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Recrudece el conflicto en el Correo Argentino desde que el viernes se conoció la noticia de tres despidos sin causa del Centro Postal Internacional ubicado en Retiro, al lado de los tribunales de Comodoro Py.

Este martes hubo protestas en esa dependencia y esta mañana varias otras amanecieron con medidas de fuerza en el arranque de la actividad postal que en algunos casos es a las 6 de la mañana y en otros a las 7.

No obstante desde AATRAC aseguraron “tanto la distribución de vacunas como medicamentos no se verán afectadas por las medidas de fuerza porque no vamos afectar ese servicio”. A su vez, las sucursales barriales funcionan con normalidad, aunque puede haber asambleas que afecten el servicio.

En diálogo con el sitio Mundo Gremial, Natalia González, secretaria general de AATRAC (Asociación Argentina de los Trabajadores de las Comunicaciones), el gremio que nuclea a los trabajadores del Correo Argentino, comentó que “son desvinculaciones sin causa” y que en los tres casos se trata de “trabajadores con más de 25 años de antigüedad”. A continuación la entrevista completa:

-Siendo una empresa estatal y habiendo un DNU que prohíbe los despidos, ¿por qué está pasando esto?

-No se entiende y lo vienen haciendo de manera gradual; en algunos casos con causa y en otros, no; aunque los que echaron con causa lo hicieron con argumentos flojos. En estos casos investigamos y descubrimos que eran pruebas inventadas: estaban echando de manera encubierta por lo que hicimos denuncias y pedimos la reincorporación de los despedidos, pero nunca los reincorporaron. Jugando con la desesperación de los compañeros llegaron a un acuerdo que los compañeros aceptaron.

-A nivel político, ¿qué lectura hacen?

-No sé si hay lectura, sí mensaje. Nosotros estábamos convencidos que un montón de cosas iban a cambiar, teniendo en cuenta esta nueva dirección que asumió en febrero de 2020 y considerando que la presidenta es una persona que conocía al Correo porque ya había sido vicepresidenta en la gestión previa al macrismo. Estamos sorprendidos porque siendo una gestión que, en mi creencia están con una ideología popular y trabajando en post de la protección de la fuente de trabajo, decida caprichosamente echar a compañeros. Más teniendo en cuenta que a fin de año tenemos que prestar el servicio electoral.

-¿Qué otros casos contabilizan en este drenaje de despidos?

-Por ejemplo, hace dos semanas hubo otro en La Rioja y ya en diciembre había habido otros tres despidos en Córdoba y otros tres acá en Capital. Por supuesto que nos posicionamos que, al ser trabajadores esenciales y existiendo ese decreto nos parece un despropósito que una empresa pública esté haciendo esto.

-¿Cuántos trabajadores tiene el Correo?

-Poco más de 21.000. Ha incrementado mucho porque a partir de la pandemia éramos más de 16.000; lo cierto es que la pandemia dejó a unos 5.000 licenciados. Pero para poder seguir brindando el servicio postal se tomaron contratos de manera eventual a través de agencias. A medida que, por el proceso de vacunación, se reintegraran los contratados se iban a retirar, pero eso no pasó porque nosotros hicimos presentación para que se los regularizara y pasaran a planta permanente.

-¿Cómo vienen las negociaciones con la empresa?

-Me comuniqué con Recursos Humanos, pero me dijeron que no van a dar marcha atrás sumado a que nos amenazaron con sanciones disciplinarias y enviaron a la policía. A esta altura estamos sin diálogo y con una denuncia presentada ante el ministerio de Trabajo para que interceda. Por otro lado, hace muy poco firmamos el acuerdo paritario en el que se estableció que habría paz social, pero está a las claras que la están violando.

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La CGT marchará por el financiamiento de las obras sociales y alerta sobre su continuidad

La central obrera movilizará el jueves 26 de noviembre a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar recursos que permitan sostener la cobertura de 17 millones de personas. Según la dirigencia sindical, el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones por discapacidad. La protesta será parte de un plan de acción que continuará en diciembre.

La crisis financiera de las obras sociales sindicales se convirtió en el principal motivo de movilización de la CGT. La conducción resolvió marchar el próximo jueves 26 de noviembre hacia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para exigir una respuesta del Gobierno frente al deterioro de los recursos del sistema, una situación que, según advierten los gremios, compromete el funcionamiento de numerosas entidades y la continuidad de las prestaciones médicas para millones de afiliados.

La concentración comenzará a las 15 frente a la sede del organismo, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue definida durante una reunión de la mesa chica cegetista en el Sindicato del Seguro, con la participación de los tres integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, además de Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos; Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza.

El reclamo involucra a un sistema que, de acuerdo con las estimaciones de la central obrera, brinda cobertura a unos 17 millones de personas. La conducción sindical sostiene que la reducción de los ingresos y las dificultades para acceder a los fondos de compensación profundizaron el desequilibrio financiero de las entidades. Algunas ya habrían restringido prestaciones, mientras que distintos sindicatos recurren a recursos propios para sostener la atención de sus afiliados.

El Fondo Solidario, en el centro de la disputa

Uno de los principales focos del conflicto es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de trabajadores y empleadores. Su función es compensar a las obras sociales por determinados gastos sanitarios, entre ellos tratamientos de alta complejidad, medicamentos de elevado costo y prestaciones específicas.

Según fuentes sindicales, alrededor del 90% de los recursos del fondo se destina actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. La CGT considera que esa concentración limita la disponibilidad de dinero para afrontar otras obligaciones asistenciales y reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean absorbidos por los ministerios nacionales correspondientes, en lugar de recaer sobre los recursos destinados al financiamiento sanitario.

La dirigencia asegura que mantuvo tres encuentros con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación, pero afirma que no recibió una propuesta concreta para corregir los desequilibrios. La movilización ante la Superintendencia apunta a obtener una respuesta institucional y abrir una instancia de resolución sobre la distribución de los recursos.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que la continuidad de algunas obras sociales y la cobertura de sus afiliados están comprometidas. El dirigente puso el acento en la dimensión del problema: cualquier deterioro del sistema podría repercutir sobre los servicios de salud de millones de personas que dependen de esas entidades.

La presión de los costos y la caída de los aportes

A las dificultades de financiamiento se suma el deterioro de las variables que sostienen económicamente a las obras sociales. La pérdida del poder adquisitivo reduce los salarios sobre los que se calculan los aportes y contribuciones, mientras que los medicamentos, los insumos y las prestaciones médicas registran aumentos que presionan sobre los presupuestos institucionales.

La combinación de menores ingresos y mayores costos restringe la capacidad de respuesta, especialmente en entidades con estructuras financieras más frágiles o con una población afiliada que demanda tratamientos complejos. Para los gremios, el problema excede una discusión contable: puede traducirse en demoras, limitaciones de servicios y mayores dificultades para acceder a la atención.

El conflicto tiene antecedentes en el debate de la reforma laboral. Durante su tratamiento en el Senado, en febrero, el Gobierno aceptó mantener en el 6% la contribución patronal destinada a las obras sociales, en lugar de reducirla al 5%, una modificación que había generado un fuerte rechazo sindical.

Jerónimo cuestionó las políticas oficiales por considerar que debilitan el funcionamiento del sistema solidario de salud y advirtió que, si no aparecen respuestas, la central avanzará con nuevas medidas de presión.

Una protesta por etapas y sin paro general inmediato

La marcha del 26 de noviembre será una de las últimas acciones previstas por la CGT antes de concluir el año. La conducción también analiza realizar, a mediados de diciembre, un cese de actividades de entre dos y cuatro horas, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo y con alcance simultáneo en todo el país. La fecha y la duración definitiva todavía deberán ser resueltas por el Consejo Directivo.

La modalidad forma parte de una protesta por etapas, conocida como “a la francesa”, que busca incrementar la presión sobre el Ejecutivo sin convocar, por el momento, a un nuevo paro general. Aunque distintos sectores gremiales reclaman una huelga nacional, el triunvirato mantiene una estrategia gradual y procura sostener la unidad de la central.

El plan de lucha había perdido intensidad durante la visita del papa León XIV, cuando la CGT renovó su propuesta de establecer una mesa de diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. La falta de avances en esa instancia y la persistencia de los reclamos sectoriales llevaron a la conducción a recuperar la agenda de movilizaciones.

La disputa también se desarrolla en un escenario de diferencias dentro del movimiento sindical. A comienzos de noviembre, Luis Barrionuevo, titular de UTHGRA, anunció junto con alrededor de 50 organizaciones gremiales una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa iniciativa constituye otro frente de presión sobre el Gobierno, aunque por fuera de la convocatoria definida por la conducción cegetista.

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ATE denunció un posible traslado del SAC a 2027 y amenazó con medidas de fuerza

El gremio estatal advirtió que el Gobierno evaluaría trasladar a enero el segundo medio aguinaldo de los empleados públicos nacionales con salarios superiores a $1.500.000. El Ministerio de Economía negó la existencia de esa iniciativa, mientras Rodolfo Aguiar exigió que el pago se concrete antes de las fiestas.

Una nueva controversia salarial enfrenta al Gobierno nacional con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato denunció que el Ministerio de Economía estaría analizando postergar hasta enero de 2027 el pago del segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) para una parte de los empleados públicos nacionales, aunque desde el Palacio de Hacienda rechazaron de manera categórica esa posibilidad.

Según la información que el gremio asegura haber recibido en distintas dependencias estatales, la eventual modificación alcanzaría a los trabajadores que perciben remuneraciones superiores a $1.500.000. ATE estimó que el monto involucrado rondaría el billón de pesos y advirtió que el desplazamiento de esa obligación permitiría reducir los desembolsos previstos para diciembre, trasladándolos al ejercicio fiscal siguiente.

La denuncia fue desmentida por el Ministerio de Economía. Consultados sobre la versión sindical, voceros de la cartera que conduce Luis Caputo afirmaron que era «completamente falsa». En la misma línea, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó cualquier posibilidad de interrumpir o demorar obligaciones esenciales del Estado y aseguró: «Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma».

Pese a la respuesta oficial, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al presidente Javier Milei y al titular de Economía por la iniciativa que, según el sindicato, estaría bajo evaluación. El dirigente cuestionó que el calendario de pagos salariales pudiera utilizarse como una herramienta para mejorar el resultado fiscal de diciembre y sostuvo que los trabajadores no deben financiar el ajuste mediante la postergación de ingresos.

«Quieren dejar a la gente sin aguinaldo para que les cierre un asiento contable. La perversidad de Milei y Caputo no tiene límites», expresó Aguiar. Además, reclamó que el SAC se liquide íntegramente antes de las celebraciones de fin de año y advirtió que la organización podría avanzar con medidas de fuerza, incluidas ocupaciones de organismos públicos.

El sindicato vinculó la supuesta iniciativa con la política de equilibrio fiscal que impulsa el Ejecutivo y con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. En sus estimaciones, ATE proyectó que el déficit primario de diciembre podría superar los $3,6 billones, mientras que el resultado financiero negativo excedería los $4,1 billones. Bajo esa interpretación, diferir parte de los aguinaldos permitiría aliviar las erogaciones del último mes del año, aunque la existencia de ese mecanismo no fue confirmada por las autoridades económicas.

El reclamo también tiene una dimensión concreta para los hogares. El segundo aguinaldo constituye un ingreso relevante para afrontar compromisos financieros, alquileres, deudas y gastos familiares, especialmente durante diciembre, cuando se concentran las compras y obligaciones vinculadas con Navidad y Año Nuevo. Una eventual acreditación en enero alteraría la planificación económica de los trabajadores alcanzados.

En términos normativos, el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del SAC debe abonarse con vencimiento el 18 de diciembre, mientras que la primera tiene como fecha límite el 30 de junio. Cada cuota equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre correspondiente.

Sin embargo, el régimen del empleo público nacional contempla distintos encuadramientos laborales y no todos los vínculos se encuentran necesariamente sujetos de manera directa a las disposiciones generales de esa ley. Por ello, cualquier discusión sobre los plazos aplicables debe considerar las normas específicas de cada régimen.

ATE sostuvo que el pago del aguinaldo suele concretarse entre el 18 y el 23 de diciembre y cuestionó cualquier intento de modificar ese cronograma. «El Sueldo Anual Complementario es un derecho, no una limosna», afirmó Aguiar, al insistir en que los trabajadores necesitan previsibilidad sobre la percepción de sus ingresos.

Por ahora, la polémica permanece planteada entre la denuncia gremial y el desmentido oficial. No existe, según la información difundida, una decisión gubernamental confirmada que disponga trasladar el pago a enero. La evolución del conflicto dependerá de que el Ministerio de Economía ratifique el cronograma habitual y de que ATE pueda precisar los elementos que, según afirma, sustentan su advertencia.

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La presión sindical crece y la CGT vuelve a evaluar una protesta “a la francesa”

La conducción de la central obrera evalúa reactivar un esquema de medidas sectoriales y ceses parciales de actividades entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. Mientras los sectores más combativos exigen una huelga nacional, el triunvirato busca definir una modalidad de presión que preserve la unidad sindical.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de realizar una protesta “a la francesa” para cerrar 2026. Frente a las demandas de distintos gremios que reclaman un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei, la conducción de la central analiza reactivar un plan de lucha por etapas, con interrupciones parciales de actividades y acciones organizadas por rama, una alternativa que permitiría intensificar el conflicto sin convocar, al menos por ahora, a una huelga nacional de 24 horas.

Esta iniciativa gana espacio en la mesa chica cegetista y podría concretarse entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre, aunque todavía necesita la aprobación del Consejo Directivo. La modalidad en discusión contempla ceses de actividades de entre dos y cuatro horas, acompañados por asambleas en los lugares de trabajo y protestas sectoriales.

El objetivo sería generar una medida coordinada en distintas actividades, con un impacto nacional, pero sin trasladar a los trabajadores el costo de una jornada completa sin ingresos.

La alternativa busca responder a una doble presión. Por un lado, los dirigentes que consideran agotada la etapa de movilizaciones aisladas reclaman una reacción más contundente frente al ajuste económico y el deterioro de los ingresos. Por otro, el triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello procura evitar una convocatoria que profundice las diferencias internas y comprometa la cohesión de la organización.

Las presiones para endurecer el conflicto

Los pedidos por una huelga general volvieron a cobrar fuerza en las últimas semanas. El titular de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, planteó la necesidad de una medida de 36 horas con movilización, mientras que Pablo Moyano insistió con un paro nacional de 24 horas. La discusión también estuvo presente en el encuentro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), donde distintos representantes gremiales reclamaron profundizar la resistencia a las políticas oficiales.

Desde el inicio de la gestión de Milei, la CGT concretó cuatro paros generales: el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026, este último en rechazo a la reforma laboral. Sin embargo, la evaluación de esas jornadas dejó resultados dispares. La huelga de abril de 2025 tuvo un impacto menor al esperado por la conducción, mientras que la última medida, que la central estimó con más del 90% de adhesión, no logró impedir que la reforma laboral avanzara en el Congreso.

En ese marco, la posibilidad de un quinto paro general permanece abierta, pero no constituye por ahora la alternativa prioritaria de la conducción. La protesta por etapas aparece como una herramienta intermedia para sostener la presión sobre el Ejecutivo, dar respuesta a los sectores que exigen mayor confrontación y conservar margen para una eventual escalada durante 2027.

El efecto de la visita papal y el reclamo de diálogo

La visita del papa León XIV a la Argentina introdujo una pausa en la dinámica de confrontación que atravesaba al movimiento sindical. El 9 de noviembre, durante un encuentro con empresarios y dirigentes gremiales en la Universidad Católica Argentina, el pontífice puso el trabajo, la dignidad de las personas y la justicia social en el centro de su mensaje. La CGT valoró esas definiciones y, al día siguiente, difundió un documento en el que propuso establecer una mesa permanente de diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado.

Sin embargo, ese acercamiento no modificó las diferencias de fondo con el Gobierno. En la conducción sindical consideran que las posibilidades de alcanzar una instancia efectiva de negociación son limitadas y advierten que el programa económico podría profundizar sus efectos sobre el empleo y el poder adquisitivo. También cuestionan la falta de respuestas a los planteos que la central viene realizando en materia laboral y productiva.

En ese sentido, la CGT observa con desconfianza las convocatorias al diálogo impulsadas por representantes empresariales del Grupo de los Seis (G6). Hasta el momento, los contactos con funcionarios nacionales no derivaron en una negociación institucional que permita descomprimir el conflicto.

Las diferencias políticas dentro del sindicalismo

La discusión sobre el rumbo de la protesta también se cruza con los movimientos internos del peronismo y la disputa por la construcción de una alternativa política de cara a 2027. Dos integrantes del triunvirato, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, participaron del acto encabezado por Sergio Massa en San Fernando, durante la conmemoración del Día de la Militancia. También estuvieron Andrés Rodríguez, de UPCN; Carlos Acuña, exintegrante del triunvirato cegetista, y Omar Plaini, dirigente de los canillitas.

La presencia de esos referentes contrastó con las ausencias de otros dirigentes de peso. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, no asistió porque se encontraba en Ginebra, donde participaba de actividades vinculadas con la Organización Internacional del Trabajo. En cambio, la ausencia de Héctor Daer, referente de Sanidad y exconductor de la CGT, adquirió otra lectura por su cercanía con el espacio político de Axel Kicillof y sus antecedentes de vinculación con el Frente Renovador. Hugo Moyano tampoco participó del encuentro.

Estas diferencias reflejan que la agenda sindical no se limita a la relación con la Casa Rosada. También involucra el posicionamiento de sus principales dirigentes frente a la reorganización del peronismo, la representación del movimiento obrero en una eventual propuesta electoral y la definición de una estrategia común para los próximos años.

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