Tras la multitudinaria movilización que reunió en San Juan a las dos CTA y a la CGT, el titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin), Marcelo Mena, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral y reclamó profundizar el plan de lucha con un paro general. En diálogo con Mundo Laboral SJ, sostuvo que la iniciativa no apunta a crear empleo sino a flexibilizar despidos y reducir garantías.

La postal sindical en San Juan marcó un hecho poco frecuente: las dos vertientes de la CTA y la CGT marcharon juntas, acompañadas por movimientos sociales y espacios políticos. Para Mena, la jornada expresó un punto de inflexión.
“Desde un principio se planteó la necesidad de marchar unidos, tanto en Buenos Aires como en las provincias. En San Juan no fue la excepción”, afirmó. El dirigente destacó el valor simbólico de la convergencia y la interpretó como una respuesta directa al avance legislativo de la reforma laboral.

A su entender, la movilización no debe ser un hecho aislado sino el inicio de una etapa de mayor intensidad gremial. “No alcanza con salir a la calle. Hay que profundizar con un paro general y fortalecer el trabajo en cada sindicato, en cada comisión interna, con todos los trabajadores defendiendo sus derechos”, sostuvo.

Críticas al núcleo del proyecto

El referente de Asijemin fue categórico al evaluar el contenido de la reforma. Considera que la iniciativa no está orientada a fomentar el empleo ni a modernizar el sistema laboral, sino a facilitar despidos y reducir costos empresariales.

“No tiene ningún sentido para fortalecer al trabajador ni para generar más empleo. Lo que otorga es mayor libertad para despedir o prescindir de personal”, señaló. En ese marco, cuestionó especialmente los cambios vinculados a indemnizaciones, enfermedades laborales y modalidades de contratación.

El dirigente planteó que la discusión excede la estructura sindical. “No se trata de defender instituciones gremiales por sí mismas; se trata de que están vulnerando derechos concretos”, sentenció. Según su análisis, la norma consolida un esquema que tiende a la concentración económica, debilitando el poder de negociación de los trabajadores.

También alertó sobre el impacto cultural y social de una eventual aprobación. “Si el salario se deteriora y se naturaliza la pérdida de garantías, lo que se instala es una lógica de competencia entre trabajadores, en un contexto de mayor desigualdad”, advirtió.

El rol de las centrales y la búsqueda de cohesión

Consultado sobre la aparición de espacios sindicales alternativos y las tensiones internas, Mena evitó profundizar en disputas de liderazgo. Sostuvo que el eje debe estar en la cohesión y no en la fragmentación.

“Las instituciones deben respetarse, pero también deben escuchar a sus bases. Hoy la necesidad es clara: enfrentar esta reforma con medidas firmes”, proclamó. En ese sentido, consideró que el debate no es quién conduce, sino cómo se construye una respuesta unificada frente a un proyecto que —según su mirada— afecta de manera transversal al mundo del trabajo.

La referencia apunta tanto a la Confederación General del Trabajo como a las centrales de trabajadores que confluyeron en la movilización. Para el gremialista, el desafío inmediato es sostener la unidad alcanzada en la calle y traducirla en acciones coordinadas.

El ejemplo minero y la discusión sobre productividad

Desde el ámbito específico de la minería, el dirigente ofreció un contrapunto a los argumentos oficiales que vinculan la reforma con la necesidad de mejorar la competitividad.

Según explicó, en el sector minero sanjuanino se han logrado acuerdos salariales y mejoras en condiciones laborales mediante negociación colectiva, sin necesidad de recortar derechos. Incluso mencionó casos en los que empresas otorgaron incentivos adicionales por desempeño, fortaleciendo el compromiso y la productividad.

“Cuando hay diálogo y reglas claras, se puede crecer sin quitar garantías”, sintetizó. Para Mena, la experiencia del sector demuestra que la productividad no depende de la reducción de indemnizaciones ni de la flexibilización extrema, sino de acuerdos que articulen intereses empresariales y laborales.

En ese aspecto, remarcó que entre los trabajadores mineros existe un amplio rechazo al proyecto. El empresariado, en cambio, mantiene —según su descripción— una posición más expectante, al no verse directamente perjudicado por los cambios propuestos.

Presión política y responsabilidad legislativa

De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, Mena llamó a ejercer presión institucional y social sobre los representantes. “Tenemos que recordarles que son representantes del pueblo y que su función es servir a la sociedad”, alegó.

Sin promover acciones por fuera del marco democrático, planteó la necesidad de interpelar públicamente a los legisladores y exigir explicaciones sobre el sentido de su voto. Para el dirigente sindical, el debate no es técnico sino profundamente político: define el modelo de relaciones laborales que regirá en los próximos años.

La voz de Asijemin se suma a un clima que combina unidad circunstancial y creciente tirantez con el Gobierno. Desde San Juan, la dirigencia minera advierte que la reforma laboral no constituye una herramienta de desarrollo, sino un reordenamiento de fuerzas que, a su juicio, inclina la balanza hacia el capital en detrimento del trabajo.

La discusión en Diputados será determinante. Allí se pondrá en juego no solo el contenido de una ley, sino el alcance de un consenso social más amplio sobre productividad, derechos y distribución del ingreso. Para Marcelo Mena, el mensaje es claro: cualquier transformación del régimen laboral debe surgir del diálogo tripartito y no de una imposición que, lejos de pacificar el escenario, amenaza con profundizar la conflictividad.

La Mesa Sindical rechazó la cifra oficial de 2,9% de inflación en enero y acusó al Gobierno de sostener un “collage” estadístico que no refleja el impacto real en los bolsillos. Advirtieron que crece la presión por reclamar aumentos salariales acordes a la inflación “verdadera” y denunciaron una pérdida acumulada del poder adquisitivo.

La Mesa Sindical —espacio que reúne a más de 50 organizaciones gremiales— lanzó un comunicado de fuerte contenido político bajo el título “El gobierno nacional le toma el pelo al pueblo argentino e insiste con una inflación trucha”. Allí calificó como “una verdadera burla” la comunicación oficial del 2,9% de inflación correspondiente a enero y sostuvo que el Ejecutivo “insiste con un relato que ya no funciona”.

Según la organización, la utilización de parámetros de 2004 para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) “hace que todos los argentinos desconfiemos de esta medición que poco tiene que ver con lo que sienten nuestros bolsillos”. En ese marco, consideraron que “no hay manera de sostener esta teatralización de la realidad”.

Críticas al INDEC y al Ministerio de Economía

El documento también hizo referencia a la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, interpretada por el espacio como “un indicio de la degradación existente”. Además, cuestionaron declaraciones atribuidas al ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la conveniencia política de no modificar ciertos criterios de medición, lo que calificaron como un “signo indudable de autoritarismo estadístico”.

Desde la Mesa Sindical señalaron que el propio informe oficial admite subas significativas en rubros sensibles: alimentos cercanos al 5%, telecomunicaciones en torno al 4%, servicios públicos alrededor del 3% y hoteles y restaurantes por encima del 4%. Sin embargo, acusaron al Gobierno de “dibujar” otros componentes de la canasta —especialmente transporte, con un incremento informado del 1,2%— para amortiguar el impacto general del índice. “Más que un dibujo es un collage para confundir”, sintetizaron.

Reclamo por recomposición y deuda salarial

Más allá de la discusión técnica, el núcleo del planteo sindical apunta a la pérdida de poder adquisitivo. La Mesa sostuvo que el Estado “adeuda a trabajadores, jubilados y pensionados un 23% por medición desactualizada de la inflación durante estos dos años”.

En la misma línea, desde ATE-INDEC afirmaron que los trabajadores que cerraron paritarias atadas al IPC “perdieron aproximadamente un 5% de poder de compra entre 2024 y 2025”, y advirtieron que el Gobierno buscaría evitar una actualización de ponderadores en un contexto de aumentos tarifarios ya vigentes y otros proyectados para los próximos meses.

El malestar comenzó a traducirse en debates internos dentro de distintos gremios, donde —según indicaron fuentes sindicales— se analiza la necesidad de reclamar ajustes salariales vinculados a una medición alternativa o a la inflación percibida en bienes esenciales.

Un frente sindical amplio y en tensión con la reforma laboral

La Mesa Sindical está integrada por organizaciones estatales, docentes, judiciales, profesionales de la salud, sindicatos industriales y de servicios, entre ellos ATE, CTERA, SIPREBA, la Federación Gráfica Bonaerense, AGTSyP, FESPROSA, CICOP, Luz y Fuerza en distintas jurisdicciones y gremios del sector energético, aeronáutico y educativo, entre otros.

En su declaración final, el espacio reiteró su oposición a la reforma laboral en debate y vinculó la discusión inflacionaria con el deterioro general de las condiciones laborales. “Los que vivimos de un salario o de un ingreso diario lo sentimos todos los días”, señalaron, y convocaron a “restituir la verdad sobre los datos de inflación y lograr un aumento urgente de todos los salarios”.

Inflación, credibilidad y conflictividad

La disputa por la cifra oficial del IPC vuelve a instalar un eje histórico en la política argentina: la credibilidad de las estadísticas públicas y su impacto directo en paritarias, jubilaciones y contratos indexados.

En un clima de reforma laboral en trámite y negociaciones salariales abiertas en múltiples sectores, la tirantez entre el Gobierno y el frente sindical podría escalar si la discusión técnica se transforma en un conflicto distributivo más amplio. La inflación no es solo un número. Es el terreno donde se define, mes a mes, la puja por el ingreso. Y en esa arena, el debate recién empieza.

Trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión expresaron su rechazo total al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. En una conferencia de prensa, advirtieron que los artículos 210 y 211 ponen en riesgo el financiamiento del INCAA y de Radio y Televisión Argentina, con consecuencias económicas, laborales y culturales de largo alcance.

Artistas, periodistas, actores y representantes del sector audiovisual sumaron su voz al creciente rechazo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento está previsto durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. En una conferencia de prensa realizada este jueves, dirigentes y trabajadores del cine, el teatro, la radio y la televisión objetaron el proyecto “en su totalidad” y advirtieron sobre el impacto estructural que tendría sobre la producción cultural y los medios públicos.

El encuentro fue convocado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), integrante de la Multisectorial Audiovisual, con el objetivo de visibilizar lo que definieron como un “total rechazo” a la iniciativa oficialista. El foco de las críticas estuvo puesto en los artículos 210 y 211 del proyecto, que —según denunciaron— implican “un daño grave e irreversible para el cine nacional y el sistema público de radio y televisión”.

El corazón del conflicto: financiamiento y autonomía

Desde el sector audiovisual explicaron que esos artículos eliminan el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de Radio y Televisión Argentina (RTA), un sistema que no depende del Tesoro nacional ni de aportes directos de la ciudadanía. “Se trata de recursos generados por la propia actividad del sector”, subrayaron.

En el caso del INCAA, detallaron que su financiamiento proviene del 10% del valor de cada entrada de cine y del 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La supresión de estos fondos, advirtieron, provocaría la paralización de la producción cinematográfica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de salas y festivales, una menor circulación de ficciones nacionales y una mayor concentración del mercado audiovisual en manos de plataformas extranjeras.
“Las consecuencias económicas y culturales serían profundas y difíciles de revertir”, alertaron en un comunicado difundido tras la conferencia.

Impacto federal y rol de los medios públicos

En relación con Radio y Televisión Argentina, los referentes del sector señalaron que su debilitamiento afectaría de manera directa la capacidad del Estado de garantizar contenidos culturales, educativos e informativos con alcance federal. “Especialmente en regiones donde no existen otras alternativas de acceso”, remarcaron, en alusión a la centralidad que cumplen los medios públicos en vastas zonas del país.

Desde la Multisectorial Audiovisual advirtieron que el recorte de estas herramientas no solo tiene un impacto laboral, sino que también erosiona la diversidad cultural, la pluralidad de voces y la soberanía comunicacional.

Apoyo político y ampliación del rechazo

La conferencia contó además con la presencia de dirigentes políticos de bloques opositores, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y los legisladores de Unión por la Patria Lorena Pokoik y Mariano Recalde, quienes expresaron su respaldo a los reclamos del sector y cuestionaron el alcance del proyecto oficial.

La participación de referentes políticos refuerza el carácter transversal del rechazo a la reforma laboral, que ya excede el ámbito sindical y suma a amplios sectores de la cultura, la comunicación y la producción artística.