Luego de cinco meses sin acuerdo salarial, la UOM se volvió a encontrar con la Cámara Argentina del Acero y las conversaciones volvieron a fracasar. Además, denunciaron que los empresarios siderúrgicos comenzaron despidos en algunas de las plantas del sector.

El sindicato que nuclea a los trabajadores siderúrgicos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) volvió a sumar otra negociación en el marco de la ya eterna paritaria del sector. La Cámara Argentina del Acero, anclada por el Grupo Techint, se volvió a negar a otorgar un aumento salarial a trabajadores que reciben el mismo sueldo desde noviembre de 2023, mientras la inflación se sigue comiendo su poder adquisitivo.

El gremio y los empresarios volverán a verse las caras en 10 días. La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva reunión para el 16 de mayo. Aún así ya no hay opción para dictar conciliación obligatoria, por lo que las medidas de fuerzas se decidirán en forma independiente.

Según Furlán, este escenario de tensión es producto de que el Grupo Techint “impone de manera extorsiva al resto de la cámara” la decisión de que “no acuerde con la UOM porque si no, no les van a vender chapas”.

“Desde hace 60 días genera presión para que no acuerden con la UOM. Techint está liderando una postura de negación del acuerdo paritario”, que es “la misma posición del gobierno nacional”, remarcó durante una entrevista por Radio 10.

La novedad de la última audiencia es que el gremio denunció «decenas de despidos» en plantas de la actividad. Un nuevo foco de conflicto. Desde la organización apuntan a que el ajuste empezó a recaer sobre «trabajadores a plazo fijo» y contratados. Algo que los representantes empresarios optaron por negar.

En la última reunión de mesa chica de la CGT, el propio Furlán hablaba de lo trascendente que es este conflicto para el futuro del movimiento obrero. Si la UOM puede quebrar la resistencia de Rocca podría empezar a marcar un rumbo. En cambio, si la UOM pierde se acentuaría la sensación de “imbatibilidad” que quiere imponer el Gobierno.

Vale recordar que la paritaria de la siderurgia tiene una proyección sobre unos 15.000 trabajadores registrados.

El paro general de la CGT afectará a varios sectores en San Juan este 9 de mayo en protesta a las políticas de reforma laboral y fiscal impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

El servicio de colectivos estará estará afectado en toda la provincia. Desde el sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mediante un comunicado anunció su ratificación al paro general por lo que habrá suspensión del servicio por 24 horas. 

Ante esto dos de los tres gremios docentes de San Juan confirmaron su adhesión en apoyo a la marcha de la CGT. En el caso de UDA mediante una publicación en sus redes sociales, anunció que se suma al paro de actividades desde las 00 del 9 de mayo. Mientras que AMET en un comunicado en su página oficial informó el respaldo a la convocatoria realizada por CGT en reclamo urgente de reinstauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). 

En este sentido, la Bancaria San Juan confirmaron su adhesión al paro general. La modalidad que optaron las entidades es plegarse a la medida de fuerza, sin asistencia a los lugares de trabajos, aunque sí habrá guardias mínimas para la atención de los jubilados. Por otro lado las operaciones con cajeros automáticos estarán cubiertas, al igual que el funcionamiento del Home Banking para las transacciones que desee realizar el usuario. 

Numerosas organizaciones sociales realizarán este martes una Jornada Nacional de lucha con cortes “contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores” que lleva adelante el Gobierno de Milei.

Así lo anunciaron los movimientos territoriales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y en el Frente de Lucha Piquetero, los que bajo la consigna “En Defensa del Trabajo de la Economía Popular”, a partir de las 10 de la mañana del martes, procederán a realizar cortes de rutas en 500 puntos del país.

Mediante un comunicado difundido ayer, las organizaciones advirtieron que ante “la decisión del Ministerio de Capital Humano ya hay varios recursos de amparo presentados en la justicia para que intervenga frente a la grave crisis humanitaria que se vive en los barrios populares y principalmente en los comedores comunitarios que se encuentran desabastecidos”.

En otro tramo, indicaron que los “cortes de rutas con ollas populares en todas las rutas del país” apuntan a “impedir que le quiten el salario a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, el que según afirman “se conquistó con la sanción de la ley de emergencia social en el 2016”.