La decisión del Gobierno nacional de intervenir por doce meses el Puerto de Ushuaia, ejecutada de madrugada y con fuerzas de seguridad, generó un amplio rechazo sindical. Organizaciones gremiales advierten sobre la pérdida de recursos provinciales, la incertidumbre laboral y posibles implicancias estratégicas en un territorio clave para la soberanía nacional.

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional abrió un frente de conflicto político, institucional y gremial en uno de los enclaves más sensibles del país. La medida, formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), motivó un enérgico pronunciamiento de la Mesa Sindical, espacio que reúne a más de 50 organizaciones gremiales de alcance nacional y regional.

Desde el sector sindical calificaron la acción como “intempestiva y solapada” y cuestionaron no sólo el procedimiento, sino también el trasfondo político de la decisión. En un comunicado conjunto, advirtieron que el Puerto de Ushuaia se encuentra en un territorio “sensible dentro de la inestable geopolítica internacional”, marcado por el interés de potencias extranjeras y por su rol estratégico en la proyección antártica y en el Atlántico Sur.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto institucional de la intervención. Según la Mesa Sindical, la decisión “avasalla la autonomía provincial y los principios de federalismo que sostiene la Constitución Nacional”, al desplazar a la provincia del control de un puerto que reviste carácter estratégico y que, además, constituye una de las pocas administraciones portuarias provinciales aún vigentes en el país.

En el plano económico, los gremios alertaron sobre una consecuencia inmediata: la pérdida de recursos para Tierra del Fuego. “El cobro del uso del muelle pasa a manos de la Nación, cuando la provincia atraviesa un récord de recaladas y operaciones”, señalaron, en referencia al crecimiento sostenido de la actividad portuaria, especialmente vinculada al turismo y a la logística antártica. Para el arco sindical, esta reasignación de ingresos profundiza el desfinanciamiento provincial y debilita la capacidad de gestión local.

La preocupación se extiende al terreno laboral. Los sindicatos advirtieron que la intervención “pone en duda la estabilidad y las condiciones de trabajo de los trabajadores portuarios”, y expresó su solidaridad con quienes desempeñan tareas en el puerto. En ese sentido, remarcaron que los procesos de intervención suelen derivar en reestructuraciones, tercerizaciones o cambios contractuales que afectan directamente el empleo y los derechos laborales.

El comunicado también dejó planteada una advertencia política de mayor alcance. La forma en que se ejecutó la medida —en horario nocturno y con despliegue de fuerzas de seguridad— “produce sospechas de todo tipo en la sociedad fueguina y en el resto del país”, sostuvieron los gremios, que no descartaron que la intervención sea la antesala de un proceso de privatización. “Ya hemos vivido situaciones similares que terminan de esa manera”, alertaron, aludiendo a antecedentes recientes en otros sectores estratégicos.

Otro eje central del pronunciamiento remite a la política exterior del Gobierno nacional. La Mesa Sindical vinculó la intervención con el alineamiento internacional del Ejecutivo y advirtió sobre el riesgo de una mayor injerencia extranjera en la región. En particular, señalaron que no puede descartarse que la medida funcione como un “primer paso” hacia una mayor presencia de intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, con eventuales derivaciones sobre las disputas de soberanía en la Antártida y el Atlántico Sur.

Desde esta perspectiva, los gremios subrayaron que cualquier debilitamiento del control nacional y provincial en Tierra del Fuego tiene implicancias que exceden lo administrativo. “No podemos debilitar nuestra presencia efectiva en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, enfatizaron, al tiempo que reclamaron información clara y transparente sobre los fundamentos reales de la intervención.

La Mesa Sindical también interpretó la decisión como una señal política hacia una gobernación provincial no alineada con las políticas nacionales, lo que agrega un componente de tensión institucional en un contexto ya atravesado por disputas entre Nación y provincias por recursos, competencias y modelos de gestión.

La intervención del Puerto de Ushuaia no es, para el arco sindical, un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una trama más amplia donde convergen disputas por el control de recursos estratégicos, tensiones federales, incertidumbre laboral y definiciones geopolíticas de largo alcance. El contundente pronunciamiento de más de medio centenar de organizaciones gremiales expone una preocupación que trasciende al sector portuario y coloca en el centro del debate el modelo de Estado, el respeto por la autonomía provincial y la defensa de la soberanía en uno de los territorios más sensibles del país. En ese escenario, el reclamo de información, transparencia y diálogo aparece como una condición indispensable para evitar que decisiones unilaterales profundicen conflictos que podrían tener consecuencias difíciles de revertir.

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) manifestó un rechazo categórico al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, al que considera incompatible tanto con la Constitución Nacional como con los tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La posición fue expresada en el marco del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, espacio multisectorial del que la AAL integra su mesa ejecutiva.

El pronunciamiento quedó plasmado en un documento consensuado por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones profesionales, jueces, cátedras universitarias y dirigentes de las centrales sindicales CTA y CGT. Desde ese ámbito anticiparon una oposición frontal al tratamiento legislativo de la iniciativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso, cuyo debate en el Senado estaría previsto para el próximo 11 de febrero.

Según el texto difundido, el proyecto oficial carece de cualquier elemento que pueda considerarse jurídicamente admisible. “Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es compatible con los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT ni con la Constitución Nacional”, sostiene el documento, cuya redacción contó con una participación activa de la AAL.

Los ejes del cuestionamiento

Entre las principales objeciones, los abogados laboralistas advierten que la reforma introduce regulaciones “prácticamente prohibitivas” sobre el derecho de huelga, uno de los pilares de la libertad sindical consagrada tanto en la normativa constitucional como en los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Asimismo, el proyecto elimina o debilita los sistemas de indemnización y las sanciones frente a incumplimientos de las obligaciones laborales, lo que, según la AAL, generaría un escenario de mayor precarización del empleo y de desprotección estructural para las personas trabajadoras. En ese marco, sostienen que la iniciativa favorece una transferencia de riesgos hacia el trabajador y consolida un retroceso en los estándares históricos del derecho del trabajo.

Para Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación, el Foro se constituyó como respuesta a lo que definió como “un brutal ataque del poder económico y del Gobierno nacional contra la clase trabajadora”. Desde su perspectiva, el proyecto no es una reforma orientada al desarrollo productivo ni a la creación de empleo, sino una ofensiva que busca debilitar la capacidad de defensa colectiva y reducir el alcance de los derechos laborales.

Rechazo, pero con una condición

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, sostuvo que frente al contenido del proyecto “no queda otra respuesta que el rechazo”, aunque aclaró que el espacio no descarta el diálogo si existiera una voluntad real de discutir una reforma en términos democráticos y constitucionales.

Según remarcó, cualquier debate serio sobre el régimen laboral debería partir del fortalecimiento del principio protectorio del derecho del trabajo y del pleno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país. “Nada de eso está presente en esta iniciativa”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto social y jurídico que podría tener su aprobación.

Un frente amplio en defensa del derecho del trabajo

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social fue presentado el año pasado en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y reúne a decenas de sindicatos, organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos. Desde ese espacio, la AAL reafirmó su compromiso con la defensa del derecho del trabajo como un pilar central de la justicia social y del sistema democrático.

Los precios de los alimentos volvieron a mostrar señales de presión inflacionaria durante la tercera semana de enero, en un entorno económico donde el costo de vida continúa siendo uno de los principales límites al consumo de los hogares. Según un relevamiento privado, el rubro alimentos y bebidas registró un aumento promedio semanal del 0,2%, una variación contenida en términos generales, pero que refleja una persistencia inflacionaria difícil de desactivar.

La clave del comportamiento semanal estuvo en la composición de los aumentos. Lejos de una suba homogénea, el informe revela que los incrementos se concentraron nuevamente en los alimentos frescos, con un protagonismo marcado de las verduras y las carnes, dos categorías de peso central en la canasta básica.

Las verduras encabezaron las subas, con incrementos que superaron el 3% semanal, mientras que las carnes mostraron avances cercanos al 2,5%. Estos movimientos explicaron la mayor parte de la variación general, y volvieron a encender alertas por su impacto directo en el gasto cotidiano de las familias, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.

Este comportamiento se repite desde fines del año pasado y pone en evidencia la dificultad para contener los precios en rubros sensibles, más expuestos a factores estacionales, climáticos y logísticos, y menos permeables a las estrategias de desaceleración general de la inflación.

En sentido contrario, el relevamiento registró bajas significativas en otros segmentos relevantes del consumo masivo. Los productos de panificación, cereales y pastas exhibieron retrocesos superiores al 4% semanal, a los que se sumaron descensos en bebidas, lácteos y algunos alimentos industrializados.

Estas caídas permitieron que el promedio semanal de inflación de alimentos se mantuviera en niveles moderados, evitando un salto más pronunciado. Sin embargo, su efecto fue parcial y transitorio, ya que no lograron compensar plenamente el impacto de los aumentos en los productos frescos, que continúan marcando el pulso de la canasta.

La heterogeneidad en la evolución de los precios se consolida así como una característica central del actual escenario inflacionario, con comportamientos divergentes entre alimentos básicos de consumo diario y otros productos de mayor procesamiento.

Al ampliar el horizonte de análisis, los datos muestran que la inflación de alimentos presenta una leve desaceleración, aunque con bases aún inestables. El promedio mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en torno al 0,9%, un registro inferior al observado en meses anteriores y que marca el primer período, tras más de cinco meses, en el que la inflación mensual promedio de alimentos se mantiene por debajo del 1%.

Pese a esta mejora relativa, el informe advierte que la tendencia sigue siendo frágil y altamente dependiente de la evolución de rubros volátiles como frutas y verduras. Cualquier corrección abrupta en estos segmentos puede revertir rápidamente el proceso de desaceleración.

Otro dato relevante es el aumento de la dispersión de precios. Aunque el promedio general fue bajo, se registraron valores extremos más marcados que en la semana previa, lo que indica que la inflación avanza de manera desigual dentro de la canasta. Al mismo tiempo, el porcentaje de productos con aumentos alcanzó el 15% del total relevado, tres puntos porcentuales más que la semana anterior, un indicador que suele anticipar presiones inflacionarias futuras si la difusión de subas continúa ampliándose.

La tercera semana de enero dejó un panorama mixto para los precios de los alimentos. Si bien el promedio semanal mostró una suba moderada, la persistencia de aumentos en carnes y verduras confirma que la inflación en productos esenciales sigue siendo un factor estructural de preocupación. Las bajas en otros rubros ayudan a contener el índice general, pero no modifican una dinámica que continúa afectando el poder adquisitivo y condicionando el consumo. En este escenario, la desaceleración observada aparece más como un equilibrio precario que como una tendencia consolidada.