricas entre las centrales, la coincidencia alcanzada en Azopardo refleja una lectura compartida sobre el momento que atraviesa el mundo del trabajo.

El desafío que ahora enfrentan los dirigentes será traducir esa convergencia en medidas concretas. La construcción de un plan de lucha común aparece como el primer paso de una estrategia que busca dotar al sindicalismo de mayor capacidad de respuesta frente a una agenda oficial que promete seguir generando puntos de conflicto en los próximos meses.

En su primera conferencia de prensa, el espacio que reúne a sindicatos de las tres centrales obreras cuestionó la adjudicación del campamento a un consorcio extranjero, puso bajo la lupa los beneficios del RIGI y pidió al Gobierno provincial intervenir en la definición de las futuras contrataciones mineras.

La adjudicación de una de las primeras obras clave del proyecto Vicuña elevó el tono de una discusión que trasciende una licitación puntual y se proyecta sobre el futuro de la minería sanjuanina. La Intersindical San Juan, que nuclea a organizaciones gremiales de las distintas centrales obreras, cuestionó la construcción del campamento por parte de un consorcio liderado por la firma china PowerChina, rechazó las declaraciones del presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, José Morea, y reclamó reglas que permitan una mayor participación de empresas y trabajadores locales en uno de los emprendimientos más importantes de las próximas décadas.

La conferencia de prensa marcó además la presentación pública formal de un espacio sindical que busca intervenir en los grandes debates vinculados al desarrollo económico de la provincia. Lejos de limitarse a una crítica coyuntural, los dirigentes plantearon interrogantes sobre el destino de las futuras inversiones, el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el papel que ocuparán los proveedores sanjuaninos en la construcción de la nueva infraestructura minera.

Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, fue uno de los encargados de exponer la posición del espacio. El dirigente rechazó los cuestionamientos a la capacidad de las empresas nacionales y recordó que proyectos de gran magnitud como Veladero, Pascua Lama y Hualcamayo, fueron desarrollados con participación de firmas argentinas. Para la Intersindical, esos antecedentes desmienten cualquier interpretación que atribuya la adjudicación a una supuesta incapacidad técnica o productiva local.

La respuesta estuvo directamente vinculada a las declaraciones realizadas días atrás por Morea, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué Argentina no logra mayores niveles de competitividad. Desde la organización sindical sostuvieron que la discusión no puede reducirse a una cuestión de eficiencia empresarial cuando existen factores regulatorios y económicos que generan diferencias significativas entre quienes compiten por las obras.

Sobre ese punto profundizó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan. Según explicó, después de más de veinte años de actividad minera en la provincia, las empresas locales han demostrado capacidad para responder a las exigencias de grandes proyectos. A su entender, el debate debe centrarse en las condiciones bajo las cuales participan los distintos actores y no en la preparación de la industria sanjuanina.

El dirigente apuntó especialmente al RIGI, al considerar que el régimen otorga beneficios fiscales, financieros y aduaneros que terminan favoreciendo a grandes grupos internacionales. Desde esa perspectiva, sostuvo que las compañías radicadas en el país deben afrontar costos energéticos, logísticos y operativos que dificultan competir en igualdad de condiciones. “La discusión no pasa por la capacidad de las empresas locales sino por las reglas con las que se juega”, resumieron desde la Intersindical.

Uno de los datos más mencionados durante la conferencia fue que la propuesta presentada por la empresa argentina que quedó en segundo lugar habría registrado una diferencia mínima respecto de la oferta finalmente adjudicada. Para los gremios, ese elemento resulta clave porque pone en cuestión la idea de que la decisión respondió exclusivamente a criterios de competitividad.

La preocupación sindical también tiene una dimensión laboral concreta. Solazzo advirtió que la contratación de proveedores externos podría dejar fuera de la obra a unos 500 trabajadores que podrían haber sido absorbidos por empresas locales. En ese sentido, reclamó mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento efectivo de los porcentajes de contratación sanjuanina comprometidos por las compañías mineras y propuso auditorías con participación de representantes sindicales, empresarios y organismos públicos.

El planteo adquiere relevancia por la magnitud del proyecto. El campamento adjudicado representa apenas una parte de la infraestructura prevista para Vicuña. Según señalaron los dirigentes, la etapa actualmente en ejecución contempla alrededor de 2.000 plazas, mientras que la capacidad total proyectada alcanzará las 8.000 camas durante el desarrollo pleno del emprendimiento. En otras palabras, la obra en discusión equivale aproximadamente al 25% de la capacidad final prevista, por lo que aún resta definir una porción sustancial de las futuras contrataciones.

Esa perspectiva llevó a la Intersindical a solicitar formalmente la convocatoria de una mesa de diálogo integrada por el Gobierno provincial, las operadoras mineras, las cámaras empresarias, los proveedores y las organizaciones gremiales. El objetivo es discutir anticipadamente los criterios que regirán las próximas adjudicaciones vinculadas a infraestructura, servicios, construcción e instalaciones industriales.

Los sindicatos también expresaron su malestar por no haber sido convocados a participar en el debate sobre el proyecto de ley de proveedores mineros que analiza la Legislatura provincial. Aunque reconocieron la importancia de fortalecer el entramado productivo asociado a la minería, consideraron que cualquier normativa destinada a regular la actividad debería incorporar la mirada de quienes representan a los trabajadores.

Durante el intercambio con los periodistas surgió además el papel que podrían desempeñar las cooperativas dentro de la cadena de valor minera. Los dirigentes sostuvieron que existen experiencias con capacidad operativa y equipamiento suficiente para participar en obras y servicios de mayor escala, y recordaron que desde distintos ámbitos sindicales se impulsan iniciativas destinadas a otorgar un marco legal más amplio a este tipo de organizaciones dentro de la actividad extractiva.

Detrás de la discusión por el campamento aparece un debate mucho más profundo. Vicuña figura entre los proyectos cupríferos de mayor proyección de América Latina y demandará inversiones multimillonarias en infraestructura, logística, servicios y construcción durante los próximos años. La pregunta que planteó la Intersindical no apunta únicamente a quién ganó una licitación, sino a cuánto de esa inversión quedará en las empresas, los trabajadores y la economía de San Juan. La respuesta a ese interrogante probablemente acompañará cada una de las etapas de desarrollo del proyecto y anticipa una discusión que recién comienza.

El acuerdo firmado entre La Bancaria y las cámaras empresariales incorporó una mejora del 2,1%, en línea con la inflación. El bono por el Día del Bancario ya supera los $2,1 millones.

Los trabajadores bancarios percibirán desde mayo un salario inicial de $2.437.232,92 luego de la actualización acordada entre la Asociación Bancaria y las entidades empresarias de la actividad. El ajuste fue del 2,1%, porcentaje equivalente a la inflación registrada durante el período.

La cifra surge de la suma del sueldo básico de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias del sistema financiero (ROE), que alcanza los $68.473,44.

Con esta recomposición, el incremento acumulado en los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14,7% respecto de diciembre del año pasado. El mecanismo de revisión automática impulsado por el sindicato continúa tomando como referencia la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una estrategia orientada a preservar el poder de compra de los ingresos frente al avance de los precios.

Desde el gremio destacaron que la actualización alcanzará a todas las remuneraciones brutas, habituales y totales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos.

La nueva escala salarial vuelve a ubicar a la actividad financiera entre las mejor remuneradas del mercado laboral argentino, en un año marcado por negociaciones paritarias que, en numerosos rubros, enfrentan dificultades para acompañar el ritmo inflacionario.

La revisión también impactó sobre el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. De manera provisoria, el beneficio quedó fijado en un piso de $2.111.667,14 y volverá a actualizarse conforme evolucionen las futuras correcciones salariales acordadas durante el año.