Tras una sesión extensa y atravesada por fuertes tensiones políticas y movilizaciones en todo el país, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, el Gobierno consiguió un triunfo clave que podría convertirse en ley la próxima semana, cuando el Senado analice el texto ya modificado.

Durante la votación en particular, el bloque oficialista blindó cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto, lo que consolidó una arquitectura normativa que apunta a modificar pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Solo se suprimió el artículo 44, que contemplaba una rebaja salarial en casos de accidentes o enfermedades no laborales.

La media sanción representa un momento decisivo: si el Senado ratifica el texto, el país asistirá al rediseño más profundo del régimen laboral desde el retorno democrático.

Negociación colectiva: descentralización y pérdida de centralidad sindical

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la reconfiguración de la negociación colectiva. La norma establece que los convenios de ámbito mayor no podrán alterar lo pactado en convenios de ámbito menor, lo que habilita acuerdos por empresa con mayor autonomía frente a los convenios sectoriales.

En la práctica, esta descentralización debilita la capacidad de los sindicatos para fijar condiciones homogéneas en cada actividad. Además, se elimina la ultraactividad plena: vencido un convenio, no mantendrá su vigencia integral hasta la firma de uno nuevo, sino solo en lo relativo a condiciones básicas de trabajo.

Para el oficialismo, se trata de una herramienta de modernización que promueve acuerdos “más dinámicos y adaptados a cada realidad productiva”. Para la oposición y las centrales obreras, implica una fragmentación del poder de negociación y un desplazamiento del equilibrio histórico entre capital y trabajo.

Salarios, indemnizaciones y Fondo de Asistencia

El proyecto mantiene la indemnización equivalente a un mes de sueldo por año trabajado, pero excluye de la base de cálculo conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios. Este ajuste técnico reduce, en términos efectivos, el monto indemnizatorio.

A la vez, se crea un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes empresariales del 1% para grandes compañías y del 2,5% para pymes. A cambio, las empresas accederán a descuentos en contribuciones patronales con destino a la ANSES. El esquema busca previsibilidad en los costos de desvinculación, aunque sus detractores advierten que socializa riesgos y puede tensionar el financiamiento previsional.

La posibilidad de cancelar sentencias judiciales en cuotas —hasta seis en general y doce para pymes— ajustadas por IPC más una tasa anual del 3%, introduce otro cambio relevante en la ejecución de fallos laborales.

Jornada laboral, vacaciones y remuneración

La incorporación del banco de horas permite compensar jornadas extendidas —hasta un máximo de 12 horas diarias con descanso obligatorio equivalente— con reducciones posteriores. El objetivo declarado es flexibilizar la organización productiva sin superar el tope semanal.

En materia de vacaciones, se habilita su fraccionamiento con un mínimo de siete días y se fija el período ordinario entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con notificación previa de 45 días.

La norma también habilita el pago en moneda extranjera, ampliando la posibilidad ya existente de remunerar en especie, lo que introduce un nuevo margen contractual en contextos de inestabilidad cambiaria.

Derecho de huelga y actividad sindical

El capítulo sindical concentra algunas de las disposiciones más controvertidas. Se fija un tope del 2% para cuotas solidarias, se limita la realización de asambleas en los establecimientos a la autorización del empleador y se otorgan diez horas mensuales pagas para delegados en ejercicio de funciones.

Además, se amplía la categoría de “servicios esenciales”, con obligación de garantizar el 75% de la prestación durante huelgas, y se incorpora la figura de “servicios trascendentales”, con un mínimo del 50%. Las centrales obreras sostienen que estas cláusulas restringen de hecho el derecho constitucional de huelga.

La eliminación de la responsabilidad solidaria en la contratación de terceros redefine la estructura de subcontrataciones, al establecer que los trabajadores dependerán exclusivamente del empleador registral.

Plataformas, estatutos y justicia laboral

La reforma considera a los repartidores de plataformas como “prestadores independientes”, sin relación de dependencia, aunque obliga a las empresas a contratar seguros y brindar capacitación. Este punto marca un giro en el encuadre jurídico de la economía digital.

El texto también deroga la ley de teletrabajo vigente y prevé la eliminación de estatutos profesionales específicos —entre ellos el del periodista— en el plazo de un año. Asimismo, dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión con impacto institucional y administrativo.

Un debate que excede lo jurídico

El oficialismo presenta la reforma como un instrumento para promover empleo formal, atraer inversiones y reducir litigiosidad. Sus críticos la describen como el mayor retroceso en materia de derechos laborales desde 1983.

Más allá de la valoración política, la media sanción marca un cambio de paradigma: el proyecto desplaza el eje protector clásico del derecho laboral hacia un esquema con mayor peso en la negociación individual y empresarial.

La votación en Diputados no solo fue un triunfo aritmético del Gobierno; fue la expresión de una mayoría dispuesta a reconfigurar la matriz laboral argentina. El Senado tendrá ahora la última palabra sobre un texto que redefine la relación entre empleadores, trabajadores y Estado.

Si la Cámara alta ratifica la media sanción, el país ingresará en una etapa inédita en la que el equilibrio entre competitividad y tutela de derechos quedará sometido a una nueva lógica normativa. El alcance real de esa transformación dependerá, en última instancia, de su implementación, de la respuesta del movimiento sindical y del impacto concreto en el mercado de trabajo.

La medida convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados tuvo cumplimiento total en puertos, transporte ferroviario e industrias estratégicas. La jornada dejó cadenas logísticas interrumpidas, fábricas sin actividad y ciudades con movilidad reducida.

Desde las 00 de este jueves comenzó el paro general impulsado por la CGT, en rechazo al proyecto de reforma laboral. Con el correr de las horas, la medida se hizo sentir con fuerza en los sectores neurálgicos de la economía nacional, evidenciando el alcance territorial y sectorial de la convocatoria.

El impacto más contundente se registró en el sistema portuario. La adhesión de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) paralizó completamente las operaciones en terminales de carga general, puertos cerealeros y muelles pesqueros. La interrupción de tareas dejó sin movimiento a buques y mercaderías, con efectos inmediatos sobre exportaciones y abastecimiento interno.

La postal se replicó en los principales nodos logísticos del país: filas de camiones varados en accesos portuarios, embarques suspendidos y operadores aguardando definiciones en un escenario de incertidumbre. En un país cuya balanza comercial depende en gran medida del complejo agroexportador, la paralización de los puertos adquiere un significado económico y político de alto voltaje.

En simultaneo, la industria reportó niveles de adhesión totales en múltiples ramas. Plantas metalúrgicas, alimenticias, refinerías, laboratorios y fábricas de insumos interrumpieron su actividad durante toda la jornada. La detención de la producción no solo evidenció la capacidad de coordinación gremial, sino también el peso específico de los trabajadores en la cadena de valor nacional.

El transporte, otro engranaje central, mostró un acatamiento extendido. Sindicatos ferroviarios y del transporte urbano confirmaron la suspensión de servicios en corredores estratégicos. La Unión Tranviaria Automotor (UTA), junto con la La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y los Metrodelegados, entre otros, adhirieron a la medida, afectando trenes, subtes y gran parte de los colectivos en distintas jurisdicciones.

Incluso el transporte aéreo registró cancelaciones y reprogramaciones, ampliando la dimensión de la protesta. La conjunción de estos factores configuró una jornada de circulación limitada, avenidas semivacías y actividad comercial reducida en numerosos centros urbanos.

No obstante, hubo excepciones. El grupo empresario DOTA mantuvo en funcionamiento 65 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde la entidad que conduce Miguel Ángel Bustinduy señalaron que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60”, que operó con frecuencia reducida por mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA. Esa decisión atenuó parcialmente el impacto en el AMBA, aunque no alteró el cuadro general de fuerte cumplimiento.

Más allá de las cifras de acatamiento, la jornada dejó un mensaje político claro. La paralización de puertos, transporte e industria —sectores estratégicos por su peso en la producción, el comercio exterior y la vida cotidiana— exhibe la capacidad de presión de las organizaciones sindicales frente a una reforma que consideran regresiva en materia de derechos laborales.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la iniciativa apunta a modernizar el mercado de trabajo y promover la generación de empleo. En ese cruce de narrativas se inscribe la medida de fuerza: mientras el debate parlamentario avanza, la calle y los centros productivos se convierten en escenario de una disputa más amplia sobre el modelo laboral y el equilibrio entre competitividad y protección social.

El paro general no solo interrumpió la actividad económica durante una jornada clave, sino que también funcionó como demostración de poder sindical en áreas vitales del entramado productivo. Con puertos detenidos, transporte afectado y fábricas sin actividad, la protesta expuso la magnitud del conflicto abierto en torno a la reforma laboral. El desenlace parlamentario marcará un antes y un después, pero el mensaje ya quedó instalado: en la Argentina, cualquier transformación estructural del mundo del trabajo inevitablemente se mide en la capacidad de organización y respuesta de sus sectores estratégicos.

Una acción colectiva impulsada por la abogada Nadia García solicita que se actualice el bono previsional de $70.000 —congelado desde marzo de 2024— y que se paguen las diferencias retroactivas. El reclamo sostiene que la falta de ajuste erosionó el poder adquisitivo de jubilados y pensionados y vulnera garantías constitucionales.

Un refuerzo que perdió valor

El bono nació como una medida extraordinaria para reforzar ingresos mínimos. Sin embargo, según argumenta la demanda, su continuidad en el tiempo lo convirtió en un componente estructural del haber mensual. En ese marco, la ausencia de actualización habría desvirtuado el carácter integral de la prestación.

“El congelamiento afecta directamente la garantía de movilidad”, sostiene la presentación judicial, que vincula la falta de ajuste con una merma acumulada del ingreso real de jubilados y pensionados.

El colectivo alcanzado —afirman— está claramente determinado a partir de los propios registros de ANSES, lo que habilita la vía colectiva al tratarse de un impacto homogéneo sobre un universo definido de beneficiarios.

Qué pide la demanda

El escrito solicita tres puntos centrales:
La declaración de inconstitucionalidad de la falta de actualización del bono.
La adecuación del monto conforme índices objetivos de actualización y la corrección administrativa correspondiente.
El pago retroactivo de las diferencias generadas desde el congelamiento.
El eje jurídico se apoya en principios constitucionales como el derecho a una jubilación móvil, la integralidad de las prestaciones y la razonabilidad y proporcionalidad en materia previsional.

Alcance estructural

Desde el estudio interviniente subrayaron que la acción no persigue una solución individual, sino una respuesta estructural que abarque a la totalidad de los beneficiarios alcanzados por el refuerzo.

“La pérdida acumulada del bono no es un problema aislado, sino una situación que compromete el ingreso mínimo de miles de jubilados y pensionados”, señalaron desde la parte actora.

La causa quedó radicada ante la Justicia Federal y ahora se espera el análisis de admisibilidad y el eventual traslado al Estado Nacional, que deberá responder a los argumentos planteados.

El reclamo judicial pone en discusión no solo el monto de un bono específico, sino el alcance de la movilidad previsional en un moemento de alta inflación. Si el refuerzo se consolidó como parte sustancial del ingreso mensual, su congelamiento plantea interrogantes sobre la protección efectiva del haber mínimo. La resolución del expediente podría sentar un precedente relevante en la hostilidad entre políticas de asistencia extraordinaria y derechos previsionales consolidados.