Las proyecciones del Presupuesto 2026 anticipan una nueva caída del financiamiento universitario, con salarios docentes en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia y crecientes advertencias gremiales sobre la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo. Desde el sector denuncian un ajuste que excede lo fiscal y responde a una disputa ideológica con la universidad pública.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público escala hacia un escenario crítico de cara a 2026. De acuerdo con las proyecciones surgidas del Presupuesto aprobado a fines de 2025, si el Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario —que permanece suspendida y que el oficialismo incluso intentó derogar—, la inversión destinada a las universidades nacionales sería la más baja de los últimos veinte años.

El recorte presupuestario previsto para el sector universitario alcanza el 7,2% en relación con 2025 y un 34,3% respecto de 2023. En términos macroeconómicos, la educación universitaria recibiría apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno, una cifra que marca un piso histórico. En este aspecto, el Presupuesto elimina el objetivo del 6% del PBI para educación en general y la meta del 1% para ciencia y tecnología, profundizando el ajuste sobre el sistema científico nacional.

Esta decisión impacta de manera directa sobre organismos clave como el CONICET, el INTI, el INTA, el Instituto Malbrán y la CONAE, entre otros, configurando lo que desde el sector académico describen como un ataque integral al entramado de producción de conocimiento del país.

A ello se suma una disposición particularmente sensible: el Presupuesto le otorga a la Secretaría de Educación la facultad de interrumpir transferencias o congelar partidas a las universidades si considera “inadecuado” el uso de los fondos, una medida que distintos especialistas y gremios advierten como una violación directa del principio constitucional de autonomía universitaria.

Salarios en mínimos históricos

Desde el Frente Sindical Universitario advirtieron que el cierre de 2025 consolidó un escenario crítico. “Cerramos el año con la negativa del gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario sancionada y reafirmada por el Congreso por enorme mayoría, incluso existiendo una cautelar judicial”, señalaron.

El panorama salarial profundiza la crisis: los docentes universitarios acumulan meses sin recomposición, con un 0% de aumento en diciembre, la eliminación del bono y una pérdida sostenida frente a la inflación. “Hay una clara discriminación respecto de otros trabajadores del Estado nacional, en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento”, remarcaron.

Según las estimaciones gremiales, los salarios docentes universitarios se encuentran en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia, hace más de 40 años.

“Está en riesgo el ciclo lectivo 2026”

La nueva secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al describir el escenario: “Están poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de dos millones de estudiantes en todo el país. Con un recorte que ya se acerca al 50% y docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo”.

Chevalier sostuvo que el ajuste tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los trabajadores universitarios: “Hay docentes que cobran alrededor de 500 mil pesos y no pueden cubrir ni el alquiler ni la comida”. Y agregó una definición política que atraviesa todo el conflicto: “Hay un ensañamiento con la universidad y con la ciencia que no es solo económico: es un enfrentamiento puramente ideológico”.

Alerta por no inicio y conflicto nacional

La posibilidad de un no inicio del ciclo lectivo ya comenzó a instalarse formalmente en el debate gremial. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) anticiparon que el escenario de 2026 podría comenzar con medidas de fuerza si el Gobierno insiste en mantener suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —recordaron— “fue votada cuatro veces por el Congreso contra todos los intentos del oficialismo”.

Además, advirtieron que el Ejecutivo podría apelar el reciente fallo judicial que lo obliga a cumplir con la ley, lo que profundizaría el conflicto. “No estamos ante un ajuste más: estamos frente a un intento de destrucción de un sistema público que nuestro pueblo construyó durante décadas”, afirmaron.

Los reclamos también alcanzan a los trabajadores no docentes. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvieron mantener el estado de “alerta y movilización” y advirtieron que, si no hay respuestas oficiales, “peligra en 2026 el comienzo del ciclo lectivo y el normal funcionamiento de todas las universidades públicas del país”.

Con financiamiento en mínimos históricos, salarios pulverizados y una ley vigente que el Ejecutivo se niega a aplicar, el ajuste sobre la universidad pública aparece cada vez menos como una medida fiscal y más como una definición ideológica. En este escenario, el riesgo de un no inicio del ciclo lectivo deja de ser una advertencia retórica y comienza a perfilarse como una posibilidad concreta de alcance nacional.

La titular del sindicato Luz y Fuerza en San Juan, Lilia Martín, confirmó la adhesión plena del gremio a la movilización nacional convocada por la CGT contra la reforma laboral. En diálogo con Mundo Laboral SJ, cuestionó el proyecto oficial por inconstitucional, advirtió sobre despidos y cierres de empresas, y denunció un grave deterioro del servicio eléctrico provincial por la tercerización y la falta de personal capacitado.

En un panorama complejo y de creciente conflictividad social y sindical, el gremio Luz y Fuerza de San Juan se sumó formalmente a la movilización nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno ya comenzó a debatir en el Congreso. La decisión fue ratificada tras una asamblea multitudinaria y reuniones de secretarios generales tanto a nivel nacional como provincial.

“Esta reforma es inconstitucional y nos retrotrae a principios del siglo pasado, cuando los trabajadores carecíamos de derechos básicos”, afirmó Lilia Martín, secretaria general del sindicato, al trazar un diagnóstico severo sobre el impacto de la iniciativa oficial. Desde su perspectiva, el proyecto no constituye una modernización, sino una reedición agravada de políticas ya implementadas en el país que derivaron en desocupación, pérdida de derechos y debilitamiento del entramado productivo.

La dirigente sindical contextualizó el debate en un escenario económico marcado por despidos masivos, suspensiones y cierres de empresas en sectores clave como el comercio, la construcción y la industria. “Lo que vemos es una destrucción del tejido social y del aparato productivo. Empresas que resistieron crisis muy profundas hoy están bajando las persianas y dejando trabajadores en la calle”, sostuvo.

Para Martín, la reforma laboral apunta además a reducir de manera sustancial el poder de negociación colectiva. “Está claramente orientada a debilitar al movimiento obrero organizado y a facilitar un esquema de mayor precariedad laboral”, advirtió, al tiempo que remarcó que la CGT ya activó presentaciones judiciales y gestiones políticas para frenar la iniciativa.

El conflicto sindical se entrelaza, en San Juan, con una problemática específica y sensible: la situación del servicio eléctrico provincial. En ese marco, Luz y Fuerza declaró el estado de alerta y movilización y se manifestó frente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reclamo por el accionar de la empresa concesionaria Naturgy.

Según explicó la referente sindical, el modelo de gestión adoptado por la empresa se basa en la reducción del plantel propio y la tercerización casi total de las tareas, una decisión que —aseguró— tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio y la seguridad laboral. “La empresa ha perdido cerca de la mitad de su personal especializado. Las vacantes no se cubren y se reemplazan por contratistas sin la formación adecuada”, señaló.

Martín puso el foco en los riesgos que esta situación implica en una actividad catalogada como de alto peligro. “La normativa es clara: el trabajo eléctrico requiere capacitación específica, evaluaciones y certificaciones formales. Eso no ocurre con las empresas contratistas, y los accidentes graves que hemos visto este año lo demuestran”, denunció.

En este sentido, la representante gremial desmintió uno de los argumentos más recurrentes en las audiencias públicas: la idea de que contar con más personal encarece la tarifa. “Es falso. La ley establece que la empresa debe garantizar calidad y continuidad del servicio, y eso incluye operación y mantenimiento con personal idóneo. Sin eso, el sistema falla, como está ocurriendo”, afirmó.

La problemática excede el plano gremial y adquiere una dimensión claramente social. Departamentos como Calingasta, uno de los más afectados, registraron cerca de cien cortes de energía en lo que va del mes, con interrupciones prolongadas del suministro. “Esto ya no es un reclamo sindical, es un reclamo de interés público”, enfatizó Martín.

La postura de Luz y Fuerza frente a la reforma laboral y al deterioro del servicio eléctrico sintetiza una preocupación más amplia: la tensión entre un modelo orientado a la rentabilidad financiera y la necesidad de preservar derechos laborales y servicios esenciales. Para el gremio energético, la defensa del empleo calificado, la seguridad laboral y la calidad del suministro no son consignas corporativas, sino pilares de un sistema que considera a la energía como un derecho humano y un factor estratégico del desarrollo.

“La tarifa no será más cara por tener personal capacitado; será más justa y el servicio, más eficiente”, concluyó Lilia Martín. En esa afirmación se condensa el eje de un conflicto que, lejos de agotarse en una protesta sectorial, interpela de lleno al rumbo de las políticas laborales y energéticas del país.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.