El secretario general de ASIMM, Marcelo Pariente, advirtió que la inmensa mayoría de los trabajadores de plataformas opera sin formalidad laboral, expuestos a largas jornadas, ingresos inestables y sin cobertura social. Reclaman que las empresas cumplan el convenio vigente y garanticen derechos básicos.

La expansión del delivery por aplicaciones se convirtió en uno de los fenómenos laborales más visibles de los últimos años en Argentina. Sin embargo, detrás de la comodidad del servicio y de la supuesta “flexibilidad” que promocionan las plataformas, se despliega una realidad marcada por la precarización extrema.

En una entrevista con Habrá Consecuencias por El Destape 1070, el secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, trazó un diagnóstico contundente:
“El 95% de los trabajadores de reparto está en negro y trabaja entre 10 y 12 horas por día”, afirmó.

Según Pariente, la informalidad es tan extendida que los repartidores quedan fuera de cualquier derecho básico: sin obra social, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin licencias y sin aguinaldo. Las empresas, denuncia, incumplen un convenio colectivo ya homologado, lo que agrava la desprotección. “Los trabajadores de plataformas estamos totalmente abandonados”, sentenció.

El dirigente explicó que la precarización no solo es laboral, sino también tecnológica. El llamado “algoritmo”, que asigna horarios, pedidos y tarifas, funciona como un mecanismo silencioso de control y disciplinamiento. “No podemos discutir el salario. El sistema decide cuánto ganamos”, señaló Pariente, y añadió que cuando ocurre un accidente la fragilidad queda expuesta con crudeza:
“Si te quiebra una pierna, te quedás meses sin poder trabajar a la buena de Dios”.

El crecimiento del sector agrava el problema. Se estima que unas 160.000 personas trabajan hoy en plataformas de reparto en Argentina, muchas de ellas como único ingreso familiar. Pero la enorme mayoría lo hace en una situación de total informalidad. La promesa de independencia y horarios flexibles se diluye frente a la realidad: jornadas que superan las diez horas, ganancias variables y gastos que corren por cuenta del trabajador, desde nafta hasta reparaciones de moto o bicicleta.

En ese contexto, ASIMM exige que se cumpla el convenio colectivo vigente y que se reconozca a los repartidores como trabajadores formales con todos los derechos que les corresponden: registro, obra social, ART, elementos de seguridad, pago por movilidad, vacaciones, aguinaldo y licencias. Pariente resumió el reclamo con claridad:
“No queremos discutir viajes, queremos discutir salarios y el poder adquisitivo de mis compañeros”.

Con miles de trabajadores sosteniendo una industria que crece sin regulaciones efectivas, el conflicto ya no gira solo en torno a un modelo de negocio tecnológico, sino a la necesidad urgente de garantizar condiciones dignas, seguridad y derechos básicos. El desafío, coinciden los especialistas, es evitar que la modernización se siga construyendo sobre un modelo de informalidad masiva.

La segunda edición del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina volvió a encender todas las alarmas. El documento, presentado en el anexo de la Cámara de Senadores por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y especialistas de la Universidad de Buenos Aires, reveló un dato contundente: los ataques represivos y actos de censura contra periodistas aumentaron un 66% en 2025 respecto del año anterior.

El relevamiento responsabiliza directamente al Gobierno de Javier Milei, al que acusa de impulsar “expresiones de odio, hostigamiento y prácticas tendientes a restringir el ejercicio periodístico y el debate público”. Según el documento, la violencia no solo se intensificó en las calles, sino también en los tribunales y en el terreno digital, donde crecieron las amenazas, campañas de desprestigio y prácticas de doxeo desde cuentas oficiales.

El registro más alto de agresiones en coberturas de protesta

De acuerdo con los datos de SiPreBA y FATPREN —expresados también ante la CIDH—, 83 periodistas fueron víctimas de represión mientras cubrían manifestaciones hasta fines de octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el reportero Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, golpes, vejámenes e intoxicaciones por gases lacrimógenos.

El contraste con 2024 es alarmante: aquel año se habían registrado 50 agresiones. El salto al presente —83 casos— marca una tendencia clara. El informe advierte que la criminalización del periodismo crítico se volvió una herramienta sistemática, acompañada del uso de figuras legales como “resistencia a la autoridad” para detener y disciplinar a quienes documentan abusos estatales. “Defender la libertad de expresión —plantea el documento— es hoy una condición indispensable para la vigencia de la democracia”.

Censura, persecución judicial y un caso sin precedentes

Uno de los puntos más sensibles del informe es el incremento de acciones judiciales orientadas a limitar la difusión de información de interés público. El texto subraya que en 2025 se registró el primer intento de censura judicial en más de tres décadas: la prohibición de difundir audios atribuidos a Karina Milei, un hecho que encendió el rechazo de amplios sectores académicos y profesionales.

A ello se suma la “judicialización de la expresión crítica”, que alcanzó no solo a periodistas, sino también a dirigentes sociales, docentes, artistas y ciudadanos que manifestaron opiniones contrarias al Gobierno en espacios públicos o redes sociales.

Ataques digitales y discursos estigmatizantes

El informe dedica un apartado extenso a los discursos de estigmatización y violencia digital. Señala que desde cuentas oficiales de la Presidencia se promovieron campañas de desinformación y hostigamiento contra comunicadores, referentes sindicales y activistas.

La violencia simbólica, destaca el texto, tuvo un impacto especialmente grave sobre mujeres periodistas, que recibieron amenazas misóginas, campañas coordinadas de difamación y ataques de usuarios alentados por discursos oficiales.

Desinformación, IA y un ecosistema mediático debilitado

El 2025 electoral estuvo atravesado por una nueva variable: la utilización intensiva de deepfakes y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. El documento muestra cómo estas prácticas erosionaron el debate público, multiplicaron las operaciones políticas y afectaron la credibilidad de los medios.

En paralelo, el ecosistema laboral del sector continúa en caída libre. El informe alerta por el congelamiento salarial en medios públicos, la falta de actualización paritaria en privados y los despidos masivos. La precarización, afirma, “se volvió estructural”: salarios por debajo de la inflación, contratos inestables y un deterioro profesional que afecta la calidad informativa.

El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 dibuja un panorama severo: más violencia, más censura, más hostigamiento y un deterioro laboral profundo. El crecimiento del 66% en agresiones contra trabajadores de prensa no es un dato aislado: es la evidencia de una política que, según los gremios, apunta a disciplinar voces críticas y restringir el pluralismo informativo.

En un país donde la tensión institucional atraviesa todas las capas del debate público, el periodismo aparece nuevamente como un sector clave para sostener la vida democrática. La advertencia del informe es clara: sin condiciones mínimas de seguridad, independencia y respeto institucional, la libertad de expresión —piedra angular de cualquier sociedad democrática— se vuelve frágil. Y su deterioro, advierten los gremios, compromete no solo a quienes informan, sino al conjunto de la ciudadanía.

La CGT rechazó de manera categórica la resolución oficial que fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $328.400. Considera que el monto se ubica lejos de la Canasta Básica Total y profundiza la caída del poder adquisitivo. La central sindical había propuesto una actualización escalonada del 71,6% para iniciar un proceso de recomposición real.

La decisión del Gobierno de establecer por la vía del laudo el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) reabrió el conflicto en el Consejo del Salario. La cifra de $328.400 fue calificada por la Confederación General del Trabajo (CGT) como “insuficiente y desconectada de la realidad social”, en un contexto donde la canasta que define el umbral de pobreza asciende a $1.176.852.

El pronunciamiento sindical llegó tras un encuentro que volvió a exhibir la dificultad de alcanzar consensos tripartitos. Sin acuerdo entre representantes obreros y empresariales, el Ejecutivo avanzó con una definición unilateral que, según la central, “desatiende las necesidades básicas de millones de trabajadores”.

La propuesta sindical: recomponer un ingreso en retroceso

Durante la reunión, la delegación cegetista presentó un esquema de actualización acumulada del 71,6%, distribuida en aumentos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril. El objetivo, explicaron, era comenzar a reparar la pérdida de poder adquisitivo registrada desde finales de 2023 y reposicionar el salario mínimo como un parámetro confiable para el resto de las escalas salariales.

La CGT sostiene que la Canasta Básica Total debe ser la referencia excluyente en la discusión, por tratarse del indicador que refleja el costo real de una vida digna. Bajo esa lógica, el monto fijado por el Gobierno no solo queda lejos del estándar mínimo, sino que además, remarcan, “consolida un deterioro salarial que no puede naturalizarse”.

Contexto económico y señales políticas

El reclamo sindical se inscribe en un escenario marcado por la persistencia de la inflación y la contracción del consumo interno. La brecha entre ingresos y precios continúa ampliándose, y el salario mínimo —que debería funcionar como un piso protector— perdió capacidad de ordenamiento dentro del mapa laboral.

Desde la central obrera advierten, además, que la definición por la vía del laudo envía una señal política de “desgaste del diálogo institucional” y debilita el rol del Consejo del Salario como ámbito de deliberación. Algunos dirigentes remarcaron que el Gobierno “busca cerrar la discusión antes de abrir una negociación genuina”.

La advertencia de la CGT: la recuperación no puede esperar

En su comunicado oficial, difundido el 3 de diciembre, el Consejo Directivo Nacional subrayó que continuará demandando un proceso de recomposición capaz de devolverle al SMVM un valor real y efectivo. “La lucha es para que el salario mínimo recupere definitivamente su función protectora”, expresó la conducción sindical.

La CGT evalúa que, sin una corrección de fondo, el salario mínimo seguirá perdiendo capacidad referencial y profundizando las desigualdades dentro del mercado laboral.