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Finalmente no hubo acuerdo en la sesión que llevó adelante hoy la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y, por este motivo, las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles cuando intentarán acordar la suba salarial del corriente para el sector.

Según se informó desde el Ministerio de Trabajo, durante la sesión plenaria que se desarrolló ayer durante casi 3 horas, de forma virtual, no hubo consenso y las partes acordaron volver a sentarse a la mesa de debate el próximo 16 de junio, desde las 11, mediante la misma modalidad.

Según se pudo averiguar, los gremios que representan a los trabajadores pretendían una suba salarial para este año del orden del 60% mientras que la contraparte ofrecía sólo un 30%; tamaña diferencia postergó el entendimiento por lo que los delegados laborales plantearon suspender la sesión y darse tiempo para buscar un ulterior acuerdo.

El año pasado los trabajadores de casas particulares habían obtenido un aumento del 28% en sus ingresos que fue dividido mediante el siguiente esquema: 10% a partir del 1° de diciembre de 2020, un 8% no acumulativo a partir del 1° de febrero de 2021, y un 10% no acumulativo a partir del 1° de abril de 2021.

Se trata de uno de los sectores que el año anterior se vio más perjudicado por las restricciones devenidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno nacional para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus. En los hechos, muchas trabajadoras no pudieron concurrir a sus lugares de trabajo y dependieron de la buena voluntad de sus empleadores en cumplir con los pagos regulares. En muchos casos, resta decir, esto no se cumplió, especialmente en quienes se desempeñan en forma informal.

La Comisión fue creada por ley en 2013 y desde 2015 funciona bajo el ámbito del ministerio de Trabajo con el objetivo de fijar, entre otras pautas, las remuneraciones de los trabajadores. Está integrada por representantes de la cartera conducida por Claudio Moroni y de los ministerios de Desarrollo Social, de Economía, y de los sindicatos del rubro.

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ASIJEMIN acordó con Vicuña un aumento salarial del 10% para el personal jerárquico minero

El entendimiento fue firmado en San Juan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Contempla una recomposición del 6% retroactiva a octubre de 2026 y otro incremento del 4% desde enero de 2027, con bases de cálculo correspondientes a los salarios de septiembre y diciembre, respectivamente.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. alcanzaron un acuerdo paritario que establece una mejora salarial acumulada del 10% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. La conformidad se firmó este miércoles 18 de noviembre y contempla dos etapas de aplicación, con incrementos distribuidos entre el último trimestre de 2026 y el comienzo del próximo año.

La primera recomposición será del 6%, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y calculada sobre los salarios básicos de septiembre. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de noviembre, según lo establecido en el acuerdo.

La segunda actualización alcanzará el 4% y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. En este caso, la base de cálculo será el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2026. De esta manera, las partes definieron un esquema de actualización escalonado que extiende sus efectos sobre las remuneraciones del personal jerárquico, profesional y técnico alcanzado por el convenio.

Por ASIJEMIN participaron de la negociación el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.

La representación de Vicuña Argentina estuvo integrada por Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.

El pacto constituye un nuevo resultado de la negociación entre la organización sindical y la compañía minera, en una actividad donde la evolución de los proyectos y la incorporación de personal mantienen en primer plano las discusiones sobre condiciones laborales y remuneraciones. La aplicación de los dos tramos acordados marcará la pauta salarial para los trabajadores alcanzados durante los próximos meses.

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ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales

El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.

La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.

El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.

Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.

En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.

La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.

El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».

La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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Los judiciales conmemoran su día con salarios deteriorados y una nueva jornada nacional de protesta

El Día del Trabajador y la Trabajadora Judicial encuentra este 16 de noviembre a los empleados del sector lejos de un clima de celebración. La Federación Judicial Argentina (FJA) aprovechó la conmemoración para renovar sus reclamos por salarios dignos, mejores condiciones laborales y el reconocimiento de derechos que, según sostiene, continúan sin una respuesta integral de las autoridades empleadoras.

Bajo la conducción de Matías Fachal, la organización advirtió que los trabajadores deben afrontar sus responsabilidades cotidianas con ingresos fuertemente deteriorados. En ese marco, volvió a exigir la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo que alcance a todo el país, una paritaria nacional y un régimen de porcentualidad salarial que permita reducir las profundas diferencias existentes entre los poderes judiciales provinciales.

La entidad también convocó a una Jornada Nacional de Lucha para este miércoles 18 de noviembre, una medida resuelta a fines de octubre durante el III Plenario Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, que reunió a representantes de 19 filiales. El encuentro puso en discusión las desigualdades salariales entre jurisdicciones y la necesidad de establecer una instancia común de negociación que garantice condiciones más equitativas para el conjunto del personal judicial.

La FJA sostiene que la fragmentación de las negociaciones deja a los trabajadores sujetos a realidades salariales muy dispares, incluso entre dependencias de una misma jurisdicción. Por eso, considera que una negociación colectiva de alcance nacional constituye una reivindicación central para establecer pisos mínimos y fortalecer la protección de los derechos laborales.

En el plenario, Fachal calificó la convocatoria como parte de la lucha histórica de la Federación y destacó que las demandas ya fueron elevadas a instancias internacionales. Asimismo, el referente sindical subrayó que, si bien la Constitución avala la negociación colectiva, el Estado aún tiene una deuda pendiente al no garantizar este derecho para todos los empleados judiciales.

En el mensaje difundido por el aniversario, la institución reivindicó además la función que desempeñan quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales: reciben consultas, tramitan escritos, agilizan procedimientos y hacen posible que el servicio de justicia llegue a la ciudadanía. Esa tarea, señalaron, resulta indispensable para garantizar derechos, aunque no siempre encuentra un reconocimiento acorde en las condiciones laborales.

La conmemoración recuerda el nacimiento de la organización sindical el 16 de noviembre de 1952, durante un congreso gremial realizado en Catamarca, antecedente de la actual Federación Judicial Argentina. A más de siete décadas de aquella fundación, el reclamo por una estructura federal de representación vuelve a ocupar el centro de su agenda.

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