La titular del sindicato Luz y Fuerza en San Juan, Lilia Martín, confirmó la adhesión plena del gremio a la movilización nacional convocada por la CGT contra la reforma laboral. En diálogo con Mundo Laboral SJ, cuestionó el proyecto oficial por inconstitucional, advirtió sobre despidos y cierres de empresas, y denunció un grave deterioro del servicio eléctrico provincial por la tercerización y la falta de personal capacitado.

En un panorama complejo y de creciente conflictividad social y sindical, el gremio Luz y Fuerza de San Juan se sumó formalmente a la movilización nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno ya comenzó a debatir en el Congreso. La decisión fue ratificada tras una asamblea multitudinaria y reuniones de secretarios generales tanto a nivel nacional como provincial.

“Esta reforma es inconstitucional y nos retrotrae a principios del siglo pasado, cuando los trabajadores carecíamos de derechos básicos”, afirmó Lilia Martín, secretaria general del sindicato, al trazar un diagnóstico severo sobre el impacto de la iniciativa oficial. Desde su perspectiva, el proyecto no constituye una modernización, sino una reedición agravada de políticas ya implementadas en el país que derivaron en desocupación, pérdida de derechos y debilitamiento del entramado productivo.

La dirigente sindical contextualizó el debate en un escenario económico marcado por despidos masivos, suspensiones y cierres de empresas en sectores clave como el comercio, la construcción y la industria. “Lo que vemos es una destrucción del tejido social y del aparato productivo. Empresas que resistieron crisis muy profundas hoy están bajando las persianas y dejando trabajadores en la calle”, sostuvo.

Para Martín, la reforma laboral apunta además a reducir de manera sustancial el poder de negociación colectiva. “Está claramente orientada a debilitar al movimiento obrero organizado y a facilitar un esquema de mayor precariedad laboral”, advirtió, al tiempo que remarcó que la CGT ya activó presentaciones judiciales y gestiones políticas para frenar la iniciativa.

El conflicto sindical se entrelaza, en San Juan, con una problemática específica y sensible: la situación del servicio eléctrico provincial. En ese marco, Luz y Fuerza declaró el estado de alerta y movilización y se manifestó frente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reclamo por el accionar de la empresa concesionaria Naturgy.

Según explicó la referente sindical, el modelo de gestión adoptado por la empresa se basa en la reducción del plantel propio y la tercerización casi total de las tareas, una decisión que —aseguró— tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio y la seguridad laboral. “La empresa ha perdido cerca de la mitad de su personal especializado. Las vacantes no se cubren y se reemplazan por contratistas sin la formación adecuada”, señaló.

Martín puso el foco en los riesgos que esta situación implica en una actividad catalogada como de alto peligro. “La normativa es clara: el trabajo eléctrico requiere capacitación específica, evaluaciones y certificaciones formales. Eso no ocurre con las empresas contratistas, y los accidentes graves que hemos visto este año lo demuestran”, denunció.

En este sentido, la representante gremial desmintió uno de los argumentos más recurrentes en las audiencias públicas: la idea de que contar con más personal encarece la tarifa. “Es falso. La ley establece que la empresa debe garantizar calidad y continuidad del servicio, y eso incluye operación y mantenimiento con personal idóneo. Sin eso, el sistema falla, como está ocurriendo”, afirmó.

La problemática excede el plano gremial y adquiere una dimensión claramente social. Departamentos como Calingasta, uno de los más afectados, registraron cerca de cien cortes de energía en lo que va del mes, con interrupciones prolongadas del suministro. “Esto ya no es un reclamo sindical, es un reclamo de interés público”, enfatizó Martín.

La postura de Luz y Fuerza frente a la reforma laboral y al deterioro del servicio eléctrico sintetiza una preocupación más amplia: la tensión entre un modelo orientado a la rentabilidad financiera y la necesidad de preservar derechos laborales y servicios esenciales. Para el gremio energético, la defensa del empleo calificado, la seguridad laboral y la calidad del suministro no son consignas corporativas, sino pilares de un sistema que considera a la energía como un derecho humano y un factor estratégico del desarrollo.

“La tarifa no será más cara por tener personal capacitado; será más justa y el servicio, más eficiente”, concluyó Lilia Martín. En esa afirmación se condensa el eje de un conflicto que, lejos de agotarse en una protesta sectorial, interpela de lleno al rumbo de las políticas laborales y energéticas del país.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.

La combinación de recesión, caída del empleo rural y desregulación de sectores clave aceleró un fenómeno que antes era marginal: trabajadores misioneros, tareferos y obreros de la construcción atraviesan diariamente la frontera para acceder a salarios que en la Argentina quedaron pulverizados. El impacto social ya es crítico en las localidades limítrofes.

Durante décadas, el flujo migratorio entre Argentina y sus países limítrofes tuvo una dirección predominante: ciudadanos de Paraguay y Brasil cruzaban hacia Misiones en busca de trabajo en yerbales, chacras y obra pública. Sin embargo, esa tendencia histórica se revirtió. Hoy son miles los argentinos que marchan en sentido contrario, empujados por el deterioro económico, la paralización de la obra pública y la destrucción de la industria yerbatera tras el decreto 70/2023.

La postal se repite a diario en distintos cruces fronterizos. En San Antonio, Misiones, el intendente Fausto Rojas estima que unas 2.000 personas por día —muchas de ellas familias enteras— atraviesan hacia Santo Antônio do Sudoeste, Brasil, en busca de changas rurales, tareas de cosecha o empleo en la industria liviana. “Nuestra gente puede subsistir gracias al trabajo del otro lado”, reconoció el jefe comunal, aunque lamentó el impacto social: “Cada vez más familias golpean la puerta del municipio porque no les alcanza ni para pagar la luz”.

El fenómeno ya no es ocasional. Esta semana, 125 argentinos fueron retenidos por la Policía Federal de Brasil en Guaraciaba cuando viajaban hacia Santa Catarina para realizar la cosecha de cebolla y tabaco. La escena, similar a las redadas migratorias que padecen los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, revela la dimensión de una crisis que empuja a campesinos y obreros a cruzar sin documentación o en condiciones extremadamente precarias.

La tormenta perfecta en el mercado yerbatero

La desregulación del sector impulsada por el decreto 70/2023 dejó al Instituto Nacional de la Yerba Mate sin herramientas para fijar precios, ordenar la cosecha o controlar la calidad del producto importado. El resultado fue devastador: miles de pequeños productores venden su hoja verde a valores irrisorios, entre $250 y $300 el kilo cuando —según el sector— debería pagarse alrededor de $700 para cubrir costos.

“La gente no tiene para sembrar la tierra, no tiene para comer”, sintetizó Antenor Alvenz, secretario del Sindicato de Tareferos (SITAJA). Sus palabras resuenan como diagnóstico y advertencia: “Si esto sigue así, en febrero no arranca la cosecha. ¿Qué hacen 17.000 tareferos? ¿De qué van a vivir?”.

Frente al derrumbe del ingreso, muchos trabajadores optan por cruzar la frontera por 30 o 40 días, o incluso diariamente. Otros se trasladan con sus familias, enfrentando riesgos laborales, precariedad habitacional y condiciones de contratación que, según denuncian los gremios, en algunos casos bordean la explotación.

El campo y la construcción, los destinos más buscados

El intendente de Bernardo de Irigoyen, Eduardo “Chichín” Aquino, confirma la escala creciente del éxodo laboral. “Antes se iban a Corrientes o Entre Ríos; ahora optan por Brasil porque rinde un poco más”, señaló. Describe así un giro económico profundo: jóvenes, trabajadores rurales y obreros de la construcción cruzan a diario hacia Dionísio Cerqueira, San Miguel y otras ciudades brasileñas donde la reactivación industrial contrasta con la recesión del lado argentino.

Aquino advierte que el fenómeno afecta de lleno a la vida cotidiana: “Cuando el comercio local se resiente, se resiente todo. La falta de trabajo empuja a que familias completas viajen cientos de kilómetros para hacer tareas rurales, y cada vez duran más tiempo afuera”.

Un país que empieza a vaciarse por sus bordes

La secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), referente de un sector castigado, responsabiliza abiertamente al Gobierno nacional por la crisis y por la ruptura del entramado productivo regional. “Hace dos años que trabajamos a pérdida. Este gobierno vino a destruir las economías regionales. Las familias se rompen porque acá no hay trabajo”, enfatizó. También alertó sobre situaciones de abuso laboral en Brasil y Paraguay: “Hay gente que viaja desesperada sin saber a dónde llega, y tuvimos que rescatar a varios compañeros a los que no les querían pagar”.

Mientras tanto, la escena en San Antonio lo resume todo: un cartel de ingreso al municipio afirma que “aquí no termina el país, aquí comienza la patria”. Sin embargo, cada día son más los que dejan atrás ese límite buscando simplemente sobrevivir.

La migración laboral hacia Brasil y Paraguay dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en un síntoma estructural de la crisis argentina. La recesión golpea con especial dureza a las economías regionales, donde la desregulación, la paralización productiva y el deterioro salarial empujan a trabajadores a abandonar su tierra en busca de oportunidades mínimas.

En la frontera, el Estado argentino aparece ausente: no contiene, no regula y no previene abusos. La pregunta que empieza a instalarse entre intendentes, gremios y organizaciones sociales es inquietante y urgente: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un país que pierde a sus trabajadores por sus propios bordes?