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La implementación de un confinamiento de 9 días en todo el país, , puso en alerta a gremios y empresarios gastronómicos que anticiparon que podrían realizar movilizaciones para dar más visibilidad a sus reclamos ante la crisis del sector.

el presidente Alberto Fernández anunció un “lock down” con el objetivo de reducir la circulación, y de este modo, los contagios de covid.

Para un sector que viene golpeado, nuevas restricciones horarias serían difíciles de soportar. Para la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) los “embates económicos producto de las desacertadas políticas implementadas en nuestro país han provocado la pérdida progresiva de 90 mil puestos de trabajo y causado el doloroso escenario de 10.500 establecimientos cerrados de manera permanente” en el último año y medio.

Al respecto, Dante Camaño, titular del gremio, dijo a Mundo Gremial que “la situación podría ser más desastrosa con estas medidas. Ya tenemos decenas de negocios cerrados y muchos trabajadores temporarios se han quedado sin cobrar”.

Ayer la UTHGRA celebró el Plenario Nacional de Secretarios Generales, en modo virtual, que contó con la presencia del histórico dirigente Luis Barrionuevo. Hoy, también de modo “cibernético”, se llevó a cabo el congreso ordinario de la entidad.

En este marco, Camaño admitió que más allá de las cuestiones formales, la restricción de actividades preocupa. “Hoy estaban reunidas las cámaras patronales con las autoridades. Todos estamos perdiendo plata”, reconoció y alertó que “ya no tiene sentido hacer paro. Tendremos que movilizarnos o diagramar otra medida para llamar la atención”, indicó.

Al compás de la crisis, el dirigente indicó que muchos comercios han dejado de hacer los aportes de los trabajadores y que ha crecido la informalidad en la actividad.

En las últimas horas la Federación de Comercio e Industria (FECOBA) planteó a las autoridades del gobierno de la Ciudad que “no hay margen económico que permita a las pymes cerrar los fines de semana”, al hacerse eco de las primeras versiones sobre la implementación de cierres estrictos.

Así lo describió el titular de la entidad, Fabián Castillo, al cabo de una reunión que mantuvo con el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, José Luis Giusti, y el subsecretario Pyme porteño, Christian Bauab.

Habrá que esperar si la Ciudad implementa alguna medida adicional de auxilio a los comercios. El gobierno nacional, en ocasión de la última reunión de gabinete económico, anunció la reestructuración de las cuotas impagas de los créditos solicitados en 2020 para quienes reciben el programa REPRO II y financiamiento a tasa 0% para el sector gastronómico.

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Juma cierra una de sus cuatro sucursales y ofrece rebajas hasta el 31 de octubre

La tienda de regalos Juma cerrará a fin de octubre su sucursal de la Peatonal de San Juan, ubicada en Rivadavia 222 Este, y ofrece una liquidación con 50% de descuento en todos sus productos. La medida afecta a uno de los cuatro locales de la firma, que continuará con sus otros establecimientos en funcionamiento.

La promoción comenzó el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el sábado 31, fecha prevista para el cierre del comercio. La liquidación coincide con las semanas previas al Día de la Madre, una de las fechas relevantes para las ventas de regalos.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, su secretaria general, Mirna Moral, confirmó que los tres trabajadores que cumplen funciones en esa sucursal serían reubicados. De concretarse esa alternativa, el cierre no implicaría la pérdida de esos puestos laborales, aunque la continuidad dependerá de que se efectivicen los traslados anunciados.

La despedida de la Peatonal

La propietaria del emprendimiento comunicó la decisión a través de las redes sociales y recordó el significado que tuvo para el negocio instalarse en uno de los principales corredores comerciales de la capital sanjuanina.

“Fue un sueño posible estar en la Peatonal. Gracias a los clientes vivimos la experiencia de estar en el centro de la Peatonal. Hoy toca despedirnos”, expresó en su mensaje.

Con esta decisión, Juma dejará de atender en ese punto del microcentro, pero conservará sus otras tres sucursales, ubicadas en avenida Libertador 118 Este, avenida Libertador 165 Este y calle Laprida 184 Este.

La medida responde a la actual dinámica del sector minorista, si bien los motivos estratégicos detrás de la decisión no fueron revelados. Por el momento, el proceso de liquidación sella el retiro definitivo de este punto de venta clave en la Peatonal, aunque la compañía garantiza la continuidad de su red comercial en la ciudad de San juan.

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Protesta nacional: las dos CTA llaman a parar y movilizarse el 15 de octubre

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llamaron a realizar un cese de actividades, abandono de tareas y movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La jornada coincidirá con una sesión impulsada por bloques opositores y reunirá demandas por el financiamiento universitario, la discapacidad y la Ley de Tierras.

Las dos principales vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a una jornada de protesta para el 15 de octubre, con cese de actividades, abandono de tareas y movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa busca concentrar en una misma convocatoria reclamos sindicales, educativos y sociales, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados promovida por bloques de la oposición.

La convocatoria fue anunciada por los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Ambas organizaciones anticiparon su participación junto con docentes, estudiantes universitarios, jubilados, familiares de personas con discapacidad y agrupaciones que cuestionan distintas medidas del Gobierno nacional.

El objetivo, según expresaron, es acompañar desde la calle el debate parlamentario y fortalecer los reclamos de sectores que mantienen disputas abiertas con la administración de Javier Milei.

Universidades, discapacidad y Ley de Tierras

Uno de los principales reclamos estará vinculado con las universidades públicas, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. La convocatoria se produce mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los gremios sostienen la marcha federal prevista para esa misma fecha.

La agenda también incluirá las demandas de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman la continuidad de las medidas de emergencia y recursos para garantizar las prestaciones. A esos planteos se sumará la oposición a la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, una discusión que involucra cuestiones de soberanía y regulación de la propiedad rural.

Las CTA plantearon la jornada bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La convocatoria constituye, además, una nueva acción conjunta de ambas centrales, que buscan articular sus reclamos con organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La coincidencia entre la movilización y la sesión legislativa apunta a trasladar las demandas al Congreso en un momento de discusión sobre financiamiento educativo, políticas de discapacidad y legislación sobre tierras. La magnitud de la convocatoria y el desarrollo del debate parlamentario serán factores centrales para medir el alcance político y sindical de la jornada.

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La oposición volvió a la calle por la Ley de Tierras y apuntó contra el DNU 70/23

Las dos CTA, organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y ambientalistas se movilizaron hacia Tribunales en rechazo a la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. También reclamaron al Congreso que rechace el DNU 70/23.

La protesta fue convocada por las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), CONADU, CONADU Histórica, organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales. La concentración comenzó a las 16 en Plaza Lavalle y tuvo como consigna central la defensa de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El reclamo se produjo una semana después de la sentencia de la Corte que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para promover la demanda.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que no estaba resolviendo la validez constitucional del artículo 154 en sí mismo, sino la inexistencia de un caso judicial habilitado a partir de la legitimación invocada por la organización demandante.

Las organizaciones movilizadas interpretaron, sin embargo, que el efecto concreto del fallo deja nuevamente vigente la derogación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. En el documento difundido durante la marcha reclamaron que el DNU 70/23 sea rechazado y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el dominio de tierras, recursos naturales y producción de alimentos.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó la decisión judicial como grave y cuestionó que los excombatientes de Malvinas hayan quedado sin posibilidad de avanzar con aquella demanda. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, también ratificó su participación en una nueva jornada de movilización prevista para el 15 de octubre.

La izquierda también intervino en la protesta. Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman reclamaron una movilización masiva al Congreso para esa fecha y plantearon que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional con el objetivo de impulsar el rechazo del DNU 70/23.

La disputa tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición busca reunir quórum en Diputados el 15 de octubre para tratar, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/23. El Senado ya había votado en contra del decreto, por lo que una eventual decisión coincidente de la Cámara baja completaría el mecanismo previsto por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.

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