El Sindicato Empleados de Comercio confirmó que las cadenas Vea y Átomo impulsan retiros voluntarios dirigidos principalmente a empleados de 57 y 58 años, con más de 30 años de antigüedad. El gremio advirtió que las propuestas, en algunos casos, representan entre el 60% y el 70% de la indemnización legal y recomendó analizar cada ofrecimiento antes de aceptar.

La persistente retracción del consumo comenzó a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral sanjuanino. Las principales cadenas de supermercados iniciaron un proceso de retiros voluntarios orientado a reducir sus dotaciones, una decisión que encendió la preocupación del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) por el alcance que podría adquirir esta modalidad en los próximos meses.

La secretaria general del gremio, Mirna Moral, confirmó que las propuestas fueron impulsadas por Vea y Átomo, aunque precisó que el mayor número de ofrecimientos corresponde a la firma perteneciente al grupo Cencosud, una de las empresas con mayor presencia en la provincia.

Según explicó la dirigente, los acuerdos están dirigidos principalmente a personas de 57 y 58 años, especialmente aquellas que ya reúnen los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación. En la mayoría de los casos se trata de empleados con alrededor de tres décadas de servicio, cuyos ingresos incorporan adicionales convencionales que incrementan significativamente el costo salarial.

En Vea, las compensaciones ofrecidas representan entre el 60% y el 70% de la indemnización prevista por ley. Debido a la extensa trayectoria de muchos de los alcanzados, las cifras pueden oscilar entre 60 y 70 millones de pesos, montos que, si bien resultan elevados, no siempre compensan la pérdida de un ingreso estable hasta el momento del retiro definitivo de la vida laboral.

En Átomo, la operatoria también comenzó a implementarse, aunque con ofrecimientos de menor magnitud económica. De acuerdo con el SEC, esas condiciones despertaron escaso interés entre quienes fueron convocados a negociar su desvinculación.

Desde la organización sindical remarcaron que cada propuesta es analizada de manera individual. Antes de aceptar cualquier convenio, el gremio evalúa la realidad familiar, la cercanía de la jubilación, la existencia de personas a cargo y las posibilidades concretas de reinserción laboral, con el propósito de brindar un asesoramiento integral y evitar decisiones apresuradas.

Moral recordó que existen antecedentes de trabajadores que aceptaron este tipo de acuerdos atraídos por una importante compensación económica y, tiempo después, regresaron al sindicato tras agotar esos recursos sin haber logrado reincorporarse al mercado laboral.

La preocupación no es nueva. A fines del año pasado, el cierre de la sucursal de Vea Villa Krause dejó 16 personas alcanzadas por un proceso que concluyó con indemnizaciones abonadas en su totalidad, reubicaciones en otros establecimientos y retiros voluntarios.

Para el gremio, la expansión de este mecanismo constituye un nuevo indicador del deterioro que atraviesa el comercio minorista. La desaceleración de las ventas, el aumento de los costos operativos y la necesidad de las empresas de reorganizar sus estructuras comienzan a traducirse en cambios dentro de uno de los principales generadores de empleo privado de San Juan, un fenómeno que el movimiento sindical sigue con especial atención ante su posible profundización.

El operativo se desarrollará durante esta semana de julio en Angaco, Sarmiento, Pocito, San Martín, Zonda y Jáchal. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000, con distribución en distintos puntos de cada departamento.

El Gobierno de San Juan confirmó el cronograma semanal del programa Garrafa Hogar, que entre el 20 y el 24 de julio recorrerá seis departamentos con el propósito de garantizar el acceso al gas envasado a precios establecidos por la Provincia.

Durante el operativo se comercializarán garrafas de 10 kilos a $20.000 y de 15 kilos a $30.000. Las autoridades provinciales recordaron que todas las unidades distribuidas cuentan con las certificaciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

El recorrido comenzará este lunes 20 en Angaco, con puestos de venta en el Monolito del Barrio Campo Batalla, la Plaza del Barrio El Bosque y el Club Deportivo Social Cultural Angaco.

El martes 21 el programa se trasladará a Sarmiento, donde atenderá en Cochagual Norte, el SUM del Barrio Punta del Médano y el Centro Cultural de Media Agua. Ese mismo día también habrá un operativo especial en Pocito, de 11 a 13 horas, en el marco del programa San Juan Cerca, con atención en la Escuela Especial India Mariana.

La distribución continuará el miércoles 22 en San Martín, con puestos en el Playón Capilla de Andacollo, la Escuela Combate de San Lorenzo, en Colonia Fernández, y el Playón del Barrio Bella Vista, en Dos Acequias.

El jueves 23 será el turno de Zonda, donde las garrafas podrán adquirirse en el CIC de Zonda, la cancha de hockey del Barrio Esperanza y la Plaza del Gaucho.

Finalmente, el viernes 24, el operativo llegará a Jáchal, con cinco puntos de distribución: la Unión Vecinal San Roque, la Plazoleta del Barrio Bicentenario I, el Club Andacollo de Tamberías, la Capilla San José de Gran China y la Plaza del Barrio Pampa Vieja II.

El programa Garrafa Hogar constituye una de las principales herramientas de asistencia energética impulsadas por el Gobierno provincial durante el invierno, facilitando el acceso al gas envasado en localidades alejadas de la red de gas natural y contribuyendo a aliviar el costo del abastecimiento para miles de familias sanjuaninas.

El Gobierno de San Juan reglamentó la Ley Provincial N.º 2799-A, que reorganiza integralmente el sistema de transporte de pasajeros y cargas. La normativa crea un registro digital obligatorio para empresas, conductores y vehículos, incorpora nuevas herramientas de fiscalización, endurece los requisitos para operar y establece mayores estándares de seguridad, trazabilidad y control sobre la prestación de los servicios.

San Juan dio un paso decisivo hacia la modernización del sistema de transporte con la reglamentación de la Ley N.º 2799-A, una norma que redefine las condiciones de funcionamiento del transporte público de pasajeros, taxis, remises, servicios especiales, transporte escolar y de cargas dentro del territorio provincial.

La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial, busca concentrar en un único régimen jurídico las obligaciones de empresas, prestadores y conductores, incorporando procedimientos digitales destinados a fortalecer el control estatal y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Uno de los pilares de la nueva normativa es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), una plataforma digital que reunirá toda la información vinculada con la actividad. Allí deberán inscribirse obligatoriamente las empresas habilitadas, los vehículos afectados a los distintos servicios y los conductores autorizados.

Cada operador contará con un legajo electrónico que concentrará licencias, pólizas de seguro, revisiones técnicas, habilitaciones, antecedentes administrativos y toda la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad. La digitalización permitirá a la autoridad de aplicación verificar en tiempo real el cumplimiento de las exigencias legales y agilizar los procedimientos de fiscalización.

Para acceder a una habilitación, las empresas deberán acreditar domicilio legal en San Juan, CUIT activo, inscripción tributaria y especificar la modalidad de transporte que desarrollan. También estarán obligadas a informar la nómina de vehículos y choferes afectados al servicio, quienes deberán poseer las licencias profesionales correspondientes y cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas por la legislación vigente.

En el caso del transporte público regular de pasajeros, las concesionarias deberán respetar estrictamente los recorridos, frecuencias, horarios y cuadros tarifarios autorizados por la autoridad provincial. Asimismo, el Gobierno tendrá acceso permanente a información operativa vinculada con la cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos, niveles de cumplimiento y demás indicadores que permitan evaluar el desempeño de cada empresa.

Esos datos no sólo servirán para supervisar la prestación del servicio, sino también para respaldar futuros análisis sobre la distribución de subsidios y compensaciones económicas, una herramienta cada vez más utilizada por las jurisdicciones para optimizar la asignación de recursos públicos destinados al transporte.

La reglamentación también incorpora nuevas exigencias vinculadas con la seguridad y la transparencia. Las unidades deberán mantener condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad y mantenimiento mecánico, además de exhibir sistemas de identificación que permitan a los usuarios consultar información del vehículo, verificar su habilitación y canalizar reclamos mediante herramientas digitales.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación obligatoria de sistemas de geolocalización para los servicios no regulares de pasajeros. Estos dispositivos deberán permanecer activos durante toda la prestación y transmitir la información que determine la autoridad de aplicación, fortaleciendo la capacidad de control sobre los recorridos y la trazabilidad de cada viaje.

Aunque la reglamentación no hace referencia expresa a plataformas digitales de transporte como Uber o DiDi, la incorporación de una regulación específica para los servicios no regulares podría constituir un instrumento normativo que permita ordenar futuras modalidades de movilidad bajo parámetros comunes de habilitación y fiscalización.

En materia de transporte de cargas, la legislación establece que todos los transportistas que operen dentro de la provincia deberán inscribirse en el registro oficial e informar las unidades utilizadas. Los vehículos deberán acreditar la documentación obligatoria, cobertura de seguros, revisiones técnicas y el cumplimiento de las normas sobre pesos y dimensiones fijadas por la legislación nacional y provincial.

El Ejecutivo también quedó facultada para establecer corredores específicos, restricciones horarias y limitaciones de circulación para determinados tipos de cargas, en función del estado de la infraestructura vial, la seguridad del tránsito y la preservación de las rutas provinciales.

El nuevo régimen amplía además las facultades de fiscalización mediante auditorías, inspecciones y controles permanentes. Las sanciones previstas abarcan apercibimientos, multas económicas, suspensión de habilitaciones e incluso la retención preventiva de vehículos cuando se detecten infracciones graves.

En cuanto al régimen tarifario, la autoridad provincial conservará la potestad exclusiva para aprobar los cuadros de tarifas del transporte público. Cualquier modificación deberá sustentarse en estudios técnicos de costos y las empresas tendrán prohibido aplicar valores distintos de los oficialmente autorizados.

Para el servicio de colectivos se ratifican exigencias vinculadas con la revisión técnica obligatoria, seguros, condiciones mecánicas y estándares mínimos de funcionamiento. La reglamentación mantiene una antigüedad máxima de diez años para las unidades, aunque contempla excepciones expresamente previstas por la normativa para casos particulares.

Otro aspecto de relevancia institucional es la continuidad del servicio. Si una empresa concesionaria decide cesar sus operaciones o pierde la concesión, la Provincia podrá ordenar la prestación transitoria hasta concretar una nueva adjudicación, evitando interrupciones que afecten a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

La entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley N.º 2799-A marca una transformación significativa en la política de movilidad de San Juan. La incorporación de herramientas digitales, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la actualización de los requisitos para operar buscan adecuar el sistema provincial a los nuevos desafíos del transporte moderno, privilegiando la seguridad, la transparencia y la eficiencia en la prestación de un servicio esencial para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia.